NACIONALES
Tómbola judicial: El sorteo que definirá el rumbo de la justicia en México
Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
Es viernes, estoy pegado a la pared del fondo, tratando de pasar inadvertido, la imagen que me toca contemplar es casi surrealista: el salón de plenos del Senado se transformó en el escenario de un ensayo de la llamada “tómbola judicial”, un mecanismo que, más allá de su inocente nombre, cargaba con el peso de reformar profundamente el sistema judicial del país. Dos tómbolas fueron introducidas, una transparente, hecha de acrílico, y otra negra, misteriosa, casi ominosa.
Era un detalle aparentemente trivial, pero la decisión de cuál usaría el Senado en su sesión del sábado contenía la esencia del simbolismo político: la transparencia de lo que debería ser un proceso democrático o la opacidad de un sistema que, según muchos, sigue sin cambios profundos.
La tarde del pasado viernes, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, se encontraba acompañado de dos figuras clave: Adán Augusto López y el vicecoordinador de Morena, Ignacio Mier. Los tres, como actores de una obra cuidadosamente ensayada, yo solo los veía caminar por el salón de plenos, observando cada rincón, cada detalle, en una especie de preámbulo solemne para el evento histórico que se avecinaba.
Fernández Noroña, fiel a su estilo, documentaba en redes sociales los últimos preparativos. Cuatro fotografías mostraban la sala, las tómbolas y a él mismo, supervisando el escenario donde se decidiría la distribución de los casi 900 juzgados que entrarían a un inédito proceso de elección popular el 1 de junio de 2025. Con el estilo que le caracteriza, escribió: “Viendo los detalles de la insaculación de mañana”. Lo que muchos vieron como una simple publicación de rutina era en realidad el anticipo de un día que, en sus palabras, marcaría un “hecho inédito, histórico”.
Pero en el trasfondo de esta transformación jurídica, la tensión política no dejaba de sentirse. La bancada del PAN, según se informó, no asistiría a la sesión. Noroña, sin embargo, minimizó la ausencia, atribuyéndola a una estrategia para descarrilar el proceso que él calificaba como inevitable. “Es el Supremo Poder Conservador, el Poder Judicial y ahí está articulado el PRI y el PAN”, sentenciaba.
Este ensayo del viernes no era más que una pequeña muestra de lo que vendría: un cambio profundo, un paso hacia una nueva era judicial. Mientras tanto, en el salón de plenos del Senado, las dos tómbolas esperaban. Una transparente y otra negra, listas para decidir, no solo el proceso del sábado, sino quizás el futuro del sistema judicial en México…
Este sábado, bajo la majestuosa cúpula del Senado de la República, un proceso inusual pero trascendental se desarrolló la mañana del 12 de octubre de 2024. Las sombras tempranas aún cubrían con sus nubes los alrededores de la Ciudad de México, cuando a las 9:40 horas, los senadores y diversos representantes se reunieron para llevar a cabo una histórica insaculación pública. Este mecanismo, casi arcaico pero lleno de simbolismo democrático, fue la vía para determinar qué magistradas, magistrados, juezas y jueces de circuito serán elegidos en los comicios de 2025 y 2027.
Presidiendo la sesión se encontraba el siempre polémico Gerardo Fernández Noroña, que vestía un traje gris cortado a la medida y una emblemática corbata tinta, con tono firme recordaba a los presentes la importancia de este acto, inscrito en el segundo transitorio de la reforma constitucional al Poder Judicial. Entre las notas políticas que usualmente invaden las discusiones legislativas, hoy se respiraba un aire distinto, cargado de expectativa y solemnidad por parte de los asistentes, pues la oposición estuvo ausente. Y no era para menos: el Senado estaba a punto de dar el primer paso en lo que podría ser una de las más grandes reformas al sistema judicial en las últimas décadas.
Frente a la mirada atenta de Juan José Barragán Abascal, notario público 171 de la Ciudad de México, las urnas recibían los nombres que serían parte de las elecciones. Un total de 927 magistraturas de circuito y 772 cargos de juezas y jueces de distrito. Pero, en este juego de números y cargos, algo era claro: la mitad de estos puestos serían renovados en 2025 y la otra mitad, en 2027. De entre estos números, emergía un dato más llamativo: 144 magistraturas y 25 juezas y jueces de distrito, cuyas vacantes ya marcaban el rumbo de la elección extraordinaria de 2025.
El eco de los nombres seleccionados en la insaculación resonaba no solo en el recinto, sino en los pasillos del Poder Judicial, donde seguramente algunos jueces comenzaban a vislumbrar el impacto que este proceso tendría en sus propias carreras. Como bien lo recordó el senador Óscar Cantón Zetina, a partir de este momento, no se permitirían cambios de adscripción en los cargos de magistraturas y juzgados a elegir.
Para mí, el mensaje estaba claro: comenzaba un proceso electoral inédito, uno que llevaría a los jueces y magistrados, por primera vez, a las urnas, creando un nuevo vínculo entre el Poder Judicial y la voluntad popular. Un reto que podría transformar, para bien o para mal, el modo en que se imparte justicia en este país… Deseo como abogado postulante, que esto que se me permite ver como cronista, ¡Sea para bien!
En X @DEPACHECOS
– Por Redacción Conciencia Pública
Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, desmintió categóricamente haber solicitado un amparo ante la justicia federal para frenar una presunta orden de aprehensión en su contra, según un comunicado emitido este miércoles.
La controversia surge tras reportes de que un juzgado federal en Zacatecas otorgó una suspensión provisional a López Beltrán, su hermano Gonzalo «Bobby» López Beltrán y otras 14 personas, en el expediente 2098/2025, presentado electrónicamente el pasado 16 de septiembre.
El amparo, que protege contra posibles órdenes de detención, incomunicación o desaparición forzada, habría sido tramitado por un supuesto abogado, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien también denunció una usurpación de identidad, asegurando que no firmó el documento ni conoce a los beneficiarios.
“Fui usado como conejillo de indias”, afirmó Rodríguez, quien planea presentar una denuncia para esclarecer el caso.
En su comunicado, López Beltrán calificó el episodio como una “operación malintencionada” orquestada por adversarios políticos para vincularlo con actividades ilícitas, como el presunto «huachicol fiscal» señalado en recientes investigaciones sobre redes de evasión fiscal y control de aduanas.
“Ni mi hermano Gonzalo ni yo tramitamos ninguna demanda de amparo”, enfatizó, exigiendo al Poder Judicial Federal una investigación sobre el origen del trámite, que también involucra a un juzgado en la Ciudad de México.
El caso, que ha generado revuelo en redes sociales, divide opiniones: mientras simpatizantes de la 4T lo consideran un ataque político, críticos cuestionan la transparencia de la familia López Obrador.
El senador Adán Augusto López expresó dudas sobre la autenticidad del trámite, comparándolo con casos previos de abuso de esta figura legal.El amparo requiere ratificación en un plazo de tres días hábiles para mantener su vigencia, aunque el comunicado de López Beltrán sugiere que no lo hará.
La audiencia constitucional está programada para el 28 de octubre. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de órdenes de aprehensión activas contra los hermanos López Beltrán, ni avances públicos de la Fiscalía General de la República en las investigaciones relacionadas.
El caso continúa en desarrollo, en medio de un contexto político polarizado y señalamientos que podrían escalar conforme se acerquen nuevas diligencias judiciales.
– Por Francisco Junco
El PRI exigió que el “Cártel de los Soles” y otros grupos criminales que operan en México sean declarados como organizaciones terroristas, al advertir que representan una amenaza para la seguridad nacional y regional.
La propuesta fue presentada en un punto de acuerdo de urgente resolución en el Senado de la República, impulsado por el dirigente nacional del tricolor, Alejandro «Alito» Moreno.
Durante conferencia de prensa, acompañado por Carolina Viggiano, secretaria general del partido, y los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, Moreno señaló que las organizaciones criminales “utilizan la violencia de forma sistemática, poniendo en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la soberanía nacional”.
El legislador afirmó que se trata de un fenómeno que trasciende la corrupción de funcionarios y constituye un “robo sistemático orquestado desde la Presidencia de la República desde 2018”.
El dirigente del PRI denunció que el llamado huachicol fiscal ha provocado un daño al erario público superior a 550 mil millones de pesos, con pérdidas estimadas en 18 mil millones de litros de combustible y la extorsión a más de 6 mil estaciones de servicio.
Señaló que estos recursos ilícitos han servido para financiar campañas políticas, extorsionar empresas y consolidar pactos con el crimen organizado.
Moreno recordó que estas prácticas han tenido consecuencias fatales, incluida la muerte de servidores públicos y marinos, además de riesgos para la Armada de México y otras instituciones de seguridad.
Acusó directamente a funcionarios de Morena de mantener vínculos con el crimen organizado, lo que —dijo— representa una amenaza a la democracia y a la independencia de las instituciones del país.
Finalmente, el presidente nacional del PRI advirtió que los pactos entre el poder político y la delincuencia organizada atentan contra las libertades de los mexicanos y contra el sistema judicial.
“No permitiremos la instauración de un modelo venezolano en México”, subrayó, al tiempo que reiteró que su partido priorizará la defensa de la Constitución, la rendición de cuentas y la seguridad de los ciudadanos.
– Por Francisco Junco
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró formalmente concluida la primera elección de personas juzgadoras, correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, tras recibir una serie de informes finales sobre la organización y desarrollo del proceso, con ello, se da por cerrada todas y cada una de las etapas del ejercicio electoral.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que esta elección representa no sólo el cierre de un proceso extraordinario, sino la reafirmación de la democracia en México.
“Hoy le decimos al mundo que aquí en México, el voto sigue siendo la voz más poderosa de todas”, afirmó, resaltando el esfuerzo conjunto de funcionarios, observadores y la ciudadanía para garantizar la integridad del proceso.
Durante la sesión extraordinaria, el INE recibió 11 informes finales, entre los que se incluyen la implementación del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral, la integración y capacitación de las mesas directivas de casillas y seccionales, la promoción de la participación ciudadana y la administración de tiempos del Estado en radio y televisión.
Los documentos reflejan la participación de 775 mil 403 funcionarias y funcionarios de casilla, así como la acreditación de 375 visitantes extranjeras de 40 países, asegurando la transparencia en todas las etapas.
Taddei Zavala subrayó que el INE cumplió con el mandato constitucional encomendado y destacó la importancia de la institucionalidad y la fortaleza del organismo para enfrentar nuevos retos democráticos.
“El INE no sólo está a la altura de los nuevos retos democráticos, sino que trasciende gracias a su capacidad de comprender y aceptar los cambios sociales y culturales”, agregó la presidenta.
Finalmente, el Consejo General aprobó modificaciones a la Convocatoria para la selección y designación del Organismo Público Local Electoral de Coahuila, en cumplimiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y confirmó que la etapa de entrevistas para la presidencia y tres consejerías electorales dará inicio el próximo 22 de septiembre, asegurando la continuidad de los procesos electorales locales.
– Por Francisco Junco
Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel “Andy”, actual secretario de Organización Nacional de Morena, y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, promovieron un amparo en Zacatecas que busca evitar una eventual detención, en el contexto de las investigaciones por la red de huachicol fiscal encabezada por marinos e indagada por la Fiscalía General de la República (FGR).
El recurso fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, donde una jueza federal concedió una suspensión de plano a favor de los hermanos López Beltrán.
El amparo incluye medidas para evitar su captura sin orden judicial, incomunicación, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad o una ejecución extrajudicial.
La suspensión fue otorgada el 16 de septiembre de 2025 y permanecerá vigente hasta que se resuelvan las audiencias programadas: la incidental el 24 de septiembre y la constitucional el 28 de octubre.
El expediente, registrado con el número 2098/2025-IV, fue promovido por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, personaje que también ha aparecido en recursos judiciales vinculados al narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Sin embargo, la demanda carece de firma autógrafa o electrónica, un hecho inusual que no impidió que el juzgado la admitiera debido a la naturaleza de los actos reclamados.
Además de Andy y Bobby López Beltrán, en la lista de quejosos aparecen nombres de funcionarios y empresarios presuntamente vinculados a la red de huachicol fiscal en aduanas.
Entre ellos, el contraalmirante Fernando Farías Laguna; Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques” y vinculado con la empresa Mefra Fletes; Carlos Estudillo Villalobos; Sergio Varela; Ismael Ricaño Matías; Anatalia Joselín Gutiérrez; y Diana Heleyn Foullon Gómez, conocida como “Lady D”.
También se mencionan a César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios y Miguel Ángel Solano, apodado “Capitán Sol”, entre otros.
El periodista Claudio Ochoa Huerta difundió el documento en redes sociales, donde aseguró que fuentes judiciales le confirmaron la suspensión a favor de los hijos de López Obrador.
Ochoa detalló que el domicilio señalado para notificaciones corresponde al Hotel Círculo Mexicano, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde también se encuentra la tienda Finca Rocío Chocolate, negocio de la familia López Beltrán.
Morena, sin embargo, negó que el actual secretario de Organización Nacional del partido, Andrés Manuel López Beltrán, haya solicitado el amparo.
Camila Martínez, secretaria Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, aclaró que el recurso fue promovido por un tercero, lo cual es legal según la Ley de Amparo, aunque los beneficiarios tendrán tres días hábiles para decidir si ratifican o no la demanda.
En el mismo contexto, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del exmandatario, también aparece en acuerdos del Poder Judicial en Tabasco, su estado natal.
De esta forma, los tres hijos del expresidente López Obrador figuran en distintas instancias judiciales ligadas a una misma trama de amparos que, aunque no implican órdenes de captura vigentes en su contra, los vinculan de manera directa en expedientes relacionados con la investigación sobre huachicol fiscal en aduanas.
Andrés López Beltrán niega haber solicitado amparo ante supuesta orden de aprehensión
Exige PRI catalogar como terroristas a grupos criminales que operan en México
INE dio por concluida la primera elección del Poder Judicial
Hijos de AMLO se amparan para no ser detenidos en relación al huachicol fiscal
