OPINIÓN
Alfaro y Luna apoyan a CAABSA, dice el investigador Gerardo Bernache: Tonalá está en evidente desventaja en lucha frente a la empresa
Por Mario Ávila //
El destino parece ir siempre en contra de Tonalá y hay quien piensa que el municipio de la Zona Metropolitana por el que sale el sol, siempre tendrá que remar contra corriente e incluso se le ha calificado como “El hermano menor, “El patito feo” o “El patio trasero”.
Es desde hace más de un cuarto de siglo, el tiradero de basura de la Zona Metropolitana; es el único municipio al que para llegar y salir de tu casa en una gran cantidad de fraccionamientos tienes que pagar caseta de peaje y es al mismo tiempo, a donde el desarrollo llega tarde o nunca llega, como es el caso del transporte público.
Se le marginó en tiempos del PAN en el Gobierno del Estado, de una línea de BRT que iría desde la carretera a Tesistán, hasta el centro de Tonalá, lo que después en tiempos del PRI se convirtió en la Línea 3 del Tren Ligero, que tuvo cambios importantes en su trazo, se excluyó a Tonalá y se le puso punto final en la Nueva Central Camionera; hoy día en el gobierno de Movimiento Ciudadano de nueva cuenta lo desdeña y determina que el trazo de MI Macro Periférico corra solo de Artesanos a la carretera a Chapala.
En opinión del maestro en Ciencias de la Sostenibilidad e investigador del CIESAS Occidente, Gerardo Bernache Pérez, Tonalá reacciona al maltrato, a la marginación y a las injusticias, por eso políticamente siempre ha estado en contra de los gobiernos estatales, por ejemplo, en los 90´s con el PAN, Tonalá regresó al PRI; después cuando regresó el PRI al gobierno del Estado, Tonalá cambió a Movimiento Ciudadano y ahora que MC está en el gobierno estatal, Tonalá cambia a Morena.
Pero a final de cuentas -dijo-, lo que ocurre es que Tonalá vota en contra de los políticos de Guadalajara, porque los políticos de la gran ciudad cuando llegan al Gobierno del Estado no le responden a los habitantes de Tonalá, le responden sí a los habitantes de Zapopan y de Guadalajara, que es donde radica el poder económico y el poder político, pero a Tonalá le dan un trato de ‘patio trasero’ sí, en términos políticos, pero no se dan cuenta que en lo social, artesanal, cultural y en mano de obra, es muy fuerte Tonalá, pero hay que reconocer que en Tonalá no viven los integrantes de la cúpula del poder o los dueños de las grandes empresas.
Con estos comentarios inició la entrevista con el maestro, investigador y antropólogo, Gerardo Bernache Pérez, a quien se le reconocen sus conocimientos y su especialización en el tema del manejo y la gestión pública de los residuos solidos en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Y así explica el dilema que hoy enfrenta al ayuntamiento de Tonalá con la empresa privada Caabsa Eagle: “Bueno mira, en Matatlán, cuyo nombre correcto sería Coyula, porque se ubica sobre el camino a Matatlán que es un pueblo del otro lado de la barranca, se está demostrando la impunidad con la que opera Caabsa, el poder que tiene para imponer su lógica, porque ese sitio se supone que es solo para transferencia y cuando se cerró el tiradero de Los Laureles se supone que una parte la iban a llevar a Picachos, pero obviamente el transporte hasta esa zona es realmente muy caro”.
“Llevarte diariamente 2 mil toneladas de basura del extremo oriente de la ZMG al extremo poniente de la ciudad, estamos hablando de muchos cientos de millones de pesos al mes, por eso la opción más barata y en la que CAABSA sigue ganado, es tirar la basura en Coyula”.
“Es evidente que Caabsa tiene el apoyo y el respaldo del gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, eso es muy claro, así como de su ‘brazo derecho’, Hugo Luna, ambos tienen acuerdos con Caabsa y aquí se demuestra que a pesar de que el presidente municipal de Tonalá quiere cerrar el tiradero, será muy difícil y legalmente le será muy complicado logarlo.
“El servicio de la recolección de basura está considerado como un servicio público estratégico, como un servicio vital, entonces no puedes clausurar de un día para otro un establecimiento que presta un servicio de gran importancia para la ciudadanía, entonces Caabsa lo sabe y se aprovecha de eso y de que tiene el respaldo político del más alto nivel el Gobierno del Estado, de lo que no hay ninguna duda.
“El tema se ha subido a la palestra y ha salido en los medios de comunicación, porque los habitantes del fraccionamiento que está enfrente, Urbi Quinta o Paseos de Santiago, un fraccionamiento de aproximadamente 15 mil viviendas, tienen como vecino un camino por el que a todas horas pasan camiones de basura que tiran desechos en la calle, la gente empieza a ver un movimiento diferente y se dan cuenta que no se trata de un sitio de transferencia, sino más bien, parte de transferencia y en parte un sitio de disposición final y no solamente como bien dice el presidente municipal de Tonalá, no solo lo de Guadalajara, sino lo de otras fuentes”, expuso Gerardo Bernache, también integrante del colectivo social “Un Salto de Vida”.
Reconoció que en efecto, sí hay ahí una tensión política importante, están reclamando con justa razón los vecinos de este fraccionamiento y el problema no se resuelve, porque lo que se dice es que Caabsa se tiene que presentar a las oficinas del ayuntamiento de Tonalá para que lo multen y por lo tanto Caabsa nunca va a ir.
Caabsa es una empresa -dijo-, que ha dado muestras desde hace más de 25 años que es buena para aceitar la maquinaria política, lo mismo con gobiernos del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano y lo podrá hacer hasta con Morena, a quien le pongas. Y si se le ponen al brinco Caabsa tiene una buena red de abogados que se amparan y detienen trámites administrativos de todo tipo, por eso las multas y las clausuras seguramente no deben importarles mucho y no las toman con mucha seriedad.
“Tonalá no es para nada -abundó-, el municipio más poderoso de la Zona Metropolitana, los poderosos son Zapopan y Guadalajara, Zapopan con el poder económico, Guadalajara con el poder político y entre los dos toman las grandes decisiones, le sigue Tlaquepaque y ahora Tonalá se está disputando la siguiente jerarquía con Tlajomulco y en esos temas del poder y de la política, Tonalá ha tenido que ceder y aceptar las determinaciones que se toman. Hoy podrían estarse dando en este contexto algunas negociaciones políticas por detrás del conflicto aparente que todos vemos. Por ejemplo, especulando, hoy el gobernador podría estar diciéndole al alcalde tonalteca, ciérrame el basurero y yo te retengo algunas participaciones o no aprobamos la realización de alguna obra. No necesariamente las negociaciones en la política son con el dinero sobre la mesa, sino que se entiende que pueden ser acuerdos a manera de chantajes.
En síntesis -concluye Gerardo Bernache-, lo que hoy vemos es una continuidad lógica de la manera de actuar de Caabsa, de lo que hacía en Los Laureles y de lo que antes hacía cuando estuvo operando Coyula: Un desastre ambiental.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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