Opinión, por Gerardo Rico //

Con una agenda 2030 en su propuesta de gobierno, que aborda desafíos como la pobreza, el cambio climático, la desigualdad y la falta de acceso a servicios básicos, observamos el enfrentamiento verbal de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, quien durante su período, 1994-2000, enfrentó una de las peores crisis económicas en la historia de México y sin apartarse de las políticas neoliberales creó y originó el polémico Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

El origen del enfrentamiento Sheinbaum Pardo-Zedillo Ponce de León, se originó cuando el segundo publicó apenas el pasado 27 de abril un artículo en la revista Letras Libres, editada y fundada por Enrique Krauze, otro ferreo crítico de los gobiernos de Morena, en donde se preguntó: ¿Cuál era la verdadera naturaleza de la transformación morenista en el poder?

Además en una entrevista de la revista Nexos, al referirse a la elección del Poder Judicial, Zedillo precisó: “Lo que han hecho López Obrador y sus cómplices en los últimos meses, en esta materia, es realmente el final de la democracia mexicana”, y añadió: “Es evidente que a estas personas no les gusta la democracia. Tampoco les gusta el Estado de derecho. Lo que quieren es un régimen que pueda tomar decisiones arbitrarias, abusivas, según su propia conveniencia política. Su catálogo de acciones para destruir la democracia es quizás el más amplio que yo jamás haya visto en tan poco tiempo en ningún país”.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las críticas de Ernesto Zedillo, quien acusó a Morena de autoritarismo por la elección popular del Poder Judicial. Sheinbaum defendió la reforma como democrática, cuestionó la credibilidad de Zedillo y otros opositores como Ricardo Anaya, Alito Moreno y Enrique Krauze, y acusó a medios como Letras Libres y Nexos de promover una narrativa infundada sobre el fin de la democracia en México, usando a Zedillo como nuevo vocero.

Recuperar, reprocesar, rescatar, salvar…

Pero la terca historia registra otros datos. La historia busca recordar y comprender el pasado para aprender de él y tomar mejores decisiones en el presente. Esta definición viene a colación por la cantidad de personajes que formaron parte o tuvieron nexos directos e indirectros con la administracióin zedillista y que por causas de deslindes políticos y acomodaticios participan en el gobierno de la Presidenta Sheinbaum Pardo:

1.- Juan Ramón de la Fuente Ramírez: Fue secretario de Salud en el sexenio de Ernesto Zedillo y en la actualidad es el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

2.- Alfonso Durazo Montaño: Fue coordinador de la campaña del candidato del PRI a la Presidencia de la República, Ernesto Zedillo, dirigente nacional del PRI, secretario de Seguridad Ciudadana con Andrés Manuel López Obrador, Senador de la República por Morena. Actual gobernador de Sonora por Morena. Por cierto, también fue secretario particular del ex Presidente Vicente Fox en el periodo 2000-2004.

3.- Esteban Moctezuma Barragán: Secretario de Desarrollo Social y de Gobernación con Ernesto Zedillo. Secretario de Educación con Andrés Manuel López Obrador y actual Embajador de México en Estados Unidos, desde febrero del 2021.

4.- Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, propuesto en 2009 por Felipe Calderón como magistrado de la SCJN, fue presidente del Poder Judicial. Desde 1998, representó a bancos como Bancomer, Bital, Banamex y Banorte ante la SCJN, gestionando un amparo contra auditorías por el Fobaproa. Aunque sin cargo oficial, defiende los gobiernos de Morena.

5.- Alta Gracia Gómez, hija del exsenador y empresario Raymundo Gómez Flores, acusado de beneficiarse con el Fobaproa, es la Coordinadora del Consejo Empresarial de la Presidencia, nombrada por Claudia Sheinbaum. Actúa como enlace clave con el sector empresarial, especialmente en nearshoring, polos de desarrollo y corredores industriales.

6.- Patricia Armendáriz Guerra: Militante del PRI y asistente del secretario de Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe Armella en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Es con ella como responsable de la vicepresidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de la Valores (CNBV) que tuvo lugar la crisis económica en México de 1994. Actualmente, es diputada federal por Morena.

7.- Ignacio Mier Velazco, exdiputado del PRI en la 57 Legislatura y actual senador de Morena, votó a favor de legalizar el Fobaproa mediante la creación del IPAB, que rescató bancos. Fue operador clave para conseguir votos de diputados, no solo de Puebla, para aprobar el dictamen en la Cámara de Diputados el 12 de diciembre de 1998.

Una lista con más nombres que por asuntos de espacio no es posible escribir. Como dirían los clásicos, las palabras se las lleva el viento. Los hechos son los que cuentan.

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

Recta final para la primera elección del Poder Judicial de la Federación, histórica, pues no se tiene registro de un tipo de elección popular tan generalizada en el Poder Judicial. Se sabe históricamente que se utilizó el voto popular para elegir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1857. Sin embargo, actualmente, y a menos de un mes, deberemos elegir a quienes ocuparán cargos de ministros, magistrados y jueces.

Es, sin duda, un tema sumamente complejo de entender y, además, con muy básica publicidad y socialización, ni por parte de las autoridades electorales ni de los medios de comunicación.

En Jalisco, ya fueron distribuidos a los 20 consejos distritales los cuadernillos de los listados nominales que serán utilizados en las mesas directivas de casilla que se instalarán en Jalisco durante la jornada electoral judicial del próximo 1 de junio. Todo listo para este proceso, en donde no habrá emblemas políticos, solo nombres y boletas de colores por cargo. Es por eso que el ciudadano deberá investigar antes de asistir a esta votación popular, si bien es cierta la complejidad del tipo de boletas y las cantidades de colores que diferencian los cargos y nombres. 

Es deber de la sociedad investigar por medios oficiales o medios de comunicación confiables sobre el proceso, para conocer a los candidatos que administrarán la justicia en los órganos del Poder Judicial de la Federación, ingresando a la página oficial del Instituto Nacional Electoral (INE) y ver los perfiles de aquellas personas a las que tenemos como opción para votar, su experiencia laboral y perfil académico en materia judicial.

Los cargos que se definirán, en la elección del Poder Judicial de la Federación de 2025, se elegirán los siguientes cargos: Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistraturas de las Salas Superior y Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, Magistraturas de Circuito, Jueces y juezas de Distrito. La cantidad de cargos a elegir en Jalisco es la siguiente: 32 magistradas y magistrados, 23 jueces y juezas, esto da un total de 55 cargos del Poder Judicial que serán elegidos en el estado de Jalisco.

Resulta sumamente interesante ver las publicaciones de publicidad de los candidatos, quienes a su vez proponen cambiar o mejorar la justicia, velar por las personas y hacer un país sin injusticias; todos unos políticos en campaña. Pero para el Poder Judicial, no deberemos elegir políticos, ni líderes de nada, ni candidatos sugeridos por partidos, porque entonces politizaríamos el sistema de justicia, y sería completamente falso que se caminaría hacia un país justo y sin corrupción.

Las personas que se deberían elegir son aquellas que en las boletas aparezca que tienen un pase automático a la contienda electoral porque vienen de una carrera en el poder judicial, y darle continuidad a quienes ya eran parte del poder judicial, las boletas tienen unas siglas que indica que están en funciones (EF).

En este sentido, y ante la complejidad de esta elección, el riesgo de que la justicia en México se tope con una larga curva de aprendizaje de las personas que sean elegidas por la sociedad es inminente. Es falso que un ministro, magistrado o juez cambie el rumbo del país, debido a que todos los elegidos deberán sentenciar bajo las leyes mexicanas ya establecidas, y respetarán la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de un sinfín de leyes y reglamentos.

No podrán violar los derechos humanos ni los preceptos constitucionales, ni sentenciarán a criterio propio como mal lo explican en sus promocionales. Es por eso que será una elección que impactará al sistema de justicia de manera preocupante.

Recordemos que la misión y visión del Poder Judicial son sumamente importantes para un sistema de justicia. Su misión es garantizar la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial, elementos que permiten el funcionamiento judicial y aseguran la autonomía, la objetividad, honestidad, profesionalismo e independencia de sus integrantes, con el fin de que la sociedad pueda recibir justicia completa, gratuita e imparcial. 

Su visión es lograr ser reconocido como un órgano de administración confiable, transparente y de excelencia, que afirma los medios y elementos de calidad en la impartición de justicia, dando certeza en la atención de los servicios que brinda a la sociedad, con absoluta eficiencia y eficacia, y contribuyendo a lograr una justicia de respuesta y garantía la seguridad jurídica de los ciudadanos.

Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

Todas las mañanas la señora presidente nos habla de un proyecto de nación que su grupo, partido o movimiento, hasta ahora solo ha perfilado. A los ojos críticos de estudiosos de la política se distinguen ribetes de totalitarismo. Y si por fuera parece, por dentro también.

No hay otra forma de interpretar las acciones realizadas tras la elección presidencial de 2024, y los preparativos para la misma ejecutados desde el poder cooptando al INE y colonizando al Tribunal Electoral Federal.

Ambos validaron una ilegal mayoría legislativa y avalan, sobre todo el Tribunal, la elección de ministros, magistrados y jueces con la cual construirán un Poder Judicial a modo. Nada que pueda oponerse por las vías legales a las determinaciones presidenciales, pues también han hecho nugatoria la legislación sobre el amparo.

Ni siquiera el pétalo de una crítica puede manchar la pureza del movimiento pues para eso ya se ha presentado la Ley de Telecomunicaciones que confiere a la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones el poder de sacar del aire a cualquier plataforma digital por “incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables”, normativas que pondrá la misma agencia cuyo poder le permitirá decidir lo que podremos ver, compartir, escuchar por radio, televisión y redes sociales.

Con la desaparición de organismos autónomos e independientes, desde presidencia nos dicen que están recuperando atribuciones del Estado, lo que implica que será el gobierno el que autorice o quite concesiones, como antaño, antes que la democracia les permitiera asaltar al poder.

La señora presidente niega que su gobierno sea autoritario y censor, pero el discurso no se corresponde con los hechos. Hipersensible a la crítica, reacciona con la misma receta que su antecesor descalificando al crítico sin dar respuesta al cuestionamiento o recurriendo al argumento de que así lo quiere el pueblo, cuando el pueblo apenas si está enterado de cómo han legislado, no solo para concentrar el poder y quitarle contrapesos, sino también para perpetuarse en el mismo.

Se debe reconocer que no tienen el menor riesgo de perderlo en el corto plazo, la oposición está extraviada, sin propuesta, y sus líderes asidos a los restos del naufragio para sobrevivir solamente. Sin embargo, el empeño que pone este gobierno en asegurarse todos los medios para controlar la vida política y económica del país habla de un movimiento que llegó para quedarse.

El problema grave que tienen en ese planteamiento es que su base conceptual es la misma que operó hace cincuenta años, cuando la actual presidente combatía el modelo y al régimen desde las aulas universitarias. Repetir el modelo, aun queriendo modernizarlo, es reincidir en el error de fondo. Hace cincuenta años, el régimen sobrestimó los recursos y potencialidad del Estado y el dispendio lo llevó a las crisis económicas sin posibilidad de mantener las políticas asistenciales que le daban equilibrio y permanencia.

Los tecnócratas que siguieron equilibraron el barco financiero, pero perdieron el balance social. Hoy privilegian la recuperación de ese balance a través del retorno del estado benefactor, con el claro objetivo de consolidar una base electoral suficiente para mantenerse en el poder.

Como antaño, hay una sobreestimación del potencial financiero del estado y una subestimación del entorno económico mundial. Lograr mantener los programas sociales con los ingresos actuales y estimar con optimismo que la inversión privada logrará el crecimiento necesario para que la recaudación resuelva el déficit y soporte el crecimiento geométrico de la población beneficiaria de los programas asistenciales, sin recurrir a más deuda, suena a buenos propósitos más que a realismo.

La esperanza está puesta en el Plan México, el cual requiere un horizonte que va más allá del presente sexenio. Necesita una clase empresarial comprometida, la cual es escasa, y generar las condiciones para que, los inversionistas, que ven sólo los réditos y las ganancias, tengan confianza y seguridad. Estas dos últimas palabras son la clave para que la inversión llegue, sin embargo, ni la elección judicial ni la nueva política de seguridad pueden garantizarlas.

Por otra parte, durante los próximos cuatro años, la economía nacional dependerá del comportamiento de la estadounidense y hay demasiada incertidumbre, lo que mantiene la inversión allá y aquí, severamente contraída, y sin inversión no hay pensión.

El movimiento en el poder está consiguiendo bases legales y estructurales para conservar el poder. Lo está ejerciendo absolutamente con pleno control del andamiaje institucional y las estructuras republicanas, sin embargo, el país que quiere construir para los pobres no podrá hacerlo solo con eso. Un verdadero proyecto nacional se construye desde la pluralidad.

Excluir, denostar, despreciar y anatemizar a quien piensa diferente son elementos del totalitarismo que tanto niegan y un autoritarismo que disfrutan, aunque lo nieguen. Tal vez no lo creen, pero se han transformado en el monstruo totalitario que combatían. Traen el espejo truqueado.