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Zedillo vs Sheinbaum: Poder y memoria

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Opinión, por Iván Arrazola //

El reciente intercambio de declaraciones entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Ernesto Zedillo ha reavivado viejas tensiones y abierto un debate sobre el rumbo democrático del país. Zedillo, quien se había mantenido en el retiro, reapareció en la esfera pública al publicar un artículo en Letras Libres y conceder una entrevista a Nexos, donde acusó al régimen de la Cuarta Transformación de atentar contra la democracia, particularmente por la propuesta de Reforma Judicial.

La respuesta de la presidenta no se hizo esperar. En un tono desafiante, Sheinbaum calificó a Zedillo como un falso paladín de la democracia y recordó episodios oscuros de su gobierno, como el Fobaproa y las masacres de Acteal y Aguas Blancas. Además, cuestionó la pensión que recibe del Banco de México y sugirió abrir una investigación al respecto. Según la mandataria, resulta contradictorio que se le acuse de autoritarismo por permitir que el pueblo elija a los ministros de la Corte.

Ante estos señalamientos, Zedillo redobló sus críticas, señalando que la desaparición de organismos autónomos como el INAI es un intento por ocultar los beneficios que supuestamente recibe el expresidente López Obrador en su retiro.

También pidió auditorías independientes a megaproyectos del actual gobierno como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, al considerar que buscan distraer a la ciudadanía de los verdaderos problemas del país. Afirmó que el régimen actual está transformando la democracia en un sistema despótico con un partido hegemónico.

En este contexto, la confrontación adquiere un carácter profundamente desigual. Desde el poder, la presidenta dispone de recursos institucionales y espacios como la conferencia matutina para descalificar a sus críticos, sin que se brinde oportunidad de réplica. La mañanera, concebida originalmente como un espacio para informar, se ha convertido en una plataforma unidireccional para exponer la narrativa oficial y deslegitimar voces disidentes.

A esto se suma la reciente creación en el Senado de una comisión para investigar decisiones del pasado, como el rescate bancario del Fobaproa. Si bien esta acción busca rendir cuentas, también parece estar motivada por la necesidad de justificar la narrativa oficial. Cabe recordar que, aunque cuestionable, el rescate permitió al país superar una crisis financiera de grandes proporciones. Ejemplos como Argentina, que optó por no rescatar a su sistema bancario, muestran los costos sociales y económicos de tomar un camino distinto.

En este escenario, otras instituciones también han tomado partido. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dirigida por Pablo Gómez, acudió a la mañanera para revivir el caso del Fobaproa y responsabilizar al expresidente Zedillo por decisiones que, según sus palabras, podrían haberse evitado con “patriotismo y valor”. La entrega simbólica de un expediente sobre el tema se interpretó como un acto de confrontación más que de esclarecimiento.

Lo preocupante no es sólo el uso del pasado como arma política, sino la incapacidad del gobierno actual para ofrecer explicaciones claras y abiertas sobre las críticas que enfrenta. En lugar de generar diálogo, se responde con linchamientos mediáticos. Zedillo, por su parte, aunque sin agenda política activa, ha mostrado valor al alzar la voz en un contexto donde muchos críticos han optado por el silencio.

Este episodio también refleja uno de los principales señalamientos hacia la oposición: su pasividad. No solo se ha mantenido al margen de este debate entre la presidenta Sheinbaum y el expresidente Zedillo, sino que su pasividad es evidente frente a las condiciones que enfrenta el país. En este contexto, quien no se alinea con el régimen o guarda silencio, en este contexto el temor de la oposición al gobierno es evidente.

Resulta cuestionable que los partidos que históricamente deberían asumir una postura firme—como el PAN y el PRI—guarden silencio. Ambos tendrían sólidos argumentos para salir en defensa de Zedillo, no solo por razones políticas, sino por el legado institucional que representa. Fue durante su gobierno cuando se impulsó un Poder Judicial independiente, se fortalecieron organismos autónomos y se crearon las condiciones para una elección que permitió la primera alternancia democrática en México.

Sin embargo, también debe señalarse que el juicio desde el poder no es parejo. Mientras se reavivan casos del pasado como el Fobaproa, se evita hablar de tragedias recientes como la gestión de la pandemia de COVID-19, que dejó más de 800 mil muertes, o de la actual crisis de seguridad que ha rebasado a gobiernos locales y puesto en jaque al Estado. Estas omisiones muestran que el régimen selecciona cuidadosamente los temas que aborda y los que elude.

Este enfrentamiento no solo revela las tensiones entre dos visiones de país, sino también el uso asimétrico del poder para controlar el discurso público. La democracia se debilita cuando se acaban los contrapesos, cuando la crítica se responde con descalificación, y cuando el poder se ejerce sin rendición de cuentas.

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NACIONALES

Andrés López Beltrán niega haber solicitado amparo ante supuesta orden de aprehensión

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Por Redacción Conciencia Pública

Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, desmintió categóricamente haber solicitado un amparo ante la justicia federal para frenar una presunta orden de aprehensión en su contra, según un comunicado emitido este miércoles.

La controversia surge tras reportes de que un juzgado federal en Zacatecas otorgó una suspensión provisional a López Beltrán, su hermano Gonzalo «Bobby» López Beltrán y otras 14 personas, en el expediente 2098/2025, presentado electrónicamente el pasado 16 de septiembre.

El amparo, que protege contra posibles órdenes de detención, incomunicación o desaparición forzada, habría sido tramitado por un supuesto abogado, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien también denunció una usurpación de identidad, asegurando que no firmó el documento ni conoce a los beneficiarios.

“Fui usado como conejillo de indias”, afirmó Rodríguez, quien planea presentar una denuncia para esclarecer el caso.

En su comunicado, López Beltrán calificó el episodio como una “operación malintencionada” orquestada por adversarios políticos para vincularlo con actividades ilícitas, como el presunto «huachicol fiscal» señalado en recientes investigaciones sobre redes de evasión fiscal y control de aduanas.

“Ni mi hermano Gonzalo ni yo tramitamos ninguna demanda de amparo”, enfatizó, exigiendo al Poder Judicial Federal una investigación sobre el origen del trámite, que también involucra a un juzgado en la Ciudad de México.

El caso, que ha generado revuelo en redes sociales, divide opiniones: mientras simpatizantes de la 4T lo consideran un ataque político, críticos cuestionan la transparencia de la familia López Obrador.

El senador Adán Augusto López expresó dudas sobre la autenticidad del trámite, comparándolo con casos previos de abuso de esta figura legal.El amparo requiere ratificación en un plazo de tres días hábiles para mantener su vigencia, aunque el comunicado de López Beltrán sugiere que no lo hará.

La audiencia constitucional está programada para el 28 de octubre. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de órdenes de aprehensión activas contra los hermanos López Beltrán, ni avances públicos de la Fiscalía General de la República en las investigaciones relacionadas.

El caso continúa en desarrollo, en medio de un contexto político polarizado y señalamientos que podrían escalar conforme se acerquen nuevas diligencias judiciales.

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Exige PRI catalogar como terroristas a grupos criminales que operan en México

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Por Francisco Junco

El PRI exigió que el “Cártel de los Soles” y otros grupos criminales que operan en México sean declarados como organizaciones terroristas, al advertir que representan una amenaza para la seguridad nacional y regional.

La propuesta fue presentada en un punto de acuerdo de urgente resolución en el Senado de la República, impulsado por el dirigente nacional del tricolor, Alejandro «Alito» Moreno.

Durante conferencia de prensa, acompañado por Carolina Viggiano, secretaria general del partido, y los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, Moreno señaló que las organizaciones criminales “utilizan la violencia de forma sistemática, poniendo en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la soberanía nacional”.

El legislador afirmó que se trata de un fenómeno que trasciende la corrupción de funcionarios y constituye un “robo sistemático orquestado desde la Presidencia de la República desde 2018”.

El dirigente del PRI denunció que el llamado huachicol fiscal ha provocado un daño al erario público superior a 550 mil millones de pesos, con pérdidas estimadas en 18 mil millones de litros de combustible y la extorsión a más de 6 mil estaciones de servicio.

Señaló que estos recursos ilícitos han servido para financiar campañas políticas, extorsionar empresas y consolidar pactos con el crimen organizado.

Moreno recordó que estas prácticas han tenido consecuencias fatales, incluida la muerte de servidores públicos y marinos, además de riesgos para la Armada de México y otras instituciones de seguridad.

Acusó directamente a funcionarios de Morena de mantener vínculos con el crimen organizado, lo que —dijo— representa una amenaza a la democracia y a la independencia de las instituciones del país.

Finalmente, el presidente nacional del PRI advirtió que los pactos entre el poder político y la delincuencia organizada atentan contra las libertades de los mexicanos y contra el sistema judicial.

“No permitiremos la instauración de un modelo venezolano en México”, subrayó, al tiempo que reiteró que su partido priorizará la defensa de la Constitución, la rendición de cuentas y la seguridad de los ciudadanos.

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INE dio por concluida la primera elección del Poder Judicial

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Por Francisco Junco

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró formalmente concluida la primera elección de personas juzgadoras, correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, tras recibir una serie de informes finales sobre la organización y desarrollo del proceso, con ello, se da por cerrada todas y cada una de las etapas del ejercicio electoral.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que esta elección representa no sólo el cierre de un proceso extraordinario, sino la reafirmación de la democracia en México.

“Hoy le decimos al mundo que aquí en México, el voto sigue siendo la voz más poderosa de todas”, afirmó, resaltando el esfuerzo conjunto de funcionarios, observadores y la ciudadanía para garantizar la integridad del proceso.

Durante la sesión extraordinaria, el INE recibió 11 informes finales, entre los que se incluyen la implementación del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral, la integración y capacitación de las mesas directivas de casillas y seccionales, la promoción de la participación ciudadana y la administración de tiempos del Estado en radio y televisión.

Los documentos reflejan la participación de 775 mil 403 funcionarias y funcionarios de casilla, así como la acreditación de 375 visitantes extranjeras de 40 países, asegurando la transparencia en todas las etapas.

Taddei Zavala subrayó que el INE cumplió con el mandato constitucional encomendado y destacó la importancia de la institucionalidad y la fortaleza del organismo para enfrentar nuevos retos democráticos.

“El INE no sólo está a la altura de los nuevos retos democráticos, sino que trasciende gracias a su capacidad de comprender y aceptar los cambios sociales y culturales”, agregó la presidenta.

Finalmente, el Consejo General aprobó modificaciones a la Convocatoria para la selección y designación del Organismo Público Local Electoral de Coahuila, en cumplimiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y confirmó que la etapa de entrevistas para la presidencia y tres consejerías electorales dará inicio el próximo 22 de septiembre, asegurando la continuidad de los procesos electorales locales.

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NACIONALES

Hijos de AMLO se amparan para no ser detenidos en relación al huachicol fiscal

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Por Francisco Junco

Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel “Andy”, actual secretario de Organización Nacional de Morena, y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, promovieron un amparo en Zacatecas que busca evitar una eventual detención, en el contexto de las investigaciones por la red de huachicol fiscal encabezada por marinos e indagada por la Fiscalía General de la República (FGR).

El recurso fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, donde una jueza federal concedió una suspensión de plano a favor de los hermanos López Beltrán.

El amparo incluye medidas para evitar su captura sin orden judicial, incomunicación, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad o una ejecución extrajudicial.

La suspensión fue otorgada el 16 de septiembre de 2025 y permanecerá vigente hasta que se resuelvan las audiencias programadas: la incidental el 24 de septiembre y la constitucional el 28 de octubre.

El expediente, registrado con el número 2098/2025-IV, fue promovido por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, personaje que también ha aparecido en recursos judiciales vinculados al narcotraficante Rafael Caro Quintero.

Sin embargo, la demanda carece de firma autógrafa o electrónica, un hecho inusual que no impidió que el juzgado la admitiera debido a la naturaleza de los actos reclamados.

Además de Andy y Bobby López Beltrán, en la lista de quejosos aparecen nombres de funcionarios y empresarios presuntamente vinculados a la red de huachicol fiscal en aduanas.

Entre ellos, el contraalmirante Fernando Farías Laguna; Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques” y vinculado con la empresa Mefra Fletes; Carlos Estudillo Villalobos; Sergio Varela; Ismael Ricaño Matías; Anatalia Joselín Gutiérrez; y Diana Heleyn Foullon Gómez, conocida como “Lady D”.

También se mencionan a César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios y Miguel Ángel Solano, apodado “Capitán Sol”, entre otros.
El periodista Claudio Ochoa Huerta difundió el documento en redes sociales, donde aseguró que fuentes judiciales le confirmaron la suspensión a favor de los hijos de López Obrador.

Ochoa detalló que el domicilio señalado para notificaciones corresponde al Hotel Círculo Mexicano, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde también se encuentra la tienda Finca Rocío Chocolate, negocio de la familia López Beltrán.

Morena, sin embargo, negó que el actual secretario de Organización Nacional del partido, Andrés Manuel López Beltrán, haya solicitado el amparo.

Camila Martínez, secretaria Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, aclaró que el recurso fue promovido por un tercero, lo cual es legal según la Ley de Amparo, aunque los beneficiarios tendrán tres días hábiles para decidir si ratifican o no la demanda.

En el mismo contexto, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del exmandatario, también aparece en acuerdos del Poder Judicial en Tabasco, su estado natal.

De esta forma, los tres hijos del expresidente López Obrador figuran en distintas instancias judiciales ligadas a una misma trama de amparos que, aunque no implican órdenes de captura vigentes en su contra, los vinculan de manera directa en expedientes relacionados con la investigación sobre huachicol fiscal en aduanas.

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