Sálvese quien pueda

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

El difícil problema que el país enfrenta en materia de seguridad hace estragos incluso en las relaciones internacionales. La inseguridad y la violencia que soportamos, pero que de alguna manera hemos evadido y normalizado socialmente, nos mantienen en temas tan delicados como los cárteles del narcotráfico y su amplio poder territorial.

Sin duda, y analizando a fondo cómo vive un mexicano su día a día, podríamos llegar a la conclusión de que estamos rebasados, y esto es producto del fenómeno de la corrupción, combinado con una sociedad sin identidad plasmada en la integridad.

En este sentido, debemos notar que los temas estatales y nacionales de esta semana tienen una base innegable en el crimen organizado y los cárteles. Podríamos iniciar con nuestro vecino comercial, Estados Unidos de Norteamérica, y su designación de organizaciones terroristas a cárteles mexicanos y pandillas. EE. UU. impone una serie de medidas para combatir al crimen organizado, que van desde la imposición de sanciones económicas, el bloqueo de activos y medidas restrictivas contra estas organizaciones, sus miembros y quienes les brinden apoyo.

Finalmente, busca la pena de muerte para las personas condenadas por estos delitos graves en su país, debido a que las leyes federales de antiterrorismo la contemplan.

Abonando al fondo, tenemos a un capo del narcotráfico detenido por los Estados Unidos, pidiendo que su país lo repatrie, ante el miedo a ser condenado bajo las nuevas órdenes ejecutivas del presidente de EE. UU. que indican que sería un terrorista y alcanzaría la pena de muerte.

Para la Presidencia de la República es un tema para considerar la forma en la que un ciudadano mexicano, independientemente de quién sea y qué actos criminales cometió en territorio nacional, fue a parar a una cárcel estadounidense, y si es necesario que México intervenga para que nos regresen a uno de los capos del narco a nuestro país, por no cumplir con un supuesto debido proceso. Tema de muchos contrastes en el que, a criterio de cada mexicano, es inverosímil.

En este sentido, y para medir la gravedad del tema del crimen organizado en México, vamos a un ejemplo más local: Jalisco. No obstante, la considerable cantidad de hechos y circunstancias delictivas en los municipios colindantes con Zacatecas, y a pesar de que como sociedad ya no nos parezca increíble ni terrorífica la desaparición de ocho personas y la aparición de cuatro de ellas sin vida en Teocaltiche, Jalisco, esta semana fueron desaparecidos y encontrados algunos sin vida policías municipales.

Además, se intervinieron dos municipalidades y se desarmaron sus policías locales en Teocaltiche y Villa Hidalgo, encontrando también una estación regional de monitoreo conocida como C2. Habrá, pues, que replantearse a nivel local y nacional el tema del crimen organizado y sus violencias, aprovechando que van llegando las nuevas autoridades y que deben ver la gravedad del asunto.

Jalisco, como muchas otras entidades federativas, vive sometido al miedo y al terror que implica la presencia del crimen organizado, que, además, es un hecho probado, se encuentra infiltrado en autoridades y dependencias gubernamentales. Un ejemplo obvio es el desarme de las policías municipales y el control de la videovigilancia.

Es por eso que resulta sumamente importante que los conceptos de integridad en el sector público y político alcancen su máximo valor en principios éticos y morales en el ejercicio de las funciones públicas y de representación social. Las autoridades de todos los niveles deben actuar con honestidad, transparencia, compromiso y absoluto respeto por el interés público.

El combate a la corrupción es una herramienta sólida para erradicar hechos y actos que se dan desde lo ilegal y opaco de la intrusión del crimen organizado. Sin embargo, parece ser un obstáculo para los gobiernos, que buscan desacreditarlo, como se lo inventaron con la transparencia a nivel nacional.

Que se combata al crimen organizado, que se respete la soberanía del Estado mexicano, sin defender narcotraficantes, que cada entidad federativa, incluyéndonos, busque la manera efectiva de combatir la criminalidad y la corrupción a la que nos someten, es una obligación constitucional. Es un inconveniente que rebasa estados y fronteras. Tenemos un gravísimo problema con las violencias y el crimen organizado, y ya no puede ser un «sálvese quien pueda».