ENTREVISTAS
Miguel Ángel Monraz: La llamada «ley censura» está por discutirse en Cámara de Senadores; convocarán a periodo extraordinario
Por Mario Ávila //
El diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra, presidente de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, calificó la propuesta de ley de telecomunicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum como una “ley censura” plagada de anomalías que pone en riesgo la libertad de expresión y el acceso a la información.
“El gobierno busca cerrar espacios de expresión ciudadana”, denunció en entrevista con Conciencia Pública, criticando el artículo 109 como un “torito distractor” dentro de una reforma más amplia.
Control del gobierno sobre instituciones
Monraz, del PAN, acusó al gobierno de Morena de apoderarse de instituciones clave, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional Electoral, mientras intenta controlar el Poder Judicial y limita la Ley de Amparo. “Quieren regular lo que se dice en radio, televisión y medios públicos, coartando las libertades de los mexicanos”, afirmó, señalando que la reforma viola tratados internacionales como el T-MEC.
Llamado a la acción y conversatorios
El legislador urgió a Sheinbaum a retirar la iniciativa hasta lograr un consenso en el Congreso, aunque anticipó un periodo extraordinario en junio para su aprobación. “Convocamos a la sociedad a defender la libertad de expresión y los derechos humanos”, dijo, destacando que la Cámara de Diputados realizó 10 mesas temáticas con académicos, medios y sociedad civil, enviando sus conclusiones al Senado, donde los conversatorios fueron limitados. “En el Senado solo escucharon a quienes querían; nosotros daremos voz a todos”, prometió.
Para el legislador jalisciense el artículo 109 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, fue simplemente un “torito distractor”, denunció que la propuesta de ley de la presidenta Claudia Sheinbaum, está plagada de anomalías que hacen evidente el riesgo que corren las libertades de expresión y de acceso a la información en México.
El diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra, del PAN, calificó la iniciativa de telecomunicaciones del gobierno federal como “ley censura” en Conciencia Pública. Denunció que, más allá del artículo 109, busca limitar la libertad de expresión al controlar radio, televisión y medios públicos. Criticó la desaparición de siete organismos autónomos, la intervención en la CNDH, el INE y el Poder Judicial, y reformas a la Ley de Amparo que restringen la justicia ciudadana, coartando el acceso a la información y la libre expresión.
El diputado federal, Monraz Ibarra, expuso que lo mejor sería que la presidenta retirara su iniciativa hasta que no haya un consenso real y auténtico en las dos cámaras del Poder Legislativo, sin embargo, auguró que como lo han manifestado, se convocará a un periodo extraordinario de sesiones, en la primera quincena de junio, para aprobar esta y otras muchas leyes que tienen prisa por aprobar.
Ante la reforma de telecomunicaciones, Miguel Ángel Monraz Ibarra, diputado del PAN, convocó a la sociedad a defender la libertad de expresión, el derecho a la información y los derechos humanos. “En el Congreso, protegemos el acceso a contenidos y conectividad”, afirmó. Criticó el intento del Senado de aprobar rápidamente una iniciativa con 283 artículos que viola el T-MEC, exigiendo un debate amplio para evitar un “albazo” que afecte sectores clave de México.
Reaccionaron ante ello -abundó-, diversas organizaciones de la sociedad civil, de medios de comunicación y se empiezan a detectar algunos artículos como el famoso artículo 109 que buscaba regular las plataformas; entonces la sociedad civil alza la voz porque se buscaba controlar lo que se ve y lo que se escucha.
Expuso que esencialmente el PAN se empeñó en dar a conocer lo que llamaron “la ley censura” y ante ello, el Senado se ve obligado a convocar a unos conversatorios para escuchar a los expertos.
“Esta semana terminaron los conversatorios en el Senado de la República y lo ideal sería, por supuesto, escuchar y atender lo que se dice en esos conversatorios, pero habrá que ver si realmente se hacen reformas que permitan seguir defendiendo la libertad de expresión y el derecho a la información, pero la pelota en este momento está en el Senado de la República y nosotros actuaremos en la Cámara de Diputados como Cámara revisora”, planteó.
Celebran en la Cámara de Diputados 10 mesas temáticas
El diputado Miguel Monraz resaltó que la Cámara de Diputados organizó 10 mesas temáticas para fortalecer medios en la era digital, promoviendo libertad de expresión, información y conectividad equitativa. “Hoy, todos acceden a información global desde su teléfono”, afirmó.
Y una vez presentada la iniciativa por parte del Gobierno Federal en la Comisión se convocó a la celebración de 10 mesas temáticas a las que asistieron académicos, universidades, medios públicos, independientes, especialistas, ex comisionados del IFT y diversas organizaciones de la sociedad civil, lo mismo que defensores de las audiencias.
Las conclusiones de las 10 mesas temáticas de la Cámara de Diputados se enviarán esta semana al Senado para enriquecer el dictamen de la iniciativa presidencial. Miguel Monraz destacó que, a diferencia de los conversatorios del Senado, limitados a 5 minutos por participante, las mesas ofrecieron 15-20 minutos para expresarse libremente. Criticó que Morena en el Senado ignoró voces diversas, mientras la Cámara dará espacio a más opiniones en un foro adicional el próximo miércoles.
En México, el espectro más caro del mundo
El diputado Miguel Monraz destacó en las mesas temáticas de la Cámara de Diputados que el espectro radioeléctrico en México es el más caro del mundo. “Radiodifusores pagan mucho más que en otros países”, afirmó. Ejemplificó que una estación en La Barca paga entre 2 y 4 millones de pesos, mientras en Los Ángeles solo se cubren 10 a 20 mil dólares anuales por licencias. Propuso que, para ser competitivos, los concesionarios paguen contraprestaciones de radio y televisión anualmente, no de golpe, como las licencias.
Abundan las estaciones “pirata”
En las mesas del Congreso, Miguel Monraz denunció la existencia de unas 800 estaciones de radio “piratas” en México, muchas controladas por la delincuencia organizada, especialmente en Chiapas y Oaxaca. Estas extorsionan negocios y alcaldes, afectando a radiodifusoras independientes. También criticó a los medios públicos por ideologizar en lugar de educar o informar, sirviendo al gobierno en turno. Propuso fortalecer su autonomía editorial para que informen con veracidad, promoviendo contenidos culturales y reflejando la realidad del país.
Las empresas del Estado y la libre competencia
El diputado Miguel Monraz criticó la propuesta de ley de telecomunicaciones por no generar certidumbre para inversionistas. “El Estado debe regular, no competir, asegurando accesibilidad donde el sector privado no llega”, afirmó. Propuso que las empresas estatales lleven internet, telefonía y televisión a zonas remotas con reglas claras, promoviendo competencia equitativa. “Queremos más acceso a medios y conectividad, pero con condiciones transparentes para el Estado y la iniciativa privada”, subrayó, destacando la necesidad de revisar el rol estatal.
Del IFT a la agencia y la violación al T-MEC
El entrevistado criticó la transferencia de funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones a la Agencia de Transformación Digital, dependiente del gobierno federal. “Pasamos de un organismo autónomo a una agencia controlada por una sola persona, bajo la presidenta”, señaló en Conciencia Pública. Advirtió que el artículo 65 permite a la Agencia modificar o rescatar frecuencias por “interés público”, amenazando la autonomía y las libertades. Monraz destacó que la reforma incumple el T-MEC y no garantiza independencia, poniendo en riesgo la regulación imparcial de telecomunicaciones.
LA POSTURA DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM
“Nosotros censura, nunca jamás, nosotros no creemos en eso, un artículo que tenía una orientación para coadyuvar con el SAT y otras instituciones frente a cosas que están en otras leyes, lo pusieron así los compañeros que redactaron la ley, pero para quitar cualquier cosa de censura desde el primer día dijimos que se elimine ese artículo, entonces ya dijimos cuál es el objetivo de esa ley, que pueda haber una empresa (CFE) que en igualdad de circunstancias públicas pueda proveer de internet, que haya derechos de las audiencias, que las radios comunitarias, particularmente indígenas, tengan todas las posibilidades para desarrollarse, en fin todo esto que planteamos sobre la ley. No he visto la redacción final porque la están elaborando en el Senado de la República y espero poder tenerla pronto.
“La facultad que se otorga concesionarios para que guarden datos hasta por dos años, tiene que ver con lo que viene también en la Ley de Seguridad, que todavía está en el Senado; hoy para comprar un chip uno no tiene que dar su nombre y la propuesta es que para comprar un chip, ahora te registres con tu nombre, dado que la delincuencia usa mucho distintos chips, que le va cambiando al teléfono, entonces lo que viene en esa ley también viene en la Ley de Seguridad, que se registre tu CURP con tu identificación”.
ENTREVISTAS
Conciencia TV: Entrevista con la diputada Gabriela Cárdenas para hablar sus iniciativas y el programa «Cuidemos a quienes nos cuidan»
La diputada estatal de MC, Gabriela Cárdenas, es la creadora del programa de apoyo social «Cuidemos a quienes nos cuidan». La entrevistamos sobre estas y otras iniciativas en Conciencia TV, con Gabriel Ibarra y Nadia Madrigal:
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Hay que aprender de las fallas del proceso federal: La construcción de un Poder Judicial más justo para Jalisco: https://concienciapublica.com.mx/entrevistas/hay-que-aprender-de-las-fallas-del-proceso-federal-la-construccion-de-un-poder-judicial-mas-justo-para-jalisco/
Reforma judicial en Jalisco: Entre la soberbia política y la oportunidad: https://concienciapublica.com.mx/opinion/reforma-judicial-en-jalisco-entre-la-soberbia-politica-y-la-oportunidad/
Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal: «La violencia vial es una pandemia que rompe familias», Alma Chávez: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/octavo-foro-iberoamericano-de-movilidad-multimodal-la-violencia-vial-es-una-pandemia-que-rompe-familias-alma-chavez/
La SCJN garantiza el derecho a la movilidad segura con la obligatoriedad del seguro de auto: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/la-scjn-garantiza-el-derecho-a-la-movilidad-segura-con-la-obligatoriedad-del-seguro-de-auto/
ENTREVISTAS
Hay que aprender de las fallas del proceso federal: La construcción de un Poder Judicial más justo para Jalisco
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
La reforma judicial en Jalisco debe aprender de los errores federales, priorizando la transparencia, la equidad y la participación ciudadana. Sus propuestas buscan un sistema judicial que no solo sea eficiente, sino también representativo de la diversidad de Jalisco, desde sus regiones urbanas hasta las más apartadas.
Con un enfoque en boletas claras, educación cívica y recursos suficientes, Zamora Jiménez apuesta por una justicia que inspire confianza y fortalezca la democracia local.
En los foros para la reforma judicial local en Jalisco, coordinados por el jurista Arturo Zamora Jiménez, el exsenador y abogado compartió su visión para transformar el sistema judicial estatal, tomando como base las lecciones del Proceso Electoral Judicial Federal 2025.
Con propuestas claras, Zamora busca un Poder Judicial más transparente, equitativo y cercano a los jaliscienses, subraya el jurista jalisciense a quien le tocó coordinar los foros durante el proceso que se realizó, atendiendo la invitación del titular del Poder Ejecutivo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.
LA ENTREVISTA
.P. ¿Qué lecciones del Proceso Electoral Judicial Federal 2025 son clave para la reforma en Jalisco?
R. El proceso federal expuso fallos que debemos evitar. Los comités de evaluación carecieron de recursos adecuados, lo que afectó su transparencia y eficacia. Propongo un solo comité en Jalisco, con un representante de cada poder del estado, dotado de personal capacitado, tecnología y presupuesto suficiente. Esto garantizará un proceso organizado, confiable y accesible, corrigiendo errores del pasado.
P. ¿Por qué propone separar las fechas de las elecciones políticas y judiciales?
R. La simultaneidad de elecciones políticas y judiciales genera confusión entre los votantes. En Jalisco, necesitamos fechas diferenciadas para que los ciudadanos puedan enfocarse en evaluar a los candidatos judiciales sin distracciones. Esto fortalecerá la calidad del voto, asegurará una participación informada y dará legitimidad al proceso electoral judicial.
P. ¿Cómo garantizar equidad en la selección de jueces?
R: Reducir a dos aspirantes por cargo es fundamental. Esto permite a los jaliscienses conocer a fondo a los candidatos y emitir un voto consciente. Además, en casos de inelegibilidad o vacantes, la segunda persona más votada debe asumir el puesto, respetando género y especialidad. Es un enfoque práctico que promueve transparencia y representatividad.
P. La paridad de género es un tema crucial. ¿Qué plantea al respecto?
R. La paridad debe ser efectiva, no solo simbólica. Propongo que las mujeres compitan solo contra mujeres y los hombres contra hombres por cada cargo judicial. Esto elimina desigualdades estructurales, garantiza una integración equitativa del Poder Judicial y refleja el compromiso de Jalisco con la igualdad de género en la justicia.
P. ¿Qué problemas vio en la geografía electoral y cómo resolverlos?
R. El proceso federal mostró desigualdades territoriales que dejaron a muchas regiones sin acceso equitativo a las elecciones judiciales. En Jalisco, debemos distribuir candidaturas considerando la diversidad geográfica del estado. Una delimitación clara de distritos electorales y una representación territorial justa asegurarán que todas las regiones estén incluidas, fortaleciendo la legitimidad del sistema judicial.
P. Las boletas electorales fueron un problema en el proceso federal. ¿Qué propone?
R. Las boletas federales eran complejas, con demasiadas candidaturas y diseños confusos. En Jalisco, necesitamos boletas sencillas, claras y accesibles, que permitan a los ciudadanos entender sus opciones fácilmente. Un diseño bien pensado fomenta un voto libre y consciente, esencial para una democracia sólida.
P. ¿Cómo acercar un proceso tan técnico como la elección judicial a la ciudadanía?
R. La clave es la educación cívica. Propongo un programa pedagógico que involucre a universidades, organizaciones civiles y ciudadanos, explicando el funcionamiento del Poder Judicial y la importancia de un voto informado. Una ciudadanía que entiende el proceso participa más y fortalece la legitimidad de la justicia en Jalisco.
P. ¿Qué cambios sugiere para los gastos de campaña?
R. Los topes de gastos deben ser claros, proporcionales y basados en criterios técnicos, considerando el tamaño del electorado y las condiciones geográficas. También necesitamos una fiscalización estricta para garantizar transparencia y equidad. Sin reglas claras, las desigualdades entre candidatos pueden limitar la difusión de propuestas y afectar la contienda.
P. ¿Por qué es crucial un presupuesto adecuado para estas elecciones?
R. El proceso federal sufrió por falta de presupuesto, lo que afectó la logística, la capacitación y la transparencia. En Jalisco, el Instituto Electoral Local debe contar con recursos suficientes para casillas, personal capacitado y difusión efectiva. Un presupuesto robusto asegura un proceso creíble, eficiente y confiable para los jaliscienses.
P. ¿Quién debería registrar a los candidatos?
R. En el proceso federal, los comités de evaluación registraron candidaturas, generando dudas sobre su imparcialidad. Propongo que el Instituto Electoral Local asuma esta función, en colaboración con el comité de evaluación. Su experiencia y legitimidad garantizan un proceso objetivo, libre de influencias políticas.
P. ¿Cómo proteger los derechos de los jueces electos?
R. Es vital establecer mecanismos claros de movilidad dentro del Poder Judicial para garantizar condiciones laborales justas y proteger la independencia de los jueces. Esto fomenta su desarrollo profesional, evita prácticas discrecionales y refuerza la autonomía del sistema judicial.
P. ¿Qué ajustes al Código Electoral propone?
R. El Código Electoral local debe actualizarse para incluir medios de impugnación que protejan los derechos de candidatos y ciudadanos, y definir atribuciones específicas para el Instituto Electoral en la organización de estas elecciones. Esto dará certeza jurídica y confianza en el proceso.
P. ¿Qué mensaje envía a los jaliscienses sobre esta reforma?
R. Esta reforma es una oportunidad histórica para construir un Poder Judicial más justo, transparente y cercano a los jaliscienses. Con equidad, participación ciudadana y recursos adecuados, podemos garantizar una justicia que responda a las necesidades de todos. Invito a la ciudadanía a informarse y sumarse a este cambio para fortalecer nuestra democracia.
SEIS PUNTOS MEDULARES DE LA PROPUESTA DE ARTURO ZAMORA
1- Creación de un solo comité de evaluación.
Se propone la creación de un solo comité de evaluación y selección integrado por una persona de cada uno de los tres poderes del estado.
2- Mejorar la capacidad del comité de evaluación.
Los comités de evaluación carecieron de los medios adecuados para desempeñar su labor con eficacia, transparencia y responsabilidad. Esta deficiencia se convirtió en uno de los errores más significativos y críticos del proceso electoral.
Personal capacitado, como la disponibilidad de recursos materiales, tecnológicos y financieros, facilita una organización eficiente del trabajo y el acceso oportuno a la información.
3- Evitar la concurrencia de elecciones políticas y judiciales.
Resulta pertinente sugerir que, en el ámbito federal, se legisle para habilitar expresamente a las entidades federativas para que establezcan de manera diferenciada las fechas de las elecciones políticas y judiciales.
4- Número de aspirantes.
Reducir a dos personas el número de aspirantes por cargo para que loselectores conozcan a los candidatos y candidatas y así tengan la oportunidad de evaluarlos para definir su voto.
5- Vacantes.
En caso de inelegibilidad o vacancia antes del inicio de funciones, se propone suplir las mismas con la segunda persona más votada. Respetando género y materia.
6- Garantizar la paridad de Género.
Se propone que la competencia por cada cargo judicial se lleve a cabo entre personas del mismo género. Es decir, que las mujeres compitan exclusivamente con mujeres, y los hombres con hombres, lo que permitiría garantizar condiciones de igualdad real, prevenir desigualdades estructurales y consolidar una integración equitativa del Poder Judicial. Remitir desarrollo a la ley.
ENTREVISTAS
Fernando Espinoza de los Monteros: Reforma a la Ley de Amparo, una traición a su esencia
– Por Raúl Cantú
El juicio de amparo, joya del derecho mexicano con raíces en la tradición azteca, verbalizado por José María Morelos y consolidado por la minoría liberal en el siglo XIX, enfrenta una reforma que, según el jurista Fernando Espinoza de los Monteros, traiciona su propósito fundamental: proteger al ciudadano frente a la autoridad.
En un análisis crítico, Espinoza cuestiona la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aprobada en el Senado el 2 de octubre de 2025, apenas 17 días después de su presentación, calificándola como parte de una reforma judicial viciada que prioriza intereses del poder gubernamental sobre los derechos ciudadanos.
“El juicio de amparo es una gran aportación al mundo, pero esta reforma lo desnaturaliza”, afirmó Espinoza. Según el jurista, la iniciativa invierte el espíritu del amparo, diseñado para resguardar al gobernado, al otorgar mayor protección a la autoridad.
En su opinión, es una reforma que tiene un único destino, Ricardo Salinas, con quien ya va a negociar el gobierno.
Entre los puntos más controvertidos, Espinoza destaca la acotación de la suspensión, “el alma del juicio de amparo”, que permite frenar actos de autoridad mientras se resuelve el fondo del asunto. La reforma restringe esta herramienta, limitando su efectividad.
Asimismo, la iniciativa de reforma propone eliminar el “interés legítimo” como requisito para interponer un amparo, un cambio que, según el jurista, cercena el acceso a la justicia para ciudadanos y colectivos que buscan defender derechos difusos, como los ambientales o sociales.
En materia fiscal, la reforma es aún más restrictiva. Espinoza crítica que el amparo fiscal solo pueda interponerse tras el remate de bienes asegurados, lo que desvirtúa su propósito. “El amparo debe intervenir en cualquier etapa del proceso para garantizar la justicia; limitarlo al remate lo convierte en un recurso inútil”, explicó.
Esta disposición argumenta que beneficia al fisco al retrasar la protección del contribuyente, dejando a los ciudadanos en desventaja frente a procedimientos administrativos.
El jurista reconoce un único aspecto positivo: la fijación de plazos de hasta 90 días para resolver juicios de amparo, lo que podría agilizar los procesos. Sin embargo, matiza que la digitalización de trámites, presentada como novedad, ya estaba prevista en la legislación actual, incluyendo notificaciones y requerimientos electrónicos. “No es un avance, es un reciclaje de lo existente”, afirmó.
Espinoza de los Monteros también alerta sobre la reducción de garantías procesales, que debilita el derecho de defensa de los ciudadanos. Un punto especialmente grave es la pretensión de no respetar la retroactividad en los juicios en trámite, lo que podría afectar casos ya iniciados y vulnerar la seguridad jurídica.
“Se está sacrificando la esencia del amparo por una supuesta eficiencia que, en realidad, fortalece el poder de la autoridad sobre el gobernado”, subrayó.
En el contexto de una reforma judicial más amplia, que incluye la elección popular de jueces y ha generado polarización, Espinoza de los Monteros considera que el gobierno de Sheinbaum repite errores del pasado al priorizar el control político sobre la justicia. “El amparo nació para equilibrar la balanza entre ciudadanos y autoridad; hoy, esa balanza se inclina peligrosamente hacia el poder”, concluyó.
Esta reforma, aprobada con celeridad en el Senado, ha generado un debate intenso entre académicos, juristas y ciudadanos, quienes temen que el debilitamiento del juicio de amparo limite las herramientas para combatir abusos de poder. Mientras el gobierno defiende la iniciativa como un paso hacia la modernización y el combate a la evasión fiscal, voces como la de Fernando Espinoza de los Monteros advierten que el costo podría ser la erosión de un pilar del Estado de derecho mexicano.
