NACIONALES
Que no son lo que son
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
En el oficialismo, que incluye en este caso al gobierno, Poder Legislativo y partido, se han empeñado en no reconocer y negar lo que es evidente: la construcción de un Estado policial y la oficialización de la censura gubernamental atacando la libertad de expresión. La conversación se ha seguido en los medios públicos y privados con las voces del régimen negando y la oposición acusando la coartación de las libertades civiles.
Dos son los argumentos oficiales destacados; el primero es la necesidad que tiene el estado de combatir con mayor eficacia al crimen organizado y el segundo es que la oposición exagera para beneficiarse electoralmente y que en realidad ya todo está en la legislación y solo se adecua.
Se puede coincidir en que la presencia criminal se ha extendido territorialmente y diversificado en su actividad delictiva, así como también en que el Estado requiere mejores instrumentos para combatirla; y que bueno que así se piense, pues eso implica que el Estado retome su potestad del uso legítimo de la fuerza para mantener el orden y la observancia de la ley.
En lo que no se puede estar de acuerdo es en que para hacerlo tenga que convertir a toda la población en potenciales delincuentes, sospechosos solo por poseer teléfonos celulares o participar en redes sociales. Poco importa que digan que se requerirá una disposición judicial para escudriñar las vidas de particulares, cuando el nuevo poder judicial está poblado por incondicionales del régimen.
Aceptemos que la presencia criminal se ha extendido territorialmente y diversificado en su actividad delictiva, pero también que las competencias de las policías municipales y de los estados está severamente limitada por falta de recursos que la federación ha preferido destinar a la Guardia Nacional y a las fuerzas armadas, y que la expansión de los grupos delincuentes fue posible por la desidia y la indiferencia de las fuerzas federales dedicadas por seis años a solo hacer presencia y dar abrazos y no balazos, sin descontar la posible connivencia o complicidad de políticos, policías y gobernantes, tolerada con conveniente disimulo.
El giro de timón que ha tenido la estrategia gubernamental, persiguiendo y apresando delincuentes, no sabemos si obedece a una real voluntad de acabar con el problema o solo ha administrarlo en tanto baja la presión del gobierno estadounidense que ha exigido un combate a fondo de los grupos criminales y su asociación con los poderes del Estado. En todo caso, a pesar de los resultados estadísticos favorables, los carteles avanzan y controlan amplias franjas del territorio nacional y no se entiende cómo la censura y el uso faccioso y político de los datos personales puedan coadyuvar a detenerlos.
Se dice también que la nueva CURP con datos biométricos coadyuvará en la búsqueda de personas desaparecidas, así como unificar datos de la población para trámites y servicios. Esto implica un peligro adicional para la ciudadanía, porque conocemos la ineptitud del gobierno para manejar este volumen de información con seguridad y secrecía, y no sería remoto, dada la penetración del crimen en las estructuras gubernamentales, que los datos personales cayeran en malas manos.
Sin embargo, podríamos dar el beneficio de la duda y abonar las buenas intenciones del gobierno, si no fuera por la estructura totalitaria que se está construyendo alrededor.
El ogro filantrópico se ha venido construyendo sistemáticamente. Las bases se sentaron el sexenio anterior y no mintieron al decir que seguiría un segundo piso. Hoy el Estado subsidia y anestesia la pobreza, censura y cohesiona a medios y comentaristas, hizo ficción a la división de poderes, eliminó los órganos e instituciones autónomas e independientes y desnaturalizó a las fuerzas armadas garantes hoy de la seguridad pública.
Lo que queda por hacer es dominar, controlar y sujetar las libertades individuales para hacer imposible la disidencia.
En ese objetivo es donde encuadran todas estas reformas que presentan como útiles para recobrar la seguridad y hacer más efectiva la actuación de las fuerzas armadas utilizando las herramientas de la inteligencia y equipos cibernéticos. No existe en las leyes que han propuesto límite alguno para que el Estado utilice los datos personales para los fines que juzgue convenientes, sean en efecto para perseguir delincuentes o para presionar e intimidar a opositores o a simples ciudadanos.
Ejemplos recientes nos muestran el uso selectivo de la justicia, al menos en el Tribunal electoral en casos de violencia de género y no hay garantía de que esa conducta no se vuelva rutinaria en el régimen en configuración, especialmente cuando desde la tribuna presidencial se trata a los críticos como adversarios y a los opositores como traidores. El uso y abuso faccioso del poder es propio de tiranos, aunque digan que no lo son. La democracia es a partir de ahora, escenografía.
– Por Mario Ávila
Este lunes 20 de octubre, el senador de Morena, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, anunció que ha solicitado licencia para separarse del cargo.
Esta salida de la Cámara Alta, se da en medio de una serie de reportajes e investigaciones en medios de comunicación, donde se revelaron asuntos como de la compra por parte de Noroña de una casa en Tepoztlán, por 12 millones de pesos, y su viaje en avión privado durante una gira de trabajo por el estado de Coahuila.
Al margen de que será mañana a las 11 de la mañana en rueda de prensa cuando anuncie los motivos que propiciaron su determinación, esta tarde en su transmisión habitual en vivo a través de sus redes sociales, anticipó: «Tengo una tarea que hacer y necesito pedir licencia».
Por más que sus seguidores le insistieron que revelara la causa de su separación del Senado, solo atinó a responder de manera escueta: «Debo hacerlo, es para bien, mañana daré a conocer las razones».
Y aunque admitió que ya empezaron a escucharse muchas especulaciones, insistió simplemente que: «Sí necesito hacerlo, no es un asunto de berrinche ni nada; mi compromiso es con el pueblo y con el país, y miren qué paradoja, por eso es necesario pedir licencia temporal».
–Por Mario Ávila
La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, cuestionó el relanzamiento del Partido Acción Nacional (PAN), realizado el 18 de octubre, al señalar que el acto reunió a “los mismos impresentables de siempre”, en referencia a figuras políticas y empresariales que representan el bloque opositor tradicional.
La dirigente del partido oficial, elaboró en sus redes una lista de los que personajes que a su juicio destacaron en el evento del PAN el fin de semana.
En la publicación se refirió particularmente al expresidente del INE, Lorenzo Córdoba, «quien después de una larga carrera como mostrando una faceta imparcial en el terreno político, ha dejado su papel de árbitro electoral para mostrar su verdadero rostro», que ella califica como alineado al PAN.
También habla de Enrique Krauze, presente en el evento de Acción Nacional, a quien definió como “ideólogo del conservadurismo, que cobró contratos millonarios durante el neoliberalismo”.
En la lista de la dirigente de Morena, aparecen además José María Aznar, expresidente de España, al que califica como «conservador y promotor de la guerra y el supremacismo europeo”; Enrique de la Madrid, «priísta y ex secretario de Turismo con Peña Nieto», así como Guadalupe Acosta Naranjo, “coordinador nacional de Somos México, la nueva marea rosa”.
Del empresario Claudio X. González, la descripción de la morenista Luisa María Alcalde, simplemente señala: “No se requiere presentación”.
De Xóchitl Gálvez dice que es “exsenadora plurinominal y candidata presidencial del PRIAN. Dueña de la ‘Casa Roja’, señalada por conflicto de intereses y de beneficiarse de contratos amañados”.
En su lista también destaca Margarita Zavala: «Esposa de Felipe Calderón, quien protegió a su familia por el incendio de la Guardería ABC. Acusada de falsificar firmas para lograr su candidatura presidencial independiente».
Liga a la página de Facebook de Luisa Alcalde: https://www.facebook.com/share/p/1BNEbzchSm
– Por Francisco Junco
En el marco del Mes Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) hizo un llamado urgente a proteger la salud, la dignidad y la vida de las mujeres, a quienes definió como “el corazón del hogar y el primer espacio educativo de todo ser humano”.
La organización subrayó que la salud femenina no puede entenderse como un asunto individual, sino como una causa familiar y social.
“La enfermedad de una mujer afecta a toda la familia, pareja, hijos, padres y comunidad, no sólo en lo económico, sino también en lo emocional y espiritual.
Cuidar a la mujer es cuidar a la familia, y cuidar a la familia es fortalecer a la nación”, señaló Israel Sánchez Martínez, líder nacional de la UNPF, al recordar que el cáncer de mama tiene un profundo impacto en la estructura familiar y social.
Destacó que detrás de cada madre, esposa o hija hay una historia compartida de aprendizaje, esfuerzo y amor.
“La enfermedad no debe enfrentarse en soledad; requiere acompañamiento, cuidado y políticas públicas que pongan la salud de la mujer en el centro de atención”, apuntó.
Además añadió que el cáncer de mama es un desafío de salud pública y de concientización que exige atención integral, incluyendo la dimensión emocional y la reorganización de los roles familiares.⁴
La UNPF exhortó a las autoridades de salud a garantizar programas permanentes de prevención, diagnóstico temprano y tratamiento integral, priorizando la atención a las mujeres sobre acciones de menor relevancia.
También hizo un llamado a la sociedad a revalorar el papel de la mujer dentro del hogar como fuente de fortaleza y esperanza.
“La mujer es el corazón de la familia; su salud y su bienestar son la base sobre la que se edifica el amor, la educación y la estabilidad del hogar. Protegerla es asegurar el futuro de nuestras familias y de México”, afirmó Sánchez Martínez, al invitar a sumar esfuerzos para que ninguna mujer enfrente sola la enfermedad.
– Por Mario Ávila
En respuesta a la columna de Raymundo Riva Palacio en la que asegura que el gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, es investigado por el gobierno de Estados Unidos, por haber recibido dinero del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), todo a través del falso líder sindical Nazario Ramírez, detenido la semana pasada, el mandatario jalisciense acusa que se trata de “una campaña de desprestigio desde la CDMX”.
«Mientras nosotros -dijo-, seguimos recorriendo Jalisco y el reconocimiento a nuestro trabajo sigue creciendo, hay gente muy preocupada en la CDMX que escribe calumnias contra nosotros; buscan desprestigiar nuestro trabajo con puras difamaciones, una guerra sucia absurda y sin sustento’, publicó en su cuenta de X.
“En Jalisco nos conocen desde hace varias décadas, saben que somos gente de trabajo, buena, honesta y que sabemos dar resultados”, planteó el gobernador de Jalisco.
Y pese a que el propio Lemus Navarro, en una entrevista con Carmen Aristegui, se deslindó del líder sindical, afirmando que había coincido con él solo en eventos públicos, pero que no tenía ninguna relación, el periodista Raymundo Riva Palacio, en su espacio de opinión llamado “Estrictamente personal”, aseguró que eso no es lo que piensa el gobierno de Estados Unidos.
Incluso planteó: “La relación con el dirigente sindical Ramírez, es una de las razones por las que lo están investigando por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación».
«La aparición de Lemus en las investigaciones estadounidenses genera una mancha, cuando menos de sospecha –por ahora– sobre Movimiento Ciudadano, que se presenta como una alternativa electoral a Morena, PAN y PRI, distanciándose siempre de actos de corrupción y vínculos con el narcotráfico”, agregó en su columna.
Incluso Rivapalacio aseguró: “De acuerdo con las investigaciones en Estados Unidos, la relación entre Lemus y Ramírez se remonta a su periodo como presidente municipal de Guadalajara, cuando el gobernador de Jalisco era Enrique Alfaro”.
Y añadió: «Lemus, presuntamente, forma parte de una larga lista de 300 nombres de políticos, empresarios, artistas y deportistas que le proporcionó el gobierno estadounidense al mexicano, aunque no se encuentra en otra llamada lista más corta –de 12– contra los que desde Washington se ha pedido a México que inicien ya las investigaciones y los sometan a proceso en este país».
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