OPINIÓN
A la caza de la mafia del poder
Los Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Mucho se ha criticado y especulado sobre la posición del Presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la corrupción, primero su visión sobre el problema, diciendo que es como barrer las escaleras de arriba hacia abajo. Así lo expresaba como candidato presidencial, antes de llegar a la Presidencia de la República.
Ya como Presidente electo, en forma machacona declaraba que no tenía afán de venganza, que no se desgastaría persiguiendo a sus antecesores, lo que le generó un sinnúmero de críticas de descalificación, le decían cómplice, que había hecho pactos en lo oscurito con Enrique Peña Nieto, aliados en contra de Ricardo Anaya, quien había ofrecido, de llegar a la Presidencia, juzgar a Peña Nieto.
Sin embargo, a Andrés Manuel López Obrador hay que juzgarlo por los hechos más que por sus expresiones tan coloquiales y pegadoras que todo mundo las repite, desde ¡Cállate chachalaca! -frase que le espetó a Vicente Fox en la primera aventura del tabasqueño por la Presidencia de México hace cerca de 20 años-, hasta “¡Wacala, fuchi…los voy a acusar con su mamá”, a propósito de quienes sirven al crimen organizado o los anarquistas que hicieron destrozos en las manifestaciones recientes en la capital del país.
No, no son una guía de gobierno, sirven para conectar con su base de seguidores por lo que quienes toman literalmente sus palabras, corren el riesgo de quedarse muy cortos para analizar su ejercicio de gobierno. Son las acciones lo que cuentan.
EL TSUNAMI QUE VIENE
La expresión sobre “la mafia del poder”, no es sólo un slogan publicitario. Engloba la forma como se ha ejercido el poder en México durante los últimos 30 años, donde gran parte de las grandes fortunas de empresarios mexicanos, se han tejido a la sombra del poder. ¿Cómo fue que Carlos Slim se convirtiera en el hombre más rico del mundo, en un país donde casi la mitad de la población vive envuelto en la pobreza? ¿Slim hubiera logrado esa macro riqueza sin la ayuda que le otorgó el Presidente Carlos Salinas de Gortari para tener el control de Teléfonos de México? ¿Cómo Ricardo Salinas Pliego en 30 años se encumbró en el Olimpo del poder económico? ¿No fue Raúl Salinas quien lo ayudó a hacerse de la concesión de TV Azteca? ¿Cómo entender la inconmensurable riqueza de Jorge Larrea de Grupo México, sin las concesiones mineras que le otorgó el gobierno federal y la depredación del medio ambiente sin que haya poder humano que le ponga un freno?
Desde hace varios meses empezaron las acciones contra la llamada “mafia del poder”. Los primeros señalados fueron el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin y ex coordinador de Vinculación Internacional durante la campaña presidencial de Peña Nieto, así como al empresario y principal accionista de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, a quien lo señalan de haber sido el principal financiero de la campaña de Enrique Peña Nieto.
Y después seguirían otros dos personajes: el abogado de “la mafia del poder”, Juan Collado y la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México y ex secretaria de Sedesol y Sedatu, a quienes los tienen privada de su libertad; a Rosario acusada de haber participado en la “estafa maestra”, con la triangulación de miles de millones de pesos a empresas fantasmas a través de varias universidades del país y a Ancira de
Habría que añadir al ex ministro de la Corte, Eduardo Medina Mora, quien formó parte de los últimos tres gobiernos con quienes fue director del Cisen, Secretario de Seguridad, Procurador General de la República, embajador de México en Londres y en Washington, que son las embajadas más poderosas. ¿Hay alguien con mejor curriculum en los últimos 20 años en México?
Lo que tienen en común estos dos personajes (Juan Collado, Rosario Robles) que han sido detenidos es que se les vincula en haber armado el complot contra López Obrador hace cerca de 15 años para evitar que el tabasqueño llegara a la Presidencia de México y a través de los videos con el señor de las ligas como protagonista, en los que participaron de la misma forma el ex presidente Carlos Salinas de Gortari (lo señalan como el cerebro) y el jefe Diego Fernández de Cevallos, que sería el poderoso grupo de “la mafia del poder”. A Medina Mora también lo meten en la conjura desde el Cisen.
LA DETENCIÓN QUE CIMBRA AL PAÍS
De todas estas detenciones y acciones contra la corrupción, la más fuerte y que sacude al sistema es la que va contra el ex ministro de la SCJN Eduardo Medina Mora, acusado de lavado de dinero y de la que podrían desprenderse acciones penales que no tienen parangón en México, alcanzando a otros sexenios, como el de Vicente Fox y Felipe Calderón.
La Unidad de Inteligencia Financiera que está bajo la responsabilidad de Santiago Nieto, tiene en la mira a personajes muy poderosos en otros sexenios, como el de Felipe Calderón. Los que saben prometen que vienen tsunamis en el campo político-empresarial por las complicidades tejidas que les ha permitido saquear al país, tanto como lo hicieron los españoles durante los siglos que duró la conquista.
Se ha señalado que en México no pasa nada…y cuando pasa, no pasa nada, todo sigue igual. Pues parece que esta jettatura se acaba, parece haber llegado el fin de los intocables y hasta hay lugar a pensar que podría llevarse a juicio algo nunca visto en la historia moderna de nuestro país: ver a un expresidente en el banquillo de los acusados y que tenga que responder ante la justicia.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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