– Opinión, por Iván Arrazola

Uno de los dilemas que enfrentó Andrés Manuel López Obrador al llegar al poder fue cómo conformar un equipo capaz de implementar sus proyectos de gobierno y, al mismo tiempo, mantenerlo bajo estricta vigilancia para evitar actos de corrupción. La respuesta la encontró en dos instituciones con fuerte disciplina interna: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).

A ellas les atribuyó un rasgo casi incuestionable: la incorruptibilidad. Sin embargo, los recientes escándalos revelan que esta premisa, presentada como garantía de eficacia y honestidad, no era más que un mito que hoy comienza a desmontarse.

A la primera le encomendó la ejecución de sus obras emblemáticas, como la construcción del Tren Maya o la refinería de Dos Bocas. A la segunda, le otorgó la administración y el control de las aduanas. Esta última decisión generó fricciones con el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, quien no estuvo de acuerdo con que los militares asumieran esas tareas.

La lógica detrás de esta decisión obedecía a que López Obrador no confiaba en otros perfiles para desempeñar estas funciones. Argumentaba que la verticalidad de las Fuerzas Armadas garantizaba rendición de cuentas directa y control absoluto ante cualquier anomalía.

Sin embargo, ese mito comenzó a resquebrajarse con el anuncio del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, sobre el desmantelamiento de una red de contrabando de huachicol fiscal operada por elementos de la Marina. Los principales responsables eran los hermanos Lagunas Farías, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda.

Desde sus primeros años en el poder, López Obrador dejó claro que privilegiaba la confianza personal por encima de la capacidad técnica en la selección de su equipo. En este caso, la narrativa de incorruptibilidad se derrumbó.

Aunque poco se sabe más allá de lo que han declarado las autoridades, hay antecedentes que permiten entender la magnitud del problema. El periodista Carlos Loret de Mola había publicado en 2022 una columna en la que señalaba a los sobrinos de Ojeda como operadores de una red de huachicol. No obstante, la publicación fue desestimada por ser un periodista incomodo.

El reto mayor ahora es deslindar al expresidente López Obrador de este escándalo. Según las declaraciones de García Harfuch y Gertz Manero, el propio Rafael Ojeda había denunciado a sus sobrinos dos años antes y solicitado que se les investigara. Por otro lado, las autoridades han insistido en que se trataba de “unas cuantas manzanas podridas”, y no de una institución infiltrada por redes de corrupción.

Para dar coherencia a su versión, explicaron que las órdenes de aprehensión se giraron hasta este año porque se necesitaban más pruebas, las mismas que llegaron con la incautación del buque Challenge Procyon en el puerto de Altamira, cargado con 10 millones de litros de combustible ilegal, y con la detección de otros 8 millones de litros en un predio en Ensenada.

No obstante, las dudas persisten: ¿se informó al presidente de la denuncia original?, ¿qué medidas se tomaron para limitar el poder de los sospechosos?, ¿cómo fue posible que uno de los sobrinos ascendiera en su carrera naval mientras era investigado?

La administración de Claudia Sheinbaum busca deslindar a López Obrador y a su secretario de Marina del caso, aunque reportajes periodísticos y la presión de Estados Unidos sugieren que México fue alertado con anticipación y actuó solo tras insistencia de Washington.

El mayor desafío para el actual gobierno es desmontar definitivamente el mito de la incorruptibilidad militar. La participación de las Fuerzas Armadas en tareas civiles, particularmente en la administración de aduanas, parece haberse salido de control. A ello se suman las muertes sospechosas de elementos vinculados de alguna manera con el caso.

La insistencia en eximir de responsabilidad a López Obrador y a Ojeda puede interpretarse como un intento de encubrir a la administración pasada. Por ello, sería prudente que el gobierno de Sheinbaum, como ella misma ha declarado, esperara a que concluyan las investigaciones antes de exonerar públicamente a alguien.

El otro gran reto es decidir qué papel tendrán las Fuerzas Armadas en adelante: ¿seguirán ocupando funciones civiles estratégicas o se dará un proceso de devolución de atribuciones a manos civiles? Después de la magnitud de este escándalo, resulta difícil justificar que la Marina mantenga el control de las aduanas.

En última instancia, aunque Sheinbaum insista en que el combate a la corrupción será frontal, mientras México no cuente con un sistema robusto de instituciones independientes que investiguen y sancionen estos casos, sus esfuerzos serán percibidos más como actos de voluntad política que como transformaciones de fondo.

Y un país sin contrapesos, más allá de discursos o promesas, sigue siendo vulnerable frente a la corrupción estructural que, en su momento, el líder moral de la 4T proclamó haber erradicado.

– Opinión, por Gerardo Rico

En tiempos de polémica y ataques mediáticos y ante propios y extraños, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asestó un duro golpe a la corrupción con la detención de 14 funcionarios, entre ellos 6 marinos relacionados con el tráfico de combustible en las aduanas marítimas; entre ellos están tres empresarios, seis marinos –uno de ellos en retiro– y cinco funcionarios aduanales.

Aún cuando la oposición trata de minimizar el hecho con el argumento que fue presionada y hubo acuerdo con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con quien se reunió días antes de darse a conocer la detención de los responsables de tráfico de huachicol, lo cierto es que a un año de su administración busca marcar su propia línea en la estrategia de combate al crimen.

Es de mayor trascendencia la detención, cuando se le acusa de subordinarse a las determinaciones del líder moral de Morena y expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Hay que recordar que su encargado de seguridad en el país, Omar García Harfuch, nunca gozó de las simpatías del exmandatario morenista; al menos eso se percibió cuando en noviembre del 2023 perdió la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y en su lugar fue postulada Clara Brugada, quien venía de ser la alcaldesa de Iztapalapa y fue considerada candidata del oficialismo y del ala dura del partido guinda.

El golpe caló hondo en las estructuras del poder en México y en la Secretaría de Marina; ante todo se buscó proteger la honra del ex titular de la dependencia en tiempos obradoristas, José Rafael Ojeda Durán, luego de comprobarse que los principales implicados en el escándalo son sus sobrinos políticos.

Además de la muerte de cuatro marinos, tres exfuncionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) y una persona más de la Agencia Nacional de Aduanas.

En cualquier país no es fácil emprender alguna acción de este tipo contra oficiales de alto rango y más aún cuando los militares constituyen un poder por sí mismos. Estoy seguro de que estas acciones no estuvieron ajenas a la generación de tensiones internas entre el poder presidencial y los marinos. Más aún cuando el Ejército y la Marina asumieron cargos de dirección en diferentes dependencias del gobierno federal en el sexenio anterior.

No hay que olvidar otras muertes relacionadas con el tráfico ilegal de combustible de Estados Unidos a México; en la lista también se encuentra el delegado de la FGR en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, registrada en agosto pasado y que fue ligada al aseguramiento de casi 2 millones de litros de hidrocarburo a una célula del Cártel del Golfo, en un predio de la ciudad de Reynosa.

En noviembre del año pasado, sujetos armados asesinaron al contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, director general de Recaudación de Aduanas en el puerto de Manzanillo, Colima, quien denunció una red de corrupción en las aduanas encabezada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán.

En octubre de 2024, un comando ejecutó a Magaly Janet Nava Ramos, funcionaria de la delegación de la FGR en Colima, hecho que también se relacionó con las investigaciones que realizaba sobre las actividades de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna en las aduanas y en la Secretaría de Marina.

En mayo de 2024, Carlos Narváez Romero, exfuncionario en la Agencia Nacional de Aduanas de México, fue asesinado en la Ciudad de México.

A todo esto se debe recordar el origen de las investigaciones que concluyeron con dichas detenciones: Todo comenzó con el histórico decomiso realizado el 31 de marzo en Tampico, Tamaulipas, cuando las autoridades federales interceptaron el buque petrolero Challenge Procyon, de bandera singapurense, que intentaba ingresar millones de litros de combustible ilegal al país. Las labores de inteligencia, iniciadas el 19 de marzo, permitieron identificar la embarcación, presuntamente cargada con aditivos para aceites lubricantes.

LA BARREDORA

Por si todo lo anterior no fuera suficiente, en las primeras horas del pasado 13 de septiembre se conoció la detención en Paraguay de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco y líder de la organización criminal conocida como La Barredora, dedicada a actividades de extorsión, tráfico de personas y drogas.

El detenido cuenta con una orden de aprehensión otorgada en febrero del presente año, por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, en el estado de Tabasco. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre el traslado inmediato a México de dicho personaje.

Aquí quien aparece en escena es el alicaído coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Adán Augusto López, con quien Bermúdez Requena fue jefe de seguridad cuando el legislador era gobernador de Tabasco.

La advertencia está hecha: tolerancia cero para políticos de cualquier partido, líderes sindicales, empresarios y gobernadores. Y muchos de ellos y ellas pensaron que afiliarse a Morena significaba tener impunidad. Yo le doy el beneficio de la duda a la presidenta Sheinbaum Pardo.

– Por Redacción Conciencia Pública 

Cada 14 de septiembre México rinde homenaje a una de sus tradiciones más representativas: la charrería.

El Día Nacional del Charro fue instaurado en 1934 como una manera de reconocer al charro como figura central de la identidad mexicana y al mismo tiempo consolidar este deporte ecuestre como una práctica cultural de enorme arraigo.

Esta celebración se vive en todo el país, desde los lienzos charros hasta las plazas públicas, con un ambiente que enlaza historia, destreza y orgullo patrio.

En redes sociales, la fecha adquiere una fuerza particular. Hashtags como #DíaDelCharro y #DíaNacionalDelCharro agrupan miles de publicaciones en X, Facebook, TikTok e Instagram.

Usuarios comparten fotos de trajes bordados, sombreros de ala ancha, montas de caballos y suertes espectaculares como manganas, coleaderos o el paso de la muerte.

También abundan los mensajes de autoridades, artistas y asociaciones que felicitan a los charros y escaramuzas, exaltando el valor de mantener vivas las costumbres.

La Federación Mexicana de Charrería y la Asociación Nacional de Charros son protagonistas en la promoción de actividades conmemorativas.

Desde sus cuentas oficiales en internet se difunden la agenda de charreadas, congresos y campeonatos que se desarrollan en distintos estados del país.

Las escaramuzas, grupos femeninos que ejecutan rutinas a caballo con precisión y estética, se han vuelto además un símbolo de inclusión y disciplina dentro de esta disciplina reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial desde 2016.

En municipios y capitales estatales (Guadalajara no es la excepción), el Día del Charro se acompaña de desfiles, exhibiciones y actos solemnes. No faltarán hoy los honores a la bandera ni los espectáculos ecuestres que refuerzan el vínculo entre tradición y mexicanidad.

La fecha, además, se sitúa estratégicamente en la antesala de las Fiestas Patrias, lo que le otorga un carácter doblemente simbólico: recordar el legado charro y enmarcar la conmemoración de la Independencia.

En la esfera digital, las publicaciones destacan tanto la herencia familiar como la profesionalización del deporte.

Muchos jóvenes charros y escaramuzas utilizan hoy en día redes TikTok e Instagram para mostrar rutinas, vestimentas y entrenamientos, contribuyendo a que nuevas generaciones se acerquen a la charrería.

Esa combinación entre tradición e innovación ha hecho que la conversación en línea sea particularmente activa, alcanzando públicos que van más allá de los asistentes habituales a los lienzos.

Así, el Día Nacional del Charro se mantiene como una de las celebraciones más singulares del calendario mexicano: una fusión de historia, arte ecuestre y pasión comunitaria.

La charrería no solo sigue viva, sino que se adapta a los tiempos modernos sin perder su esencia.

En cada suerte, en cada traje de gala y en cada caballo brioso, resuena el eco de una tradición que México reconoce como suya y que proyecta al mundo como parte de su identidad.