JALISCO
Paulina Hernández Diz, una vida dedicada a los derechos humanos: La promesa de una CNDH renovada
Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
El Senado está en un momento crucial para decidir si la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) continúa siendo una institución que reacciona tarde y con poca autonomía o se convierte en un verdadero defensor de los derechos humanos.
Con Rosario Piedra Ibarra enfrentando cuestionamientos del dueto formado por “Los Anaya”, el panista Ricardo Anaya y la priista Claudia Anaya, que la tundieron en su comparecencia, y por momentos, hicieron incluso perdiera la compostura, proyectándose “doña Chayo” más como una defensora del gobierno que como la titular de una comisión autónoma sentando el precedente de una reelección incierta; la candidatura de la jalisciense Paulina Hernández Diz representa una esperanza de renovación.
Su propuesta de sistematización, transparencia y cercanía con las víctimas podría devolverle a la CNDH la credibilidad que ha perdido.
Con 35 años, Paulina Hernández Diz encarna una historia mezcla de convicciones y acciones en un país que ha visto demasiado dolor y muy poca justicia. En medio de los engranajes desgastados de la burocracia y la política, su aspiración de dirigir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promete una renovación urgente, respaldada por una trayectoria sólida y la esperanza de darle a la institución la autonomía y compromiso que merece.
Nació en 1988, un año marcado por la convulsión política en México, en el que el país comenzaba a vislumbrar un cambio donde la democracia y los derechos humanos se convertían en demandas urgentes. La formación de Hernández Diz estuvo anclada en la defensa de esas causas. Con una licenciatura en Derecho en la Universidad del Valle de México y una maestría en Derecho Constitucional en la Universidad de Guadalajara, su carrera es una afirmación constante de que la justicia es mucho más que una palabra en el papel.
Para Hernández Diz, la teoría no es suficiente. Desde el inicio de su carrera en el Gobierno del Estado de Jalisco, ha estado al frente de políticas públicas concretas para la protección de los derechos humanos. Su papel en el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) la llevó a representar a Jalisco en la implementación de protocolos claves en la lucha contra la violencia de género. Fue un trabajo de calle y oficina, en el que su compromiso por las mujeres se materializó en el Protocolo de Búsqueda de Niñas y Mujeres Desaparecidas y el Protocolo de Investigación de Feminicidios, herramientas esenciales en un país donde ser mujer es muchas veces un factor de riesgo.
Pero su liderazgo no se limitó a formular protocolos. Como secretaria ejecutiva del Instituto Jalisciense de las Mujeres, Hernández Diz consolidó su rol en la defensa institucional y la administración de recursos para los programas que beneficiaban a las mujeres, además de coordinar mesas de trabajo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y colectivos locales. Estas mesas no eran solo espacios de diálogo, sino plataformas de acción donde se construían políticas que impactaban directamente en la vida de las mujeres en Jalisco.
En su paso por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Hernández Diz continuó su lucha por un México justo y seguro. Ahí formó parte de la Relatoría Especializada en Derechos Humanos de las Mujeres, en la cual se dedicó a monitorear, documentar y emitir recomendaciones sobre el cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género.
Su labor también incluyó la elaboración de informes de observancia en políticas de igualdad, un ejercicio de transparencia que buscaba hacer visible el impacto real de los programas implementados y detectar áreas de mejora.
Bajo su gestión, la Comisión Estatal se certificó en la Norma de Igualdad Laboral y No Discriminación, una meta significativa en un contexto donde las instituciones muchas veces olvidan que la igualdad comienza dentro de sus propios muros. Cada paso en la carrera de Paulina está marcado por una voluntad de romper con lo establecido y crear un sistema de derechos humanos que realmente sirva a las personas, especialmente a las más vulnerables.
Actualmente, en la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Guadalajara, Hernández Diz ha expandido su trabajo hacia la educación, otro pilar fundamental en la promoción de derechos humanos. Desde ahí, coordina la Red de Atención a Víctimas de Violencia y supervisa el Protocolo de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género en la institución. Este enfoque en la prevención refleja una visión de derechos humanos que no solo reacciona ante las violaciones, sino que las previene, una idea revolucionaria en el contexto de la CNDH.
Su rol en la Universidad de Guadalajara también la ha llevado a impulsar la creación de la primera Maestría en Psicología Forense con Perspectiva de Derechos Humanos, un programa que busca formar especialistas que puedan intervenir en los casos más críticos, con una comprensión profunda de la justicia y los derechos humanos. Esta maestría es más que un título; es una herramienta para construir un México más justo.
Con su postulación para dirigir la CNDH, Hernández Diz propone un cambio significativo en un organismo que ha perdido la confianza de muchos ciudadanos. Su plan de trabajo está dividido en tres pilares: protección y defensa, promoción y divulgación, y observancia. En cuanto a la protección y defensa, plantea una reestructuración de las visitadurías y la creación de equipos multidisciplinarios que permitan un acompañamiento integral a las víctimas y la implementación de medidas cautelares efectivas. Esta propuesta promete un cambio en la dinámica interna de la CNDH, buscando que la institución responda con mayor rapidez y precisión a las denuncias.
En el ámbito de promoción y divulgación, Hernández Diz visualiza una CNDH que utilice campañas públicas e iniciativas de educación en derechos humanos, aliándose con instituciones públicas y privadas para crear una cultura de respeto y protección a los derechos humanos. Además, propone utilizar tecnologías avanzadas, incluyendo inteligencia artificial, para mejorar la capacitación del personal. En un mundo donde la tecnología dicta los ritmos del cambio social, su enfoque es innovador y necesario.
Por último, en la observancia, su plan incluye un sistema robusto de seguimiento para la reparación integral del daño y la prevención de violaciones futuras. Para Hernández Diz, cada violación a los derechos humanos deja una herida profunda, y el objetivo es no solo tratarla, sino evitar que vuelva a ocurrir. Esta perspectiva marca un cambio en el enfoque tradicional de la CNDH, donde las recomendaciones muchas veces quedan en papel sin seguimiento.
Hernández Diz no es solo una profesional capacitada; es una mujer que ha dedicado su vida a construir puentes entre la justicia y las personas. En un país donde la justicia parece un privilegio, su propuesta es una promesa de cambio.
Esta es una oportunidad que el Senado no puede ignorar. Porque más que elegir a una titular de la CNDH, está en juego la posibilidad de un México más justo, un país donde los derechos humanos no sean una concesión, sino una realidad para todos. Paulina Hernández Diz tiene el perfil, la experiencia y la voluntad para hacer de la CNDH una institución cercana al pueblo. Ahora, la decisión está en manos de quienes, como ella, también deberían recordar que la justicia no es solo un ideal; es una obligación.
En X @DEPACHECOS
– Por Francisco Junco
Con el mar de fondo y el bullicio de turistas y comerciantes, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, inauguró este viernes el renovado muelle de Las Ánimas, en Cabo Corrientes.
La obra, que tuvo una inversión de 49.5 millones de pesos, promete dar un respiro a quienes dependen del turismo y mejorar la experiencia de quienes llegan a disfrutar de la costa.
El muelle luce distinto, losas nuevas, escaleras cómodas, barandales seguros y hasta un andador que conecta directo con los restaurantes y comercios de la playa.
“Es un muelle para que puedan desembarcar pangas, lanchas, yates de pequeño calado, con escaleras muy cómodas, para que, después, entren caminando directamente y puedan ir a los restaurantes (…) Vean qué chulada la playa de Las Ánimas”, dijo Lemus, sonriente, ante los presentes.
Para los locales, la obra significa más que concreto y acero inoxidable, es la oportunidad de atraer más visitantes, vender más pescado, más comida, más artesanías.
Joaquín Romero Bravo, alcalde de Cabo Corrientes, agradeció el apoyo al señalar que este muelle traerá beneficios directos a las familias que viven del mar y del turismo.
La gira del gobernador no se quedó ahí. En Puerto Vallarta, Pablo Lemus supervisó los avances del Nodo Vial Las Juntas, un proyecto clave que forma parte del plan de conexión con Bahía de Banderas y que busca aliviar el tráfico que a diario atormenta a quienes entran y salen del puerto.
Según el propio mandatario, por esa ruta circulan más de 35 mil autos cada día, de ahí la importancia de agilizar la movilidad.
El recorrido también incluyó una parada en el Estero El Salado, un área natural protegida que es orgullo de Puerto Vallarta.
Lemus invitó a la ciudadanía a visitar el lugar y valorar el manglar urbano más importante de América Latina, un espacio donde conviven cocodrilos, aves acuáticas y una diversidad de especies que mantienen vivo el equilibrio ambiental de la región.
La jornada dejó claro que el Gobierno del Estado apuesta por dos frentes, primero fortalecer la infraestructura turística y al mismo tiempo cuidar el patrimonio natural.
Entre obras de concreto y recorridos entre manglares, el mandatario reiteró que su administración seguirá apostando por proyectos que impulsen la economía sin descuidar la riqueza natural que hace de la costa jalisciense un destino único.
– Por Mario Ávila
Para el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, el revés jurídico sufrido por la propiedad de 5.7 hectáreas de Colomos III, fue a causa de que algunos jueces «aprovechando sus últimos días en funciones, tratan de acabar su período corruptamente».
Lamentó que lo hagan afectando los espacios verdes, aunque sentenció tajante: «por ningún motivo permitiré que cercenen el predio de Colomos, es una batalla de colectivos a la que me uní hace muchos años».
En el tema legal, Lemus Navarro afirmó que la lucha no está perdida. «Quedan muchas instancias legales por dirimir, pero les doy mi palabra y mi compromiso, que nuestro bosque urbano se mantendrá intacto».
Días atrás, el gobernador Pablo Lemus, habló del proyecto urbano de 140 departamentos, que se pretenden construir en el polígono cercano a Patria y Acueducto, sobre lo que aseguró: «No se van a hacer, no lo voy a permitir, lo voy a impedir completamente porque eso está en una zona de protección hidrológica y tenemos que proteger a Colomos».
– Por Redacción Conciencia Pública
Todos los 30 de agosto de cada año, el mundo conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha que adquiere un significado especialmente doloroso y urgente en México. Lo que a nivel global es un recordatorio, en nuestro país es una herida abierta que se agrava día a día.
Decenas de miles de personas han desaparecido, dejando un vacío inmenso y una búsqueda incansable que, en muchos casos, recae en las manos de sus propias familias.
Esta crisis humanitaria es un reflejo de la compleja y violenta realidad que vive la nación, donde la impunidad y la inacción de las autoridades han permitido que este delito persista y se expanda. En un día como este, es crucial recordar que cada cifra representa una vida, un sueño y una familia destrozada.
Jalisco, en particular, se ha convertido en el epicentro de esta crisis. El estado encabeza las listas nacionales de personas desaparecidas, una estadística alarmante que ha puesto a la región en el centro de la atención nacional e internacional. Las cifras oficiales, que superan las 15,000 personas desaparecidas, no logran capturar la magnitud del sufrimiento de quienes buscan sin descanso.
En los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) la problemática se vive con particular intensidad, con miles de casos que claman por justicia y verdad. Este panorama ha llevado a que los colectivos de búsqueda en Jalisco sean de los más activos y organizados del país, asumiendo una labor que corresponde al Estado.
Glorieta de las y los desaparecidos en Guadalajara |
La desaparición forzada no es un fenómeno reciente. Si bien fue utilizada por muchos gobiernos de Latinoamérica como táctica contrainsurgente en los años 70 y 80, en el presente se ha recrudecido y se asocia principalmente con la violencia del crimen organizado, aunque también se han documentado casos con la participación de agentes del Estado como policías o soldados.
Las víctimas son, en su mayoría, hombres jóvenes, pero la problemática no discrimina y afecta a personas de todas las edades y géneros. En este contexto, las familias se enfrentan a una «doble desaparición»: la de su ser querido y la de la verdad, ya que el acceso a la justicia y a la información se ve obstaculizado por la burocracia, la corrupción y, en muchos casos, la revictimización por parte de las propias autoridades.
El desafío para las familias de los desaparecidos es monumental. Se han convertido en investigadoras, peritos, forenses y activistas, explorando terrenos peligrosos en busca de fosas clandestinas.
La lucha de los colectivos de madres buscadoras y familiares de desaparecidos no solo es por encontrar a sus seres queridos, sino también por preservar su memoria y exigir rendición de cuentas. Varios de ellos organizan marchas, misas y eventos conmemorativos para mantener viva la visibilidad del problema y presionar a las autoridades.
Estos colectivos de búsqueda, formados por madres, padres, hermanas e hijos, han demostrado una resiliencia inquebrantable ante la indiferencia y los riesgos que corren.
La crisis forense es otro de los grandes obstáculos en el camino hacia la verdad. Los institutos de ciencias forenses de todos los estados se encuentran rebasados, con miles de cuerpos sin identificar que se acumulan en sus instalaciones. Esta situación prolonga la agonía de las familias, que se aferran a la esperanza de encontrar a sus seres queridos, aunque sea para poder darles un entierro digno.
El dolor de no saber el paradero, de vivir en una incertidumbre perpetua, es una de las torturas más crueles que enfrentan. La falta de identificación y la demora en los procesos representan una forma de revictimización institucional.
Este día nota no es solo un recordatorio de una fecha, sino un llamado a la acción y a la empatía. Es una invitación a la sociedad mexicana a solidarizarse con las familias que buscan a sus desaparecidos, a exigir a las autoridades un compromiso real con la justicia y a no permitir que el silencio o el olvido se impongan.
Esta fecha nos recuerda que la lucha de los colectivos de búsqueda es, en esencia, la lucha de toda la nación por recuperar su humanidad.
ORIGEN DE LA CONMEMORACIÓN
El 30 de agosto fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 para visibilizar este grave crimen, honrar a las víctimas y promover la búsqueda de verdad, justicia y reparación para ellas y sus familias.
La desaparición forzada es una violación de los derechos humanos que genera inseguridad y desamparo, y se utiliza para atemorizar a la población, siendo un crimen de lesa humanidad cuando es sistemática o generalizada.
Fue propuesto originalmente por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) en 1981 y posteriormente adoptado por la ONU en 2010.
La Asamblea General de la ONU ha expresado en varias ocasiones su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas en diversas regiones del mundo y el hostigamiento a testigos y familiares de las víctimas, lo que llevó a la creación de esta jornada.
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