OPINIÓN
A debate relación con gobiernos federales y municipales: Hacia un nuevo pacto federal democrático
Comuna México, por Benjamín Mora //
¿Quién no ha sentido alguna vez la sensación de fracaso? pocos sentimientos son tan intensos, vívidos, vitales y dolorosos como el del fracaso, y de pocas experiencias se aprende más que de aquellas del fracaso si se afronta con decisión de cambio, valentía al aceptar nuestra parte de culpa y asumimos una fuerte y sólida voluntad de superación; para ello, debemos templar nuestro carácter, haciéndolo más afable o menos propenso al enojo y la ira, logrando el autodominio de nuestras emociones y reconociendo la oportunidad de nuestras reacciones y acciones.
En medio de la pandemia que vivimos por el Covid-19, varios gobernadores –incluido Enrique Alfaro- han pedido renegociar el Pacto Federal en materia fiscal ante los manejos insatisfactorios, por tardíos y contradictorios, del Gobierno federal y la insuficiencia de recursos locales para responder a la crisis en salud y economía. Los comprendo y apoyo.
Henry Ford decía: “El fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia”, y no hay duda, el Pacto Federal en materia fiscal no es justo y debe renegociarse. Los estados de Pacto deben asumir mayor responsabilidad sobre sí mismos y los demás integrantes. No se puede seguir en la mediocridad de la dependencia ni subsidiar el fracaso.
Recuerdo un dicho que nos viene bien: “quien no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera”. Tenemos la oportunidad de tomar conciencia de que el Pacto Federal no ha logrado su propósito, es decir, que los estados pobres siguen en su pobreza y que no tienen un camino claro de mejora. Que los impactos de lo invertido en aquellos estados no van a la par de los recursos asignados.
La oportunidad de reflexionar, debatir y hacer más justo al Pacto Federal no debe aguardar a que la pandemia sea superada; el riesgo de abandonar tal cometido, si hoy diferimos su abordaje, es enorme. Están equivocados quienes creen que la pandemia es lo único que ahora importa; hoy, la salud es prioritaria pero no puede negar la necesidad de resolver los impactos del Covid-19 en la educación, la economía, la industria, el turismo, el comercio, la vida comunitaria… Quien crea que el Gobierno no debe distraerse en los demás temas, simplemente no entiende de gobierno ni de política pública, ni de globalidad. Sin embargo, los gobiernos promovente de este debate, deben mirar también el interior de sus estados. Debe debatirse la relación entre el gobierno estatal y los gobiernos municipales, y de éstos con los empresarios, los industriales, los agricultores, los ganaderos, los estudiantes, la sociedad civil organizada y, sin duda, los migrantes.
Vivimos un impase en nuestra vida nacional y mundial que no puede ni debe llevarnos a un estado de inercia ni de fracaso, sino de reconocer que es la gran oportunidad de corregir y aprender para trazar mejores caminos a futuro. Estamos llamados a ser más competentes y ello nos obliga a enfrentar todas nuestras contradicciones al mismo tiempo; desde ya, el lastre debe dejarse atrás para salir airosos cuando la pandemia se haya superado.
Entendamos –a manera de ejemplo- que el turismo no regresará a los niveles de antes de la pandemia cuando ésta haya concluido. Las líneas aéreas deberán sanear sus finanzas, revisar los estados de seguridad de sus aviones, recontratar personal, reprogramar vuelos según crezca la demanda y renegociar con los aeropuertos y las autoridades aeroportuarias. Los aeropuertos deberán reorganizarse y sus restaurantes reabrirse, reabasteciéndose de alimentos y quizá, recontratando gente; los proveedores de los restaurantes, reabrir mercados ante la posible quiebra de algunos de ellos; los taxistas del aeropuerto y los hoteles, reactivarse desde nuevas reglas; las agencias de reserva, reactivarse según crezca la capacidad de hospedaje y transporte; los hoteles de destino, dar mantenimiento para reabrir cuartos y demás áreas públicas, quizá contratar o recontratar empleados, relanzar su publicidad…
¿Complicado? Sin duda. ¿Imposible hacerlo todo al mismo tiempo? De ninguna manera; así deberá hacerse. Igual pasa con la negociación de Pacto Federal referido, no podemos aceptar que deba diferirse para otro momento por ser parte de un nuevo frente de actuación. O es hoy, o jamás se hará. Sin embargo, tal negociación no deberá mirarse como federal, sino que deberá entenderse como nacional.
Los gobiernos federal y estatales deberá abrir la negociación y establecer un calendario de trabajo, mismo que deberá incluir negociaciones de los gobiernos estatales con los municipales de cada entidad, la sociedad civil, la iniciativa privada a través de sus organismos empresariales, las organizaciones campesinas y ganaderas, las instituciones educativas y de investigación, así como con sus ciudadanos migrados a otros estados o naciones si mantienen contacto con sus lugares de origen y apoyan con remesas e inversiones.
A nivel federal, el Gobierno de la República deberá negociar también con los organismos empresariales, académicos y ciudadanos de alcance nacional. Estamos ante la oportunidad de construir y convenir un Pacto Federal con sólidas bases democráticas.
Debemos partir de la teoría de las representaciones sociales y de cómo éstas nos condicionan una forma específica de comprensión y conocimiento de la realidad, orientan al sentido común, mejoran la manera de comunicar y permiten el dominio del entorno. Necesitamos redefinir y consensuar nuestros valores desde una visión transituacional y transgeneracional, que varían de una persona a otra, de un grupo social a otro, de una comunidad a otra y de un estado a otro, entendiendo que el nuevo Pacto Federal deberá satisfacer, entre otros requisitos, las necesidades de alimentación, salud, educación, realización profesional y económicas del individuo; los requerimientos de interacción social y plenitud psicoemocional, así como los requisitos para el correcto funcionamiento y supervivencia de los grupos que intervengan en la negociación. Para entender el camino, hay un libro que recomiendo, “The cost of living” de Arundhati Roy, que nos adentra en las profundidades del desprecio del gobierno hacia los ciudadanos, que confronta, enoja y condena.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
