ENTREVISTAS
Se resiste el presidente a escuchar a los expertos: «No entienden que no entienden», José Luis Sánchez de la Fuente
Por Diego Morales //
No todos los empresarios tienen dinero y con la actual crisis la mayoría están por colapsar, es la visión del maestro José Luis Sánchez de la Fuente, especialista en finanzas, quien hace un llamado al presidente de la república atienda las demandas del sector productivo de Jalisco para que el golpe a la economía de los mexicanos sea menor.
“La situación económica se complica cada vez más y seguimos viendo a este gobierno que no cambia, no justifica su actitud, sigue con los mismos principios. El último anuncio donde propone un plan para reactivar la economía, no es nada nuevo, vuelve a hablar de austeridad, de un recorte al gasto público, sobre todo en insumos, si el gobierno no le compra a esas empresas que les compraba van a perder, por consecuencia seguirán afectando al empleo”.
Agrega: “Le piden a las empresas privadas que no despidan personal, que no bajen los sueldos, pero su plan de austeridad es decir les voy a bajar el sueldo un 25 por ciento, que tiene problemas legales, ya recularon, se dieron cuenta que no es así, ahora será voluntario, entonces a qué estamos jugando”.
Sánchez de la Fuente recordó un concepto que se manejó durante el sexenio anterior que precisaba el lema “no entiende que no entiende”, el cual traslada para la actual administración, considerando que no solamente no comprende, sino que se niega a escuchar la opinión de los expertos. A la vez, mostró su preocupación por los acontecimientos que están pasando en el Banco de México y su autonomía.
“Una situación alarmante, que me desconcierta, por la autonomía del Banco de México, que por ley tiene establecido que su única función es mantener baja la inflación y desde hace tiempo el presidente López Obrador le pedía que apoyara el crecimiento, estas medidas para darles a los bancos y pueda haber dinero, de esta manera puedan sobrevivir, por qué cambiaría el Banco de México sus funciones, me queda la suspicacia si no fue una insinuación de la presidencia de yo no lo haré pero tú sí hazlo, se entiende que él no se va a salir de su script que tiene, pero a través del Banco de México le manda 650 mil millones para dar liquidez ya está de alguna manera apoyando. Es dinero virtual que se estará creando a través de los bancos para que haya acceso a las empresas, el problema es que no hay demanda”.
Subraya: “Está pidiendo que den atribuciones legales para modificar ante una emergencia el presupuesto, recordemos que el presupuesto de egresos lo deciden los diputados, para haber un cambio se necesita un cambio legal, aquí se hace a través de un decreto. Lo que busca en esta nueva postura es para que le permitan modificar un presupuesto, lo alarmante es que se pide que se le otorgue cambiar el presupuesto conforme a él le interesa y eso nos llevaría a que los recursos que puedan recortar en otras áreas los mande a sus proyectos personales, sobre todo el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería Dos Bocas y quitar recursos de un lugar para mandarlos allá”.
Uno de los puntos que José Luis Sánchez de la Fuente considera más importantes, es que las empresas mexicanas estén en condiciones para el impacto que tendrá la reactivación de la economía en Estados Unidos, por lo cual reitera el llamado al presidente de la república a fortalecer a los empresarios en México.
“Al no apoyar a las empresas y con estas medidas que se tomaron en la crisis de salud, ya se pararon muchas actividades que están relacionadas con la cadena productiva y de abastecimientos en muchas empresas en Estados Unidos, que necesitará mucho dinero para salir de la crisis.
Si las empresas mexicanas no son apoyadas por lo menos con los créditos fiscales, estarán desmanteladas cuando tengamos el recurso de la economía estadounidense que nos podría sacar rápidamente del problema, pero necesitamos que las empresas estén preparadas, sin permitirles trabajar, perderemos esa oportunidad que por cuestiones internacionales”.
Añade: “Ya les dio una lección el mercado internacional con el petróleo, ya le demostraron cómo los mercados funcionan y la oferta y la demanda son lo que determinan, que existan algunas preferencias en el mercado intermediario es cierto, pero se debe entender la situación para poder tomar decisiones, es sumamente complicado.
El consumidor final, es el que está sufriendo, porque ya podríamos hablar de unos 600 mil empleos menos directos de las empresas formales, más no hablemos de los informales, los vendedores ambulantes, las empresas no certificadas y estamos viendo la precaria situación que está y la cantidad de pobreza que va a crecer, porque la situación no puede soportar más”.
¿De qué tamaño podrían ser las consecuencias de la caída del PIB?
“La situación es más grave de lo que pensamos. En anteriores ocasiones, eran problemas internos, ahora estamos globalizados, involucrados en la cadena mundial productiva, México produce mucho para la economía de Estados Unidos, en la medida que su economía está cayendo, donde han perdido 3 millones de empleos, pues eso nos va a repercutir más. De una forma moderada, yo creo que andaremos por encima del 10 por ciento y la pérdida de empleo será de un millón de pérdida que difícilmente lo vamos a recuperar. La devaluación ya la tenemos, no olvidar que cuando empezó la crisis estábamos en 18 pesos, ya tenemos la devaluación aquí, esto cómo nos afectará a los insumos que como país debemos consumir”.
Y la deuda externa…
“Por otro lado, la deuda externa de México, hemos crecido 30 por ciento, ahora hay que pagar más. La situación se está poniendo cada vez más complicada, y aquí es donde decimos, gobierno por favor ponte a apoyar a las empresas, para que este impacto no nos llegue de esa magnitud, mientras no podemos esperar otra cosa. En este momento hay un problema de choque de oferta y demanda, caída de la demanda porque no hay liquidez, parece que no lo quieren entender o no quieren darse cuenta de la magnitud del problema”.
Parece que el gobierno está cerrado a apoyar al sector productivo, ¿cambiarán esta postura?
“Yo no creo que vaya a cambiar. Cree que todos los empresarios tienen dinero, que no existe el chiquito, mediano y grandote. Pero sabemos que hay empresarios de medianas empresas que también están sufriendo y no hay dinero, no tienen liquidez para vivir un mes más y tener ingresos. El problema no son los 25 mil pesos, que sirven para el señor que vende en la esquina café y tamales para seguir subsistiendo, pero 25 mil pesos en una empresa como un restaurante, que tiene varios empleados, no servirán para nada, tiene que pagar renta, tienen que pagar empleados, de alguna manera ya dejaron diferir los pagos al Seguro Social. Con eso no se apoya a nadie, se requiere que ese dinero mejor se de como garantía a los bancos para ser aval ante las empresas, para que sigan trabajando, pero no veo que vaya a cambiar”, puntualizó.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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