Teuchitlán: Entre el horror y la indiferencia

Opinión, por Iván Arrazola //

Las imágenes del rancho en Teuchitlán, Jalisco, han dado la vuelta al mundo. Cuatrocientos pares de zapatos y prendas personales encontrados en el lugar apenas permiten dimensionar el horror vivido en ese lugar, señalado como un posible campo de entrenamiento del crimen organizado. Lo que sí es innegable es que detrás de cada uno de esos objetos hay una historia interrumpida y, con ello, al menos 400 personas de las que desconocemos su paradero.

La presidenta abordó el caso en una de sus conferencias mañaneras, señalando: «Me estoy refiriendo a este caso en particular (Teuchitlán), donde se habla de quién sabe qué tantas cosas que hay en el predio, basándose en una fotografía y algunos testimonios». Lo expresó con un tono de enfado y molestia. Esta declaración refleja la postura de la clase gobernante frente al problema de las desapariciones en México. Más que aclarar o solidarizarse con la tragedia, su tono de enfado evidenció la postura de la clase gobernante ante la crisis de desapariciones en México: eludir, minimizar, desviar.

En toda historia hay al menos dos versiones. La primera, la oficial, insiste en que el fenómeno de las desapariciones no es tan grave como lo plantean los colectivos de búsqueda. Bajo este argumento, el gobierno federal ha optado por reclasificar los casos de personas desaparecidas, sugiriendo que muchas de ellas lo hicieron por voluntad propia. Incluso se ha insinuado que algunos grupos buscan desestabilizar al gobierno y hacer el problema mucho más “grande”. La estrategia es clara: desacreditar a quienes alzan la voz y, si es necesario, dejar de reportar cifras, como ocurrió en Jalisco durante el sexenio anterior.

Pero también existe otra versión: la de quienes han convertido la desesperación en acción. Son personas que, ante la indiferencia del Estado, han tomado la búsqueda en sus propias manos. No solo enfrentan un sistema forense colapsado, incapaz de identificar los cientos de cuerpos que se acumulan en morgues, sino que también lidian con la burocracia y la negligencia.

Basta recordar el dramático caso de Virginia de la Cruz López, una madre buscadora que denunció un retraso de ocho meses en la entrega del cuerpo de su hijo por parte del Servicio Médico Forense de Zacatecas. Su hijo, desaparecido el 2 de noviembre de 2023, permaneció en las instalaciones de la institución desde ese mismo mes. A pesar de sus constantes visitas y súplicas, las autoridades nunca le brindaron una respuesta oportuna.

Los hallazgos en Teuchitlán, al menos, deberían obligar a los tres niveles de gobierno a actuar con la coordinación que tanto han proclamado pero que en los hechos no se ha demostrado. Sería lógico que los titulares de Seguridad, Gobernación y el gobernador se reunieran con la presidenta para evaluar la situación. Sin embargo, su sola presencia en el lugar implicaría asumir cierta responsabilidad, y eso no conviene a quienes están más preocupados por su popularidad que por la crisis humanitaria en curso.

Una alternativa sería solicitar la colaboración de organismos internacionales o de equipos de análisis forense extranjeros para esclarecer el caso. Pero eso tampoco es viable: exponer la magnitud del problema ante el mundo revelaría lo que el gobierno se ha empeñado en ocultar durante años: el fracaso del sistema de procuración de justicia y la falta de recursos para realizar investigaciones serias.

Las primeras consecuencias no han tardado en aparecer. El gobernador Pablo Lemus se apresuró a aclarar que estos hechos no ocurrieron durante su administración, aunque en otro video aseguró que en Jalisco nadie se lava las manos. Por su parte, la presidenta Sheinbaum salió a defender a su antecesor, López Obrador, rechazando las acusaciones de «narco presidente» y, una vez más, culpó al expresidente Calderón y a García Luna por la crisis de seguridad. Nada nuevo en una clase política más preocupada por su imagen que por resolver los problemas, recurriendo, como siempre, a la estrategia de deslindarse y repartir culpas.

En las próximas semanas, veremos desplegarse la estrategia de siempre. Una campaña gubernamental para minimizar lo ocurrido ya ha comenzado con la negación de la existencia de un crematorio en el rancho. A partir de ahí, el discurso oficial girará en torno a la imposibilidad de determinar si en ese lugar fueron asesinadas personas o no. Lo que seguirá sin respuesta, es qué pasó con quienes dejaron esos 400 pares de zapatos en el rancho.

Tal vez, una vez más, nos tengamos que conformar con la indiferencia y las explicaciones de rutina de nuestras autoridades: que se trata de ajustes de cuentas entre grupos criminales, que son inventos o exageraciones de los colectivos de búsqueda, o que, simplemente, la culpa es del pasado. Mientras tanto, el presente sigue siendo un horror para quienes buscan a los suyos y el futuro solo ofrece más incertidumbre.