ENTREVISTAS
Uso político de la pandemia: Despolitizar el COVID-19 es lo deseable, pero se ve imposible, señala el sociólogo Francisco Aceves
Por Mario Ávila //
Tras sentenciar que la situación ideal en medio de la pandemia del COVID-19, sería despolitizar la crisis y dejar de sacar raja política de ella, para obtener mejores resultados, el sociólogo de la UdeG, Francisco de Jesús Aceves González, asegura que una cosa sería lo deseable y la otra, es que se ve imposible.
A raíz de esta crisis de salud, se han agravado las diferencias políticas entre el Gobierno de Jalisco y el Gobierno Federal, concretamente entre Enrique Alfaro y Andrés Manuel López Obrador; se ha evidenciado la disputa por espacios para publicitar las acciones emprendidas entre los alcaldes de Guadalajara y Zapopan, Ismael del Toro y Pablo Lemus, e incluso el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva ha llegado al extremo de pedirle públicamente al Partido Movimiento Ciudadano, que deje de buscar obtener beneficios partidistas en plena contingencia sanitaria.
Lo cierto es que en tiempos de crisis, los políticos sienten que se trata de tiempos de oportunidad, toda vez que su miopía no les alcanza para diferenciar cuándo tienen que dedicarse a realizar campaña proselitista y cuándo deben de operar como servidores públicos.
Y mientras esto ocurra, el riesgo es que la contingencia sanitaria siga avanzando y que no se obtengan los mejores resultados para combatirla, ya que lo que en estos momentos más se necesita, es el diálogo y el acuerdo, no la confrontación y el encono.
Sin embargo quién mejor que un sociólogo, experto también en el análisis político, para que nos explique qué podemos esperar al menos en el caso de Jalisco, de las consecuencias de que se siga politizando un día sí y otro también, el tema del impacto del coronavirus.
Y Francisco Aceves González, fue muy claro: “Este problema no se habrá de superar en un ambiente de crispación política y confrontación permanente, no es el momento de la lucha electoral, no es el momento de la contienda, es el momento del acuerdo, es el momento de privilegiar la comunicación, eso lo deben tener muy claro; la contienda electoral lleva inevitablemente a la confrontación, por eso son otros tiempos, de ahí que este sea el momento de privilegiar la comunicación, el entendimiento y los acuerdos”.
LAS ACUSACIONES VAN Y VIENEN
Uno de los que dio la cara para lanzar acusaciones directas, identificando claramente a sus destinatarios, fue el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López Gatell, quien tras asumirse no como un político ni tener aspiraciones de dicha índole, señaló con el índice a algunos gobernadores del país, que a su juicio se han aprovechado del COVID-19 para adelantar sus agendas políticas, sobre todo con fines electorales.
“Yo creo –sentenció-, que hay gobernadores que han tenido esta perspectiva, es decir, bueno voy a aprovechar el tema de mayor interés ahorita, para avanzar en la agenda política”.
Sobre las quejas que han mencionado algunos gobernadores, ya que según ellos se han sentido desatendidos, López Gatell expuso que desconocía esa postura y apuntó: “Hemos tenido, vaya, no menos de siete videoconferencias. Ayer hubo una y me dio gusto ver que un par de gobernadores tuiteaban sobre su participación en la videoconferencia. Y como esa hemos tenido seis o siete; todas las semanas tenemos con los secretarios de salud estatales; no menos de 12 gobernadores me llaman directamente y les contesto inmediatamente y me preguntan temas técnicos”.
También dijo que de los 32 gobernadores, no son más de seis o siete quienes se resisten a hacer transparente la información sobre el coronavirus y no cumplen con la notificación de los casos en tiempo y forma.
Uno de los reproches más sorprendentes, fue el que lanzó el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, en contra del gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez y de su partido Movimiento Ciudadano, por pretender utilizar electoralmente la emergencia sanitaria del COVID-19.
“Me hicieron llegar en múltiples chats esta imagen –dijo vía twitter refiriéndose al portal del Partido Movimiento Ciudadano-, lamento profundamente que los partidos no dejen de pensar en cómo capitalizar electoralmente las acciones realizadas para acabar con la pandemia, cuando no hay nada que festinar”.
En el anuncio promocional de la página oficial del partido Movimiento Ciudadano muestra una fotografía de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco y el logotipo de la UdeG con una leyenda que dice: “El gobernador de Jalisco y la UdeG echaron a andar Radar Jalisco”.
Y en otro mensaje se observa una gráfica que se acompaña del siguiente texto: “El número de casos va a aumentar y las estadísticas van a superar los casos nacionales. Porque los contagios sí van a estar bien contados”.
Seguramente, pese a que el Partido Movimiento Ciudadano borró inmediatamente el mensaje, después de la queja pública de Villanueva, éste bien podría convertirse en fechas posteriores como un elemento de denuncia de la comisión de un delito de tipo electoral, por parte de los adversarios del Partido Movimiento Ciudadano en Jalisco.
Igual, se habrán de estar haciendo valoraciones sobre los dichos y hechos, así como de los gastos, sobre todo que en materia de publicidad y propaganda se hacen para promocionar la imagen de los gobernantes y no tanto de las acciones que están realizando, lo que de probarse, también sería un elemento constitutivo de un delito electoral.
Entre estos supuestos podrían entrar las entrevistas que a nivel nacional ha estado dando repetidamente el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, en donde no se informa de los hechos o acciones de su gobierno, sino de detalles muy personales como su estado de ánimo cuando se sienta a la mesa a comer con su familia.
Tampoco tendrían razón de recibir una constante y nutrida promoción, las declaraciones diarias del mandatario jalisciense, sobre todo cuando se pone a hacer comparativos con los resultados de todos los días en Jalisco, contrastando con los que se obtienen en la Ciudad de México, gobernada por Morena, por ejemplo, con el ánimo exclusivo de demostrar ser mejores que sus adversarios políticos, cuando la promoción solo es anualmente y en tiempos señalados para rendir los respectivos informes de gobierno o bien ya en tiempos de campañas proselitistas.
“LO TRAEN EN LOS GENES, EN SU ADN”, DICE PACO ACEVES
Para abundar en el tema del uso partidista de la pandemia, el también analista político, académico e investigador, Francisco Aceves lanzó un llamado a los funcionarios públicos y a los actores políticos, a serenar sus ánimos, al enviarles textualmente este mensaje: “Cálmense, el 2021 está lejos, ahorita atiendan el tema de la salud y ya…. sería necesario, plausible y eso es lo que se les ha estado pidiendo desde el principio.
“Yo por desgracia, no veo que los actores políticos estén tomando acuerdos para resolver el tema de la pandemia, es una polarización que va más allá de los partidos, se ha dividido junto con ello a la sociedad en dos bandos claramente definidos, al menos en el caso de Jalisco”.
“Es un desmadre, una confrontación generalizada en todos los niveles, veo las disputas entre el gobierno federal y sus opositores, veo la confrontación del gobierno federal y los gobiernos estatales, veo la confrontación entre los líderes de los partidos políticos.
“Jalisco y la Federación han asumido dos posturas antagónicas, desacuerdos en aspectos como las cifras, las muestras, los tiempos, entonces todas esos aspectos que están en confrontación, anula la posibilidad de que se pudiera atender la contingencia sanitaria, de una manera deliberativa y no confrontativa. Hay una cerrazón de cada una de las partes y siempre llaman a cerrar filas, en lugar de tender puentes; la crispación viene porque no hay cauces ni canales de comunicación, López Obrador y López Gatell por ejemplo, no le contestan el teléfono a los gobernadores”, expuso el sociólogo de la UdeG.
Dijo además que todos los actores políticos que desarrollan la actividad gubernamental, quieren demostrar eficiencia para que sigan votando por ellos, “por ello es natural que la manera en la que están enfrentando la pandemia tenga esa intención; otro ya es el uso específico partidista como lo hizo Movimiento Ciudadano. Ya es un exceso y a final de cuentas se le convierte en un tiro por la culata porque eso no es bien visto por la ciudadanía”, planteó.
“Lo que yo pienso –sentenció-, es que en este momento es imposible ver a los políticos que busquen marginarse de una rentabilidad electoral, eso ya está en sus genes; lo que es criticable es que para la solución de los problemas se privilegie esta rentabilidad electoral y se alimente la confrontación, en momentos en los que lo que se necesita es el acuerdo”.
LA COMUNICACIÓN DEL GOBERNADOR, AL ESCRUTINIO
En particular sobre la manera en la que está comunicando el gobernador de Jalisco a sus gobernados, recibió una dosis de censura de parte del universitario, quien sentenció de manera contundente: “El discurso de Alfaro me parece muy bipolar y muy pobre, políticamente hablando”.
“Tiene –dijo-, una manera de comunicar bastante torpe, bastante limitada y que va a los extremos. De repente el domingo se deja ver casi casi como un Fhürer y al día siguiente pone una carta como si fuera un chantaje sentimental, cursi hasta la madre y en el cual utiliza una jerga al nivel muy popular. Son líneas discursivas que yo creo que no le abonan porque el domingo nos estaba regañando y al día siguiente nos quería chantajear”.
Por ejemplo –abundó-, en el caso de Jalisco y más concretamente en el caso de la Universidad de Guadalajara y el deslinde que hace el rector Ricardo Villanueva y la censura que le lanza a Movimiento Ciudadano por usar políticamente el COVID-19, yo tengo una lectura muy particular, yo pienso que en el 2021 el Grupo Universidad podría jugar con su nuevo partido político, Hagamos y con ello abandonará a Movimiento Ciudadano, por ello está deslindándose del uso partidista que le está dando a la pandemia el que hoy es su partido aliado.
Y para redondear su idea sobre lo inoportuno del manejo político a un tema de salud, el investigador Francisco Aceves expuso: “Lo que yo veo, es que cuando hay una situación de emergencia, un desastre natural, un terremoto, un ciclón, la atención general se centra mucho en ese tema y en este caso el tema de la salud no había estado tan fuerte en México como en estos momentos con el coronavirus, que implica un problema con una afectación en todo el territorio nacional y de manera universal inclusive.
“Esto implica que la institución que debe de enfrentar este problema a nivel de estructura social es el Estado, el que tiene que definir la estrategia para llevarlo a cabo, pero el Estado no es un ente abstracto o un ente etéreo, sino que está conformado por actores políticos que tienen intereses específicos. Y frente a una situación de emergencia nacional no desaparecen las contradicciones de los actores políticos, ellos tienen sus intereses muy concretos y muy específicos, es su supervivencia como actores políticos reside en el voto popular.
“En un sistema democrático tipo representativo como el que tenemos, la supervivencia y la razón de ser de los actores políticos, su presencia en los espacios de poder y de decisión, está condicionada a la valoración popular que se tenga; ellos para estar ahí dependen de tener el favor de la opinión pública y en este caso de la opinión electoral. Ellos llegaron ahí por el sufragio”.
“Por ello toda acción política, lo que quiere es garantizar el apoyo popular y lo hace a partir de todas las acciones que realiza, los programas de gobierno a final de cuentas de lo que tratan es de eso, de conquistar el apoyo popular para mantenerse en el cargo y mantenerse en el poder.
“En este caso que hay un tema relevante e importante, los actores políticos realizan sus acciones, por una parte por el cargo que ostentan, pero a la vez también tienen un interés de rentabilidad política de rentabilidad electoral, ellos quieren responder a las demandas sociales o en este caso a la emergencia social, demostrando eficacia, eficiencia en el combate a la pandemia y por lo tanto buscan una rentabilidad, eso es obvio y es parte de su gen, la situación de emergencia no disuelve las contradicciones políticas que hay entre los actores, ni tampoco la búsqueda del apoyo popular”, dijo.
Y remató: “La otra cuestión es el uso partidista que se hace de la pandemia. Yo creo sinceramente que resulta en vano pedir que no se politice el tema del Covid-19, es un asunto público, por lo tanto es un asunto político que requiere la instrumentación de políticas de gobierno para enfrentarlo. Y habría que entender la política en ese sentido, como la respuesta institucional que da el gobierno para hacer frente a la contingencia”, concluyó.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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