NACIONALES
Sin toga y sin mallete
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
La integración de la Suprema Corte y del Poder Judicial, en los términos en que fue concebido por la mente de un expresidente que gobernó por impulsos, haciendo leyes por sus caprichos y venganzas, privilegiando su popularidad y paso por la historia por encima del interés nacional, merece sin duda un repaso por los desatinos que le siguieron.
El primero: la aprobación de la reforma constitucional que permitió la elección por voto popular en forma irreflexiva, apresurada y por lo tanto defectuosa. Tanto que ya requirió una reforma para corregir la temporalidad del ejercicio del presidente de la Corte y además 307 acuerdos del INE para ajustar el procedimiento y poder llevar a cabo la elección mandatada.
El segundo: ante el desinterés por la elección y la falta de registros de aspirantes, de alguna de las áreas del oficialismo ─sospeche de la que quiera… Atinará─ surgió una instrucción y en solo un fin de semana se registraron más de 10 mil, particularmente en las áreas de los comités de selección del Poder Legislativo y del Ejecutivo; un sospechoso alud de solicitudes que volvió imposible el escrutinio de antecedentes.
Tercero: el comité del Poder Judicial se declaró impedido de seleccionar candidatos por existir recursos legales en curso y por lo tanto, el comité legislativo insaculó por tómbola, sin calificar atributos ni revisar antecedentes, lo que llevó a integrar en sus listas hasta delincuentes.
Cuarto: el INE los registró sin cribar, pese a advertencias y solicitudes, y mandó imprimir boletas confusas e inmanejables. Eliminó el escrutinio ciudadano, el conteo inmediato y aprobó no eliminar ni manifestar las boletas sobrantes, quedando el proceso en manos de trabajadores del Instituto. Con ello, la transparencia y confiabilidad quedaron eliminadas.
Quinto: el INE otra vez, permitió la difusión de “acordeones” e hizo oídos sordos de las denuncias de participación del partido oficial y sus seguidores en la distribución. Se incluyó también al gobierno en dicha operación a través de los servidores de la nación, empleados públicos. Ante las denuncias y evidencias, el instituto electoral emitió un acuerdo tardío e ignorado.
Sexto: En la votación hubo concordancia en más de un 70 por ciento entre los candidatos señalados en los “acordeones” y los que resultaron electos. Se detectaron irregularidades como boletas planchadas, rebase de votantes superior al listado y otras mapacherías en 1,322 casillas y la insólita cifra de 3.7 millones de votos nulos. Cinco consejeros fueron certeros y enfáticos en señalar las causales diversas para anular la elección; seis votaron en contra, pese a que una de ellas razonó favorablemente los argumentos para la anulación y, sin embargo, votó en sentido contrario a su opinión. Oficialmente, la elección fue aprobada en el INE, aunque de panzazo.
Séptimo: Pasado el proceso han encontrado que más de 70 candidatos que fueron electos no reúnen las condiciones que la constitución exige para su elegibilidad y el INE se prepara para, ahora sí, declararlos inelegibles. Curiosamente la mayoría de los señalados tienen carrera judicial o están en funciones y cuentan con maestrías y doctorados, pero pueden ser inhabilitados, tal vez por ser parte del “engranaje corrupto” y buscarán la forma de que sean sustituidos y no declarar vacante el puesto, existiendo una laguna procesal pues la improvisada reforma no contempló el supuesto.
Conclusión: la Suprema Corte ha quedado integrada por los ministros “acordoneados” con un presidente que se niega a usar la toga y convierte su origen étnico en mérito suficiente. El Tribunal de Justicia Judicial, también consecuencia del acordeón votado, integrado por afines al partido oficial y por ende al Poder Ejecutivo; los magistrados y jueces en proceso de criba y será cuestión de tiempo y procedimientos para que el Poder Judicial quede totalmente colonizado por el movimiento y quien lo encabeza.
No sin tropiezos, salvados a la moda vieja, por consignas y siguiendo instrucciones, el golpe de Estado al Poder Judicial está consumado. Se lleva en el camino a las instituciones encargadas del proceso democrático de elección de autoridades (INE Y TSJE) que han perdido confiabilidad, entregadas ostensiblemente a la voluntad del Poder Ejecutivo. Elecciones limpias con resultados indiscutibles no las veremos en este país en los próximos años.
La tendencia a convertir el sistema judicial en un instrumento de reivindicaciones sociales, sumiso al Ejecutivo, y no en un imparcial y justo protector de los derechos individuales, especialmente frente a los excesos y abusos del poder a lo que se han manifestado tan proclives ─anoten las últimas resoluciones y leyes en contra de periodistas y la libertad de expresión─ delinean un Estado autoritario con el poder concentrado en un grupo sin controles ni equilibrios institucionales.
La Suprema Corte se ha quedado sin toga y sin mallete, ese ya está en otras manos.
*Mallete: mazo de madera utilizado en contextos judiciales.
CDMX y Edomex
Industria del calzado mexicano celebra arancel a importaciones chinas como un respiro para miles de familias
– Por Francisco Junco
El anuncio de un arancel del 25% a las importaciones de calzado procedente de China, realizado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encendió la esperanza entre productores y comerciantes del sector en México.
La medida, aplaudida por organizaciones empresariales y locatarios del emblemático Mercado de Calzado “La Central” en la Ciudad de México, busca nivelar la competencia y dar al calzado nacional precios más competitivos frente a la invasión de productos asiáticos.
Gerardo Cleto López Becerra, presidente de ConComercioPequeño, señaló que este paso puede marcar “un nuevo ciclo para el reposicionamiento de la industria y comercialización del calzado mexicano” que por décadas ha padecido la competencia desleal.
El anuncio coincidió con la preparación del 50 aniversario de La Central, un mercado que ha sido símbolo de esfuerzo y unión de cientos de artesanos zapateros desde 1975.
Más allá de la política comercial, la noticia tiene un rostro humano, ya que las familias que dependen de este oficio artesanal para su sustento.
“La Central es mucho más que un mercado, es una familia, un corazón que late con pasión y esperanza”, afirmó Marcelo Eduardo Jair Muñoz Castillo en nombre de los locatarios, recordando a don Luis Sotomayor Bárcenas, fundador del mercado, como un líder que soñó con un espacio digno para los zapateros.
El reto que enfrenta el sector no es menor. De acuerdo con el INEGI, más de 65 mil establecimientos generan 267 mil empleos directos, pero la entrada anual de más de 60 millones de pares de calzado chino, muchos subvaluados, ha provocado el cierre de empresas, pérdida de empleos y una caída del 18.5% en el PIB del sector.
“Esto no es libre comercio, ha sido competencia desleal que pone en jaque la supervivencia de familias mexicanas”, advirtió Julio Munive Lagunas, vocero de los locatarios.
Por eso, los productores exigen no sólo aranceles, sino vigilancia aduanera, acceso a créditos y una campaña nacional para promover el consumo de calzado mexicano.
“Cada par que compran hecho aquí es un voto por la calidad, por el trabajo bien hecho y por el futuro de nuestra economía”, subrayó Munive Lagunas y es que en su visión, consumir calzado nacional no es sólo patriotismo económico, sino una inversión inteligente y un acto de defensa del empleo y la tradición artesanal.
Gerardo López insistió en que el decreto presidencial debe aplicarse cuanto antes, para que los beneficios se reflejen en las ventas de fin de año.
Con ello, los productores confían en reconquistar parte del consumo perdido y dar un paso firme hacia la recuperación de una industria que, además de fabricar zapatos, camina todos los días sobre el esfuerzo, la identidad y el orgullo de México.
– Por Mario Ávila
En la víspera de la visita a Jalisco, de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, un grupo de militantes y simpatizantes del partido guinda, exigieron dejar de simular la democracia y renovar primero las dirigencias de los comités estatales y municipales, antes de directivas de seccionales.
Un grupo de inconformes, encabezados por el abogado Jaime Hernández Ortiz, estima que a la militancia «se le da gato por liebre y se le engaña con espejitos, porque primero deben elegirse los comités municipales y ellos deben confirmar luego, los seccionales».
También exigen cambios en el Instituto Nacional de Formación Política, en donde los estatutos marcan un nombramiento por 3 años con opción a ratificación, mientras que el titular, Rafael Baraja Durán «El Fisgón» lleva al frente de este instituto casi 7 años en el cargo.
Destaca además la exigencia de un verdadero Código de Ética partidista tras los recientes escándalos por la ostentación de los viajes de lujo al extranjero y gastos, así como la exhibición de riqueza de diversos funcionarios dirigentes y militantes, que solo demuestran que la Comisión Nacional de Honestidad es un florero, pues se le ordenó vigilar el cumplimiento de estos lineamientos y abrir expedientes de oficio, pero no ha hecho absolutamente nada.
Sobre la propuesta de la conformación de la Comisión para la Reforma Electoral, los convocantes ven con agrado la iniciativa, pero advierten que es necesario aprobar que la no reelección aplique desde el año 2027 y no hasta el 2030; además de que se determine la prohibición del nepotismo en una triple dimensión, vertical, horizontal y transversal, incluyendo a familias políticas y que se incorpore la obligación de presentar una declaración pública patrimonial.
Plantean además la necesidad de que se incluyan expertos en derecho electoral y ciencia política, así como representantes de partidos con trayectoria distinguida y honesta, ex funcionarios del INE, representantes de la sociedad civil y empresariales de cada estado del país, para evitar una visión centralista y que se promueva una Reforma Electoral con perspectiva federalista y republicana.
Finalmente piden también que se eliminen las encuestas, como método de selección de las candidaturas. Para hacer ver la seriedad de sus planteamientos, los denunciantes expusieron que para cada una de sus exigencias han presentado ya recursos jurídicos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Presentaron los planteamientos: Jaime Hernández Ortiz, Roberto Guijarro Romero, Lorena Iveth Martínez, Javier Orozco Alvarado, Francisco Javier Aréchiga Flores, Luis Carlos Zaracho Alatorre, Jorge Ismael Barrios Zamora, Miguel Ángel Uceaga y Marco Vinicio.
– Por Redacción Conciencia Pública
En su último informe de gobierno, el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la pobreza en México ha disminuido de manera histórica. De acuerdo con sus cifras, entre 2018 y 2024, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza multidimensional, reduciendo la proporción de la población afectada de 41.9 % a 29.6 %.
Para AMLO y en general la 4T este avance era una muestra de que sus políticas sociales han dado resultados y han mejorado las condiciones de vida de millones de mexicanos. Sin embargo, los datos presentados este mes de agosto de 2025 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ahora en el periodo de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum (del mismo partido), muestran un panorama más complejo.
La pobreza se ha definido, tradicionalmente, como la falta de dinero. Sin embargo, la experiencia de las propias personas que viven en situación de pobreza va mucho más allá de la carencia de ingresos. Una persona que es pobre puede sufrir otras desventajas, de forma aislada o varias al mismo tiempo, como una mala salud o carencia de acceso a servicios médicos, desnutrición, falta de acceso a agua limpia, electricidad, trabajos precarios o incluso desempleo.
Aunque se confirma que en los últimos años México sí ha tenido una reducción en la pobreza multidimensional de entre 8 y 13 millones de personas, el INEGI advierte con su análisis que persisten problemas estructurales severos, el mayor de ellos: 44.5 millones de personas carecen de acceso a servicios de salud, el doble que en 2018, cuando eran 20.1 millones. Esta carencia se ha convertido en una de las principales vulnerabilidades para la población.
El reporte del INEGI también revela que más de 80 millones de mexicanos presentan al menos una carencia social, ya sea en salud, educación, vivienda, alimentación o seguridad social. Esto significa que, aunque la pobreza medida de forma multidimensional haya disminuido, la mayoría de la población aún enfrenta al menos uno o varios tipos de rezagos básicos que impactan directamente en su calidad de vida.
Las desigualdades regionales continúan marcando el mapa de la pobreza en el país. Chiapas encabeza la lista con un 66 por ciento de su población en situación de pobreza multidimensional, seguido por Guerrero con 58.1 por ciento y Oaxaca con 51.6 por ciento. Estas cifras muestran que el desarrollo sigue siendo profundamente desigual y que el sur y sureste concentran la mayor parte de las carencias, mientras el centro y el norte presentan otro panorama.
En el caso de Jalisco, el 18.6% de la población se encuentra en situación de pobreza multidimensional, lo que equivale a 1.62 millones de personas. La pobreza extrema en el estado es del 1.3%, con 114 mil personas afectadas. En comparación con el promedio nacional, Jalisco presenta un porcentaje de pobreza multidimensional por debajo del promedio
Especialistas señalan que la reducción en la pobreza multidimensional podría estar asociada a programas de transferencias directas como la Pensión para Adultos Mayores o las Becas Benito Juárez, que elevan temporalmente el ingreso, pero que no resuelven problemas de acceso a servicios básicos ni garantizan una mejora estructural a largo plazo. La pérdida de cobertura en salud, advierten, es un retroceso grave que podría impactar negativamente en los próximos años.
En resumen, aunque el sexenio anterior y este, que son parte del proyecto transexenal de la Cuarta Transformación, dejan cifras positivas en la reducción de la pobreza medida bajo ciertos indicadores, el informe del INEGI expone que la mayoría de los mexicanos aún vive con al menos una necesidad básica insatisfecha y que la cobertura de salud se ha deteriorado de forma alarmante.
El reto no solo será mantener los avances, sino revertir los retrocesos en áreas clave para el bienestar social.
| Las cinco entidades federativas con los porcentajes más altos de población en situación de pobreza multidimensional se ubican en el sur y sureste de México:
Chiapas: 66.0% de su población. En contraste, los cinco estados con los porcentajes más bajos de pobreza se encuentran en el norte: Baja California: 9.9% de su población. |
| 📉 El mayor retroceso: 44.5 millones de mexicanos sin acceso a salud (el doble que en 2018).
📉 Más de 80 millones con al menos una carencia social. |
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