NACIONALES
Una visión punitiva de la justicia
Opinión, por Iván Arrazola //
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido clara con el Estado mexicano respecto a eliminar la figura del arraigo y modificar la ley respecto a la prisión preventiva oficiosa, ya que ambas figuras son violatorias de derechos humanos.
La sentencia de la corte viene después de responsabilizar al Estado mexicano por la violación de los derechos de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortíz que estuvieron 17 años en prisión preventiva por homicidio sin que hubiera pruebas. El desaseo en todo el proceso fue palpable, cuando se les detuvo no se les informó sobre las razones, no los presentaron ante un juez hasta 47 días después del arresto, además sus declaraciones fueron obtenidas a través de tortura, algo recurrente en México.
Como ese caso hay muchos en el país, documentales como Presunto culpable o Duda razonable han dado cuenta de las detenciones ilegales, de la falta de garantías de las personas detenidas y procesos que mandan a prisión a personas inocentes.
No es la primera ocasión que la Corte Interamericana se ha pronunciado por la revisión de estas dos figuras sin que hasta el momento los representantes políticos en México hayan tomado acciones sobre la sentencia de la corte. Es más, a partir de la llegada de la 4T se amplió el número de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, para sumar 16 delitos en total, entre los que destacan: robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, robo al transporte de carga y huachicol.
Resulta paradójico que un gobierno que se dice de izquierda tenga una visión punitiva de la justicia, inclusive agregaron otros delitos dentro de este catálogo que ameritan prisión preventiva oficiosa: contrabando, defraudación fiscal y compra y venta de facturas, sin embargo, la Corte Suprema las eliminó por considerarlas inconstitucionales y que no atentan ni contra la seguridad nacional ni constituyen delincuencia organizada.
Esa es la visión punitiva de una clase política que considera que con cárcel se solucionan los problemas de procuración de justicia en el país, por ejemplo, el presidente López Obrador ve en la eliminación de la prisión preventiva oficiosa una medida que afectaría la seguridad del país, su eliminación en el caso de la defraudación fiscal por parte de la corte desató las críticas del mandatario ya que dijo que con la decisión se termina protegiendo a “los de arriba”, a los de “cuello blanco”, sin embargo, el presidente no quiere ver que figuras como el arraigo o la prisión preventiva oficiosa se utilizan como un arma política, mientras más grande es el catálogo de delitos, más grande es la posibilidad de que una persona sea encarcelada sin que se le respeten sus derechos.
Inclusive lo que la Corte Interamericana ha pedido a México es que revise la figura de la prisión preventiva oficiosa, ya que ésta no es contraria al derecho internacional, pero si se va aplicar se deben respetar los derechos humanos de las personas detenidas. El Estado debe analizar y fundamentar en cada caso de manera concreta si aplica o no la prisión preventiva oficiosa. De igual forma la CIDH ha pedido que se revise la medida de forma periódica para determinar “si la finalidad, necesidad y proporcionalidad de la medida se mantienen, y si el plazo de la privación a la libertad ha sobrepasado los límites que imponen la ley y, en su caso, la razón de dicha extensión” según establece la sentencia de la CIDH.
Lamentablemente por el clima político que priva en el país se ve poco probable que la sentencia de la corte sea atenida por la clase política, la principal resistencia proviene del gobierno de la 4T, el secretario de Gobernación ha señalado sobre la sentencia de la corte, “Es un despropósito de la CIDH el ponerse por encima de la Constitución y el faltarle respeto al Estado mexicano. No puede haber ningún poder por encima del Estado mexicano”, ese es el verdadero rostro de un gobierno humanista que tiene una visión aldeana de la justicia y prefiere mantener la figura.
Las soluciones para atender esta problemática son variadas, por ejemplo, el uso de brazaletes para las personas que se encuentran bajo proceso puede ser una medida útil y mucho mejor que tener cárceles sobrepobladas y con autogobiernos que lo único que generan son condiciones de mayor injusticia.
Lo más preocupante de seguir utilizando figuras como la prisión preventiva oficiosa es que con independencia del color partidista, la ven como una figura útil para supuestamente mostrar que las autoridades hacen algo para combatir a la delincuencia, pero en realidad es una medida que atenta contra la población, exhibe la incompetencia de las autoridades encargadas de la procuración de justicia en el país, y el resultado está a la vista, un 95% de impunidad en el país y 100 muertos diarios, lo paradójico es que las autoridades se aferran a seguir manteniendo el estado de las cosas y un mecanismo perverso, una visión punitiva que no se hace del país ni un lugar más justo ni más seguro.
– Por Redacción Conciencia Pública
El Gobierno de México anunció su intención de imponer un arancel del 50 por ciento a los automóviles importados de países asiáticos sin tratados de libre comercio, como China, India, Corea del Sur, Tailandia e Indonesia.
La medida, que representa un salto desde el 20 por ciento actual, busca frenar la entrada masiva de vehículos de bajo costo que, según autoridades federales, ponen en riesgo la competitividad de la industria automotriz nacional.
El anuncio forma parte de un paquete de reformas arancelarias que pretende abarcar importaciones por alrededor de 52 mil millones de dólares.
Además de los automóviles, se contempla aplicar nuevos gravámenes de entre el 10 y 50 por ciento a productos como acero, textiles, motocicletas y juguetes. De acuerdo con la Secretaría de Economía, la estrategia busca proteger más de 325 mil empleos vinculados directamente con el sector automotriz y manufacturero en el país.
La iniciativa surge en un contexto de presiones internacionales. Estados Unidos ha insistido en que México reduzca su dependencia comercial de China, en el marco de la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Washington considera que el ingreso creciente de autos eléctricos chinos, ensamblados a precios muy por debajo del mercado, amenaza con desestabilizar la cadena de valor regional que sostiene al acuerdo trilateral.
El Gobierno de México justifica la medida en el terreno de la defensa comercial, argumentando que los vehículos provenientes de Asia están siendo vendidos por debajo de los precios de referencia, lo cual constituye una práctica desleal.
El arancel del 50 por ciento es el máximo permitido por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y colocaría a México como uno de los países más restrictivos frente a las importaciones automotrices chinas.
No obstante, la propuesta aún debe pasar por el Congreso de la Unión, donde se espera un intenso debate entre los defensores de la industria nacional y quienes advierten que un aumento de esta magnitud podría repercutir en la inflación y en el bolsillo de los consumidores.
Aunque el partido en el poder cuenta con mayoría, especialistas prevén que habrá presiones de distintos sectores empresariales antes de que se concrete la votación.
De aprobarse, los nuevos aranceles modificarían de manera sustancial el mercado automotriz en México, elevando los precios de las marcas asiáticas y obligando a las armadoras a replantear sus estrategias de inversión y distribución.
Para el gobierno, se trata de una medida necesaria para proteger a la industria nacional; para los críticos, una apuesta arriesgada que podría tener costos económicos y políticos de gran alcance.
– Por Redacción Conciencia Pública
La economía de los países del TMEC —Estados Unidos, México y Canadá— atraviesa un escenario de creciente incertidumbre marcado por la desaceleración del crecimiento y las presiones inflacionarias.
Aunque ninguno de los tres socios comerciales ha entrado oficialmente en un proceso de estanflación, los riesgos de caer en este fenómeno se han intensificado en los últimos meses debido a las tensiones comerciales, las tarifas arancelarias y el enfriamiento de la actividad productiva.
En el caso de Estados Unidos, analistas y organismos internacionales han señalado la presencia de un entorno conocido como “stagflation-lite”: una versión leve de estanflación caracterizada por inflación persistente y crecimiento económico débil.
Las tarifas impuestas a México, Canadá y otros socios han encarecido bienes y servicios, lo que eleva los precios al tiempo que limita la competitividad. La Reserva Federal ha reconocido la complejidad del momento, pero evita hablar de una estanflación plena como la de los años setenta.
Canadá enfrenta también un panorama complicado. Su crecimiento económico se ha frenado y diversos sectores productivos anticipan pérdidas importantes debido a los aranceles de Washington. Medidas de emergencia como el programa “Buy Canada” buscan proteger empleos y mitigar el impacto en la industria automotriz y energética, aunque las proyecciones apuntan a la posible pérdida de decenas de miles de empleos si las tensiones comerciales se prolongan. La inflación no ha escalado con la misma fuerza que en Estados Unidos, pero el riesgo de estanflación no se descarta.
México, por su parte, lidia con un crecimiento prácticamente nulo, con estimaciones de apenas 0.4 % del PIB en 2025, lo que coloca al país al borde de la recesión. A diferencia de sus socios, la inflación mexicana se ha mantenido moderada, en torno al 3.5 % anual, dentro del rango objetivo del Banco de México.
No obstante, la combinación de bajo dinamismo económico y presiones externas genera preocupación. El banco central ha optado por recortar tasas de interés en un intento de estimular la economía sin perder el control inflacionario.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y otros organismos han advertido que la política de tarifas en Estados Unidos está generando un “shock de oferta” que afecta no solo al propio mercado estadounidense, sino también a Canadá y México.
El encarecimiento de insumos y bienes intermedios repercute en las cadenas de suministro de la región, golpeando la inversión y elevando los costos para las empresas y consumidores.
En conjunto, el TMEC enfrenta un escenario de alto riesgo: crecimiento bajo, tensiones comerciales y presiones inflacionarias que ponen en entredicho la estabilidad económica regional.
Aunque la estanflación no se ha instalado de manera formal, la combinación de factores actuales mantiene a los tres países al filo de este fenómeno, lo que obliga a sus gobiernos y bancos centrales a buscar estrategias coordinadas que eviten repetir una crisis como la de los años setenta.
👉 Este cuadro ayuda a visualizar rápido que ninguno de los tres socios está formalmente en estanflación, pero todos enfrentan presiones distintas: EE. UU. por inflación, México por bajo crecimiento y Canadá por el impacto de las tarifas arancelarias impuestas por Donald Trump:
JALISCO
El gobernador Pablo Lemus y los alcaldes de Tlaquepaque y Tlajomulco acuden a reunión de seguridad en Palacio Nacional
-Por Redacción Conciencia Pública
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro; el titular de la Secretaría de Seguridad, Juan Pablo Hernández; el Fiscal del Estado Salvador González de los Santos; así como el alcalde de Tlajomulco Gerardo Quirino y la alcaldesa de Tlaquepaque Laura Imelda Pérez, estuvieron presentes esta mañana en Palacio Nacional para compartir las acciones que se han venido implementando en el estado en materia de seguridad.
Lemus compartió en un video que: «En coordinación con los tres niveles de gobierno, Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, seguimos trabajando para que las y los jaliscienses tengan una entidad con mayor seguridad y un tejido social reforzado».
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