Por Miguel Anaya //

El mundo se ha agitado más de lo normal en los últimos días. Después de que el aún presidente estadounidense Joe Biden diera luz verde a Ucrania para utilizar misiles de origen británico en Rusia, el presidente ucraniano no dudo en comenzar a utilizar armamento de los países miembros de la OTAN para contrarrestar la invasión de Rusia en su territorio.

Evidentemente hubo una reacción rusa, quien a través de su presidente Vladimir Putin declaró que no buscaban escalar la guerra pero que, de seguir recibiendo ataques con armamento occidental, consideraría entrar en conflicto con los países proveedores de dicho material, entiéndase la OTAN.

La situación no es menor, pues supone el riesgo de una guerra de proporciones inmensas ya que se verían involucrados países como el mismo Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia, entre otros; además, habría que esperar las reacciones de los países islámicos que arrecian su presión contra Israel y por supuesto se tendría que ver el papel de China. Un conflicto que afectaría a la paz y economía mundial.

México tiene que jugar un papel internacional mientras internamente enfrenta la escalada de violencia que se vive después de la detención de uno de los mayores líderes de la delincuencia organizada por parte del gobierno estadounidense, esto desató muchas suspicacias, temores y la fragmentación de grupos delincuenciales provocando una ola violenta alrededor de todo el país.

Si este tema no bastara, las recientes reformas aprobadas por el Congreso de la Unión han llevado a encender las alarmas económicas en el país pues suponen la falta de certeza para inversionistas locales y extranjeros, las reacciones no se han hecho esperar y tanto representantes de los gobiernos canadienses y estadounidenses han comenzado a ejercer presión amenazando con disolver los tratados económicos con nuestro país.

Ante un escenario tan complejo las acciones de la Cancillería mexicana deben ser más cuidadosas que de costumbre. Recordemos la política exterior de México durante la Segunda Guerra Mundial.

Para contextualizar la guerra, habrá que recordar que el mundo venía de la gran depresión de 1929 y que México había terminado recientemente su revolución y pasaba por un periodo de asentamiento. Un año antes de estallar la guerra, se llevó a cabo la expropiación petrolera ordenada por Lázaro Cárdenas, buscando la soberanía energética y seguramente llevada por presiones internacionales pues precisamente se dio en el preámbulo del estallido de la guerra en 1939.

Las condiciones creadas por la guerra fueron llevando a México a una profunda vinculación económica y a una cooperación abierta y formal con su vecino del norte, misma que nos resultó ventajosa pues debido a las necesidades por parte de los gringos, se favoreció la migración y la importación de productos mexicanos.

Al resultar vencedor de la guerra y declararse líder mundial, Estados Unidos se convirtió en un monstruo económico del cual México obtuvo algunas ventajas, aunque faltó aprovechar al máximo esta situación, por condiciones territoriales, de seguridad, económicas y culturales ambos países se convirtieron en socios dentro de una relación de amor odio que ha dejado números positivos para ambos.

Actualmente, las declaraciones estridentes por parte de representantes de los gobiernos norteamericanos llevan a replantear la política exterior del país y las reformas constitucionales ya que, ante un momento tan delicado en el mundo, México no puede tomar decisiones de manera aislada, pues por territorio, economía y población somos un país estratégico que jugara un papel en la guerra ideológica y económica que vive el mundo.

El Canciller De La Fuente y la presidenta Sheinbaum deberán mostrar la capacidad de mantener una buena relación con los países de occidente pues es donde compartimos la mayor parte de nuestros valores, mirar hacia otro lado sería un error geográfico, político y monetario.

La guerra nunca es un escenario deseable, pero a pesar de ella se deben encontrar condiciones para que el país crezca y mejore, los conflictos también son una oportunidad y nuestros gobernantes tienen la encomienda de tomar decisiones para llevarnos a buen puerto. Sin olvidar nuestras raíces y vinculaciones históricas, nuestros representantes deberán ser pragmáticos para lograr lo mejor para un país que vive constantes colisiones.

Opinión, por Iván Arrazola //

Con esa frase, James Madison explica por qué es necesaria la existencia de un gobierno, pero también resalta la importancia de que el gobierno sea capaz de controlarse a sí mismo. Sin embargo, reconoce que en muchas ocasiones es imprescindible la intervención de un agente externo que le recuerde al gobierno la necesidad de respetar los límites de sus facultades y no excederse en su poder.

En el contexto actual, frente a la inminente desaparición de los órganos autónomos, surge una interrogante crucial: ¿cómo se garantizará el control del gobierno en ausencia de límites externos? Pensar que un gobierno que se autodenomina «bueno y honesto» será, por esa simple razón, inmune a los abusos de poder resulta, como mínimo, ingenuo y peligroso. La historia demuestra que la ausencia de contrapesos puede dar lugar a arbitrariedades y vulnerar los principios democráticos fundamentales.

En una exposición magistral, James Madison explica con claridad y profundidad las razones que hacen indispensable la existencia del gobierno. Al mismo tiempo, reflexiona sobre los desafíos inherentes a su diseño y funcionamiento. Madison señala que “la gran dificultad para diseñar un gobierno de hombres sobre hombres estriba en que primero debe otorgarse a los dirigentes un poder sobre los ciudadanos y, en segundo lugar, obligar a este poder a controlarse a sí mismo.”

Este planteamiento pone en evidencia la complejidad de equilibrar dos principios fundamentales: por un lado, dotar al gobierno de la autoridad necesaria para garantizar el orden, la seguridad y el bienestar de la sociedad, y, por otro, establecer límites efectivos para evitar que ese poder se convierta en una herramienta de opresión o abuso. Madison subraya que el verdadero reto no radica únicamente en construir instituciones fuertes, sino en diseñar mecanismos que aseguren su capacidad de autocontrol y su rendición de cuentas.

A lo largo de la historia, existen numerosos ejemplos que demuestran cómo la información pública ha sido una herramienta clave para hacer efectiva la rendición de cuentas. Uno de los casos más emblemáticos es el de Watergate, que involucró nada menos que al presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, el hombre más poderoso del mundo en ese momento. Este escándalo político culminó con la renuncia de Nixon que prefirió dejar el poder antes de que el Congreso votara para destituirlo.

El caso Watergate evidenció cómo el acceso a información clave, como grabaciones de llamadas y documentos oficiales, sacaron a la luz abusos de poder e irregularidades en el ejercicio del gobierno. Aunque Nixon no enfrentó una persecución judicial tras su renuncia, la información desclasificada y difundida durante la investigación dejó al descubierto la magnitud de las acciones ilícitas que marcaron su administración.

Este caso no solo subraya la importancia de la transparencia y el acceso a la información pública como pilares para la rendición de cuentas, sino también el papel esencial de los medios de comunicación y de las instituciones en garantizar que quienes ostentan el poder respondan por sus actos ante la ciudadanía

Resulta paradójico constatar cómo la información pública, que en su momento sirvió al actual gobierno de México para denunciar los excesos del poder, se ha convertido en un enemigo que debe de eliminar a cualquier costo. Casos emblemáticos como el “toallagate”, o los conflictos de interés relacionados con la Casa Blanca de Peña Nieto, fueron claves para exponer los excesos de administraciones anteriores. Estos ejemplos no solo evidenciaron un uso indebido de los recursos públicos, sino que también jugaron un papel crucial en pavimentar el camino para la llegada de Morena al poder en 2018, bajo la bandera de la lucha contra la corrupción y la transparencia.

Sin embargo, hoy se observa una contradicción: los mismos mecanismos e instituciones que en su momento permitieron exponer las irregularidades del pasado, y que contribuyeron al ascenso político de la autodenominada «Cuarta Transformación», están siendo desmantelados o debilitados deliberadamente. Estas acciones parecen orientadas a eliminar cualquier posible incomodidad para quienes ahora ostentan el poder, evitando que temas escabrosos sean objeto de escrutinio público. En lugar de fortalecer los contrapesos que garantizarían un gobierno transparente y responsable, se busca desarticularlos para limitar su capacidad de cuestionar y evidenciar posibles abusos.

La gran lección que dejará este gobierno es: para evitar ser deslegitimado, lo mejor es eliminar aquello que podría representar una amenaza. Bajo esta premisa, quienes hoy ostentan el poder en México intentan convencernos de que son incorruptibles, casi angelicales. Frases como “no somos iguales” o “tenemos autoridad moral” no hacen más que evidenciar la intención de construir una narrativa basada en su supuesta superioridad ética.

Sin embargo, lejos de generar confianza, estas afirmaciones subrayan la necesidad de no depender únicamente de las buenas intenciones de quienes gobiernan, el poder debe ser limitado y supervisado mediante mecanismos claros que no dependan de la voluntad del gobernante.

Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

Este domingo se cerró un capítulo de la insensatez que nadie pudo parar. La elección por voto popular de todos los integrantes del Poder Judicial. Se dijo que fue la voluntad del pueblo la que decidió que así fuera, pero más allá del discurso presidencial que lo asegura, lo que se percibe es un profundo desinterés y si una enorme preocupación de la entidad designada para llevar a cabo el fenomenal despropósito.

El registro de aspirantes a jueces, magistrados y ministros se cerró el 24 de noviembre y hasta dos días antes, había solo 6 mil 479 registros en el Poder Legislativo, 2 mil 747 en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial solo 1,092. Es notable el desinterés que existe en el Poder Judicial pues difícilmente cubrirá los 1,793 perfiles que podría presentar, según el supuesto legal, lo que no sucede con el poder ejecutivo y legislativo que ya superan ese número.

Como también es de hacer notar que en el Poder Legislativo haya tantos registros, lo que hace pensar en una operación política, ya sea para evitar el fracaso del proceso o bien por el interés probable, muy probable, de los diputados y senadores por incluir en las boletas de votación a personas afines en sus circunscripciones.

Hay poco interés de los que saben de leyes, para presentarse a competir por un trabajo en el que no tendrán seguridad laboral, pues solo serán electos por 8 años, con bajos sueldos y la amenaza constante del Tribunal de Disciplina Judicial que implica mucho riesgo para juzgadores sin experiencia.

Lo que contrasta y se comprueba con los registros de los otros poderes en los que predomina el interés político del momento y no la carrera judicial. Los actuales juzgadores han preferido el desdén negándose a participar, serán pocos los que lo hagan conscientes de que será una aventura electoral para la que no están capacitados, pero seguramente necesitados de continuidad laboral.

El proceso de organizar la elección está convertido en un galimatías, producto de la irreflexión, de las prisas y del servil deseo de complacer al expresidente. Ningún esfuerzo retórico al estilo Zaldívar, puede componer el desaseo en la concepción ni el desorden en la realización. El desinterés de los aspirantes es un reflejo de lo que sucederá con la elección a la que acudirán solo los que puedan acarrear los partidos.

Sirva para muestra la consulta para la revocación de mandato, que nadie pidió, salvo el presidente deseoso de mostrar su aceptación; en ella solo participó el 17.7% del padrón electoral, no llegó ni siquiera al porcentaje necesario para ser vinculante. Igual suerte había corrido la consulta convocada en 2021 para someter a la voluntad popular el llevar a juicio a los ex presidentes de la República en la que participó un raquítico 7.1%. Y no hablemos de las falsas y capciosas consultas como la instrumentada para justificar la clausura de un proyecto de la industria cervecera en Mexicali.

La elección de los jueces por voto popular es otro capricho como el de la revocación de mandato y por supuesto que nadie votó por ello al elegir a Claudia Sheinbaum, por eso es una falacia decir que vamos a ella porque el pueblo lo quiere.

Es ocioso abundar sobre lo que ya se ha dicho en demasía sobre la intención de dominar al Poder Judicial y ponerlo al servicio del Poder Ejecutivo, o de la virtual inexistencia de la división de poderes. La voluntad presidencial, la del anterior y la presente fue consumada por la abyecta actitud de un Congreso servil que ni siquiera lee lo que aprueba y la truculenta operación de los líderes camerales y el propio ejecutivo a través de sus operadores políticos.

Lo importante es señalar que por cómo se va desarrollando el proceso, además de ser evidente el desinterés popular, queda claro que la justicia estará sometida a la política, al interés político del presidente en turno y a la merced de los poderes fácticos en todos los niveles. Un juez que tenga que quedar bien con quien le asegura votos no podrá ser ni imparcial ni justo. Eso lo saben los juzgadores de carrera y por ello su desdén. Mientras la fecha llega y el INE termina de hacer malabares para dar orden al disparate, la ciudadanía seguirá en su fatal indiferencia.