Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

El problema con la podredumbre es que rara vez avisa. Huele a tiempo pasado, a complicidad curtida, a pactos hechos entre cafés tibios y palmadas en la espalda. En Teuchitlán, ese pequeño municipio jalisciense de no más de 10 mil almas, la peste salió de un rancho: Izaguirre. Pero la hediondez, ahora nos dicen, ya había contaminado el palacio municipal.

La detención fue discreta y, para algunos, sorprendente. Su nombre es José Ascención Murguía Santiago, dos veces alcalde, dos veces investido por la confianza de Movimiento Ciudadano. Cayó un sábado, como los operativos que buscan el eco en la prensa del lunes.

Cayó por obra de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, trasladado a la capital del país por su presunta vinculación con la operación criminal del CJNG en el Rancho Izaguirre. Delitos: delincuencia organizada y abuso de autoridad.

Ahora, “Chon” es un nombre más en la lista de los que, con el escudo del servicio público en la solapa, nos dicen que terminaron sirviendo al crimen.

Pero lo que cayó el sábado no fue solo un alcalde. Cayó la simulación, el cuento de la «tranquilidad» en los pueblos de Jalisco, esa paz de ataúdes y pactos.

El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, fue claro el 30 de abril: desde 2021 se sabía lo que pasaba en ese rancho. Reclutamiento, adiestramiento y ejecuciones. Las autoridades locales lo sabían, pero callaron. La Fiscalía de Jalisco lo aseguró en septiembre de 2024, pero después simplemente…se olvidó.

En marzo de este año, un grupo de madres buscadoras lo reabrió. Hallaron ropa, credenciales, huellas de un infierno. Ahí estaban las pruebas que la institución, con todos sus peritos y facultades, no pudo ver.

Y Murguía, el mismo que dijo en entrevista a Canal 13 que andaba sin escolta, que la gente lo conocía y confiaba en él, que estaba dispuesto a ser investigado, se volvió testigo de su propia caída. «Pues que me investiguen», dijo. Y lo hicieron. Y lo hallaron.

El alcalde aseguró no saber nada del rancho. «Es una zona muy alejada», dijo. «Nunca me enteré». Es curioso cómo la ignorancia se vuelve estrategia cuando la verdad comienza a cercar. Teuchitlán no es una megápolis. Es un municipio donde cuatro mil personas viven en la cabecera, donde todo se sabe.

Desde marzo, el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ya había ventilado el modus operandi: falsas ofertas de empleo para enganchar a jóvenes, promesas de salarios de hasta 12 mil pesos semanales, adoctrinamiento criminal. Y cuando alguien se oponía, el castigo era inmediato: tortura, desaparición, muerte.

Gracias a la captura de José Gregorio Lastra Armida, alias «El Comandante Lastra», se supo de la cadena completa de reclutamiento. Una cadena que pasaba por el Rancho Izaguirre y por los silencios del poder local.

Junto con el alcalde, hay al menos catorce detenidos más. Policías municipales de Tala y Teuchitlán, incluyendo un excomisario, acusados de desapariciones forzadas y participación en el mismo esquema de reclutamiento.

La Fiscalía estatal justificó su omisión alegando que el rancho era demasiado grande. Que no se podía procesar todo. Como si la ley tuviera límites topográficos. Como si la justicia se rindiera ante el metraje.

Murguía es parte de la estructura de MC. No es un actor marginal. Dos veces alcalde, dos veces cobijado por las siglas naranjas. Y el partido calla. Ni un posicionamiento, ni una aclaración. La estrategia es el silencio, como si la vergüenza se resolviera con amnesia pública.

El problema no es solo Murguía. Es la tolerancia institucional al poder criminal. Es la normalización del terror como parte de la gobernabilidad. En Teuchitlán, gobernaba un alcalde que hablaba de transparencia mientras un cártel entrenaba sicarios a la vuelta del camino.

No es la primera vez que un municipio pequeño se vuelve epicentro del horror. Pero lo de Teuchitlán es simbólico. Ahí se junta todo: el abandono institucional, la corrupción policiaca, el oportunismo partidista, la simulación ministerial.

El rancho Izaguirre es más que un predio. Es el monumento al fracaso del Estado. Y Murguía, su administrador.

La caída de Murguía no resuelve nada si no se arranca la red entera. Porque el crimen organizado no se instala en un pueblo sin permiso, sin cómplices, sin acuerdos. Porque un rancho no se vuelve cuartel de adiestramiento sin ojos que miren hacia otro lado. Porque un alcalde no cae solo.

Y porque, al final, si el poder no se limpia de fondo, habrá más Teuchitlán. Más ranchos. Más presidentes municipales con cara de inocencia y manos manchadas.

La pregunta no es por qué lo detuvieron. La pregunta es: ¿por qué tardaron tanto?

En X @DEPACHECOS

Víctor Hugo Pérez Rojas, Gerente Nacional de Abasto Social de Leche para el Bienestar, primer funcionario federal que acude al Senado de la República para presentar el Programa de Abasto Social de Leche para que se difunda en territorio dicho programa social en beneficio de millones de mexicanos, en atención a la invitación Adán Augusto López Hernández, Coordinador de la Junta de Coordinación Política JUCOPO.

PRESENTACIÓN DE ADÁN AUGUSTO

Presentación del doctor Víctor Hugo Pérez Rojas por parte del Senador Adán Augusto López Hernández.

CON EL SENADOR CARLOS LOMELÍ

El senador jalisciense Carlos Lomeli Bolaños, saludando a su amigo Víctor Hugo Pérez Rojas, acordando coordinar en próximas fechas un Foro sobre Seguridad Alimentaria en México.

EL AGRADECIMIENTO

Víctor Hugo Pérez Rojas, agradeciendo la invitación a todos los senadores asistentes.

CON JUAN HUERTA

De izquierda a derecha: Alondra González Pérez, Mtro. Antonio Talamantes Geraldo, Director General de LICONSA (Leche para el Bienestar) del Gobierno de México; Karla Morán Pérez; Mtro. Leonel Efraín Cota Montaño, Subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México; Juan Huerta Peres, Secretario General de la CTM en Jalisco y Víctor Hugo Pérez Rojas, Gerente de Abasto Social de LICONSA (Leche para el Bienestar) del Gobierno de México. 

“#CONSTRUYENDOJUSTICIA”

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, líder del movimiento “#ConstruyendoJusticia”, impulsa a nivel nacional el voto para la elección del 1 de junio, destinada a renovar el Poder Judicial Federal. En reunión con promotores, lo acompañan (de izquierda a derecha): la diputada Marcela Michel, Alberto Carranza Muro, líder de CATME, la diputada federal Beatriz Carranza Gómez y el diputado local Miguel de la Rosa.

CON ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR

De izquierda a derecha Marcela Michel, Alfonso Ramírez Cuéllar, Beatriz Carranza Gómez y Nadia Sepúlveda.

Opinión, por Gerardo Rico //

Con una agenda 2030 en su propuesta de gobierno, que aborda desafíos como la pobreza, el cambio climático, la desigualdad y la falta de acceso a servicios básicos, observamos el enfrentamiento verbal de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, quien durante su período, 1994-2000, enfrentó una de las peores crisis económicas en la historia de México y sin apartarse de las políticas neoliberales creó y originó el polémico Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

El origen del enfrentamiento Sheinbaum Pardo-Zedillo Ponce de León, se originó cuando el segundo publicó apenas el pasado 27 de abril un artículo en la revista Letras Libres, editada y fundada por Enrique Krauze, otro ferreo crítico de los gobiernos de Morena, en donde se preguntó: ¿Cuál era la verdadera naturaleza de la transformación morenista en el poder?

Además en una entrevista de la revista Nexos, al referirse a la elección del Poder Judicial, Zedillo precisó: “Lo que han hecho López Obrador y sus cómplices en los últimos meses, en esta materia, es realmente el final de la democracia mexicana”, y añadió: “Es evidente que a estas personas no les gusta la democracia. Tampoco les gusta el Estado de derecho. Lo que quieren es un régimen que pueda tomar decisiones arbitrarias, abusivas, según su propia conveniencia política. Su catálogo de acciones para destruir la democracia es quizás el más amplio que yo jamás haya visto en tan poco tiempo en ningún país”.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las críticas de Ernesto Zedillo, quien acusó a Morena de autoritarismo por la elección popular del Poder Judicial. Sheinbaum defendió la reforma como democrática, cuestionó la credibilidad de Zedillo y otros opositores como Ricardo Anaya, Alito Moreno y Enrique Krauze, y acusó a medios como Letras Libres y Nexos de promover una narrativa infundada sobre el fin de la democracia en México, usando a Zedillo como nuevo vocero.

Recuperar, reprocesar, rescatar, salvar…

Pero la terca historia registra otros datos. La historia busca recordar y comprender el pasado para aprender de él y tomar mejores decisiones en el presente. Esta definición viene a colación por la cantidad de personajes que formaron parte o tuvieron nexos directos e indirectros con la administracióin zedillista y que por causas de deslindes políticos y acomodaticios participan en el gobierno de la Presidenta Sheinbaum Pardo:

1.- Juan Ramón de la Fuente Ramírez: Fue secretario de Salud en el sexenio de Ernesto Zedillo y en la actualidad es el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

2.- Alfonso Durazo Montaño: Fue coordinador de la campaña del candidato del PRI a la Presidencia de la República, Ernesto Zedillo, dirigente nacional del PRI, secretario de Seguridad Ciudadana con Andrés Manuel López Obrador, Senador de la República por Morena. Actual gobernador de Sonora por Morena. Por cierto, también fue secretario particular del ex Presidente Vicente Fox en el periodo 2000-2004.

3.- Esteban Moctezuma Barragán: Secretario de Desarrollo Social y de Gobernación con Ernesto Zedillo. Secretario de Educación con Andrés Manuel López Obrador y actual Embajador de México en Estados Unidos, desde febrero del 2021.

4.- Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, propuesto en 2009 por Felipe Calderón como magistrado de la SCJN, fue presidente del Poder Judicial. Desde 1998, representó a bancos como Bancomer, Bital, Banamex y Banorte ante la SCJN, gestionando un amparo contra auditorías por el Fobaproa. Aunque sin cargo oficial, defiende los gobiernos de Morena.

5.- Alta Gracia Gómez, hija del exsenador y empresario Raymundo Gómez Flores, acusado de beneficiarse con el Fobaproa, es la Coordinadora del Consejo Empresarial de la Presidencia, nombrada por Claudia Sheinbaum. Actúa como enlace clave con el sector empresarial, especialmente en nearshoring, polos de desarrollo y corredores industriales.

6.- Patricia Armendáriz Guerra: Militante del PRI y asistente del secretario de Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe Armella en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Es con ella como responsable de la vicepresidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de la Valores (CNBV) que tuvo lugar la crisis económica en México de 1994. Actualmente, es diputada federal por Morena.

7.- Ignacio Mier Velazco, exdiputado del PRI en la 57 Legislatura y actual senador de Morena, votó a favor de legalizar el Fobaproa mediante la creación del IPAB, que rescató bancos. Fue operador clave para conseguir votos de diputados, no solo de Puebla, para aprobar el dictamen en la Cámara de Diputados el 12 de diciembre de 1998.

Una lista con más nombres que por asuntos de espacio no es posible escribir. Como dirían los clásicos, las palabras se las lleva el viento. Los hechos son los que cuentan.