NACIONALES
Reformas laborales en México
– Luchas Sociales, por Mónica Ortiz
México es uno de los países latinoamericanos que están en el ranking para reducir las jornadas laborales. Esta medida, que busca mejorar la salud, la calidad de vida y la dignificación de los trabajadores, aún no se ha consolidado debido al intenso debate que ha generado. Sin embargo, se comenta en los pasillos que la iniciativa será aprobada antes de que finalice este año legislativo y que su implementación será gradual, como ya ha ocurrido en países como Brasil, Ecuador y Colombia.
La mayoría de estos países son miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un organismo que promueve políticas para mejorar el bienestar económico y social de las personas en todo el mundo.
Esta nueva iniciativa de ley sobre la jornada laboral, registrada a inicios de septiembre de 2025, fue presentada por el Congreso de Baja California ante la Cámara de Diputados. Es el número trece, y su diferencia con las anteriores es que anexa una prima sabatina del 25% del salario diario para los empleados que sean requeridos los días sábado.
También propone la desaparición de las jornadas diurna, nocturna y mixta, contempladas en la Ley Federal del Trabajo, para que las jornadas sean modalidades pactadas de forma flexible por el empleador y el empleado bajo un contrato laboral. La mayoría de las iniciativas buscan que la transición de esta nueva reforma laboral sea gradual, con etapas de adaptación, a fin de contribuir a que los empleadores puedan acomodar al personal según su giro o actividad y a la reducción de la jornada laboral.
En este contexto, habrá que analizar de manera minuciosa si la reducción de la jornada laboral en México surtirá los efectos por los que se lucha a nivel mundial: que los trabajadores disfruten de forma digna su tiempo no laboral, a sus familias, y aprecien sus fuentes de trabajo a través del descanso. De esta manera, su energía será invertida en su familia, su salud, su entretenimiento y su descanso. La reducción de la jornada laboral tiene como objetivos disminuir el estrés, ampliar las oportunidades de empleo y mejorar la salud mental, así como el entorno familiar y laboral. Todo esto es consecuencia de una jornada que evita la saturación de las actividades de trabajo.
Sin embargo, el contexto social de nuestro país, con la explotación laboral y las malas prácticas del sector empresarial (que al final se traducen en corrupción de sindicatos y autoridades laborales), dificultará en gran medida que estos cambios sociales se conviertan a corto plazo en beneficios reales. A esto se suma que muchos de los cambios obedecen a la necesidad de integrarse a las tendencias globales, lo que resulta conveniente para quienes gobiernan, ya que produce en la clase trabajadora una percepción de que se piensa realmente en ellos, cuando en realidad puede ser solo un efecto de populismo conveniente para tiempos electorales.
Tendrá que pasar un mínimo de cinco años para que sindicatos, sectores empresariales, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los gobiernos de las entidades federativas y los tribunales laborales se acostumbren a la defensa y divulgación de la jornada reducida, y para que existan sanciones contra la simulación. Se han visto cambios significativos en la Ley Federal del Trabajo en México, impulsados por reformas laborales, presiones internacionales y nuevas realidades sociales y tecnológicas. Entre las más importantes, la Reforma Laboral de 2019 desapareció las Juntas de Conciliación y Arbitraje para dar paso a la conciliación y los tribunales laborales.
En 2021, se prohibió el outsourcing de personal. Ese mismo año se reguló el teletrabajo o «home office», una modalidad que se consolidó ante la realidad impuesta por la pandemia. A partir de 2023 entraron en vigor las Vacaciones Dignas y se implementaron aumentos al Salario Mínimo. Actualmente, el país está a la espera de la aprobación de la reforma para la reducción de la jornada laboral.
La vida laboral ha cambiado significativamente en los últimos años, impulsada por las nuevas generaciones, la tecnología, la globalización de los derechos humanos y la digitalización. Esto ha obligado al país a modernizarse en materia laboral y a ser congruente con las tendencias mundiales.
La pandemia también aceleró este cambio, fomentando un mayor respeto por los derechos y la justicia laboral. Esto ha llevado a las empresas a entender que la transparencia y las buenas prácticas no solo aumentan la productividad, sino que también reducen los riesgos legales.
