MUNDO
¿Política pública o eslogan de campaña? «El marketing en la transparencia»
Opinión, por Alejandro Verduzco Mendoza //
El 2024 ha sido un año de muchos acontecimientos en nuestro país y a nivel global, pero si hablamos de política y de campañas electorales podemos comentar lo acontecido en el proceso electoral del 2 de junio en México, donde los electores en su mayoría eligieron a la primera presidenta, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
Consumando un hecho histórico, donde gobernará una mujer la silla de Palacio Nacional, con más de 35 millones de votos, lo cual representa el 59 % de la votación, y que en días pasados ratificó dicho triunfo la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal por el periodo del 2024 al 2030.
En dicho proceso pudimos apreciar que la campaña de Morena estuvo integrada por mensajes estratégicos a través de discursos, eslóganes de campaña, propaganda política, debates, en mítines y medios de comunicación en general, que fueron utilizados y lanzados como petardos a los electores para persuadir y mantener su posicionamiento de marca, como lo consiguió el presidente López Obrador en su campaña y gobierno, para seguir posicionando su ideología política: “No puede haber gobierno rico, con pueblo pobre”; “No le vamos a fallar al pueblo de México”; “No más corrupción en la construcción del país”; “Vamos bien, vamos avanzando”; “Por el bien de todos, primero los pobres”; y “Somos el gobierno más transparente de la historia”, entre otros.
Así mismo, en la elección de gobernador en el estado de Jalisco, que se celebró simultáneamente con las elecciones federales, el partido Morena logró posiciones significativas en alcaldías, diputaciones locales y federales, además de dos curules en el Senado por el estado. Sin embargo, el virtual ganador de la gubernatura fue Jesús Pablo Lemus Navarro, candidato del partido Movimiento Ciudadano.
Durante el proceso nos percatamos como los distintos cuartos de guerra de los candidatos (war room o sala situacional) desarrollaban diversas estrategias al calor de la contienda, donde el gobernador vencedor, según el órgano electoral de Jalisco, Pablo Lemus, se describía en campaña como un jalisciense que disfruta su trabajo, con su eslogan “Porque de buenas es mejor”; destacando que así lo hizo en el municipio de Zapopan y en Guadalajara cuando fue presidente municipal, con buenos resultados y buenos gobiernos, comprometiéndose en campaña que en su gobierno van a trabajar de cerquita con la gente, escuchando, resolviendo los problemas sociales, y que, integrará los mejores perfiles para su administración, anteponiendo un gobierno transparente, con rendición de cuentas y con una ética pública.
Durante la campaña en Jalisco y en todas las entidades, la bandera de la transparencia, rendición de cuentas y el combate a la corrupción; pareciera que era un eslogan de campaña, una mención en los mensajes estratégicos de trámite, más que de una verdadera política pública.
Es importante señalar que la elección a gobernador en Jalisco fue impugnada por el partido Morena y su coalición, por supuestas irregularidades en el proceso, y fue el 12 de agosto que el Tribunal Electoral de Jalisco ratificó el triunfo del candidato de Movimiento Ciudadano (MC), Jesús Pablo Lemus Navarro, quien obtuvo una votación a favor de un millón 626 mil 789 votos, lo que representa el 44.25 % del total; seguido de la coalición Sigamos Haciendo Historia por Jalisco con un millón 440 mil 024, el 39.17 %. La diferencia entre uno y otro candidato fue de 186 mil 765 votos, lo que representó el 5.08 %. Esta diferencia porcentual fue el argumento por el cual el tribunal determinó la imposibilidad de ordenar la repetición de la elección en Jalisco.
Por otro lado, en un contexto similar, pero en otra región de América Latina, tenemos los recientes acontecimientos relacionados con la elección presidencial en Venezuela. El 28 de julio, el presidente Nicolás Maduro se proclamó ganador, lo que significaría un tercer mandato, avalado por las autoridades electorales venezolanas.
Por su parte, el líder de la oposición, Edmundo González, y María Corina Machado publicaron en Internet que, según los datos recopilados por el frente opositor, con 24,532 actas computadas (equivalentes al 81.7 % del total), ellos tendrían la victoria con un amplio margen: el 67 % de los votos a favor, frente al 30 % obtenido por Nicolás Maduro. Esta cifra contrastó ampliamente con la información oficial del Consejo Nacional Electoral.
Cabe resaltar que en Venezuela se vivió una jornada electoral marcada por la incertidumbre, la represión y las amenazas, además de una notable falta de transparencia en los cómputos y en los resultados presentados públicamente, tanto por el órgano electoral como por el presidente Maduro. Este proceso, carente de claridad, ha creado un descontento generalizado en el país y ha provocado reacciones a nivel internacional, con pronunciamientos de líderes de otros países y de la propia Organización de los Estados Americanos (OEA).
Asimismo, este año, el 4 de noviembre, se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos, una contienda caracterizada por numerosos incidentes en la carrera hacia la Casa Blanca, como es bien sabido, el presidente Biden inició su campaña como candidato del Partido Demócrata con la firme intención de asegurar un segundo mandato, enfrentándose al candidato republicano, el expresidente Trump.
Sin embargo, todo cambió cuando la campaña de Biden comenzó a enfrentar dificultades. El 13 de julio, durante un mitin en Butler, Pensilvania, el candidato Trump sufrió un atentado, en el que murieron dos personas, incluido el presunto agresor, y varias más resultaron heridas. Este ataque desató el pánico y reavivó los temores de asesinatos y atentados en Estados Unidos.
Por irónico que parezca, la bala que iba dirigida a Trump le pegó a Biden, pues el candidato republicano no solamente salió con vida, sino que además resultó empoderado y mejoró su posicionamiento entre los electores. Este hecho dejó al candidato demócrata navegando a la deriva durante las horas y días siguientes, hasta que, una semana después del incidente en Pensilvania, anunció que se bajaba de la candidatura, y propuso a la vicepresidenta Kamala Harris como su sucesora, misma que fue elegida en la Convención Nacional Demócrata para disputar la elección contra Donald Trump; contienda, en la que dicho sea de paso, no está nada decidido.
Los 3 candidatos, Biden, Trump y Kamala, en su momento, han realizado ataques y señalamientos, utilizando como bandera la “transparencia”, dado el impacto global que esta tiene en el discurso actual. Desde luego, los candidatos han hablado de fortalecer la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
En este contexto, considero necesario citar la definición de “política pública” de Luis Aguilar Villanueva, un referente en materia de gobernanza y administración pública, como el: “Proceso que incluye la identificación del problema, la formulación de soluciones, la implementación de estrategias y la evaluación de resultados”. En el entendido de que el concepto de la transparencia más que un eslogan de campaña electoral, debería ser una verdadera política pública.
“Las políticas públicas deben ser comprendidas dentro de un marco amplio que considera la participación de diversos actores, como el gobierno, la sociedad civil y el sector privado. Estos actores interactúan en un espacio de deliberación donde se establecen los objetivos de las políticas, se diseñan estrategias, se discuten posibles soluciones y se toman decisiones que buscan beneficiar a la sociedad en su conjunto”, tal como lo señala el Dr. Guillermo Muñoz Franco en su obra «La Transparencia como una Forma de Vida». Reitero, pues, que el concepto de “transparencia” va más allá del uso mercadológico en las campañas políticas, del discurso de un candidato o de una bandera gubernamental; pienso que este debería convertirse en un hábito esencial, integrando tanto el «ser», en términos de ética y moral, como el «deber ser» en relación con las normas que guían la corrección de nuestras acciones como miembros activos de una sociedad.
En esta publicación me gustaría compartir con ustedes, estimados lectores, que en el año 2015 tuve la oportunidad de colaborar en la política pública de comunicación en materia de transparencia del Gobierno del estado de Jalisco, durante esa administración hubo grandes retos y logros, en ese año la Secretaría de la Función Pública (SFP) en coordinación con la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (C.P.C.E.F.), convocó al Primer Concurso de Ensayo en «Transparencia y Rendición de Cuentas» en México, un concurso a nivel nacional con la finalidad de impulsar y promover la generación de una nueva cultura organizacional en la materia. Para ello, un servidor participó con el ensayo “El marketing en la transparencia y el acceso a la información pública en México”, obteniendo el segundo lugar a nivel nacional, este abordó la creación de un modelo enfocado en la difusión y promoción de la cultura de la transparencia, acceso a la información pública y la rendición de cuentas, considerando las distintas herramientas promocionales que permite la interdisciplinariedad del marketing, basado en Philip Kotler, mismo que hoy utilizo para escribir este texto.
En mi trayectoria de contribuir a una nueva cultura de transparencia en el ejercicio público, fui testigo del nacimiento de la primera Ley Federal de Transparencia en México, que entró en vigor en 2002. Esta ley dio origen en 2003 al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el cual se estableció como el órgano garante en la materia en México. Posteriormente, en 2014, este organismo cambió su nombre a Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, convirtiéndose en un organismo público autónomo.
Para concluir, me pregunto: ¿estamos ante la posible extinción de la transparencia y su relegación a la historia? ya que como sabemos el pasado 24 de agosto, las Comisiones de la Cámara de Diputados aprobaron una propuesta de reforma constitucional que amenaza los derechos fundamentales de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Esta reforma propone extinguir al INAI y su Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), lo que representaría un grave retroceso, eliminando décadas de esfuerzos, participación social, inversión e investigación. Dicho marco constitucional fue producto de la lucha de ciudadanos y organizaciones no gubernamentales contra la opacidad de las instituciones públicas y la falta de rendición de cuentas que caracterizó a muchos gobiernos en el pasado.
La reforma plantea, entre otras cosas, la desaparición de los 32 institutos de transparencia locales como el ITEI en Jalisco y el INAI a nivel nacional, además extinguir otros 6 organismos autónomos importantes para la democracia y desarrollo de nuestro país como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). ¿Realmente estas decisiones garantizarán el estado de derecho y el bienestar social de los mexicanos?, que el tiempo, los hechos y la historia lo juzguen.
Felices fiestas patronales y que #VivaMéxico…
Por: Mtro. Alejandro Verduzco Mendoza
Mercadólogo y analista político
@averduzcom
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Actualidad, por Alberto Gómez R.
(Parte 1) A lo largo de la historia de la humanidad, el poder económico de los grandes imperios se ha construido frecuentemente sobre pilares tan sombríos como la guerra, el saqueo sistemático y el sometimiento de pueblos enteros.
Este patrón de comportamiento, visible desde los primeros imperios de la antigüedad hasta las potencias contemporáneas, revela una lógica de acumulación basada en la extracción violenta de recursos más que en la productividad o la innovación endógena.
El historiador económico Douglas North, citado en uno de los documentos analizados, señalaba que los imperios antiguos establecían sistemas burocráticos sofisticados que permitían la expropiación sistemática de excedentes de las regiones conquistadas.
En el mundo actual, Estados Unidos representa la última encarnación de este impulso imperial, aunque sus métodos hayan evolucionado hacia formas más sofisticadas de dominación económica y militar.
Como se advierte en el panorama actual, esta potencia estaría experimentando un rápido declive relativo en el escenario global, lo que intensificaría sus comportamientos depredadores hacia naciones ricas en recursos que se resisten a someterse a su hegemonía.
Venezuela, con las mayores reservas petroleras certificadas del planeta, se encontraría en la mira de este mecanismo de saqueo contemporáneo, al igual que lo estuvieron Irak, Libia y Siria en las últimas décadas, solo por citar algunos ejemplos.
LOS CIMIENTOS HISTÓRICOS DEL SAQUEO IMPERIAL
Los primeros grandes imperios de la historia establecieron las bases de lo que sería una larga tradición de explotación económica mediante la conquista. En Mesopotamia, Egipto, China y la India, surgieron estructuras estatales centralizadas que «legislaban, impartían justicia y ejecutaban sobre un extenso territorio que agrupaba a muchas ciudades» (eumed.net).
Estos imperios perfeccionaron sistemas de extracción de riqueza mediante tributos, esclavitud y control de las rutas comerciales.
El Imperio de Alejandro Magno ofrece un ejemplo temprano de cómo la conquista militar servía como vehículo para la acumulación de riqueza. Como se describe en los documentos, Alejandro y sus falanges macedonias conquistaron todo el Imperio persa en tan sólo ocho años, apoderándose de inmensos tesoros y estableciendo un sistema de control sobre territorios que se extendían hasta la India. Patrón similar exhibiría el Imperio Romano, que transformó el Mediterráneo en su «Mare nostrum» y extrajo recursos de todos los territorios conquistados, desde las minas de plata hispanas hasta los graneros egipcios.
Con la era de los descubrimientos, las potencias europeas perfeccionaron el arte del saqueo imperial a escala global. España y Portugal inauguraron lo que podría considerarse el primer «imperio global» de la historia: «por primera vez un imperio abarcaba posesiones en todos los continentes del mundo» (eumed.net).
El flujo de metales preciosos desde América hacia Europa financió las guerras y el desarrollo económico europeo durante siglos, a costa del exterminio y la explotación de poblaciones indígenas.
El Imperio británico llevaría este modelo a su máxima expresión, estableciendo una red global de colonias y territorios controlados que proveían de recursos naturales y mercados cautivos a la metrópoli. El comercio de esclavos, la extracción de recursos en condiciones de cuasi-esclavitud y la destrucción de industrias locales competitivas fueron algunas de las estrategias empleadas para consolidar su hegemonía económica.
ESTADOS UNIDOS, LA SUPERPOTENCIA DEPREDADORA
Estados Unidos emergió como potencia global practicando una versión modernizada del juego imperial tradicional. Bajo la Doctrina Monroe y su corolario Roosevelt, se autoproclamó potencia hegemónica en América Latina y el Caribe, interviniendo militarmente en múltiples ocasiones para proteger sus intereses económicos. La diplomacia de las cañoneras y las intervenciones directas aseguraban el acceso a mercados, recursos y rutas comerciales estratégicas.
Tras la Segunda Guerra Mundial, con las potencias europeas debilitadas, Estados Unidos ascendió a la condición de superpotencia global, rol que se consolidaría tras el colapso de la Unión Soviética.
Como se señala en uno de los documentos, «después de que se desintegrase la Unión Soviética a principios de 1990, Estados Unidos quedó como la única superpotencia restante de la Guerra Fría». Esta posición hegemónica le permitió moldear las instituciones internacionales a su medida y establecer un sistema económico global que privilegiara sus intereses.
La economía estadounidense se ha vuelto profundamente dependiente de lo que el presidente Eisenhower denominó el «complejo militar-industrial». Con un presupuesto militar que supera al de los siguientes diez países combinados, Estados Unidos ha convertido la guerra en un negocio extraordinariamente lucrativo para sus corporaciones de defensa.
Como se documenta en uno de los artículos revisados, la administración Biden ha solicitado al Congreso «842 mil millones de dólares para el Pentágono en el año presupuestario 2024», lo que representa «la solicitud más grande desde el pico de las guerras de Irak y Afganistán» (france24.com).
Este apetito insaciable por el gasto militar requiere enemigos externos y conflictos perpetuos, creando un círculo vicioso de intervencionismo que justifique tales desembolsos. Los resultados son visibles en las sucesivas guerras e intervenciones que han marcado las últimas décadas, desde Vietnam hasta Afganistán, pasando por Irak, Libia y Siria.
EL SAQUEO CONTEMPORÁNEO
La invasión de Panamá en 1989 constituye un ejemplo paradigmático de cómo Estados Unidos utiliza pretextos para justificar intervenciones militares que persiguen objetivos geoeconómicos estratégicos. Como se documenta extensamente en varios de los materiales consultados, la llamada «Operación Causa Justa» fue oficialmente justificada como una medida necesaria para detener el narcotráfico y defender la democracia.
El general Manuel Antonio Noriega, quien había sido durante años un aliado útil para Washington y colaborador de la CIA, fue convertido de pronto en enemigo público número uno. Como se describe en los documentos, Noriega «había sido aliado clave de Estados Unidos durante el final de la Guerra Fría, trabajando como agente de la CIA, al tiempo que tejía vínculos con el narcotráfico» (elnacional.com). Cuando dejó de ser funcional a los intereses estadounidenses, fue acusado de narcotráfico y derrocado mediante una invasión militar que causó entre 500 y 4 mil víctimas panameñas, según distintas fuentes.
El verdadero objetivo de la invasión, sin embargo, habría sido asegurar el control estratégico del Canal de Panamá en vísperas de su traspaso completo a soberanía panameña, previsto para el año 2000 según los Tratados Torrijos-Carter de 1977. Como se señala en uno de los documentos, estos tratados «condicionaba la defensa del canal de manera conjunta, a través de un tratado adicional, dando la posibilidad de intervenir militarmente en Panamá si la operación del canal se viese comprometida».
La invasión aseguró que, aunque panameño en papel, el canal permaneciera bajo control efectivo estadounidense.
Continuará…
– Análisis, por Victor Hugo Celaya Celaya
El mapa del poder mundial se ha reorganizado. Hoy, la influencia no se mide únicamente en arsenales o acuerdos comerciales, sino en algoritmos y capacidad de procesamiento.
Nos enfrentamos a un nuevo tablero geopolítico y geoeconómico definido por tres grandes polos de poder: Estados Unidos, con su enfoque en el desarrollo tecnológico, las finanzas y la seguridad; China, que ha apostado por la manufactura avanzada, la innovación y la inversión masiva en infraestructura; y Rusia, que basa su estrategia en el control de energía, minerales estratégicos y su poder militar.
Esta reconfiguración global plantea preguntas cruciales para el resto del mundo. ¿Cómo coexistir con estos bloques? ¿Cómo aprovechar las corrientes de innovación que emanan de ellos sin sacrificar nuestra soberanía? Y, sobre todo, ¿cómo podemos acompasar nuestras políticas públicas y nuestros esfuerzos nacionales para no quedarnos atrás en esta nueva era de equilibrios de poder?
La visión de una «aldea global» que definimos en los años noventa, unida por la apertura del comercio, ha dado paso a una realidad más compleja. La interconexión actual se teje con redes de inteligencia artificial (IA), investigación científica y ecosistemas digitales.
Aunque las tensiones militares persisten, el verdadero campo de batalla se ha trasladado a la biotecnología, la robótica y, de manera central, a la inteligencia artificial. Esta revolución ya impacta nuestra vida diaria, transformando la educación, la salud, el trabajo y la seguridad. Ninguna sociedad puede sustraerse a ella.
LA CARRERA POR EL FUTURO: ESTRATEGIAS EN COMPETICIÓN
Cada una de las grandes potencias ha trazado una ruta clara para liderar esta era tecnológica, obligando al resto de los países a replantear la cooperación y la competencia.
Estados Unidos ha optado por un modelo que prioriza la innovación impulsada por su dinámico sector privado. En 2023, la inversión privada en IA en este país alcanzó los $67.2 mil millones, una cifra superior a la suma de los siguientes 14 países.
El gobierno actúa como un catalizador estratégico, como lo demuestra la Orden Ejecutiva 14110 para el desarrollo seguro y confiable de la IA, o la Ley CHIPS y de Ciencia, que destina más de $52 mil millones a revitalizar la fabricación de semiconductores, el hardware fundamental sobre el que corre toda la inteligencia artificial.
Esta estrategia se materializa en proyectos monumentales como ‘Stargate’, el centro de datos de $100 mil millones de Microsoft y OpenAI, o la Alpha School en Virginia, que ya personaliza el aprendizaje con IA.
China avanza con un enfoque centralizado y dirigido por el Estado, con la meta clara de alcanzar el liderazgo mundial en IA para 2030. A través de iniciativas como «AI+», integra soluciones de IA en sectores clave. El resultado es un ecosistema robusto: se estima que el valor de la industria de IA en China superará los $220 mil millones para 2026.
Este esfuerzo se refleja en su dominio de la propiedad intelectual, acumulando casi la mitad de todas las solicitudes de patentes de IA en el mundo. Gigantes tecnológicos como Baidu, Alibaba y Tencent no son solo empresas, sino instrumentos de la estrategia nacional para establecer estándares globales.
Rusia, por su parte, enfoca su estrategia de IA en la soberanía digital y la seguridad nacional. A través del proyecto nacional “Economía de Datos”, que se extenderá hasta 2030, busca reducir su dependencia de la tecnología extranjera e integrar la IA en sectores gubernamentales clave.
Más que competir en el mercado de consumo global, su prioridad es aplicar la IA para la optimización de sus industrias estratégicas (energía, defensa) y la administración pública. Su marco regulatorio es estricto y busca asegurar un uso responsable de la tecnología, priorizando el control estatal y el desarrollo de talento local a través de iniciativas educativas supervisadas.
La Unión Europea ha decidido jugar un papel distinto, posicionándose como el gran regulador global. Su enfoque no es competir en una carrera de velocidad, sino establecer las reglas del juego. Con su Ley de Inteligencia Artificial (AI Act), aprobada en 2024, introduce el primer marco legal integral para la IA, basado en niveles de riesgo. Este prohíbe aplicaciones consideradas inaceptables (como el «social scoring» estatal) y regula estrictamente los sistemas de alto riesgo.
Este poder normativo se complementa con fuertes inversiones a través de programas como Horizonte Europa y Europa Digital, que movilizan miles de millones de euros para construir una infraestructura de datos soberana bajo iniciativas como GAIA-X y apoyar a un ecosistema de IA «confiable y centrado en el ser humano».
EL DESPERTAR DE AMÉRICA LATINA: PRIMEROS PASOS
Frente a estas estrategias consolidadas, América Latina no es un simple espectador; la región ha comenzado a mover sus propias piezas. Aunque de manera desigual y con retos importantes, están surgiendo iniciativas notables.
En México, la coalición multisectorial IA2030MX ha impulsado una agenda para el desarrollo de una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Polos de innovación como Monterrey y Guadalajara concentran talento y startups, mientras que universidades como la UNAM y el Tec de Monterrey lideran la investigación.
Otros países también marcan el paso. Chile fue pionero en la región al lanzar su Política Nacional de Inteligencia Artificial en 2021, centrada en el desarrollo de talento, la ética y la adopción de IA en la industria. Brasil cuenta con una robusta red de centros de investigación en IA y debate activamente un marco legal propio. Por su parte, Colombia ha establecido un marco ético para la IA en el sector público y promueve proyectos de datos abiertos para fomentar la innovación. Estos esfuerzos, aunque incipientes, demuestran una conciencia creciente sobre la urgencia de participar activamente en esta revolución.
DE ESPECTADORES A PROTAGONISTAS
Ante este escenario, la pregunta para nuestros países es ineludible: ¿nos conformaremos con estos primeros pasos o aceleraremos el ritmo para jugar un rol protagónico? Si queremos dejar de ser simples compradores de tecnología para convertirnos en creadores, necesitamos una hoja de ruta clara y acciones inmediatas.
La interconexión de hoy, definida por algoritmos, nos obliga a innovar. Para ello, es fundamental avanzar en tres áreas estratégicas:
- Formar talento e invertir en educación digital. Esto debe empezar desde la educación primaria y extenderse hasta los posgrados.
- Crear alianzas estratégicas entre universidades, gobierno y empresas. Los esfuerzos aislados son insuficientes.
- Diseñar políticas públicas con visión de futuro. Debemos impulsar el uso integral de la IA y desarrollar un marco ético sólido que garantice la equidad y la protección de datos.
Esto implica fomentar centros de inteligencia artificial que apoyen a startups y consoliden proyectos de investigación propios, aprendiendo de las experiencias globales. La tecnología no debe ser vista como algo «importado» o lejano, sino como un campo fértil donde podemos liderar.
Nos encontramos en un punto de inflexión histórico. La inteligencia artificial está redefiniendo las reglas del desarrollo económico y social a una velocidad sin precedentes. No podemos permitirnos el lujo de la duda o la postergación. La tarea es clara: debemos alinear nuestros recursos, talentos y voluntades para integrarnos de manera soberana y estratégica a esta nueva era. Lo que hagamos, o dejemos de hacer, durante esta década determinará las oportunidades de las próximas generaciones.
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