NACIONALES
Los juzgadores: Ley, justicia y pluralidad con democracia
Por Pedro Vargas Ávalos //
A partir del cercano uno de septiembre, el Poder Judicial mexicano se renovará, a pesar de las oposiciones, las oligarquías privilegiadas, la mayoría de sus comentócratas y medios tradicionales, es decir, tope en lo que tope. Tendremos pues, juzgadores emergidos del voto popular y no de cúpulas de predominio.
Los enjuiciadores que integren el innovado ramo jurisdiccional (en Jalisco seguiremos en espera, pues nuestros legisladores -y quizás el ejecutivo- no tienen prisa y al parecer ni simpatías para remozar nuestro aparato judicial) tendrán como norte aplicar la ley, siempre procurando imponer la justicia, lo cual les será fundamental porque simbolizan la pluralidad nacional y surgen de la voluntad popular, o sea , de la democracia, lo cual se ajusta a lo que ordena el artículo 39 de la Constitución: Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.
Ministros, magistrados y jueces siempre deben sujetarse, en el ejercicio de sus funciones, a la ley o más ampliamente al Derecho, pues aquella es el mandamiento obligatorio escrito (por lo que si no se cumple es sancionable) expedido por la autoridad competente, en tanto que este -el Derecho- implica el conjunto de normas y principios que regulan la convivencia de las personas, con el fin de que imperen la justicia -saber separar lo justo de lo injusto y que se otorgue a cada quien lo que legal y razonablemente le corresponde- y el orden con armonía social.
El aparato judicial, por tradición, siempre se integró con matices clasistas; de hecho, no encontrábamos en el cuadro de juzgadores, representantes de los pueblos originarios, y solo en exiguo porcentaje miembros del ámbito social más pobre o carentes de apoyos poderosos. En consecuencia, la carrera judicial no cumplía sus objetivos, debido a que ordinariamente se alteraba por influencia de los factores hegemónicos. Todo lo anterior es contrario a la pluralidad de la sociedad mexicana y al mandato constitucional que se funda indiscutiblemente en la soberanía nacional que reside en el pueblo.
Consecuente con lo antedicho, son los juzgadores resultantes de la reforma judicial que ahora es parte de la suprema ley de la república. Y si tales funcionarios no se ciñen al sentido de ley, derecho y justicia, para bien de la población, ahora habrá el Tribunal de Disciplina Judicial. Sobre el tema, declaró Celia Maya García, virtual presidenta de ese organismo: “se busca crear un nuevo sistema de justicia con juzgadores preparados, pero también con sensibilidad social y que sea cercana a la gente.” Agregando que, nunca serán persecutoras, pero eso sí: “El Tribunal de Disciplina Judicial, la única misión que tiene es que la justicia se imparta conforme a lo que dice la Constitución.
Entonces todo eso que ocurría antes de que había desviaciones, y siempre que te desvías de la ley implica una corrupción, pues que si eso se da se pare a tiempo, no se deje correr, no exista. Que se den resoluciones rápidas cuando haya quejas en este sentido para que no se hable de impunidad”. (El Universal, 16/06/2025).
Por lo que ve a la pluralidad étnica de México, esta se reflejará en la Suprema Corte de Justicia luego de la histórica elección del uno de junio pasado, pues quien obtuvo la mayoría de los votos y que por ende será quien presida al más alto tribunal de la nación, es el jurisconsulto de raza mixteca Hugo Aguilar Ortiz; esto además de que fueron electos varios juzgadores de ascendencia indígena en varias entidades federativas.
El citado Aguilar Ortiz, se describe: “soy indígena mixteco del estado de Oaxaca, he dedicado mis conocimientos, ejercicio profesional y experiencia en la promoción y defensa de los derechos indígenas en los últimos 30 años, en los que, en conjunto con otros abogados, hemos sistematizado la realidad y aspiraciones de los pueblos, las hemos transformado en conceptos jurídicos que recientemente fueron incorporados en el artículo 2º de la Constitución Federal”. (Diario Red, 9/05/25).
El senador Antonino Morales Toledo, también de origen autóctono (zapoteco) declaró complacido: “Más de siglo y medio después, un hijo de los pueblos originarios, esta vez de raíz mixteca, asume la más alta responsabilidad del Poder Judicial. Su elección representa un paso firme hacia una justicia más incluyente, cercana al pueblo y con rostro indígena”. En cuanto a su actuación, indicó Aguilar Ortiz, en una entrevista, que él no había llegado con transacciones con alguna agrupación, sindicato, poder político, etcétera, enfatizando: “llego con los votos que la ciudadanía depositó el 1 de junio; no tengo más que compromiso con ellos, con la Constitución, con el marco jurídico, con garantizar certeza para todos, porque este para mí es el objetivo central.” (Público, 2025-06-18).
El experimentado letrado agregó, en el encuentro predicho, que estaba consciente del lugar al que llegaría, y del “reto que tenemos, las dificultades que ha tenido la Corte, por decirlo de manera suave, en los últimos años” así como de la condición que tienen grandes sectores de la ciudadanía en relación a la justicia.
Al respecto expuso: «Hay un sector de la población que cuenta con los recursos suficientes para contratar un abogado calificado y ellos seguirán llegando a la Corte y se les va a administrar justicia siempre que tengan la razón, pero también hay otro sector que no tiene esas condiciones; y para los cuales el sistema de justicia no ha existido, por lo que vamos a equilibrar ahora la condición de estos sectores sociales tradicionalmente excluidos para que accedan a la justicia». Seguidamente enfatizó que defendería la división de poderes, pero invariablemente atendiendo el bien de la República.
Finalmente precisó que será el enlace entre a los nueve ministros para “que tomemos decisiones trascendentes”; el objetivo es “darle un nuevo enfoque y visión a ese órgano y al sistema de justicia del país.” En cuanto al padrón que encontrará en la SCJ, dejó claro que “reconocerán la experiencia del personal que actualmente labora en la Corte y advirtió que a quien se detecte haciendo cosas indebidas, se dará vista al Tribunal de Disciplina Judicial… y tendrá que dejar el espacio, pero quien contribuya a encontrar una justicia real, verdadera, que realmente sirva a la nación, será bienvenido».
No dejaron de haber expresiones racistas sobre el virtual guía de la SCJ, (incluyendo temas anodinos como el uso de la toga) pero contra esas críticas, la presidenta Claudia Sheinbaum lo encomió:” Me da mucho gusto que el próximo Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea un indígena mixteco de Oaxaca, muy buen abogado, muy buen abogado; tengo el privilegio de conocerlo” y adicionó su comentario al asegurar que domina no solamente “temas relacionados con los pueblos originarios, sino en general, tiene un amplio conocimiento; es un hombre modesto, sencillo,…con una enorme inteligencia y sensibilidad social, entonces nos da mucho gusto” que sea quien presida la Corte. (Mañanera del pueblo, 04/06/2025).
Y junto a la mandataria de la patria, nosotros y millones de connacionales, nos congratulamos de la renovación democrática del Poder Judicial, lo cual anuncia una etapa en la cual, la justicia por fin estará cerca del pueblo, y será básica para edificar un genuino estado de derecho.
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ONU concluye fase de recopilación de información para recomendación sobre desapariciones en México
– Por Redacción Conciencia Pública
El Comité contra la Desaparición Forzada cierra la etapa de recopilación y analiza elevar el caso a la Asamblea General
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés), anunció la conclusión de la fase de recopilación de información sobre la crisis de desapariciones en México, que la llevará a crear una recomendación al gobierno sobre las acciones a tomar en este delicado tema.
Tras varios meses de entrevistas, sesiones públicas y recepción de testimonios, el organismo internacional informó que entra ahora en un “periodo de reflexión” para determinar los pasos siguientes, los cuales se darán a conocer en un documento en los próximos meses.
El procedimiento se lleva a cabo bajo el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que faculta al comité a actuar cuando existen “indicios bien fundados” de que las desapariciones son generalizadas o sistemáticas en un país.
En caso de confirmarse, el organismo internacional podría elevar el caso con carácter urgente a la Asamblea General de la ONU, convirtiéndose en un hecho de gran trascendencia para la comunidad internacional.
| Las cifras que han sido presentadas ilustran la magnitud de la tragedia: más de 133 mil personas desaparecidas desde 2006 hasta septiembre de 2025, más de 72 mil cuerpos sin identificar en morgues y fosas comunes y un promedio alarmante de 26 desapariciones diarias en 2024, cifra que se disparó a más de 45 por día en el primer semestre de 2025. Además, se destacó que en México se han dictado 773 acciones urgentes de la ONU bajo el artículo 30, el número más alto para cualquier país firmante de la Convención. |
El Comité también recibió información sobre los niveles de impunidad que rodean al fenómeno. Entre 2017 y enero de 2025, los tribunales mexicanos solo emitieron 373 condenas por desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, un número que contrasta con la magnitud del problema y que refleja la debilidad institucional para enfrentar a los responsables. Organizaciones de la sociedad civil advirtieron que la respuesta estatal ha sido insuficiente y en ocasiones marcada por la negación.
El cierre de esta etapa ocurre en un momento de tensión entre el gobierno mexicano y los organismos internacionales. Mientras colectivos de familiares exigen que el caso sea elevado a la Asamblea General de la ONU, el Ejecutivo federal ha cuestionado la narrativa que vincula al Estado con prácticas de desaparición forzada.
Por su parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha insistido en la urgencia de fortalecer las instituciones de búsqueda y de garantizar la participación de las familias en las políticas públicas.
El CED destacó que su decisión final buscará incidir en medidas concretas: dotar de mayores recursos a las comisiones de búsqueda, fortalecer la identificación forense, garantizar la autonomía de las fiscalías y establecer mecanismos de seguimiento verificables. De ser llevado a la Asamblea General, México enfrentaría una presión diplomática sin precedentes en torno a su política de derechos humanos y seguridad.
Concluida la fase de información, ahora el foco está en lo que resuelva el Comité. La sociedad civil y las familias de las víctimas esperan que las conclusiones de Naciones Unidas marquen un antes y un después en la forma en que México atiende esta crisis humanitaria. En juego no solo está la rendición de cuentas del Estado, sino la esperanza de miles de familias que buscan verdad y justicia.
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Clemente Castañeda acusa a Morena de legislar en el “extravío total”, por los cambios a la Ley de Amparo
– Por Francisco Junco
Sobre los cambios a la Ley de Amparo, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, señaló que Morena y sus aliados han impulsado una reforma que vulnera los derechos de las personas y atenta contra principios básicos de la Constitución.
“Ayer la bancada naranja lo denunció y hoy la presidenta nos da la razón. En la discusión sobre la ‘Ley del Desamparo’, Morena y sus aliados no se conformaron con aprobar una legislación regresiva que vulnera derechos de las personas, sino que además plantean que sea retroactiva”, manifestó el senador a través de un mensaje difundido en sus redes sociales.
Y es que el senador hizo referencia a las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando en la mañanera le preguntaron sobre la inconstitucionalidad de hacer retroactivos las reformas a la Ley de Amparo, como lo plantean los senadores de Morena.
Castañeda criticó con dureza que las modificaciones a la Ley de Amparo, respaldadas por Morena, PT y PVEM, representen un retroceso en materia de derechos fundamentales, al señalar que incluso se pretende que tengan efectos retroactivos, lo que contraviene la Constitución y principios elementales del derecho.
El legislador sostuvo que la postura de la presidenta confirma las advertencias hechas por la bancada del partido naranja durante la discusión legislativa, y acusó a la mayoría oficialista de actuar “sin rumbo” en materia de justicia y de debilitar los contrapesos democráticos.
“¿En qué anda la mayoría de Morena, PT y PVEM? ¡En el extravío total! ¡Sin rumbo! ¡Qué vergüenza!”, concluyó el senador jalisciense, al insistir en que el país necesita leyes que fortalezcan las instituciones y garanticen la protección de los derechos ciudadanos.
La presidenta de México afirmó que la propuesta de reforma a la Ley de Amparo no debe ser retroactiva, pues eso resultaría inconstitucional y vulneraría los derechos adquiridos. En ese sentido, Sheinbaum reconoció que no podría aplicarse hacia atrás, lo cual da sustento a las críticas de la oposición y respalda la postura de partidos como Movimiento Ciudadano. «Primero hay que respetar la Constitución, que establece que no debe haber retroactividad en las leyes», dijo la mandataria en la mañanera.
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Alerta MC sobre el debilitamiento de la democracia en comparecencia de Rosa Icela Rodríguez
– Por Francisco Junco
Durante la comparecencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ante el Senado de la República, la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) advirtió que las iniciativas presidenciales en materia de amparo y reforma electoral, representan un serio retroceso en los derechos ciudadanos, los contrapesos institucionales y la vida democrática del país.
El coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda, señaló que la propuesta para reformar la Ley de Amparo “limitaría el único mecanismo por excelencia para garantizar y proteger los derechos de las personas, de las comunidades y de los colectivos”.
Agregó que esta iniciativa se suma a otras reformas “igualmente dañinas” que han debilitado al Poder Judicial y restringido la capacidad de jueces y tribunales para frenar abusos de autoridad.
Castañeda también cuestionó la reforma electoral impulsada desde el Poder Ejecutivo, a la que calificó como “una reforma desde el poder para conservar el poder”, al advertir que atenta contra el pluralismo, la representación de partidos y la autonomía del árbitro electoral.
En este contexto, denunció el fraude registrado en Poza Rica y Papantla, Veracruz, donde acusó la intromisión de la gobernadora Rocío Nahle en perjuicio de Movimiento Ciudadano.
Por su parte, la vicecoordinadora Alejandra Barrales evidenció la omisión de la titular de la Secretaría de Gobernación en la operación del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el cual no ha sesionado en siete años pese a la creciente crisis de violencia contra la infancia.
Recordó que seis de cada diez menores viven en pobreza, mientras que México ocupa el primer lugar de la OCDE en abuso sexual infantil, con más de 4.5 millones de víctimas cada año.
Barrales subrayó que “México es un país inapropiado para la infancia” y exigió a la secretaria Rodríguez explicar las razones de la inactividad del SIPINNA.
Además, pidió a la funcionaria pronunciarse sobre los hechos ocurridos en Veracruz y detallar las acciones coordinadas con la UNAM ante los recientes casos de violencia en la institución.
– Por Francisco Junco
Guadalajara fue sede de una de las conmemoraciones más emblemáticas del país, la escenificación Siete Siglos de Legado de Grandeza México-Tenochtitlán 1325-2025, organizada por la Secretaría de la Defensa Nacional.
Ante miles de asistentes al Estadio Panamericano (casa del equipo de beisbol Charros), está mañana se recordó la fundación de la capital de los mexicas con una representación histórica de gran formato.
La puesta en escena, en la que participaron más de 800 personas entre actores, bailarines y personal técnico, se sustentó en una investigación avalada por cuatro reconocidos historiadores.
El público pudo revivir el momento en que, de acuerdo con la tradición, los aztecas o mexicas encontraron el águila posada sobre el nopal devorando una serpiente, signo que marcó el nacimiento de la ciudad de Tenochtitlán en el Lago de Texcoco.
Entre bailes, vestuarios tradicionales y recreaciones de las principales etnias del país, el espectáculo se convirtió en una clase viva de historia y cultura.
El montaje no solo rindió homenaje a los orígenes de una de las principales culturas mesoamericanas, sino que también buscó fortalecer el sentido de identidad nacional a través del arte y la memoria.
La presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, estuvo en este evento junto al gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro; el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, José Luis Álvarez Pulido, y la presidenta de la mesa directiva del Congreso, Marta Estela Arizmendi Fombona, en un acto que unió a autoridades, académicos y ciudadanía.
Especialmente significativo fue que los principales invitados fueran niños y adolescentes de escuelas de educación básica de Jalisco, quienes llenaron el estadio y vivieron de cerca una representación diseñada para sembrar orgullo y conciencia histórica en las nuevas generaciones.
Convenio de becas fortalece “salario social” de policías, bomberos y personal de salud en Guadalajara
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Gobierno de Jalisco y la plataforma Platzi lanzan el programa “Inglés al 100” para impulsar el futuro digital y bilingüe
Clemente Castañeda acusa a Morena de legislar en el “extravío total”, por los cambios a la Ley de Amparo
