Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

Se han presentado los Criterios Generales de Política Económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y el presupuesto de Egresos del gobierno federal para el próximo año. Severamente influido por la herencia resultante de la gestión anterior que arroja un déficit del 6%, es urgente para el gobierno reducirlo y propone llevarlo al 3.2% en este año.

Es una meta que parece difícil y será necesario más pericia financiera que la tijera presupuestal a las entidades públicas para lograrlo. Es evidente que el costo de la política social está gravitando negativamente sobre la inversión productiva y lo grave es la tendencia creciente que tienen los programas clientelares.

Como en años anteriores los recursos para la inversión pública son limitados incluso presentan una disminución respecto a 2024. El compromiso y necesidad imperiosa de reducir el déficit obliga a restringir el gasto y así se ha hecho sentir en la estructura administrativa. Resalta la magnitud de los recortes en lo concerniente a la seguridad pública y salud, lo que lleva a reflexionar sobre las prioridades de este gobierno.

Se advierte además que no es el planteamiento que estaban esperando los analistas, pues si bien se esperaban los recortes para reducir el abultado déficit de 2024, los ingresos proyectados no parecen estar ajustados a la realidad y serán insuficientes obligando a contratar deuda por casi dos billones de pesos como se plantea. Con ese endeudamiento proyectado, se llegaría al nivel más alto de la historia y la intención es que no rebase el 51.4% del PIB y en palabras del secretario de Hacienda “implica mantener la deuda en un nivel sostenible apoyando la estabilidad financiera a mediano y largo plazo”, es decir, la insuficiencia del ingreso será subsanada con deuda. Poniéndolo en términos claros es como vivir de la tarjeta de crédito, esperando que no se rebase la capacidad de pago y eso puede pasar si no se crece económicamente en niveles al menos del 2%.

Las calificadoras internacionales están previendo la fragilidad de dicha estabilidad financiera y ya la semana anterior Moody’s bajó la calificación de estable a negativa, aduciendo el debilitamiento del marco institucional y la formulación de políticas que pueden socavar los resultados fiscales y económicos. Desde su perspectiva, “la mayor rigidez del gasto público y el deterioro de la asequibilidad de la deuda dificultan la consolidación fiscal tras el aumento del déficit público de este año”.

Es claro que la perspectiva no es optimista y menos contribuye a mejorarla el nuevo régimen fiscal a que se sujetará Pemex. El derecho de utilidades compartidas (DUC), más los derechos sobre exploración y extracción de hidrocarburos transformados hoy en Derecho Petrolero para el Bienestar, tiende más a reducir la presión financiera sobre la empresa que a lograr que este aporte más al ingreso.

Con la situación actual lo más positivo sería que ya no siga quitando recursos públicos para financiar su deficitaria operación, pero eso no será posible y seguirán las transferencias directas y el auxilio gubernamental para soportar la enorme deuda de la paraestatal. Si la suficiencia energética sigue siendo prioridad y la operación de la empresa no se moderniza y se hace eficiente, especialmente en el área de refinación, de donde proviene la pérdida más significativa, Pemex seguirá siendo un barril sin fondo igual que la CFE.

El gobierno tiene un grave problema en el equilibrio del gasto. El énfasis político supera a la racionalidad administrativa. El concepto imperante de reducir la pobreza y la desigualdad a través de pensiones y becas hace muy difícil lograr el equilibrio presupuestal y encierra en un círculo vicioso a cualquier administración.

Es claro que la población beneficiaria aumenta cada año, obligando a destinar más recursos en ese renglón que en la inversión productiva y si no se alienta y apoya la productividad y el crecimiento económico, los ingresos del estado no serán suficientes para mantener finanzas sanas y economía estable.

Por otra parte, la comunidad internacional de negocios, incluido nuestro principal socio comercial no han visto con buenos ojos las recientes reformas al Poder Judicial ni la desaparición de organismos autónomos, como tampoco lo hicieron con la reforma eléctrica o la prohibición de la importación de maíz genéticamente modificado, lo que gravitará negativamente sobre la inversión extranjera.

Se percibe que no hay una sincronía entre la ambiciosa política social, clientelar y electoral como dicen muchos y las necesidades de crecimiento económico para sostenerla. Los recortes en salud, seguridad, educación superior, cultura y medio ambiente hacen pensar que el gobierno tiene una percepción muy diferente de la realidad y sobre todo no tiene la mira puesta en el futuro sino en el objetivo político del presente.