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Se inicia con el pie izquierdo: Ley padrón ¿hostigamiento y vigilancia?
Opinión no pedida, por Armando Morquecho Camacho //
Para el INAI, los datos biométricos son todas las propiedades físicas, fisiológicas, de comportamiento o rasgos de la personas que son atribuibles a una sola persona y que además son medibles, por ejemplo: las huellas digitales, el rostro, la retina, el iris, la estructura de las venas de nuestras manos, la piel, y el ADN.
Con el paso de los años el uso de la biometría como mecanismo de identificación ha ido aumentando, esto debido a que han demostrado ser un método más eficiente y seguro, ya que a diferencia de las contraseñas tradicionales, estos no pueden ser cambiados o alterados porque son integrados por características únicas de las personas.
El aumento en el uso de estos elementos de nuestro ser, generó muchos cambios e impulsó una revolución tecnológica capaz de hacerle frente al reto que implica almacenar esta información, debido a esto, la creación de sistemas y bases de datos para su almacenamiento también aumentó y mejoró en muchos aspectos, sobre todo en la iniciativa privada, tal es el caso de Apple, Facebook, Google y Microsoft, quienes han invertido en DeepFace, un sistema de reconocimiento facial con un 97% de precisión.
Pero no solo eso fue lo que aumentó, con este gran cambio tecnológico no solo se aceleró el proceso de desarrollo y perfeccionamiento de la Inteligencia Artificial, sino que también comenzaron a aumentar las posibilidades de que las grandes empresas e instituciones, en especial bancarias, comenzaran a sufrir de ataques cibernéticos que atentaban no solo con la privacidad de las personas, sino también con su patrimonio.
Sin lugar a duda, al no poderse cambiar como una contraseña, estos datos han logrado garantizar mayor seguridad, pero también, han implicado una mayor responsabilidad en su utilización y han obligado a muchas empresas y gobiernos a emprender acciones para garantizar sistemas cibernéticos menos vulnerables.
Aunque actualmente no hay disposiciones en el mundo que sean específicas acerca de la protección de los datos biométricos, pero lo que sí hay son grandes avances en el tema, y uno de los casos que a mi opinión representan uno de los mayores avances es el de la Unión Europea donde en el 2018, entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos.
Este ordenamiento, cuyo pilar es el derecho al olvido que posee un ciudadano para solicitar que sus datos personales sean suprimidos cuando estos ya no sean necesarios, califica a los datos biométricos como una categoría especial, también, este ordenamiento establece una serie de derechos para los ciudadanos, así como una serie de obligaciones y sanciones para toda las empresas que recaben datos de ciudadanos de la Unión Europea.
Por ejemplo, el RGDP prohíbe el procesamiento de estos datos con el fin de identificar de forma única a una persona y contempla algunas excepciones para el uso de los mismos tales como: el consentimiento explícito de la persona para autorizar el uso de tus datos, para hacer cumplir obligaciones en el ámbito de empleo y seguridad social, y cuando su uso sea necesario por razones de interés público del área de salud publica.
Asimismo, la RGDP establece que el uso de los datos debe limitarse a lo que sea necesario y que el uso de la información no solo debe de ser previo consentimiento del ciudadano, sino que su uso debe de ser guardando criterios de proporcionalidad, esto en el entendido de que solo se debe utilizar lo necesario para un fin específico.
Mientras tanto, en México, aunque un poco más controversial, el legislativo aprobó una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones a través de la cual se avala la creación de un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, esto para tener una base de datos biométricos de los titulares de líneas telefónicas.
Esta base de datos, deberá ser recabada por las empresas telefónicas, quienes una vez que tengan integrado este padrón, deberán ponerlo a disposición del Instituto Federal de Telecomunicaciones, quien a su vez tendrá la obligación de poner a disposición de las autoridades correspondientes toda esta información cuando sea necesaria para perseguir algún delito, esto debido a que una de las razones por las que se impulsa esta reforma es para disminuir los delitos de extorsión.
Sin embargo, esta reforma tiene muchos riesgos, primero que nada, a diferencia del RGDP, la Ley Padrón demuestra carecer de perspectiva de Derechos Humanos, ya que no nos garantiza control alguno sobre nuestra información, al contrario, nos quita todo control y nos condiciona la entrega de estos datos para la venta de una línea.
Por otro lado, la reforma no garantiza un sistema de seguridad eficiente en cuanto a la gestión de información, y compromete nuestra identidad, al generar la posibilidad de que esta información tan valiosa esté a disposición de manos susceptibles a los sobornos, y que por ende termine exactamente en las manos de aquellas personas de las que se supone que están intentando protegernos.
Esta ley ciertamente está lejos de solucionar los problemas que pretender solucionar, al contrario, los agrava, ya que podemos pasar de los secuestros exprés y las extorsiones, al secuestro y robo de información biométrica, tema que no es nuevo para México, ya que en el 2019, PEMEX sufrió el peor ciberataque en su historia, en este ataque 180 mil archivos, en los que se incluían usuarios de trabajadores, contraseñas, manuales de operación vía remota de la Refinería de Tula, y gráficas para interpretar la producción, fueron hackeados por el grupo DoppelPaymer que solicitó un rescate de 4.9 millones de dólares.
Yo me pregunto: ¿Si lo que quieren es disminuir los delitos de extorsión y secuestro, en lugar de la Ley Padrón no habría sido mejor prohibirle a tiendas de autoservicio vender celulares y chips sin identificación?
Debatir acerca de la regulación de los datos biométricos, su alcance, y el ejercicio de nuestro derecho al olvido frente a las grandes empresas y frente al gobierno, así como trabajar en la construcción de un ordenamiento legal capaz de definir de manera concreta los derechos, obligaciones y sanciones que regirán relación tripartita entre ciudadano, empresa y autoridad, es un tema fundamental y no debemos de huirle.
Por eso, no podemos pasar por alto que se apruebe una reforma que usa nuestra identidad para darle a la autoridad un control total sobre nuestros derechos naturales, obligándonos a entregar información que la autoridad aún no es capaz de administrar como es debido, y no dudando del uso electoral y gubernista que le pueden dar a estos datos para el control absoluto de lo que somos y hacemos.
Insisto, establecer las reglas de juego sobre el manejo y la regulación de los datos biométricos es fundamental, pero para poder llevar a cabo este trabajo de la mejor manera, es necesario entender que para que cualquier ley funcione correctamente, los derechos de los ciudadanos deben protegerse adecuadamente.
El primer paso para la regulación biométrica lo dimos con el pie izquierdo con una reforma inconstitucional en la que la persecución de delitos se usa como pretexto para restringir libertades.
– Por Redacción Conciencia Pública
Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, desmintió categóricamente haber solicitado un amparo ante la justicia federal para frenar una presunta orden de aprehensión en su contra, según un comunicado emitido este miércoles.
La controversia surge tras reportes de que un juzgado federal en Zacatecas otorgó una suspensión provisional a López Beltrán, su hermano Gonzalo «Bobby» López Beltrán y otras 14 personas, en el expediente 2098/2025, presentado electrónicamente el pasado 16 de septiembre.
El amparo, que protege contra posibles órdenes de detención, incomunicación o desaparición forzada, habría sido tramitado por un supuesto abogado, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien también denunció una usurpación de identidad, asegurando que no firmó el documento ni conoce a los beneficiarios.
“Fui usado como conejillo de indias”, afirmó Rodríguez, quien planea presentar una denuncia para esclarecer el caso.
En su comunicado, López Beltrán calificó el episodio como una “operación malintencionada” orquestada por adversarios políticos para vincularlo con actividades ilícitas, como el presunto «huachicol fiscal» señalado en recientes investigaciones sobre redes de evasión fiscal y control de aduanas.
“Ni mi hermano Gonzalo ni yo tramitamos ninguna demanda de amparo”, enfatizó, exigiendo al Poder Judicial Federal una investigación sobre el origen del trámite, que también involucra a un juzgado en la Ciudad de México.
El caso, que ha generado revuelo en redes sociales, divide opiniones: mientras simpatizantes de la 4T lo consideran un ataque político, críticos cuestionan la transparencia de la familia López Obrador.
El senador Adán Augusto López expresó dudas sobre la autenticidad del trámite, comparándolo con casos previos de abuso de esta figura legal.El amparo requiere ratificación en un plazo de tres días hábiles para mantener su vigencia, aunque el comunicado de López Beltrán sugiere que no lo hará.
La audiencia constitucional está programada para el 28 de octubre. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de órdenes de aprehensión activas contra los hermanos López Beltrán, ni avances públicos de la Fiscalía General de la República en las investigaciones relacionadas.
El caso continúa en desarrollo, en medio de un contexto político polarizado y señalamientos que podrían escalar conforme se acerquen nuevas diligencias judiciales.
– Por Francisco Junco
El PRI exigió que el “Cártel de los Soles” y otros grupos criminales que operan en México sean declarados como organizaciones terroristas, al advertir que representan una amenaza para la seguridad nacional y regional.
La propuesta fue presentada en un punto de acuerdo de urgente resolución en el Senado de la República, impulsado por el dirigente nacional del tricolor, Alejandro «Alito» Moreno.
Durante conferencia de prensa, acompañado por Carolina Viggiano, secretaria general del partido, y los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, Moreno señaló que las organizaciones criminales “utilizan la violencia de forma sistemática, poniendo en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la soberanía nacional”.
El legislador afirmó que se trata de un fenómeno que trasciende la corrupción de funcionarios y constituye un “robo sistemático orquestado desde la Presidencia de la República desde 2018”.
El dirigente del PRI denunció que el llamado huachicol fiscal ha provocado un daño al erario público superior a 550 mil millones de pesos, con pérdidas estimadas en 18 mil millones de litros de combustible y la extorsión a más de 6 mil estaciones de servicio.
Señaló que estos recursos ilícitos han servido para financiar campañas políticas, extorsionar empresas y consolidar pactos con el crimen organizado.
Moreno recordó que estas prácticas han tenido consecuencias fatales, incluida la muerte de servidores públicos y marinos, además de riesgos para la Armada de México y otras instituciones de seguridad.
Acusó directamente a funcionarios de Morena de mantener vínculos con el crimen organizado, lo que —dijo— representa una amenaza a la democracia y a la independencia de las instituciones del país.
Finalmente, el presidente nacional del PRI advirtió que los pactos entre el poder político y la delincuencia organizada atentan contra las libertades de los mexicanos y contra el sistema judicial.
“No permitiremos la instauración de un modelo venezolano en México”, subrayó, al tiempo que reiteró que su partido priorizará la defensa de la Constitución, la rendición de cuentas y la seguridad de los ciudadanos.
– Por Francisco Junco
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró formalmente concluida la primera elección de personas juzgadoras, correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, tras recibir una serie de informes finales sobre la organización y desarrollo del proceso, con ello, se da por cerrada todas y cada una de las etapas del ejercicio electoral.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que esta elección representa no sólo el cierre de un proceso extraordinario, sino la reafirmación de la democracia en México.
“Hoy le decimos al mundo que aquí en México, el voto sigue siendo la voz más poderosa de todas”, afirmó, resaltando el esfuerzo conjunto de funcionarios, observadores y la ciudadanía para garantizar la integridad del proceso.
Durante la sesión extraordinaria, el INE recibió 11 informes finales, entre los que se incluyen la implementación del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral, la integración y capacitación de las mesas directivas de casillas y seccionales, la promoción de la participación ciudadana y la administración de tiempos del Estado en radio y televisión.
Los documentos reflejan la participación de 775 mil 403 funcionarias y funcionarios de casilla, así como la acreditación de 375 visitantes extranjeras de 40 países, asegurando la transparencia en todas las etapas.
Taddei Zavala subrayó que el INE cumplió con el mandato constitucional encomendado y destacó la importancia de la institucionalidad y la fortaleza del organismo para enfrentar nuevos retos democráticos.
“El INE no sólo está a la altura de los nuevos retos democráticos, sino que trasciende gracias a su capacidad de comprender y aceptar los cambios sociales y culturales”, agregó la presidenta.
Finalmente, el Consejo General aprobó modificaciones a la Convocatoria para la selección y designación del Organismo Público Local Electoral de Coahuila, en cumplimiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y confirmó que la etapa de entrevistas para la presidencia y tres consejerías electorales dará inicio el próximo 22 de septiembre, asegurando la continuidad de los procesos electorales locales.
– Por Francisco Junco
Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel “Andy”, actual secretario de Organización Nacional de Morena, y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, promovieron un amparo en Zacatecas que busca evitar una eventual detención, en el contexto de las investigaciones por la red de huachicol fiscal encabezada por marinos e indagada por la Fiscalía General de la República (FGR).
El recurso fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, donde una jueza federal concedió una suspensión de plano a favor de los hermanos López Beltrán.
El amparo incluye medidas para evitar su captura sin orden judicial, incomunicación, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad o una ejecución extrajudicial.
La suspensión fue otorgada el 16 de septiembre de 2025 y permanecerá vigente hasta que se resuelvan las audiencias programadas: la incidental el 24 de septiembre y la constitucional el 28 de octubre.
El expediente, registrado con el número 2098/2025-IV, fue promovido por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, personaje que también ha aparecido en recursos judiciales vinculados al narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Sin embargo, la demanda carece de firma autógrafa o electrónica, un hecho inusual que no impidió que el juzgado la admitiera debido a la naturaleza de los actos reclamados.
Además de Andy y Bobby López Beltrán, en la lista de quejosos aparecen nombres de funcionarios y empresarios presuntamente vinculados a la red de huachicol fiscal en aduanas.
Entre ellos, el contraalmirante Fernando Farías Laguna; Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques” y vinculado con la empresa Mefra Fletes; Carlos Estudillo Villalobos; Sergio Varela; Ismael Ricaño Matías; Anatalia Joselín Gutiérrez; y Diana Heleyn Foullon Gómez, conocida como “Lady D”.
También se mencionan a César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios y Miguel Ángel Solano, apodado “Capitán Sol”, entre otros.
El periodista Claudio Ochoa Huerta difundió el documento en redes sociales, donde aseguró que fuentes judiciales le confirmaron la suspensión a favor de los hijos de López Obrador.
Ochoa detalló que el domicilio señalado para notificaciones corresponde al Hotel Círculo Mexicano, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde también se encuentra la tienda Finca Rocío Chocolate, negocio de la familia López Beltrán.
Morena, sin embargo, negó que el actual secretario de Organización Nacional del partido, Andrés Manuel López Beltrán, haya solicitado el amparo.
Camila Martínez, secretaria Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, aclaró que el recurso fue promovido por un tercero, lo cual es legal según la Ley de Amparo, aunque los beneficiarios tendrán tres días hábiles para decidir si ratifican o no la demanda.
En el mismo contexto, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del exmandatario, también aparece en acuerdos del Poder Judicial en Tabasco, su estado natal.
De esta forma, los tres hijos del expresidente López Obrador figuran en distintas instancias judiciales ligadas a una misma trama de amparos que, aunque no implican órdenes de captura vigentes en su contra, los vinculan de manera directa en expedientes relacionados con la investigación sobre huachicol fiscal en aduanas.
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