NACIONALES
Temporada de patos
-Opinión, por Iván Arrazola
México atraviesa una de las etapas más delicadas en materia de seguridad en los últimos años. La reciente declaración de culpabilidad de un importante capo en una corte de Estados Unidos ha encendido las alarmas, no solo en Washington, sino también en el sistema político mexicano. Este hecho ha puesto en jaque al Estado, cuya estrategia de seguridad —marcada por contradicciones, omisiones y gestos simbólicos ambivalentes— comienza a mostrar sus límites más peligrosos.
Para comprender la magnitud del momento, es necesario revisar una cadena de acontecimientos recientes que han deteriorado aún más la ya frágil institucionalidad frente al crimen organizado. Uno de los episodios más significativos fue la captura —o presunto secuestro— de uno de los principales líderes criminales en Sinaloa. El hecho no solo alteró los equilibrios de seguridad en el estado, sino que derivó en una crisis política de gran calado.
En una carta dirigida a la opinión pública, el capo detenido acusó directamente al gobernador Rubén Rocha de haberlo convocado a la reunión en la que fue capturado. En ese mismo encuentro fue asesinado Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
La versión oficial —que atribuía la muerte de Cuén a un intento de robo— fue rápidamente desmentida por la Fiscalía General de la República, que calificó como montaje el video presentado por la fiscalía estatal. Esta contradicción profundizó las sospechas de colusión entre actores políticos y grupos criminales, reviviendo una narrativa ya conocida pero nunca resuelta: la de un Estado infiltrado por el crimen.
Estos hechos no son aislados. Pueden leerse como parte de una serie de decisiones políticas erráticas que han erosionado la credibilidad del Estado mexicano en su combate al narcotráfico. Desde la implementación de la estrategia de “abrazos, no balazos”, hasta el fallido operativo conocido como el «Culiacanazo», pasando por el polémico saludo del expresidente López Obrador a la madre de unos de los principales capos en Sinaloa, los gestos del poder han enviado señales de ambigüedad, permisividad e incluso cercanía hacia los líderes del crimen organizado.
A este contexto se sumó la decisión del entonces presidente de limitar las operaciones de inteligencia de agentes estadounidenses en territorio nacional. Con todo este trasfondo, el cambio de gobierno no implicó un rompimiento claro con el pasado. La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia ha estado marcada por presiones crecientes del gobierno de Estados Unidos, que denuncia lo que califica como una “alianza intolerable” entre autoridades mexicanas y el narcotráfico.
Aunque la presidenta ha reiterado su disposición a cooperar, también ha insistido en que México es un país soberano que no aceptará injerencias extranjeras. Sin embargo, esta postura fue puesta a prueba casi de inmediato.
En días recientes, el abogado de uno de los capos detenidos lanzó acusaciones graves: señaló a Sheinbaum como una especie de “publirrelacionista” del crimen organizado, y acusó a López Obrador de complicidad por haber dejado en libertad a Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional.
En paralelo, el gobierno mexicano ha anunciado importantes decomisos de fentanilo y el desmantelamiento de laboratorios clandestinos. No obstante, para el gobierno estadounidense estas acciones resultan insuficientes. Lo que realmente exige Washington es una cooperación plena: acceso total a la información, captura y extradición de líderes criminales, así como investigaciones serias contra políticos y funcionarios que los han protegido.
Si estas exigencias no son atendidas, las consecuencias podrían escalar. La imposición de aranceles sería solo el primer paso de una serie de presiones, entre las cuales destacan las declaraciones de capos detenidos en Estados Unidos, que podrían implicar a figuras del más alto nivel, tanto del actual como del anterior gobierno mexicano, incluido el expresidente López Obrador.
Ante este escenario, la presidenta Sheinbaum ha buscado responder con firmeza, argumentando que las acusaciones deben ir acompañadas de pruebas y criticando el uso de testimonios de criminales como base para construir casos judiciales. Sin embargo, el precedente del juicio contra Genaro García Luna —condenado en gran parte gracias a declaraciones de testigos protegidos— demuestra que esta vía no solo es válida, sino efectiva en el sistema legal estadounidense.
Así, la presidenta enfrenta un momento decisivo en una gestión que apenas comienza. La actitud desafiante de su antecesor frente a Estados Unidos parece estar pasándole factura. La Casa Blanca exige un giro claro y firme que rompa con el modelo de opacidad e impunidad. Si Claudia Sheinbaum no redefine su estrategia y se distancia del legado de López Obrador, podría verse señalada, directa o indirectamente, por encubrir su continuidad.
México se encuentra en una encrucijada. O reconstruye la confianza con Estados Unidos y asume con determinación el combate al crimen organizado, o enfrentará una presión internacional creciente y un profundo deterioro de su legitimidad institucional. La temporada de patos ha comenzado, y cada gesto, cada palabra y cada omisión tendrá consecuencias.
– Por Francisco Junco
En el histórico recinto legislativo de Palacio de Gobierno se llevó a cabo la toma de protesta de la primera dirigencia en Jalisco de la Asociación Nacional de Doctores y Doctorantes en Administración Pública y Ciencias Afines (ANDAPA), organización que busca fortalecer la profesionalización del servicio público en México y consolidar una red académica de especialistas comprometidos con el desarrollo institucional del país.
En el acto estuvieron como testigos de honor Luis García Sotelo, secretario de la Hacienda Pública y representante del gobernador Pablo Lemus Navarro; la diputada Martha Arizmendi, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, y otras personalidades del ámbito político, académico, judicial y militar.
Al llegar su intervención, el expresidente municipal de Guadalajara, notario y jurista destacado, José Guillermo Vallarta Plata, recordó que el impulso para la creación de un doctorado en Administración Pública en Jalisco surgió “como un sueño quijotesco” del Instituto de Administración Pública estatal.
“Nos ilusionamos en crear un espacio donde la Administración Pública pudiera perfeccionarse mediante la profesionalización. Hoy tenemos diez generaciones con 94 egresados y 90 doctorantes en curso. Este esfuerzo no se debe quedar aquí: debemos desdoblarnos hacia los gobiernos municipales y estatales para ofrecer conocimiento y apoyo técnico”, expresó.
Por su parte, la doctora Idolina Cosío Gaona, secretaria general de la nueva asociación, destacó la relevancia de la participación femenina en los espacios de decisión pública. “Las mujeres aportamos perspectivas únicas que enriquecen el análisis y la toma de decisiones. Promover la profesionalización no es una cuestión ideológica, sino una estrategia práctica para optimizar la gestión del Estado. Invertir en la profesionalización es apostar por un gobierno más justo, eficiente y representativo”, afirmó.
El presidente nacional de ANDAPA, Alejandro Sierra Peón, subrayó que la asociación nace “para integrar a las mentes más brillantes y especializadas de México” y trabajar de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno. “Impulsaremos la capacitación y certificación de nuestros miembros, promoveremos su participación en los debates nacionales y consolidaremos servicios de asesoría y gestoría especializada para fortalecer la administración pública del país”, señaló.
Sierra Peón destacó además que la ANDAPA desarrollará convenios con universidades y el Instituto Nacional de Administración Pública, con el fin de fortalecer la formación de nuevos cuadros técnicos y consolidar el servicio civil de carrera en todos los niveles de gobierno (municipal, estatal y federal). “Nuestra meta es clara: colocar al ciudadano y su bienestar en el centro de la gestión pública. Servir a Jalisco y servir a México es nuestro compromiso”, dijo ante un auditorio que aplaudió de pie su mensaje.
Los integrantes del presídium coincidieron en que la creación de esta asociación representa un paso decisivo hacia la modernización del Estado mexicano. “Estamos ofreciendo al gobernador y a los 125 alcaldes de Jalisco un colegio de profesionales serios, que piensan, que proponen y que tienen como objetivo a Jalisco y a México”, resumió Vallarta Plata.
– Por Mario Ávila
Las reformas aprobadas en el Poder Legislativo a la Ley de Amparo, fueron publicadas hoy en el Diario Oficial de la Federación y con ello se cumple el requisito del Poder Ejecutivo de la promulgación, en donde además se señala expresamente que el nuevo ordenamiento legal entrará en vigor mañana viernes 17 de octubre.
En las reformas legales aprobadas en las Cámaras de Diputados y Senadores, se incorporan nuevas fracciones al artículo 124 del Código Fiscal de la Federación, para declarar improcedentes los recursos contra actos administrativos que exijan el pago de créditos fiscales confirmados o resuelvan solicitudes de prescripción.
También se incluye la restricción a la suspensión del acto reclamado en casos vinculados con créditos fiscales firmes, operaciones financieras irregulares o lavado de dinero; mientras que queda eliminado el tema polémico del artículo transitorio que habla de la retroactividad.
Así mismo, la medida cautelar ya no detendrá la ejecución de los actos de autoridad, según se asienta en el nuevo marco normativo en el que se modificaron más de 30 artículos y se adicionaron disposiciones sobre el uso obligatorio de medios electrónicos para que las autoridades que intervienen en los juicios, el registro digital de expedientes y la regulación de la suspensión en casos fiscales y financieros.
Por otro lado, el nuevo Órgano de Administración Judicial contará con 360 días para adecuar el sistema electrónico del Poder Judicial y emitir los acuerdos generales que regulen la operación de la firma electrónica y los expedientes digitales.
Según el decreto, para los particulares, la presentación digital será opcional, aunque se mantiene la posibilidad de hacerlo por escrito.
– Por Mario Ávila
El Senado de la República entregó este jueves a la Secretaría de la Defensa Nacional 10 tráileres con víveres para ayudar a las familias afectadas por las intensas lluvias, que se registraron en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.
La presidenta de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que en el Campo Militar Número 1 se entregaron seis tráileres y cuatro más en el Aeropuerto de Pachuca, Hidalgo.
Además, dio a conocer que entre el domingo y el próximo lunes también se entregarán 80 mil despensas, que donaron senadores, trabajadores, personal del recinto parlamentario y ciudadanos, en el centro de acopio de la Plaza Luis Pasteur.
Castillo Juárez hizo entrega de los víveres al coronel de infantería Álvaro Vázquez Zacarías, en el Campo Militar Número 1, acompañada de los vicepresidentes de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín y Verónica Camino Farjat; de la secretaria de este órgano de dirección del Senado, Lizeth Sánchez García; y de los senadores Emmanuel Reyes Carmona y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Morena; así como de las senadoras Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Ana Karen Hernández Aceves, del PT.
La senadora precisó que este día se entregaron dos mil 300 garrafones de agua de cinco litros, 67 mil 750 botes de agua de un litro y medio, así como nueve mil 700 despensas, más las 80 mil despensas que se entregarán entre el domingo y lunes.
En entrevista previa, en las instalaciones del Senado, Castillo Juárez recordó que a las y los senadores se les hizo un planteamiento para que donen “una quincena” de sus ingresos; precisó que el tema se analiza a través del área administrativa.
“En general todos estamos de acuerdo, pero sabemos que puede haber algunas particularidades que respetamos”, señaló.
– Por Mario Ávila
Ante la inminente aprobación de una Reforma Electoral en los primeros meses del año entrante, casi un millar de trabajadores se han inscrito a un programa de retiro voluntario, mediante el que se garantiza un pago conforme a la ley, además de un estímulo.
Se trata de una verdadera desbandada, la que se vive al interior del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que se trata de casi el 5% del total de la nómina, motivados por la incertidumbre que ha generado la próxima reforma electoral que plantea recortar el presupuesto del órgano autónomo.
De acuerdo con autoridades del propio Instituto, ya son 970 los empleados que iniciaron el proceso para dejar el INE, superando ampliamente las expectativas iniciales. Esto obligó a ampliar el plazo del programa de retiro voluntario y redoblar esfuerzos para revisar las solicitudes.
El programa ofrece liquidación conforme a ley y un estímulo adicional. Se destinó una bolsa de 100 millones de pesos, y tendrán prioridad quienes cuenten con mayor antigüedad, mínimo 10 años.
La secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, advirtió que el esfuerzo administrativo para atender esta salida masiva será “mucho mayor al que esperábamos”.
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