NACIONALES
Tzompaxtle Tecpile contra México
Opinión, por Salvador Romero Espinosa //
Los hermanos de origen indígena Jorge y Gerardo, de apellidos Tzompaxtle Tecpile, y su amigo Gustavo Robles López, circulaban en su vehículo por la carretera México-Veracruz un jueves por la mañana del mes de febrero del 2006, cuando accedieron a darle “aventón” a dos personas que se los pidieron.
Varios kilómetros más adelante, el vehículo comenzó a fallar y tuvieron que detenerse a revisarlo, cuando pasó por ahí una patrulla de la -hoy extinta- Policía Federal Preventiva, con el ánimo de ayudarlos a mover el carro, sin embargo, las dos personas que iban de “aventón” en el carro, se fueron del lugar argumentando que iban a traer agua del poblado más cercano y nunca volvieron.
Posteriormente, violando su privacidad y derecho a no ser molestados, los oficiales determinaron realizar una inspección arbitraria y sin justificación a todo el vehículo, y en una pequeña mochila, que al parecer era de una de las dos personas que no volvieron, encontraron una libreta con direcciones, números telefónicos, direcciones de correo electrónico, nombres de organizaciones, posturas políticas y acciones realizadas por el grupo denominado Comando Popular Revolucionario “La Patria es Primero”.
A raíz de lo anterior comenzó el “vía crucis” de Jorge, Gerardo y Gustavo, pues fueron retenidos e incomunicados durante más de dos días sin darles mayor información, posteriormente fueron arraigados en una “casa de arraigo” de la Ciudad de México, donde señalaron que fueron torturados durante muchos días y, finalmente, fueron remitidos a un reclusorio bajo la figura de la prisión preventiva, acusados de terrorismo (por las referencias que había en la libreta) y cohecho (por supuestamente haber intentado sobornar a los agentes federales.)
Durante los siguientes años, se presentaron varias quejas, amparos y recursos denunciando la arbitrariedad de la detención y la falta de pruebas, habiendo intervenido incluso el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas emitiendo una Opinión al Estado Mexicano señalando que la detención de Jorge, Gerardo y Gustavo contravenía lo establecido en los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sin ninguna consecuencia inmediata.
Dos años, nueve meses y cinco días después, por fin fueron puestos en libertad al no haberse podido demostrar nada de lo que sustentaba la acusación, habiéndose acreditado por los peritajes correspondientes, que la letra de la libreta ni siquiera correspondía a la letra de alguno de ellos, violándose durante todo ese tiempo varios de sus derechos humanos y procesales, razón por la cual, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad acudió a denunciar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A pesar de su impresionante lentitud, la referida comisión determinó por fin, más de 10 años después, que sí existieron violaciones a los derechos humanos previstos en los tratados internacionales de los que México forma parte, emitiendo en el año 2018 varias recomendaciones que no fueron atendidas por nuestro país, razón por la cual, en el mes de mayo del 2021 la comisión decidió someter el referido caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Afortunadamente, el pasado mes de enero de 2023, la referida Corte Interamericana determinó que las figuras del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa previstas en nuestra Constitución Política Federal y Códigos Penales correspondientes, son contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos y a la obligación de los estados parte de adecuar sus normas para evitar la violación de dichos derechos en su territorio.
Particularmente la figura de la prisión preventiva, debe estar sujeta siempre a una serie de requisitos que estableció la referida Corte en su resolución, entre ellos los siguientes: a) la finalidad debe ser compatible con la Convención; b) las medidas deben ser las idóneas para cumplir con el fin perseguido; c) debe ser necesaria y absolutamente indispensable y; d) debe resultar estrictamente proporcional; ninguna de las cuales se cumple cuando la prisión preventiva se dicta de oficio o sin una debida fundamentación y motivación del juzgador.
La enorme tragedia mexicana que exhibe esta resolución de la CIDH, radica en las miles y miles de personas que son o han sido víctimas de detenciones y privaciones arbitrarias de su libertad en nuestro país, a través del arraigo y la prisión preventiva, como el caso de la ex comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Transparencia, Yolli García Álvarez, que el día de hoy ya lleva más tiempo privada arbitrariamente de su libertad que Jorge, Gerardo y Gustavo (2 años, 10 meses y 8 días), sin que exista una resolución debidamente fundada y motivada que lo justifique y sin sentencia que la condene.
Twitter: @chavaromero
De cómo el juego del poder empieza a cambiar de coordenadas y la presidenta Claudia Sheinbaum empieza a tomar la conducción de los hilos en el gobierno. Aquí el análisis de Amaury Sánchez, Gabriel Ibarra Bourjac con la conducción de Nadia Madrigal.
CDMX y Edomex
Industria del calzado mexicano celebra arancel a importaciones chinas como un respiro para miles de familias
– Por Francisco Junco
El anuncio de un arancel del 25% a las importaciones de calzado procedente de China, realizado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encendió la esperanza entre productores y comerciantes del sector en México.
La medida, aplaudida por organizaciones empresariales y locatarios del emblemático Mercado de Calzado “La Central” en la Ciudad de México, busca nivelar la competencia y dar al calzado nacional precios más competitivos frente a la invasión de productos asiáticos.
Gerardo Cleto López Becerra, presidente de ConComercioPequeño, señaló que este paso puede marcar “un nuevo ciclo para el reposicionamiento de la industria y comercialización del calzado mexicano” que por décadas ha padecido la competencia desleal.
El anuncio coincidió con la preparación del 50 aniversario de La Central, un mercado que ha sido símbolo de esfuerzo y unión de cientos de artesanos zapateros desde 1975.
Más allá de la política comercial, la noticia tiene un rostro humano, ya que las familias que dependen de este oficio artesanal para su sustento.
“La Central es mucho más que un mercado, es una familia, un corazón que late con pasión y esperanza”, afirmó Marcelo Eduardo Jair Muñoz Castillo en nombre de los locatarios, recordando a don Luis Sotomayor Bárcenas, fundador del mercado, como un líder que soñó con un espacio digno para los zapateros.
El reto que enfrenta el sector no es menor. De acuerdo con el INEGI, más de 65 mil establecimientos generan 267 mil empleos directos, pero la entrada anual de más de 60 millones de pares de calzado chino, muchos subvaluados, ha provocado el cierre de empresas, pérdida de empleos y una caída del 18.5% en el PIB del sector.
“Esto no es libre comercio, ha sido competencia desleal que pone en jaque la supervivencia de familias mexicanas”, advirtió Julio Munive Lagunas, vocero de los locatarios.
Por eso, los productores exigen no sólo aranceles, sino vigilancia aduanera, acceso a créditos y una campaña nacional para promover el consumo de calzado mexicano.
“Cada par que compran hecho aquí es un voto por la calidad, por el trabajo bien hecho y por el futuro de nuestra economía”, subrayó Munive Lagunas y es que en su visión, consumir calzado nacional no es sólo patriotismo económico, sino una inversión inteligente y un acto de defensa del empleo y la tradición artesanal.
Gerardo López insistió en que el decreto presidencial debe aplicarse cuanto antes, para que los beneficios se reflejen en las ventas de fin de año.
Con ello, los productores confían en reconquistar parte del consumo perdido y dar un paso firme hacia la recuperación de una industria que, además de fabricar zapatos, camina todos los días sobre el esfuerzo, la identidad y el orgullo de México.
– Por Mario Ávila
En la víspera de la visita a Jalisco, de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, un grupo de militantes y simpatizantes del partido guinda, exigieron dejar de simular la democracia y renovar primero las dirigencias de los comités estatales y municipales, antes de directivas de seccionales.
Un grupo de inconformes, encabezados por el abogado Jaime Hernández Ortiz, estima que a la militancia «se le da gato por liebre y se le engaña con espejitos, porque primero deben elegirse los comités municipales y ellos deben confirmar luego, los seccionales».
También exigen cambios en el Instituto Nacional de Formación Política, en donde los estatutos marcan un nombramiento por 3 años con opción a ratificación, mientras que el titular, Rafael Baraja Durán «El Fisgón» lleva al frente de este instituto casi 7 años en el cargo.
Destaca además la exigencia de un verdadero Código de Ética partidista tras los recientes escándalos por la ostentación de los viajes de lujo al extranjero y gastos, así como la exhibición de riqueza de diversos funcionarios dirigentes y militantes, que solo demuestran que la Comisión Nacional de Honestidad es un florero, pues se le ordenó vigilar el cumplimiento de estos lineamientos y abrir expedientes de oficio, pero no ha hecho absolutamente nada.
Sobre la propuesta de la conformación de la Comisión para la Reforma Electoral, los convocantes ven con agrado la iniciativa, pero advierten que es necesario aprobar que la no reelección aplique desde el año 2027 y no hasta el 2030; además de que se determine la prohibición del nepotismo en una triple dimensión, vertical, horizontal y transversal, incluyendo a familias políticas y que se incorpore la obligación de presentar una declaración pública patrimonial.
Plantean además la necesidad de que se incluyan expertos en derecho electoral y ciencia política, así como representantes de partidos con trayectoria distinguida y honesta, ex funcionarios del INE, representantes de la sociedad civil y empresariales de cada estado del país, para evitar una visión centralista y que se promueva una Reforma Electoral con perspectiva federalista y republicana.
Finalmente piden también que se eliminen las encuestas, como método de selección de las candidaturas. Para hacer ver la seriedad de sus planteamientos, los denunciantes expusieron que para cada una de sus exigencias han presentado ya recursos jurídicos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Presentaron los planteamientos: Jaime Hernández Ortiz, Roberto Guijarro Romero, Lorena Iveth Martínez, Javier Orozco Alvarado, Francisco Javier Aréchiga Flores, Luis Carlos Zaracho Alatorre, Jorge Ismael Barrios Zamora, Miguel Ángel Uceaga y Marco Vinicio.
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