Una visión punitiva de la justicia

Opinión, por Iván Arrazola //

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido clara con el Estado mexicano respecto a eliminar la figura del arraigo y modificar la ley respecto a la prisión preventiva oficiosa, ya que ambas figuras son violatorias de derechos humanos.

La sentencia de la corte viene después de responsabilizar al Estado mexicano por la violación de los derechos de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortíz que estuvieron 17 años en prisión preventiva por homicidio sin que hubiera pruebas. El desaseo en todo el proceso fue palpable, cuando se les detuvo no se les informó sobre las razones, no los presentaron ante un juez hasta 47 días después del arresto, además sus declaraciones fueron obtenidas a través de tortura, algo recurrente en México.

Como ese caso hay muchos en el país, documentales como Presunto culpable o Duda razonable han dado cuenta de las detenciones ilegales, de la falta de garantías de las personas detenidas y procesos que mandan a prisión a personas inocentes.

No es la primera ocasión que la Corte Interamericana se ha pronunciado por la revisión de estas dos figuras sin que hasta el momento los representantes políticos en México hayan tomado acciones sobre la sentencia de la corte. Es más, a partir de la llegada de la 4T se amplió el número de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, para sumar 16 delitos en total, entre los que destacan: robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, robo al transporte de carga y huachicol.

Resulta paradójico que un gobierno que se dice de izquierda tenga una visión punitiva de la justicia, inclusive agregaron otros delitos dentro de este catálogo que ameritan prisión preventiva oficiosa: contrabando, defraudación fiscal y compra y venta de facturas, sin embargo, la Corte Suprema las eliminó por considerarlas inconstitucionales y que no atentan ni contra la seguridad nacional ni constituyen delincuencia organizada.

Esa es la visión punitiva de una clase política que considera que con cárcel se solucionan los problemas de procuración de justicia en el país, por ejemplo, el presidente López Obrador ve en la eliminación de la prisión preventiva oficiosa una medida que afectaría la seguridad del país, su eliminación en el caso de la defraudación fiscal por parte de la corte desató las críticas del mandatario ya que dijo que con la decisión se termina protegiendo a “los de arriba”, a los de “cuello blanco”, sin embargo, el presidente no quiere ver que figuras como el arraigo o la prisión preventiva oficiosa se utilizan como un arma política, mientras más grande es el catálogo de delitos, más grande es la posibilidad de que una persona sea encarcelada sin que se le respeten sus derechos.

Inclusive lo que la Corte Interamericana ha pedido a México es que revise la figura de la prisión preventiva oficiosa, ya que ésta no es contraria al derecho internacional, pero si se va aplicar se deben respetar los derechos humanos de las personas detenidas. El Estado debe analizar y fundamentar en cada caso de manera concreta si aplica o no la prisión preventiva oficiosa. De igual forma la CIDH ha pedido que se revise la medida de forma periódica para determinar “si la finalidad, necesidad y proporcionalidad de la medida se mantienen, y si el plazo de la privación a la libertad ha sobrepasado los límites que imponen la ley y, en su caso, la razón de dicha extensión” según establece la sentencia de la CIDH.

Lamentablemente por el clima político que priva en el país se ve poco probable que la sentencia de la corte sea atenida por la clase política, la principal resistencia proviene del gobierno de la 4T, el secretario de Gobernación ha señalado sobre la sentencia de la corte, “Es un despropósito de la CIDH el ponerse por encima de la Constitución y el faltarle respeto al Estado mexicano. No puede haber ningún poder por encima del Estado mexicano”, ese es el verdadero rostro de un gobierno humanista que tiene una visión aldeana de la justicia y prefiere mantener la figura.

Las soluciones para atender esta problemática son variadas, por ejemplo, el uso de brazaletes para las personas que se encuentran bajo proceso puede ser una medida útil y mucho mejor que tener cárceles sobrepobladas y con autogobiernos que lo único que generan son condiciones de mayor injusticia.

Lo más preocupante de seguir utilizando figuras como la prisión preventiva oficiosa es que con independencia del color partidista, la ven como una figura útil para supuestamente mostrar que las autoridades hacen algo para combatir a la delincuencia, pero en realidad es una medida que atenta contra la población, exhibe la incompetencia de las autoridades encargadas de la procuración de justicia en el país, y el resultado está a la vista, un 95% de impunidad en el país y 100 muertos diarios, lo paradójico es que las autoridades se aferran a seguir manteniendo el estado de las cosas y un mecanismo perverso, una visión punitiva que no se hace del país ni un lugar más justo ni más seguro.