Los narcos gringos, tercera parte

Opinión, por Gerardo Rico //

La Casa Blanca, el Congreso federal, los gobernadores, las autoridades estatales y locales y en general el público estadounidense, cuando hablan del tema del tráfico internacional de drogas, inmediatamente piensan en México y Colombia, sin analizar la realidad. Todos concluyen que los narcóticos fluyen por la corrupción que permea en los gobiernos de las agencias policiales de las dos naciones latinoamericanas.

Sin embargo, “Los narcos gringos y los mexicanos tiene en sus nóminas a agentes aduaneros de Estados Unidos, de la Patrulla Fronteriza, de la DEA y de las policías locales; si esto no fuera una realidad, sólo entrarían a la Unión Americana los narcóticos que pasan sin ser detectados por las regiones de la frontera más inhóspita, como es el caso de la zona limitrofe del estado de Arizona”.

En años anteriores agentes de Aduanas y Protección Fronteriza han sido acusados de corrupción en relación con el tráfico de drogas, de acuerdo al libro Los Narcos Gringos del investigador y periodista Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington DC desde 1989.

Señala que una de las diferencias más notables entre la narcocorrupción mexicana y la gringa, es que en esta última no se esconde tanto bajo un manto de impunidad gubernamental: en Estados Unidos se castiga con sentencias y multas muy severas y en todos los niveles de gobierno sin excepción. “La corrupción por narcotráfico en Estados Unidos es un problema grave”.

A pesar de esto, a lo largo del capítulo narcocorrupción gringa el investigador y periodista describe actos de corrupción: “En 2015 en Mission, Texas, Héctor Méndez con 17 años de experiencia en la lucha contra el tráfico de drogas, fue detenido y acusado de posesión y conspiración para distribuir cocaína, heroína y metanfetaminas en Estados Unidos, también se le acusó de colaborar con narcotraficantes mexicanos”.

Robert Glem, subalguacil del condado de Claiborne, en Tazewell, Tennesse, fue detenido por acusaciones de cohecho, distribución de drogas y tráfico de armas. Christopher van Zandt, agente de Aduanas y Protección Fornteriza (CBP), fue sentenciado a dos años de prisión por el delito de robar medicinas controladas de un automóvil, mientras laboraba en el puente de entrada de Burlington, Vermont, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá.

Raymond Martin, comisionado de la policía de Easton, Connecticut, fue detenido por la DEA y el FBI acusado de participar en un grupo dedicado a la distribución de opiáceos y medicinas controladas. En West Palm Beach, Florida, el sheriff Joaquín Fonseca Ortíz se declaró culpable de los delitos de posesión de droga y de hacer acusaciones falsas contra un vendedor callejero de narcoticos. Y así por el estilo se describen un sin número de casos, que aun cuando pueden ser pocos, sí existen en la Unión Americana.

LAS CIFRAS DEL TERROR

La crisis que viven en Estados Unidos por el consumo de droga y alcohol es una realidad. Las cifras van en aumento y el consumo de fentanilo es una verdad aterradora para millones de personas en el vecino país del norte. El inicio en el consumo de drogas desde los 12 años ha puesto en jaque al sistema de salud de la Unión Americana.

Las cifras son escalofriantes y lo más lamentable es que van en aumento. Las más pesimistas hablan de 169 millones de personas -59.8% de la población- que en alguna ocasión han probado cualquier tipo de droga. Las más optimistas consideran que apenas son 49 millones de personas las que tienen adicción a alguna droga. De acuerdo al Centro Nacional sobre el Abuso de Drogas (NCDAS), la Encuesta Nacional Sobre Consumo de Drogas (NSDUH) y el American Addiction Center, organismos públicos y privado dedicados a atender este fenómeno.

El American Addiction Center estima que la pérdida en productividad por cualquier tipo de consumo de drogas en el país del norte, asciende a los 740 mil millones de dólares al año.

El experto Enrique Cifuentes García, quien es médico egresado de la UNAM y doctor en salud pública por The London School of Hygiene & Tropical Medicine, señala que el fentanilo, metanfetaminas y cocaína son las principales sustancias responsables de los decesos. La cifra acumulada de muertes por consumo de drogas en Estados Unidos, que continúa creciendo en tiempo real podría alcanzar los dos millones de fallecimientos para 2030, si no se toman medidas para combatirla,

Cifuentes García, del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, afirma que esta epidemia sin precedentes tiene graves implicaciones políticas, económicas y sociales. Señala que gran parte de esta crisis de salud pública se debe a políticas equivocadas, y que la epidemia por opioides comenzó a hacer explosión en los últimos años, especialmente durante los peores meses de la pandemia por COVID-19.

El gobierno de Estados Unidos se enfrenta a una epidemia de opiáceos y las compañías farmacéuticas enfrentan juicios billonarios para compensar el daño que han causado, ante el fenómeno de consumo excesivo de medicina que conduce a la adicción.

La respuesta ha sido tardía y el problema se ha salido de control y ha sobrepasado las fronteras y el mercado legal. La prevención resulta complicada debido al gran número de adictos en Estados Unidos y a las consecuencias desastrosas para sus familias.