Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

Un grave problema se avecina con la transparencia gubernamental en México, la protección de datos personales y la rendición de cuentas, en este intermedio en que surte efectos la reforma que desaparece al INAI y a los 32 órganos autónomos con institutos de transparencia, los cuales deben ser liquidados en junio del presente.

El plazo de los transitorios de la reforma misma somete los avances en derecho a la información que el país conquistó durante los últimos 25 años, a un híbrido de autonomías constitucionales mal entendidas, con autoprotección de la federación y sumisión de las autoridades locales en materia de transparencia.

El nuevo modelo propuesto por el Poder Ejecutivo Federal, llamado “Transparencia para el pueblo”, fue presentado el 31 de enero por la titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, antes Secretaría de la Función Pública. De él se desprende que, evidentemente, en México no se puede dejar de garantizar el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales, por lo que la propuesta genera una serie de ajustes en que las autoridades federales, locales y municipales deberán someterse entre ellas a un enredoso y poco práctico modelo que solo en teoría garantiza que las autoridades de todos los niveles, o también llamados sujetos obligados por la ley, mantengan la obligación de poner a disposición de la ciudadanía información sobre sus acciones y el uso de los recursos públicos, de manera oportuna, completa y permanente; y que, además, posea el ciudadano la forma de exigirla cuando no considere que fue completa o real.

En la práctica, difícilmente resultará que el sujeto obligado sea requerido a la revisión de su actuar y se le ordene entregar información pública al ciudadano, sin judicializar, por ser su derecho humano; lo cual sí, ya existía en el casi extinto Sistema Nacional de Transparencia.

La propuesta de leyes secundarias presentada por el Ejecutivo Federal se caracteriza por la oferta de que sean los poderes ejecutivos los que absorban las facultades y obligaciones que caracterizaban a los casi extintos órganos garantes y al Sistema Nacional de Transparencia, un pulpo de tres mil tentáculos que se supone debemos entender como lo que garantizará el derecho humano a la información y su acceso, la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados o de particulares, y la manera de exigir a sujetos obligados la entrega de lo que se solicita, cuya finalidad debería ser combatir la corrupción y la opacidad.

En este sentido, y ante la desarticulación del Sistema Nacional de Transparencia, tratan de ocultar que no están proponiendo en el fondo ser juez y parte en materia de transparencia, ni que pretenden someter a los ejecutivos estatales a la supremacía del Ejecutivo Federal y a los ayuntamientos a sus poderes ejecutivos estatales, en completa anticonstitucionalidad de autonomías, buscando el control jerárquico político y gubernamental de los más pequeños. Y así, como cadena alimenticia, la transparencia en México se volverá inentendible, poco accesible, burocrática y abrumadora para el ciudadano que quiera ejercer su derecho a saber.

Además, la propuesta de “Transparencia para el pueblo” plantea que la mejor forma de exigir ante la presunción de opacidad o negación es la vía judicial para forzar el acceso a la información, sea el amparo, bajo una lógica irreal y fantasiosa de lo que implica realizar un amparo y darle seguimiento.

La propuesta se fundamenta en que el ciudadano no requiere asistencia legal ni mayor complicación en realizar un escrito de amparo, presentarlo, darle seguimiento, entender la resolución, sus términos y etapas procesales, para conseguir que un sujeto obligado sea requerido por la justicia federal, vía amparo, a entregar información pública y no un tribunal administrativo.

Complicado escenario nos espera durante los próximos seis años, solo la voluntad política de cada entidad federativa, apelando a la autonomía constitucional, podrá mostrar el interés de los gobiernos de los estados en respetar y garantizar los derechos humanos al acceso a la información pública, la protección de datos personales y a un gobierno libre de corrupción.

Con lo que respecta a la rendición de cuentas, nos quedarán a deber; este pulpo de tres mil tentáculos tiene un mecanismo de defensa para evitar que los gobiernos de todos los niveles se sometan a la rendición de cuentas y consta de una tinta oscura preparada de excesiva burocracia, inconstitucionalidad, mil instancias gubernamentales y amparos. Evidentemente, no es transparencia para el pueblo; es un enredo de control de información, sometiendo a los ayuntamientos a sus poderes ejecutivos locales y a estos al federal.

Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

A la señora presidente Claudia Sheinbaum no le agrada que el gobierno de Estados Unidos determine que los carteles criminales sean catalogados como terroristas. Al parecer a la opinión pública tampoco, pues según encuesta publicada en El Financiero el 6 de febrero, el 68% de los mexicanos ven mal y muy mal que el gobierno norteamericano los clasifique como tales.

Ambas cosas le han importado un rábano al presidente Donald Trump, que los considera una amenaza a la seguridad nacional de su país y los ha declarado formalmente como terroristas. Igual paso dio el gobierno canadiense que incluso creó la figura del Zar anti-fentanilo.

El rechazo del gobierno mexicano a tal manifestación no puede ni debe desvincularse de la grave acusación lanzada desde la Casa Blanca dentro del texto que anunció la imposición de aranceles en la que, textualmente, acusó al gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales. Tal afirmación fue y ha sido soslayada por la presidente Sheinbaum que respondió, diciendo que la alianza existía con los vendedores de armas en EU a los grupos criminales, y que en el combate a los carteles debieran empezar por su propio territorio.

Esto último en correspondencia a los actos de la fiscal general, Pam Bondi, que ha emitido un memorándum titulado “Total Elimination of Cartels and Transnational Criminal Organizations” que busca eliminar las trabas burocráticas para facilitar la investigación y persecución de organizaciones criminales utilizando la legislación más potente con que cuente el sistema judicial. Es decir, no quitan ni quitarán el dedo del renglón y van en serio contra ellos y sus aliados tanto gubernamentales como empresariales.

Este memorándum se inscribe en la estrategia que ha delineado Donald Trump desde su campaña y que ha venido cumpliendo con sus órdenes ejecutivas. Dicha estrategia engloba acciones tales como: reforzar la patrulla fronteriza y restaurar políticas migratorias estrictas; bloqueo de rutas marítimas de transporte e intercepción de embarcaciones sospechosas en aguas internacionales; despliegue de fuerzas especiales en operaciones directas; bloqueo del acceso al sistema bancario internacional; exigir colaboración de países vecinos para combatir la corrupción y sancionar a funcionarios que colaboren con carteles, entre otras más que incluyen modificar su legislación para incluso imponer la pena capital a los capos y colaboradores.

El gobierno mexicano debe entender que esto dejó de ser un discurso de campaña y que se trata de una política de especial interés para el gobierno norteamericano y dejar de lado medidas cosméticas para hacer como que se coopera y como que se cumplen los compromisos.

Claudia Sheinbaum había sido cauta y prudente en sus declaraciones, sin apartarse del discurso de colaboración no subordinación, más defensa de la soberanía e integridad del territorio nacional. Consiguió una prórroga de un mes para evitar la fijación de aranceles, pero a cambio ha recibido algunas advertencias que no debiera desestimar. La presencia de embarcaciones militares frente a las costas mexicanas y el sobrevuelo de aviones espías confirman que, de no ser satisfactoria la respuesta a las demandas norteñas, ellos están en posibilidades y disposición para intervenir directamente.

Algo tendrá que hacer además de incrementar la detención de peces menores de la estructura criminal, el decomiso de armas y fentanilo y el envío de tropas a la frontera. La operación Enjambre en el Estado de México y Chiapas, se antojan insuficientes para responder a tan serio cuestionamiento contenido en el anuncio arancelario. Especialmente, cuando todo un estado, Sinaloa, tiene cinco meses siendo rehén de grupos criminales, cuando en Chiapas sigue el dominio territorial de otros más y en Tabasco se hace evidente que no hay control; ni cesan tampoco las denuncias en Michoacán, Jalisco y otros estados por la extorsión a productores y comerciantes.

Existen además señalamientos puntuales sobre gobernadores en funciones y gobernantes anteriores acerca de sus acercamientos con organizaciones criminales. Los ojos de la inteligencia norteamericana tienen tiempo atentos al desenvolvimiento político de nuestro país. La extensa frontera compartida hace que la estabilidad en la misma se vuelva una prioridad para la seguridad nacional estadounidense.

Por el rumbo que está tomando el dialogo entre las dos naciones, es previsible que la revisión del Tratado de Libre Comercio, cuya fecha ya han solicitado que se adelante, tenga más ingrediente político y de seguridad que de requerimientos comerciales, que siempre serán, como se vislumbra, solo instrumentos para negociar otras condiciones.

A juicio de nuestros vecinos pesan más los muertos por fentanilo, la desestabilización que significa la presencia y el avance de las organizaciones criminales y el debilitamiento del estado de derecho que el déficit comercial. Sin olvidar que quieren cerrar el continente a la presencia china. Como se ve, son diferentes prioridades y la nuestra debiera ser sobrevivir económicamente y ganar la paz, no elecciones. El costo de las omisiones y diferencias estará por verse.

Opinión, por Iván Arrazola //

El lunes 3 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum vivió un momento clave en su mandato, enmarcado por la tensión y la incertidumbre. Apenas dos días antes, el sábado 1 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado la imposición de aranceles a México, argumentando una «alianza intolerable» entre el gobierno mexicano y los cárteles de la droga. La medida entraría en vigor el martes 4 de febrero y de inmediato generó una crisis diplomática y económica, la reacción de la presidenta Sheinbaum permitió alcanzar un acuerdo con Trump.

El riesgo no era menor, considerando que aproximadamente el 80% de las exportaciones de México se dirigen a Estados Unidos, con un valor que alcanzó los 505,851 millones de dólares en 2024. La imposición de un arancel del 25%, como lo planteó el presidente Trump, habría sido catastrófica para la economía mexicana.

Los acuerdos entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump incluyeron: 1) suspensión por un mes de los aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas, 2) despliegue inmediato de 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte para combatir el tráfico de fentanilo, 3) compromiso de Estados Unidos para frenar el tráfico de armas hacia México, y 4) creación de un grupo de trabajo binacional para coordinar estrategias de seguridad y comercio.

La decisión de suspender los aranceles por un mes trajo estabilidad a los mercados, lo que se reflejó en una inmediata apreciación del peso. Antes del anuncio, el tipo de cambio había superado la barrera de los 21 pesos por dólar el sábado 1 de febrero, pero tras la llamada entre los mandatarios, la cotización se ajustó rápidamente a la baja.

Por otro lado, el despliegue de 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte se llevó a cabo de manera inmediata, cumpliendo con uno de los compromisos asumidos en la negociación. Sin embargo, uno de los puntos que aún genera incertidumbre es la solicitud del gobierno mexicano para frenar el tráfico de armas desde Estados Unidos, cuya implementación y seguimiento no han sido detallados con claridad.

En los días posteriores, la presidenta Sheinbaum expresó que se sintió respaldada por las cámaras empresariales, destacando su apoyo incondicional durante la crisis. Además, enfatizó que la unidad nacional se hizo evidente en torno a su liderazgo, reforzando su papel como mediadora en un momento crítico para la economía y la relación bilateral con Estados Unidos.

Sin embargo, este momento de consolidación política se vio opacado un día después mostrando una careta de gobierno excluyente cuando la presidenta Claudia Sheinbaum al marginó a la presidenta de la SCJN, ministra Norma Piña de la ceremonia para conmemorar en Querétaro el aniversario de la Constitución, lo que contrasta con la llamada de “unidad nacional”.

En su conferencia matutina del día siguiente la presidenta fue cuestionada sobre la ausencia de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, en la ceremonia.

En respuesta, Sheinbaum afirmó que su gobierno mantiene un carácter republicano y que solo habían sido invitados los poderes Ejecutivo y Legislativo, sugiriendo que el Poder Judicial no ha sido respetuoso de las decisiones de los otros dos poderes, razón por la cual no fue incluido en el evento. No obstante, la ausencia de Piña contrastó con la presencia de tres ministras de la Corte: Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loreta Ortiz, todas ellas cercanas al oficialismo.

La semana ha estado marcada por contrastes. Por un lado, se logró desactivar, al menos temporalmente, la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, lo que brindó un respiro a la economía mexicana. Sin embargo, este episodio dejó en claro el tono que caracterizará las negociaciones con el presidente Trump: una dinámica en la que la amenaza y la presión servirán como herramientas para consolidar su imagen ante su electorado.

Aunque la presidenta Sheinbaum ha promovido un discurso en favor de las mujeres, su negativa a reconocer el papel de la ministra presidenta de la Suprema Corte refleja que el encono y la soberbia política pesan más que la coherencia con sus propios principios. La llamada «unidad nacional» dentro de la Cuarta Transformación parece estar reservada únicamente para quienes forman parte de su movimiento, mientras que aquellos que no se alinean con su proyecto pueden son marginados.

Por último, no se puede pasar por alto la reacción de la presidenta Sheinbaum ante la acusación de Trump sobre la alianza entre el gobierno mexicano y los cárteles de la droga. En un primer momento, su respuesta fue un rechazo categórico, argumentando que el problema del narcotráfico es una cuestión interna de Estados Unidos, posteriormente intentó matizar lo dicho por Estados Unidos al señalar que estaban mal informados y que las acusaciones correspondían, en realidad, al sexenio de Felipe Calderón y su vínculo con Genaro García Luna. A pesar de estos intentos por deslindarse, la sospecha y la sombra de la colusión entre el gobierno y el crimen organizado persisten.