Opinión, por Iván Arrazola //

El reciente intercambio de declaraciones entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Ernesto Zedillo ha reavivado viejas tensiones y abierto un debate sobre el rumbo democrático del país. Zedillo, quien se había mantenido en el retiro, reapareció en la esfera pública al publicar un artículo en Letras Libres y conceder una entrevista a Nexos, donde acusó al régimen de la Cuarta Transformación de atentar contra la democracia, particularmente por la propuesta de Reforma Judicial.

La respuesta de la presidenta no se hizo esperar. En un tono desafiante, Sheinbaum calificó a Zedillo como un falso paladín de la democracia y recordó episodios oscuros de su gobierno, como el Fobaproa y las masacres de Acteal y Aguas Blancas. Además, cuestionó la pensión que recibe del Banco de México y sugirió abrir una investigación al respecto. Según la mandataria, resulta contradictorio que se le acuse de autoritarismo por permitir que el pueblo elija a los ministros de la Corte.

Ante estos señalamientos, Zedillo redobló sus críticas, señalando que la desaparición de organismos autónomos como el INAI es un intento por ocultar los beneficios que supuestamente recibe el expresidente López Obrador en su retiro.

También pidió auditorías independientes a megaproyectos del actual gobierno como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, al considerar que buscan distraer a la ciudadanía de los verdaderos problemas del país. Afirmó que el régimen actual está transformando la democracia en un sistema despótico con un partido hegemónico.

En este contexto, la confrontación adquiere un carácter profundamente desigual. Desde el poder, la presidenta dispone de recursos institucionales y espacios como la conferencia matutina para descalificar a sus críticos, sin que se brinde oportunidad de réplica. La mañanera, concebida originalmente como un espacio para informar, se ha convertido en una plataforma unidireccional para exponer la narrativa oficial y deslegitimar voces disidentes.

A esto se suma la reciente creación en el Senado de una comisión para investigar decisiones del pasado, como el rescate bancario del Fobaproa. Si bien esta acción busca rendir cuentas, también parece estar motivada por la necesidad de justificar la narrativa oficial. Cabe recordar que, aunque cuestionable, el rescate permitió al país superar una crisis financiera de grandes proporciones. Ejemplos como Argentina, que optó por no rescatar a su sistema bancario, muestran los costos sociales y económicos de tomar un camino distinto.

En este escenario, otras instituciones también han tomado partido. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dirigida por Pablo Gómez, acudió a la mañanera para revivir el caso del Fobaproa y responsabilizar al expresidente Zedillo por decisiones que, según sus palabras, podrían haberse evitado con “patriotismo y valor”. La entrega simbólica de un expediente sobre el tema se interpretó como un acto de confrontación más que de esclarecimiento.

Lo preocupante no es sólo el uso del pasado como arma política, sino la incapacidad del gobierno actual para ofrecer explicaciones claras y abiertas sobre las críticas que enfrenta. En lugar de generar diálogo, se responde con linchamientos mediáticos. Zedillo, por su parte, aunque sin agenda política activa, ha mostrado valor al alzar la voz en un contexto donde muchos críticos han optado por el silencio.

Este episodio también refleja uno de los principales señalamientos hacia la oposición: su pasividad. No solo se ha mantenido al margen de este debate entre la presidenta Sheinbaum y el expresidente Zedillo, sino que su pasividad es evidente frente a las condiciones que enfrenta el país. En este contexto, quien no se alinea con el régimen o guarda silencio, en este contexto el temor de la oposición al gobierno es evidente.

Resulta cuestionable que los partidos que históricamente deberían asumir una postura firme—como el PAN y el PRI—guarden silencio. Ambos tendrían sólidos argumentos para salir en defensa de Zedillo, no solo por razones políticas, sino por el legado institucional que representa. Fue durante su gobierno cuando se impulsó un Poder Judicial independiente, se fortalecieron organismos autónomos y se crearon las condiciones para una elección que permitió la primera alternancia democrática en México.

Sin embargo, también debe señalarse que el juicio desde el poder no es parejo. Mientras se reavivan casos del pasado como el Fobaproa, se evita hablar de tragedias recientes como la gestión de la pandemia de COVID-19, que dejó más de 800 mil muertes, o de la actual crisis de seguridad que ha rebasado a gobiernos locales y puesto en jaque al Estado. Estas omisiones muestran que el régimen selecciona cuidadosamente los temas que aborda y los que elude.

Este enfrentamiento no solo revela las tensiones entre dos visiones de país, sino también el uso asimétrico del poder para controlar el discurso público. La democracia se debilita cuando se acaban los contrapesos, cuando la crítica se responde con descalificación, y cuando el poder se ejerce sin rendición de cuentas.