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Salinas Pliego ahora contra AMLO: Poder económico y poder político, juntos pero no revueltos
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
El poder es tan importante, que no debe estar concentrado. Por ello, la Constitución separa el ejercicio del poder público, y crea los tres ramos que se encargan de aplicarlo: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. En el Siglo XIX, la Iglesia estaba protegida por el Estado mexicano, como desde la Conquista de la Nueva España, declarando que solo se reconocía una religión, que era la católica.
Con las leyes de Reforma, expedidas a partir de julio de 1859 y hasta febrero de 1861 por el Benemérito de las Américas, D. Benito Juárez, presidente de nuestra patria, se llevó a cabo la separación de la iglesia y el Estado. Esas trascendentes normas, fueron constitucionales al formar parte de la Carta Suprema desde septiembre 25 de1873, siendo mandatario federal D. Sebastián Lerdo de Tejada.
Sin embargo, actualmente en las circunstancias que atañen al desarrollo integral de una nación, existen los llamados “factores de presión” (FP), que son “actores que, además de realizar las actividades normales y legales que constituyen su objetivo declarado y legal, realizan sistemáticamente prácticas que violan gravemente leyes válidas e incumplen relevantes decisiones públicas que son legales y legítimas, en desafío de las autoridades gubernamentales a las que ignoran o neutralizan o las confrontan y doblegan; es decir, privan de efectividad a la legítima acción gubernamental”. (Ricardo Tirado, Prontuario de la Democracia, UNAM).
Conforme esa idea, podríamos identificar dos grandes tipos de factores de presión: círculos de influjo (CI) y poderes fácticos (PF). En el primer ámbito figuran instituciones de crédito, importantes empresas, medios de comunicación, agrupaciones de empresarios, centrales de trabajadores, iglesias, asociaciones de educación superior, etc.
En el segundo espacio, están los más incisivos poderes fácticos: los de carácter mediático que buscan tesoneramente influir en el entorno político. Otros PF de menor poder recurren a sus capacidades de movilización y resistencia física o de generación de gran desafecto popular: una Iglesia mayoritaria, ligas patronales y grandes sindicatos, agrupaciones de comerciantes, profesionistas y congregaciones similares.
De esos entes de presión, -ya CI o PF- cuya característica es que, siendo poderosos, aprovechan que gozan de una posición de privilegio para incidir en el renglón público, mostrándose por lo regular críticos punzantes de la autoridad (siempre que esta no se ciña a sus intereses), siendo además figuras o corporaciones difíciles de sujetar jurídicamente.
Desde su cruzada electoral, el actual Presidente de la República señaló como necesario el separar al poder económico (representado por esos grupos de presión) para poder desplegar sus acciones en aras de cumplir su principal lema de campaña: “Por el bien de todos, primero los pobres”. Por lo común, la gran mayoría de esos grupos de presión, se convirtieron en tercos impugnadores.
Desde el inicio de su periodo gubernamental, Andrés Manuel López Obrador -AMLO- dispuso que los funcionarios de Hacienda, Gobernación, Comunicaciones, Energía, Salud, Economía y demás dependencias federales, no convivieran -con miembros o personajes pertenecientes a los grupos de poder- en fiestas, comidas, juegos deportivos o viajar con contratistas, grandes contribuyentes, proveedores o inversionistas vinculados a la función pública.
Lo anterior se entiende porque es indispensable -para la real vigencia del estado de derecho y la justa distribución de la riqueza-, que no se confunda o menos se fusione el poder económico con el político. En el neoliberalismo, ese fue un factor determinante para el empobrecimiento de las mayorías, la actuación de la autoridad respaldando los intereses del capital, por lo que había desfasada comunión de esos dos poderes.
Como dijimos, muchas personas físicas o morales, de hecho o de derecho, tras el triunfo electoral del lopezobradorismo en 2018, asumieron fungir como vehementes reclamantes del gobierno de la Cuarta Transformación -4T- . Destacan dos individuos: Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego -RSP-). El primero, conduciéndose con notable sagacidad, es sin duda alguna, el empresario más afín al presidente, sin dejar de mostrar su contrariedad con ciertas obras: una docena de reuniones privadas entre él y AMLO, prueban ese planteamiento.
Por lo que hace a Salinas Pliego (RSP) el tercer hombre más rico del país, se registra pleito singular que sostiene contra AMLO, no precisamente por su mentalidad reaccionaria, ultraderechista, que ya sería suficiente, sino por ser un evasor fiscal formidable: El presidente -dice el periodista Genaro Lozano, de Televisa y Reforma- ha señalado tres áreas principales de conflicto con Salinas Pliego: Adeudos fiscales al SAT, disputas ambientales con un campo de Golf en Guerrero y críticas al manejo de las Afores”. Aunque existen varias más, tales como sus diferencias en cuanto al libro de texto gratuito, y sus imposiciones ideológico-periodísticas a sus empleados de TV azteca.
En su mañanera del 25 de abril, el mandatario habló sobre esas diferencias y dejó en claro que el tema fiscal, es un “un paquete de 22 mil millones, más otro que llega a cerca de 50 mil millones, eso es lo que está en cuestión” y urgió al poder judicial para que resuelva si lo debe liquidar o en su caso, no procede que los pague.
El modo de ser de RSP es calificado como soez, indigno y muy lépero: a Citlalli Hernández, secretaria general de MORENA, la trata de CERDA; al presidente, de un «gobiernícola mentiroso»; del SAT, afirma que se dedica a “extorsionar a empresarios” y que la administración federal es una “kakistocracia”. Suele, además, de su amplio mosaico de ofensas agregar las letras “hdtpm”, que para los mexicanos es “hijo de tu…madre”. Así se las gasta el “tío richy” como se autodenomina este palurdo ricachón. Su variedad de dicterios podría enlistarse en grueso volumen.
Una nueva disputa la sostiene RSP cuando el destacado periodista Julio Hernández “Astillero” cuestionó la integridad periodística de Salinas, acusándolo de priorizar intereses comerciales y tener vínculos con el poder. Ante esto, Salinas respondió con una declaración desafiante, afirmando su integridad y advirtiendo a Astillero que “conmigo no se juega”. El twitter (hoy X) de RSP es fiel reflejo de su modo de ser: “Jajaja pobre pendejø… tu video es de esos videos…que se pueden oler. Y no me amenaces porque conmigo no se juega, hdtpm “buena ondita”.
Lo anterior ameritó una respuesta de Julio Hernández: “Guárdese sus consejos de periodismo; lo que usted ha impulsado es el interés comercial y la manipulación. Conmigo se topa, conmigo, el que se sube, se pasea”. Este afirma que RASP es “el adversario mas concreto y mas insultativo hacia el presidente”. Empero, el mandatario insiste en calificar a Salinas Pliego como “su amigo”, lo cual es patético: asegura que Javier Alatorre, locutor de TV Azteca, en su postura crítica hacia el gobierno, -es buena persona- “pero tiene que decir lo que le ordena Salinas Pliego”. Al respecto, este empresario expresó: “Ni AMLO ni el baña gatos de Jesús Ramírez Cuevas le hacen honor a la investidura presidencial”. Y tras señalar que la lealtad a ciegas que exige el presidente no existe, pregona que “en grupo Salinas somos hombres libres y actuamos por convicción personal. (X, 25 IV 24).
Todo lo narrado, es muestra palmaria de como los ricos mexicanos tratan no solo al gobierno, sino al pueblo. Y aunque AMLO, desde su primer informe hasta recientemente, afirmó que su administración lleva un enorme avance en la separación del poder económico frente al poder político, el periodista Mario Maldonado, escribió: “La separación del poder político y el económico que proclamó el mandatario al inicio de su gobierno fue una ilusión: el poder económico entra y sale de Palacio Nacional por la puerta grande tras dialogar, negociar y proponer proyectos e ideas con el titular del poder político…”. (El Universal, 12 V 2023). Pensemos en el Consejo Empresarial que creó Amlo, o en las múltiples visitas que le ha hecho Slim.
Tomar el pulso a la relación entre Carlos Slim y AMLO es una manera de valorar qué pasó con la promesa del candidato López Obrador de separar el poder político y el poder económico. Porque ese tema fue eslogan de campaña muy potente para una ciudadanía empachado por la corrupción, misma que en una cara muestra que en el país, las grandes fortunas florecen -de potentados y políticos- al amparo de las decisiones de los gobiernos protectores de sus cúpulas.
No cabe duda, si bien se necesitan diálogos de categoría entre políticos y empresarios que detonen inversiones y forjen las condiciones apropiadas para la generación y distribución de la riqueza, es requisito que no se coludan ambos elementos. Que cada sector haga lo suyo, es decir que actúen “juntos, pero no revueltos”, con lo que se evitarán transas y moches, así como las comaladas de millonarios sexenales, al tiempo que acarreará bienestar para la población, y con ello, se abatirá la pobreza lacerante que ha padecido la mayoría de nuestra gente.
Por lo anterior, es que debe instrumentarse una adecuada separación entre los poderes económico y el político, la cual sería de dimensiones semejantes a la magnitud que se experimentó con la Reforma juarista.
– Por Redacción Conciencia Pública
Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, desmintió categóricamente haber solicitado un amparo ante la justicia federal para frenar una presunta orden de aprehensión en su contra, según un comunicado emitido este miércoles.
La controversia surge tras reportes de que un juzgado federal en Zacatecas otorgó una suspensión provisional a López Beltrán, su hermano Gonzalo «Bobby» López Beltrán y otras 14 personas, en el expediente 2098/2025, presentado electrónicamente el pasado 16 de septiembre.
El amparo, que protege contra posibles órdenes de detención, incomunicación o desaparición forzada, habría sido tramitado por un supuesto abogado, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien también denunció una usurpación de identidad, asegurando que no firmó el documento ni conoce a los beneficiarios.
“Fui usado como conejillo de indias”, afirmó Rodríguez, quien planea presentar una denuncia para esclarecer el caso.
En su comunicado, López Beltrán calificó el episodio como una “operación malintencionada” orquestada por adversarios políticos para vincularlo con actividades ilícitas, como el presunto «huachicol fiscal» señalado en recientes investigaciones sobre redes de evasión fiscal y control de aduanas.
“Ni mi hermano Gonzalo ni yo tramitamos ninguna demanda de amparo”, enfatizó, exigiendo al Poder Judicial Federal una investigación sobre el origen del trámite, que también involucra a un juzgado en la Ciudad de México.
El caso, que ha generado revuelo en redes sociales, divide opiniones: mientras simpatizantes de la 4T lo consideran un ataque político, críticos cuestionan la transparencia de la familia López Obrador.
El senador Adán Augusto López expresó dudas sobre la autenticidad del trámite, comparándolo con casos previos de abuso de esta figura legal.El amparo requiere ratificación en un plazo de tres días hábiles para mantener su vigencia, aunque el comunicado de López Beltrán sugiere que no lo hará.
La audiencia constitucional está programada para el 28 de octubre. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de órdenes de aprehensión activas contra los hermanos López Beltrán, ni avances públicos de la Fiscalía General de la República en las investigaciones relacionadas.
El caso continúa en desarrollo, en medio de un contexto político polarizado y señalamientos que podrían escalar conforme se acerquen nuevas diligencias judiciales.
– Por Francisco Junco
El PRI exigió que el “Cártel de los Soles” y otros grupos criminales que operan en México sean declarados como organizaciones terroristas, al advertir que representan una amenaza para la seguridad nacional y regional.
La propuesta fue presentada en un punto de acuerdo de urgente resolución en el Senado de la República, impulsado por el dirigente nacional del tricolor, Alejandro «Alito» Moreno.
Durante conferencia de prensa, acompañado por Carolina Viggiano, secretaria general del partido, y los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, Moreno señaló que las organizaciones criminales “utilizan la violencia de forma sistemática, poniendo en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la soberanía nacional”.
El legislador afirmó que se trata de un fenómeno que trasciende la corrupción de funcionarios y constituye un “robo sistemático orquestado desde la Presidencia de la República desde 2018”.
El dirigente del PRI denunció que el llamado huachicol fiscal ha provocado un daño al erario público superior a 550 mil millones de pesos, con pérdidas estimadas en 18 mil millones de litros de combustible y la extorsión a más de 6 mil estaciones de servicio.
Señaló que estos recursos ilícitos han servido para financiar campañas políticas, extorsionar empresas y consolidar pactos con el crimen organizado.
Moreno recordó que estas prácticas han tenido consecuencias fatales, incluida la muerte de servidores públicos y marinos, además de riesgos para la Armada de México y otras instituciones de seguridad.
Acusó directamente a funcionarios de Morena de mantener vínculos con el crimen organizado, lo que —dijo— representa una amenaza a la democracia y a la independencia de las instituciones del país.
Finalmente, el presidente nacional del PRI advirtió que los pactos entre el poder político y la delincuencia organizada atentan contra las libertades de los mexicanos y contra el sistema judicial.
“No permitiremos la instauración de un modelo venezolano en México”, subrayó, al tiempo que reiteró que su partido priorizará la defensa de la Constitución, la rendición de cuentas y la seguridad de los ciudadanos.
– Por Francisco Junco
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró formalmente concluida la primera elección de personas juzgadoras, correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, tras recibir una serie de informes finales sobre la organización y desarrollo del proceso, con ello, se da por cerrada todas y cada una de las etapas del ejercicio electoral.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que esta elección representa no sólo el cierre de un proceso extraordinario, sino la reafirmación de la democracia en México.
“Hoy le decimos al mundo que aquí en México, el voto sigue siendo la voz más poderosa de todas”, afirmó, resaltando el esfuerzo conjunto de funcionarios, observadores y la ciudadanía para garantizar la integridad del proceso.
Durante la sesión extraordinaria, el INE recibió 11 informes finales, entre los que se incluyen la implementación del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral, la integración y capacitación de las mesas directivas de casillas y seccionales, la promoción de la participación ciudadana y la administración de tiempos del Estado en radio y televisión.
Los documentos reflejan la participación de 775 mil 403 funcionarias y funcionarios de casilla, así como la acreditación de 375 visitantes extranjeras de 40 países, asegurando la transparencia en todas las etapas.
Taddei Zavala subrayó que el INE cumplió con el mandato constitucional encomendado y destacó la importancia de la institucionalidad y la fortaleza del organismo para enfrentar nuevos retos democráticos.
“El INE no sólo está a la altura de los nuevos retos democráticos, sino que trasciende gracias a su capacidad de comprender y aceptar los cambios sociales y culturales”, agregó la presidenta.
Finalmente, el Consejo General aprobó modificaciones a la Convocatoria para la selección y designación del Organismo Público Local Electoral de Coahuila, en cumplimiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y confirmó que la etapa de entrevistas para la presidencia y tres consejerías electorales dará inicio el próximo 22 de septiembre, asegurando la continuidad de los procesos electorales locales.
– Por Francisco Junco
Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel “Andy”, actual secretario de Organización Nacional de Morena, y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, promovieron un amparo en Zacatecas que busca evitar una eventual detención, en el contexto de las investigaciones por la red de huachicol fiscal encabezada por marinos e indagada por la Fiscalía General de la República (FGR).
El recurso fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, donde una jueza federal concedió una suspensión de plano a favor de los hermanos López Beltrán.
El amparo incluye medidas para evitar su captura sin orden judicial, incomunicación, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad o una ejecución extrajudicial.
La suspensión fue otorgada el 16 de septiembre de 2025 y permanecerá vigente hasta que se resuelvan las audiencias programadas: la incidental el 24 de septiembre y la constitucional el 28 de octubre.
El expediente, registrado con el número 2098/2025-IV, fue promovido por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, personaje que también ha aparecido en recursos judiciales vinculados al narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Sin embargo, la demanda carece de firma autógrafa o electrónica, un hecho inusual que no impidió que el juzgado la admitiera debido a la naturaleza de los actos reclamados.
Además de Andy y Bobby López Beltrán, en la lista de quejosos aparecen nombres de funcionarios y empresarios presuntamente vinculados a la red de huachicol fiscal en aduanas.
Entre ellos, el contraalmirante Fernando Farías Laguna; Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques” y vinculado con la empresa Mefra Fletes; Carlos Estudillo Villalobos; Sergio Varela; Ismael Ricaño Matías; Anatalia Joselín Gutiérrez; y Diana Heleyn Foullon Gómez, conocida como “Lady D”.
También se mencionan a César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios y Miguel Ángel Solano, apodado “Capitán Sol”, entre otros.
El periodista Claudio Ochoa Huerta difundió el documento en redes sociales, donde aseguró que fuentes judiciales le confirmaron la suspensión a favor de los hijos de López Obrador.
Ochoa detalló que el domicilio señalado para notificaciones corresponde al Hotel Círculo Mexicano, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde también se encuentra la tienda Finca Rocío Chocolate, negocio de la familia López Beltrán.
Morena, sin embargo, negó que el actual secretario de Organización Nacional del partido, Andrés Manuel López Beltrán, haya solicitado el amparo.
Camila Martínez, secretaria Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, aclaró que el recurso fue promovido por un tercero, lo cual es legal según la Ley de Amparo, aunque los beneficiarios tendrán tres días hábiles para decidir si ratifican o no la demanda.
En el mismo contexto, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del exmandatario, también aparece en acuerdos del Poder Judicial en Tabasco, su estado natal.
De esta forma, los tres hijos del expresidente López Obrador figuran en distintas instancias judiciales ligadas a una misma trama de amparos que, aunque no implican órdenes de captura vigentes en su contra, los vinculan de manera directa en expedientes relacionados con la investigación sobre huachicol fiscal en aduanas.
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