NACIONALES
Sube la tensión con el gobierno de EEUU
Opinión, por Gerardo Rico //
Durante la semana que recién pasó, la agenda mediática de la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo supeditada -sin duda- al gobierno de los Estados Unidos. Cuando muchos pensamos que con el tema de los aranceles habíamos visto todo, las sorpresas no terminan y todo indica que van en aumento.
Primero fue en pleno 10 de mayo cuando nos enteramos de que a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmedo, el gobierno norteamericano le retiró la visa de no inmigrante al igual que a su esposo el ex panista y hoy militante de Morena Carlos Torres Torres. Por cierto y de acuerdo al semanario Zeta, tanto su esposo como el hermano de ésta Carlos Alberto están siendo investigados por estar presuntamente ligados al robo de combustible, también conocido como huachicol. Carlos Alberto fue administrador de la aduana de Tijuana en el gobierno de Felipe Calderón.
Luego supimos el lunes 12 de mayo de la entrega de 17 familiares del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán quienes cruzaron la garita de San Isidro, en la frontera entre Tijuana y San Diego. Todos caminando con al menos dos maletas cada uno y en conjunto portaban aproximadamente 70.000 dólares, según los reportes locales.
Familiares de narcotraficantes fueron recibidos por el FBI y el Servicio de Marshals en EE. UU., sin que las autoridades mexicanas, desinformadas, participaran, como ocurrió con la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en 2024. Este caso se suma a las extradiciones de Ovidio Guzmán (2023) y Joaquín Guzmán López (2024), quienes negocian acuerdos por cargos de narcotráfico.
El mismo día, Salvador García Soto publicó en El Universal su columna “La lista de Marco”, revelando que el Departamento de Estado, liderado por Marco Rubio, señala a 44 figuras de Morena como “colaboradores o beneficiarios” de cárteles de la droga, vinculados principalmente al “huachicol fiscal” y al contrabando de gasolina estadounidense en México.
Lo anterior, luego de la llamada que sostuvo la presidenta Sheinbaum con el mandatario Donald Trump el primero de mayo y en la que el estadounidense habría propuesto la presencia militar de su país en México, a lo que la mandataria mexicana se opuso, de acuerdo al The Wall Street Journal.
En la lista aparecen los siguientes gobernadores: Marina del Pilar de Baja California; Alfonso Durazo de Sonora; Alfredo Ramírez Bedolla de Michoacán; Layda Sansores de Campeche; Rubén Rocha Moya de Sinaloa; Miguel Ángel Navarro de Nayarit; Américo Villarreal de Tamaulipas; Samuel García de Nuevo León y el exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.
En el listado dado a conocer por García Soto también aparecen el secretario de Educación, Mario Delgado; la directora de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Clara Luz Flores y su esposo el priísta Abel Guerra de Nuevo León. También están el líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López; el líder de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal; además de cuatro militares y generales de alto rango, así como el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, a quien se le liga con el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena Salazar.
Para el martes 13 de mayo comenzó a circular en medios nacionales una propuesta que afortunadamente no se concretó en el Senado de Estados Unidos: gravar con cinco por ciento el envío de remesas a México. Y se siguió hablando de centros internacionales de operación del huachicol, es decir, la venta de petróleo robado a Pemex que se comercializa en mercados internacionales.
El miércoles 14 se hizo oficial el acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y la familia del “Chapo” Guzmán, quienes se entregaron voluntariamente. El secretario de Seguridad Pública a nivel nacional Omar García Harfuch, reconoció que Ovidio Guzmán hizo una negociación con el Departamento de Justicia.
Vino la respuesta de la Presidenta, quien reclamó que dicha instancia del gobierno estadounidense realice negociaciones con Ovidio Guzmán, señalado como narcoterrorista por el gobierno americano, y recordó que el país que lo detuvo y extraditó fue México. Añadió que Washington no está compartiendo información y exigió no usar como pretexto la definición de un grupo de la delincuencia organizada como terrorista para tratar de intervenir o de tener injerencia en territorio nacional.
Como colofón de la semana, se informó del arribo a nuestro país del nuevo embajador de la Unión Americana, Ronald Douglas Johnson, quien primero visitó la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, y será este lunes 19 de mayo cuando presente sus cartas credenciales y se reúna con la presidenta Sheinbaum. Un militar de boina verde en las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos y que trabajó en la CIA. Está a favor de una invasión a México.
– Por Mario Ávila
Esta madrugada fueron aprehendidos los asesinos de Ximena Guzmán y José Muñoz, colabores de la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, victimados el pasado 20 de mayo en la calzada de Tlalpan.
La propia jefa de Gobierno dio a conocer la noticia de la detención de 13 personas involucradas en el asesinato, tres de ellos participaron de manera directa y el resto tomaron parte en la logística de los hechos delictivos.
Luego de tres meses exactamente, se logró la detención de los delincuentes mediante un operativo en el que se destacó la coordinación interinstitucional entre el gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno Federal.
En el mensaje, Clara Brugada planteó: “Agradezco de manera muy especial a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuyo respaldo ha sido clave para fortalecer este trabajo conjunto; la colaboración entre los distintos órdenes de gobierno demuestra que avanzamos con más fuerza y eficacia en la lucha contra la impunidad”, expuso.
Hizo saber también que a las 17 horas de este miércoles se ofrecerá una conferencia de prensa con la participación de la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch y el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez, para informar sobre estos resultados, lo mismo que del operativo a detalle.
Finalmente pidió a todas las instituciones que han participado en este caso, que continúen la investigación para el esclarecimiento total de los hechos hasta sus últimas consecuencias.
– Por Redacción Conciencia Pública
La violencia en el futbol mexicano volvió a ser protagonista durante la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025, con incidentes registrados en distintos estadios que han encendido las alarmas sobre la seguridad en torno al balompié nacional. Los hechos más graves se dieron en los inmuebles de Chivas y Tigres, además de un episodio violento en Puebla que incluso involucró armas de fuego.
En el Estadio Universitario de Monterrey, durante el duelo entre Tigres y América, se desató una pelea entre aficionados dentro del recinto, mientras que en las inmediaciones se reportaron nuevos altercados. La Federación Mexicana de Futbol (FMF) abrió una investigación para deslindar responsabilidades y no se descartan sanciones contra el club anfitrión.
El Estadio Akron de Guadalajara también fue escenario de violencia, cuando seguidores rojiblancos agredieron al hermano y a la sobrina del exjugador Ángel Zaldívar durante el partido entre Chivas y FC Juárez. El familiar del delantero sufrió una fractura nasal, lo que generó fuerte indignación y la exigencia de mayor seguridad para los asistentes.
En Puebla, la violencia escaló a un nivel más alarmante. Momentos antes del encuentro entre Puebla y Atlético San Luis, una balacera entre ambulantes en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc dejó una mujer muerta y un hombre herido, provocando un retraso en el inicio del partido y evidenciando la vulnerabilidad de los alrededores de los estadios.
Estos hechos han reavivado la preocupación internacional, pues México será una de las sedes del Mundial 2026. Organismos de seguridad y la propia FIFA observan con lupa la situación, dado que inmuebles como el Estadio Akron recibirán partidos del torneo. La falta de control sobre las barras y la insuficiencia de operativos de seguridad representan un riesgo para el espectáculo deportivo.
A pesar de los comunicados oficiales de la Liga MX y la FMF condenando la violencia, especialistas y voces como la del periodista David Faitelson han reiterado que los clubes tienen la obligación de invertir en seguridad y asumir responsabilidad directa.
La sombra de la tragedia de Querétaro en 2022 sigue presente, y los recientes sucesos confirman que la violencia en los estadios mexicanos continúa siendo un problema estructural que exige soluciones inmediatas.
– Por Mario Ávila
En gira de trabajo por la Ciudad de México, el mandatario jalisciense, Jesús Pablo Lemus Navarro, visitó al titular de la Secretaria de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch.
Sobre el encuentro, el gobernador de Jalisco publicó una fotografía en sus redes sociales y mencionó: «Agradezco al Secretario Omar García Harfuch, la reunión de trabajo por la seguridad de nuestro querido Jalisco; hemos logrado en equipo muy buenos resultados y vamos a trabajar aún más para seguir mejorando la seguridad de nuestras familias».
Y agregó: «Sin duda, el secretario Omar tiene un enorme cariño y compromiso con Jalisco. La seguridad no tiene colores, ni partido, tenemos una alta responsabilidad que cumplimos con amor a México».
Los encuentros entre estos dos funcionarios del nivel estatal y federal, serán cada vez más frecuentes, en virtud de que ya ha iniciado una revisión permanente en materia de seguridad pública, particularmente porque Jalisco, junto con Nuevo León y la CDMX, es una de las tres sedes que albergarán los partidos del Mundial de Fútbol 2026.
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