NACIONALES
Que no son lo que son
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
En el oficialismo, que incluye en este caso al gobierno, Poder Legislativo y partido, se han empeñado en no reconocer y negar lo que es evidente: la construcción de un Estado policial y la oficialización de la censura gubernamental atacando la libertad de expresión. La conversación se ha seguido en los medios públicos y privados con las voces del régimen negando y la oposición acusando la coartación de las libertades civiles.
Dos son los argumentos oficiales destacados; el primero es la necesidad que tiene el estado de combatir con mayor eficacia al crimen organizado y el segundo es que la oposición exagera para beneficiarse electoralmente y que en realidad ya todo está en la legislación y solo se adecua.
Se puede coincidir en que la presencia criminal se ha extendido territorialmente y diversificado en su actividad delictiva, así como también en que el Estado requiere mejores instrumentos para combatirla; y que bueno que así se piense, pues eso implica que el Estado retome su potestad del uso legítimo de la fuerza para mantener el orden y la observancia de la ley.
En lo que no se puede estar de acuerdo es en que para hacerlo tenga que convertir a toda la población en potenciales delincuentes, sospechosos solo por poseer teléfonos celulares o participar en redes sociales. Poco importa que digan que se requerirá una disposición judicial para escudriñar las vidas de particulares, cuando el nuevo poder judicial está poblado por incondicionales del régimen.
Aceptemos que la presencia criminal se ha extendido territorialmente y diversificado en su actividad delictiva, pero también que las competencias de las policías municipales y de los estados está severamente limitada por falta de recursos que la federación ha preferido destinar a la Guardia Nacional y a las fuerzas armadas, y que la expansión de los grupos delincuentes fue posible por la desidia y la indiferencia de las fuerzas federales dedicadas por seis años a solo hacer presencia y dar abrazos y no balazos, sin descontar la posible connivencia o complicidad de políticos, policías y gobernantes, tolerada con conveniente disimulo.
El giro de timón que ha tenido la estrategia gubernamental, persiguiendo y apresando delincuentes, no sabemos si obedece a una real voluntad de acabar con el problema o solo ha administrarlo en tanto baja la presión del gobierno estadounidense que ha exigido un combate a fondo de los grupos criminales y su asociación con los poderes del Estado. En todo caso, a pesar de los resultados estadísticos favorables, los carteles avanzan y controlan amplias franjas del territorio nacional y no se entiende cómo la censura y el uso faccioso y político de los datos personales puedan coadyuvar a detenerlos.
Se dice también que la nueva CURP con datos biométricos coadyuvará en la búsqueda de personas desaparecidas, así como unificar datos de la población para trámites y servicios. Esto implica un peligro adicional para la ciudadanía, porque conocemos la ineptitud del gobierno para manejar este volumen de información con seguridad y secrecía, y no sería remoto, dada la penetración del crimen en las estructuras gubernamentales, que los datos personales cayeran en malas manos.
Sin embargo, podríamos dar el beneficio de la duda y abonar las buenas intenciones del gobierno, si no fuera por la estructura totalitaria que se está construyendo alrededor.
El ogro filantrópico se ha venido construyendo sistemáticamente. Las bases se sentaron el sexenio anterior y no mintieron al decir que seguiría un segundo piso. Hoy el Estado subsidia y anestesia la pobreza, censura y cohesiona a medios y comentaristas, hizo ficción a la división de poderes, eliminó los órganos e instituciones autónomas e independientes y desnaturalizó a las fuerzas armadas garantes hoy de la seguridad pública.
Lo que queda por hacer es dominar, controlar y sujetar las libertades individuales para hacer imposible la disidencia.
En ese objetivo es donde encuadran todas estas reformas que presentan como útiles para recobrar la seguridad y hacer más efectiva la actuación de las fuerzas armadas utilizando las herramientas de la inteligencia y equipos cibernéticos. No existe en las leyes que han propuesto límite alguno para que el Estado utilice los datos personales para los fines que juzgue convenientes, sean en efecto para perseguir delincuentes o para presionar e intimidar a opositores o a simples ciudadanos.
Ejemplos recientes nos muestran el uso selectivo de la justicia, al menos en el Tribunal electoral en casos de violencia de género y no hay garantía de que esa conducta no se vuelva rutinaria en el régimen en configuración, especialmente cuando desde la tribuna presidencial se trata a los críticos como adversarios y a los opositores como traidores. El uso y abuso faccioso del poder es propio de tiranos, aunque digan que no lo son. La democracia es a partir de ahora, escenografía.
– Por Redacción Conciencia Pública
El Gobierno de México y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunciaron un ambicioso plan de 624 mil millones de pesos —equivalente a casi 33 mil millones de dólares— para modernizar y expandir la red eléctrica nacional entre 2025 y 2030. Se trata de la inversión más grande en infraestructura energética de las últimas décadas, destinada a garantizar la confiabilidad del sistema y responder a la creciente demanda derivada del nearshoring.
El proyecto contempla la incorporación de más de 22,600 megawatts de nueva capacidad de generación, a través de 51 centrales de CFE y la participación privada con otros 6,400 MW, principalmente en energías renovables. Con ello, México busca aumentar la cobertura, reducir riesgos de apagones y fortalecer su transición energética.
Una parte crucial de los recursos se enfocará en transmisión y distribución, sectores históricamente rezagados. Tan solo en la Red Nacional de Transmisión se prevé ejercer 124 mil millones de pesos, con la construcción de 275 líneas estratégicas y 524 subestaciones nuevas, lo que permitirá evacuar electricidad de parques solares y eólicos que hoy enfrentan cuellos de botella.
El plan también considera inversiones en tecnología y digitalización dentro de la CFE, con la instalación de medidores inteligentes para reducir pérdidas no técnicas —que superan el 10%— y mejorar la calidad del servicio. La meta es un sistema eléctrico más eficiente, confiable y competitivo.
En materia de generación, ya se lanzaron licitaciones para ciclos combinados en Salamanca y Tula, que en conjunto sumarán más de 1,400 MW con inversiones cercanas a los 1,400 millones de dólares, sustituyendo antiguas plantas que son más contaminantes. A lo largo de 2025 y 2026, se espera que se adjudiquen proyectos adicionales por más de 59 mil millones de pesos.
Directivos de CFE subrayaron que este esfuerzo permitirá a la empresa estatal mantener el control del 54% de la generación eléctrica nacional, al mismo tiempo que se abre espacio a la iniciativa privada en rubros clave de energías limpias y almacenamiento.
Con este plan, México envía un mensaje claro: el país se prepara para una nueva etapa de industrialización y competitividad, con una red eléctrica robusta, capaz de atender las necesidades de inversión extranjera y, al mismo tiempo, avanzar hacia una matriz energética más sustentable.
– Por Mario Ávila
Esta madrugada fueron aprehendidos los asesinos de Ximena Guzmán y José Muñoz, colabores de la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, victimados el pasado 20 de mayo en la calzada de Tlalpan.
La propia jefa de Gobierno dio a conocer la noticia de la detención de 13 personas involucradas en el asesinato, tres de ellos participaron de manera directa y el resto tomaron parte en la logística de los hechos delictivos.
Luego de tres meses exactamente, se logró la detención de los delincuentes mediante un operativo en el que se destacó la coordinación interinstitucional entre el gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno Federal.
En el mensaje, Clara Brugada planteó: “Agradezco de manera muy especial a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuyo respaldo ha sido clave para fortalecer este trabajo conjunto; la colaboración entre los distintos órdenes de gobierno demuestra que avanzamos con más fuerza y eficacia en la lucha contra la impunidad”, expuso.
Hizo saber también que a las 17 horas de este miércoles se ofrecerá una conferencia de prensa con la participación de la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch y el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez, para informar sobre estos resultados, lo mismo que del operativo a detalle.
Finalmente pidió a todas las instituciones que han participado en este caso, que continúen la investigación para el esclarecimiento total de los hechos hasta sus últimas consecuencias.
– Por Redacción Conciencia Pública
La violencia en el futbol mexicano volvió a ser protagonista durante la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025, con incidentes registrados en distintos estadios que han encendido las alarmas sobre la seguridad en torno al balompié nacional. Los hechos más graves se dieron en los inmuebles de Chivas y Tigres, además de un episodio violento en Puebla que incluso involucró armas de fuego.
En el Estadio Universitario de Monterrey, durante el duelo entre Tigres y América, se desató una pelea entre aficionados dentro del recinto, mientras que en las inmediaciones se reportaron nuevos altercados. La Federación Mexicana de Futbol (FMF) abrió una investigación para deslindar responsabilidades y no se descartan sanciones contra el club anfitrión.
El Estadio Akron de Guadalajara también fue escenario de violencia, cuando seguidores rojiblancos agredieron al hermano y a la sobrina del exjugador Ángel Zaldívar durante el partido entre Chivas y FC Juárez. El familiar del delantero sufrió una fractura nasal, lo que generó fuerte indignación y la exigencia de mayor seguridad para los asistentes.
En Puebla, la violencia escaló a un nivel más alarmante. Momentos antes del encuentro entre Puebla y Atlético San Luis, una balacera entre ambulantes en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc dejó una mujer muerta y un hombre herido, provocando un retraso en el inicio del partido y evidenciando la vulnerabilidad de los alrededores de los estadios.
Estos hechos han reavivado la preocupación internacional, pues México será una de las sedes del Mundial 2026. Organismos de seguridad y la propia FIFA observan con lupa la situación, dado que inmuebles como el Estadio Akron recibirán partidos del torneo. La falta de control sobre las barras y la insuficiencia de operativos de seguridad representan un riesgo para el espectáculo deportivo.
A pesar de los comunicados oficiales de la Liga MX y la FMF condenando la violencia, especialistas y voces como la del periodista David Faitelson han reiterado que los clubes tienen la obligación de invertir en seguridad y asumir responsabilidad directa.
La sombra de la tragedia de Querétaro en 2022 sigue presente, y los recientes sucesos confirman que la violencia en los estadios mexicanos continúa siendo un problema estructural que exige soluciones inmediatas.
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