Por Mario Ávila //

La desaparición del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) por órdenes del Congreso local representa un severo retroceso en los avances que la entidad había conseguido en materia de acceso a la información y rendición de cuentas.

El argumento oficial de una reestructuración para «optimizar recursos» no resiste el análisis frente a la clara intención política de los gobiernos federal y estatal, de debilitar a un órgano que podría resultar incómodo para el poder.

Durante más de dos décadas, el ITEI jugó un papel crucial como contrapeso institucional al exigir a gobiernos municipales, organismos autónomos y al propio Ejecutivo estatal cumplir con sus obligaciones de transparencia.

Su eliminación deja a Jalisco expuesto a prácticas opacas y erosiona la confianza ciudadana en las instituciones públicas, justo cuando el escrutinio y la vigilancia social deberían fortalecerse, no desmantelarse.

Este movimiento no solo genera alarma entre organizaciones civiles y defensores del derecho a saber, sino que pone al gobernador Pablo Lemus en el centro de una tormenta política. Aunque el Congreso —dominado por su grupo— fue el ejecutor formal, es inevitable que el costo político recaiga sobre el mandatario. Su discurso de modernidad y apertura contrasta duramente con esta decisión regresiva, que ya ha sido calificada por diversos sectores como autoritaria y antidemocrática.

Pablo Lemus Navarro, quien apenas inicia su gestión como gobernador, arriesga su legitimidad al tolerar, e incluso alentar, acciones que minan la transparencia y la participación ciudadana. En lugar de fortalecer los mecanismos de vigilancia del poder, su administración opta por desmontarlos. El mensaje es claro: en Jalisco, la rendición de cuentas ya no es prioridad. El tiempo dirá si este golpe a la institucionalidad se convierte en una de las facturas más altas que tendrá que pagar el gobernador.

El análisis sobre el proceso de desaparición

Los integrantes de la LXIV Legislatura de Jalisco no tenían muchas opciones para homologar la ley estatal con la federal, en materia de transparencia y acceso a la información, sin embargo, en opinión del maestro en transparencia y protección de datos por la UdeG, Julio A. Ríos Gutiérrez, optaron por la más fácil, “que fue copiar y pegar para llevar la fiesta en paz con el gobierno federal”.

Esto explica por qué no se vieron más atrevidos los legisladores y optaron por ceder la posición de vanguardia que la entidad tenía a nivel nacional, en materia de transparencia, ya que antes que a nivel federal, fue en Jalisco donde se creó la primera ley en la materia en los primeros años del presente siglo.

Fueron los votos de los diputados de MC, Morena y sus partidos aliados, los que lograron la reforma constitucional, en contra de las posturas de los diputados de PAN y PRI, quienes se opusieron al dictamen, pese a los cambios de última hora que se registraron, como fue el hecho de extender por 90 días la vida del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Para el también profesor investigador de la UdeG, Julio Ríos, era lógica la postura de los diputados del PAN y del PRI, ya que fue la misma que asumieron a nivel federal cuando se declaró la extinción del INAI.

Y dijo entenderla aún más, ya que se sabe que fue en gobiernos del PAN a nivel federal y estatal, cuando nació la Ley de Transparencia gracias a que ellos mismos la impulsaron, “aunque habrá que reconocer que estos órganos autónomos en el camino se fueron desdibujando”.

Sin embargo, de lo sí dijo extrañarse, fue de la declaración del senador del PAN por Jalisco, el ex gobernador, Francisco Ramírez Acuña, “quien manifestó su indignación por haber exterminado a estos organismos en el país, cuando todos recordamos que una de las primeras polémicas fue cuando él mismo se negó, siendo gobernador, a revelar su sueldo, tema por el que incluso fue multado y obligado a cumplir con la ley vigente”, recordó.

Sobre las opciones que la legislatura de Jalisco tenía para cumplir con la obligación de homologar la ley estatal con la federal en materia de transparencia, el investigador y académico Julio Ríos, planteó: “Los diputados nada más tenían de tres sopas: 1.- La comodidad de copiar y pegar, 2.- La prudencia, que nos hace pensar que no buscaban rebasar el límite jurídico, pensando en hilar fino en las leyes secundarias y 3.- Llevar la fiesta en paz y en armonía con el gobierno federal”.

Urge crear también una Agencia Protección de Datos Personales

El maestro Julio A. Ríos Gutiérrez, admitió que esta enmienda legal realizada en su opinión, ‘contra reloj y sobre las rodillas’, deja a Jalisco rezagado en materia de transparencia y “se perdió esa oportunidad en el estado, de realizar una reforma constitucional de vanguardia”.

No obstante al mismo tiempo planteó que aún hay opción de pensar en positivo y contemplar la posibilidad de que “sí se puede enmendar el camino, ojalá se puedan dar las condiciones para la creación de un consejo consultivo fuerte; y la otra también, es que la Contraloría está sobrecargada de chamba, por lo que si queremos realmente ser vanguardistas, hay que crear no solo un órgano desconcentrado de transparencia, como se hizo a nivel nacional con la creación del órgano desconcentrado que se llama Transparencia para el Pueblo.

“Aquí también, la contraloría debería hacer lo mismo, y no solo eso, sino que también se debería contemplar la posibilidad de crear una Agencia de Protección de Datos Personales, porque ese tema es bien delicado y requiere inversión, requiere dedicación, requiere esfuerzo al 100 por ciento, porque una vulneración de datos personales puede afectar la vida cotidiana de una persona, su patrimonio o su seguridad”.

Insistió Ríos Gutiérrez, en que la Contraloría ya tiene muchas otras tareas, como revisar declaraciones patrimoniales, cuentas públicas, gastos, para también resolver solicitudes de transparencia, y todavía encargarse de los datos personales, “me parece excesivo, demasiado, un trabajo sobrecargado y yo creo que sí tendría que si se podría aprovechar el profesionalismo de los empleados del ITEI, ya que muchos de ellos tienen posgrados y una preparación que se hizo durante más de 20 años.

“Por ello, bien se los pudieran llevar a la Contraloría y a estas instituciones que también van a ejercer las funciones que antes hacía el ITEI, como es el Tribunal de Arbitraje y Escalafón de Jalisco, si se trata de información relacionada con organismos sindicales o autoridades laborales; el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, si se trata de solicitudes de información que tengan que ver con los gastos de los partidos políticos o de los órganos electorales o las propias Contralorías de los Poderes Legislativo y Judicial, lo mismo que las Unidades de Transparencia de los gobiernos municipales”, expuso el también analista político, Julio Ríos.

Desatendieron diputados la voz del grupo “Compromiso Jalisco”

Sin embargo, una de los grandes errores al momento de legislar esta nueva ley, en opinión del maestro en Transparencia, Julio Ríos, fue el hecho de desatender las sugerencias y las opiniones de los integrantes del grupo “Compromiso Jalisco”, en donde pedían legislar para hoy, pero con visión de futuro, a partir de los sujetos obligados de estos derechos.

También plantearon los expertos en la materia, entre los que destacan periodistas y académicos, que el modelo de nueva ley que se planteó como reforma constitucional para Jalisco, vulnera el principio de progresividad en materia de derechos humanos.

Particularmente demandaban: 1.- Participación ciudadana en un sistema estatal de transparencia y acceso a la información, como parte del subsistema nacional; 2.- Fortalecimiento de los órganos de control y 3.- Nuevo modelo de transparencia y acceso a la información a partir del 1 de enero del 2026 alno contar con las respectivas leyes secundarias.

Sobre los oídos sordos del Congreso a la voz de los integrantes del grupo “Compromiso Jalisco”, Julio Ríos recordó que ya se veía venir desde el pasado 11 de abril, cuando fueron invitados para escuchar el resultado de las 15 mesas de gobernanza que se compilaron en un documento de 186 páginas, pero al iniciar el acto, los diputados solo inauguraron el encuentro y abandonaron la sesión dejando en su representación a sus asesores.

Se les hizo ver que sí habían algunas alternativas se realizaron 15 mesas de gobernanza se aglutinó todo en una memoria histórica documental de 186 páginas donde la ciudadanía puede consultar todas las propuestas que hicimos y todo eso fue ninguneado.

No hay que olvidar el dominioso título del 11 de abril cuando se le invitó a los especialistas a que en el congreso del estado supuestamente nos iban a escuchar los diputados para que vieran las ideas y lo que ellos tenían como inquietud y resulta que se les invita comienza la reunión lo inauguran y de inmediato los diputados lo que hacen es irse y dejan votados a los invitados hablando solos.

Eso ya era la antesala de lo que venía nada de esto fue incorporado se le hizo creer a la sociedad que no había de otra cuando bien se podían incorporar algunos otros temas al menos no es triunfalismo pero se logró de cuatro cosas que se estaban pidiendo para la reforma constitucional se logró meter dos a medias una que fue el plazo de que litei todavía sobreviva en su agonía tres meses más.

lo que se pretendía era que en cuanto entrara el decreto del té y dejara de existir y que hubiera una pausa de 180 días en los cuales los diputados iban a darse el tiempo para avalar las leyes secundarias que no nada más es la ley de transparencia y protección de datos son 19 leyes que tienen que ver y mucho se cree que solo es la ley de transparencia que regula la transparencia cuando no hay muchas que se ven impactadas.

Serían 180 días cuando los ciudadanos si se querían quejar no iban a poder porque la contraloría si bien ya tiene las atribuciones por mandato lo que no era justificable es el limbo de 180 días y en ese espacio la contraloría no iba a tener ni capital humano ni estructura ni mucho menos mecanismos ni plazos marcados en ninguna ley porque no hay ley secundaria lo que se logró es que al menos en estos 90 días los diputados metan el acelerador trabaja en las leyes secundarias y ahora sí al terminar los 90 días a Dios citay Y ya la contraloría tendría mecanismos claros y certidumbre para los la respuesta a los ciudadanos que quieran quejarse.

y lo segundo que se logró fue lo del personal que al menos en lugar de echarlos a la calle se consiguió que se hicieran responsables.

Faltó lo del presupuesto irreductible para las autoridades garantes antes se llamaba órgano garante hoy serán autoridades garantes porque será juez y parte de aquí en adelante los gobiernos en este caso la contraloría si tú presentas una solicitud ante la secretaría de educación de Jalisco y no te contesta ya no te vas a quejar ante el Ita y te vas a quejar ante la contraloría o si el ayuntamiento no te da una información te vas a quejar ante la contraloría esa será la instancia.

Lo que sí se necesitaba era el presupuesto reductible para la contraloría no quedó en la constitución en una ley secundaria esos temas del presupuesto no se plasman.

«Y lo otro que no entró y que trataré de no extenderme es el consejo consultivo sería muy adecuado y así lo estaba trabajando los expertos que estuviera plasmado en la reforma constitucional prometen dicen los diputados que van a hilar fino que van a ponerlo a las leyes secundarias y que ahí lo harán».

«Lo que se propone es que ese consejo consultivo que por cierto era honorífico y ojalá sigue siendo honorífico porque tampoco se trata de meter más carga burocrática, de por sí que esto fue lo que marcó el epitafio de estos órganos institucionales. Hay que ser autocríticos, a nivel federal en transparencia estuvieron muy alejados de la ciudadanía y al final convirtieron en un palacio de cristal al INAI. Hubo excesos de presupuestalesm eso no lo vamos a negar y eso fue lo que motivó esta reforma».

«Lo que el consejo consultivo debería hacer es fortalecerse, ya existen Jalisco, pero lo que muchos estamos diciendo es que se amplíe a otros usuarios de la información pública. Hay gente, no solo los periodistas y académicos, interesados en que haya una transparencia efectiva, también las madres desaparecidos los colectivos de víctimas de violencia los ambientalistas los líderes sociales y comunitarios y rurales y también por supuesto requieren de una transparencia afectiva».

«Yo soy de los que cree que también deben de estar representados en un consejo consultivo en la reforma constitucional. Al menos debió venir alguna frase que dijera que el consejo consultivo deberá tener una representación plural amplia y que quedar en la Constitución, porque si no a las leyes secundarias va a ser muy fácil que luego las vayan a manosear, pero ojalá y la ley secundaria, me refiero en futuras legislaturas, que lo pudieran anunciar, pero ojalá y que en esta legislatura al menos quede en la ley secundaria esto que te digo del consejo consultivo fuerte, que al final fue ninguneado porque ellos se encargaban de hacerlo».

«Las evaluaciones para los candidatos a comisionados y en el último proceso los ningunearon, se pasaron por el arco del triunfo sus evaluaciones, se sacaron de la manga los diputados y por eso se judicializó, se ampararon varios participantes y por eso duró casi dos años con dos integrantes y sin presidenta hasta que luego ya se destrabó».

«Pero también tiene que ser respetado, lo ideal es que este consejo consultivo si bien su recomendaciones no fueran vinculantes al menos la contraloría sí estuviera obligada a responderles, como una recomendación de derechos humanos. Que responda porque sí o por qué no las va a atender o hacer suyas pero que al menos las responda es algo de lo que se está buscando y eso no quedó en la constitución», agregó Ríos.

«Y mucho cuidado y también lo que se tiene que hacer en estos próximos tres meses con un ojo al gato y otro al garabato es decir mientras los legisladores legislan que ya también no le llegue el agua al cuello a las instituciones como la Contraloría del Estado, el Tribunal de Arbitraje, el IEPC, el Poder Judicial con su contraloría y la del Poder Legislativo. Que no les llegue el agua al cuello y que no pase como con el sisema de justicia penal adversarial, que tuvieron años para prepararse y ahora resulta que cuando llegó el momento ni preparados estaban», explicó.

«Ahorita son tres meses. pero ya se tienen que ir capacitando para que puedan hacer esta función y atiendan a la ciudadanía con otro enfoque más cercano, más humano, y los municipios también preocupan, porque hay municipios que tienen una o dos personas en su unidad de transparencia».

Hace 34 años  se hizo un estudio y se encontraron que en algunas unidades de transparencia tienen a nutriólogos o veterinarios al frente. «Mis respetos para esas profesiones pero yo creo que hay otras oficinas más acordes a esos perfiles y profesiones, no tiene suficiente gente y no tienen capacitación y a quien se lo cargaban era al ITEI, quienes tenían un Centro de estudios de la información y hasta pososgrados y diplomados, tenían incluso un doctorado, ya al final y eso ya desapareció».

«Precisamente ahora en 2025 se cumplían los 20 años de cuando estaba a gusto Valencia que por cierto me sorprendió ver que Ramírez Acuña estaba rasgándose las vestiduras por la desaparición de Lite cuando fue él quien se resistió y hasta se amparo porque no quería dar a conocer su salario por una resolución del ITEI».

Primero se oye triste pero no debería de sorprendernos la forma en la que se conducen los diputados, siempre los temas importantes los dejan al cuarto para las 12 y al final en extraordinarias con dictámenes hechos en las rodillas.

Es notorio que han esgrimido una narrativa en la que hicieron creer que no había de otra, que Jalisco estaba contra la pared, que se tenía que acatar a pie juntillas la reforma al estilo de la federal, cuando claramente un grupo de expertos y otros que no estaban en ese grupo, les hicieron ver que había margen de maniobra para que la entidad honrara esa histórica misión como un estado vanguardista en materia de transparencia, y después protector de datos personales, como muchos se llenaron la boca en presumirlo.

«Lo malo es que se va a atomizar el tema de la transparencia, porque habrá otros entes públicos que tienen que hacer labores que antes hacía el ITEI. Te pongo tres ejemplos muy claros: el Tribunal de Arbitrahe y  Escalafón, donde yo dudo que ahorita tengan esa capacitación para atender al ciudadano con un proceso expedito, con un proceso de lenguaje sencillo, cuando sabemos que son tribunales en los cuales se hacen sentencias que parecen escritas en latín o en sánscrito».

«Si tú tienes una queja contra un sindicato que recibe recursos públicos es ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón ellos tienen que hacer esa labor que hacía lista y con los sindicatos o en el caso de los partidos políticos el IEPC ahora tiene funciones que tenía el ITEI. En una queja en contra de un partido se sabe que los órganos electorales también tienen su corazoncito, entonces algunos dependiendo el partido o dependiendo de quién les echó la mano para llegar al consejo electoral, ya ves cómo se han conducido ahí habrá algunos bemoles».

«Jalisco fue vanguardia a nivel nacional tuvo su ley antes de que naciera a nivel nacional con esto cambiamos el papel y nos vemos rezagados, ya no somos la punta de la locomotora sino el cabús de la misma».

No solo tuvo la primera ley, hay un dato que a muchos se les va que hubo antes de la ley estatal .mucho antes del 2002, fue en el 2001 anterior a la ley estatal. Hubo un reglamento municipal, el primer ordenamiento a nivel nacional, en Guadalajara, para crear un Consejo de Transparencia que era encabezado por el sacerdote Jesús Gómez Fregoso, mejor conocido como el padre «Chuchín».

Por Gabriel Ibarra Bourjac //

“Por primera vez unimos planeación, presupuesto e informes de gobierno. Las solicitudes de recursos de las dependencias estarán ligadas a las metas del plan, y los informes reflejarán su cumplimiento, garantizando un instrumento vivo, no un documento archivado”, precisa Cynthia Cantero Pacheco, titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana.

Así lo destaca la funcionaria al hablar del esfuerzo que se ha hecho en estos últimos meses en el gobierno que encabeza Pablo Lemus para elaborar el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, mismo que fue presentado a principios de junio, un documento que promete transformar la entidad mediante un enfoque participativo y realista.

Bajo la coordinación de Cynthia Cantero Pacheco, Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, este plan se construyó con las voces de 675,000 jaliscienses, marcando un hito en la consulta ciudadana en México. Desde las 12 regiones del estado hasta los hogares de comunidades marginadas, el proceso refleja un mandato social que busca atender problemas urgentes como la seguridad, el abastecimiento de agua y la pobreza.

Fundamental ha sido el trabajo e involucramiento de todas las Coordinaciones Generales de la Administración Estatal, hace notar la funcionaria entrevistada al destacar el trabajo en conjunto que se ha venido realizando.

En entrevista con Conciencia Pública, Cynthia Cantero detalla cómo este plan, ahora en revisión por el Congreso del Estado, no es una camisa de fuerza, sino una brújula flexible para un Jalisco incluyente y competitivo. Su mensaje es claro: la planeación participativa no termina con la publicación del documento, sino que inicia una era de corresponsabilidad entre gobierno y sociedad para construir un estado donde las personas “se sientan felices de vivir”.

El plan no es un ejercicio retórico, sino un compromiso medible que vincula planeación, presupuesto y resultados, rompiendo con la tradición de documentos archivados en vitrinas gubernamentales. Cantero, con su experiencia en transparencia y anticorrupción, subraya que cada meta —como alcanzar el 92% de cobertura en medicamentos o reducir las tasas de desapariciones y homicidios— estará sujeta a indicadores claros y a la vigilancia ciudadana.

La plataforma MIDE Jalisco y los consejos de participación serán herramientas clave para garantizar que el gobierno rinda cuentas, mientras los planes sectoriales y regionales asegurarán que ninguna comunidad quede rezagada.

Jalisco enfrenta desafíos estructurales que el plan aborda sin disfrazar cifras: el deterioro de la red carretera, la crisis del agua, la marginación en regiones como el Norte y la persistencia de la violencia, incluyendo las desapariciones, destaca Cynthia Cantero.

Proyectos emblemáticos, como el acueducto Presa Calderón o la rehabilitación de la carretera a Colotlán, se suman a ambiciones económicas, como posicionar al estado como líder en semiconductores e inversión extranjera.

Sin embargo, Cantero reconoce que factores externos, como crisis globales, podrían exigir ajustes, siempre con justificaciones transparentes.

La visión intergeneracional del plan, con un horizonte al 2050, apuesta por la sostenibilidad y el cuidado de recursos como el agua y la biodiversidad, mientras prioriza a grupos vulnerables: indígenas, personas con discapacidad, migrantes y juventudes.

La inclusión de 25,176 niñas, niños y adolescentes en la consulta subraya este enfoque hacia el futuro. Cantero enfatiza que el éxito dependerá de una ciudadanía activa, convocada a espacios de evaluación social para ser contrapeso del gobierno, un reto que busca cambiar la cultura pasiva de participación en Jalisco.

VINCULACIÓN AL PRESUPUESTO

P. Lo que he visto es que normalmente los planes los editan en libros gruesos que sirven para guardar en libreros o vitrinas de oficinas de funcionarios de gobierno, que pocos o nadie consultan. ¿Por qué este plan será diferente a los anteriores?

CC. Estamos buscando romper este punto que tú comentas, porque el plan lo estamos vinculando completamente al presupuesto que se va a estar solicitando.  

P. ¿No se había hecho anteriormente la vinculación? 

CC. Anteriormente iba el plan, la planeación, digamos, de la función pública. Era un documento, otro muy aparte del presupuesto estatal y otro completamente independiente, el informe de gobierno.

Hoy en día vamos a unir estos tres instrumentos. No van a ir como islas, separados, cada uno por su lado, sino que lo que vamos a hacer es vincularlos. Actualmente ya se está comenzando, incluso por parte de la Secretaría de Hacienda, a generar las primeras acciones para la elaboración de la propuesta del presupuesto de egresos del siguiente año.

Y esta solicitud de recurso público de las secretarías, de las dependencias, de las diferentes oficinas públicas, va a tener que ir identificada y colgada de la ruta que establece el plan. Es decir, el dinero va completamente vinculado a la planeación y a un elemento más, a los resultados.  

En los informes de gobierno evidentemente se tiene considerado que hablen de lo que se estableció en la planeación.

P: Secretaria Cynthia Cantero, ¿para qué sirve un Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza?
CC: Sirve para que evaluemos la acción pública, para que evaluemos al Gobierno, para que evaluemos sus resultados y podamos identificar si están haciendo o no su trabajo, si están cumpliendo con sus responsabilidades.

El plan define el rumbo de Jalisco, establece compromisos del gobierno en desarrollo económico y social, permite evaluar la acción pública y asegura que se cumplan las responsabilidades gubernamentales.

P: Usted encabezó foros y consultas en todo el estado para elaborar este plan. ¿Cómo se vincula al presupuesto y a los resultados?
CC: Por primera vez, unimos planeación, presupuesto e informes de gobierno. Las solicitudes de recursos de las dependencias estarán ligadas a las metas del plan, y los informes reflejarán su cumplimiento, garantizando un instrumento vivo, no un documento archivado.

P: El plan aborda temas críticos como seguridad, desapariciones, salud y medio ambiente. ¿Cuáles son los indicadores para medir su avance?
CC: Los indicadores están vinculados a fuentes oficiales globales, detallando compromisos, estrategias y evaluación. Por ejemplo, buscamos 92% de cobertura en medicamentos para 2030, con metas claras en desapariciones y homicidios dolosos, medidas mediante tasas específicas.

P: ¿Cómo se decidió construir un plan participativo y qué alcance tuvo la consulta?
CC: La Constitución exige planeación participativa. Implementamos consultas en las 12 regiones de Jalisco, con encuestas digitales, foros, mesas de trabajo y una muestra representativa de 4,600 hogares. Recibimos 675,000 participaciones, incluyendo a indígenas, migrantes, personas con discapacidad y 25,176 niñas, niños y adolescentes, reflejando un mandato social ineludible.

P: Este plan es intergeneracional, con visión al 2050. ¿Cómo aborda la sustentabilidad?
CC: Parte de diagnósticos realistas, sin disfrazar cifras, y prioriza el cuidado del agua, la biodiversidad y la acción climática. Es una herramienta para evaluar al gobierno y garantizar que las generaciones futuras hereden un Jalisco sostenible.

P: ¿Quién dará seguimiento al plan y qué metodología usará?
CC: La Secretaría de Planeación lo supervisará mediante la plataforma MIDE Jalisco, actualizada mensualmente con indicadores. Además, crearemos espacios de evaluación social con sociedad civil, academia y medios, fomentando rendición de cuentas participativa.

P: ¿Los secretarios están alineados con el plan? ¿Qué pasará si no cumplen las metas?
CC: Los secretarios participaron en la consulta y conocen sus compromisos. La Secretaría articula el seguimiento, pero la evaluación la realizarán organizaciones civiles y universidades. Los resultados se presentarán anualmente en el informe del gobernador, con ajustes justificados si es necesario.

P: El plan aborda agua, pobreza y seguridad. ¿Cuáles son las metas específicas, por ejemplo, en agua?
CC: Incluye estrategias integrales, como el acueducto Presa Calderón y una planta potabilizadora para mejorar el abastecimiento en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Los planes sectoriales, que se publicarán pronto, detallarán soluciones específicas por región.

P: ¿Qué proyectos clave incluye el plan?
CC: Rehabilitar el 100% de la red carretera estatal, priorizando tramos como la vía a Colotlán, posicionar a Jalisco como líder en semiconductores e inversión extranjera, y garantizar clases de inglés, música y computación en todas las escuelas para 2030.

P: ¿Cómo se integrarán los grupos vulnerables, como personas con discapacidad o indígenas?
CC: El plan dedica apartados específicos a nueve grupos marginados, con estrategias de inclusión cultural y acceso a servicios. Por ejemplo, los centros colmena en zonas como Lagos de Moreno fomentarán comunidad y atenderán infancias, juventudes y personas en situación de vulnerabilidad.

P: ¿El plan influirá en el presupuesto estatal?
CC: Es el sustento para solicitar recursos. Las metas justifican el presupuesto anual, asegurando que el dinero se destine a prioridades como salud, educación y seguridad, con transparencia en su uso.

P: La rendición de cuentas es central. ¿Cómo fomentará la participación ciudadana en la vigilancia del plan?
CC: Crearemos espacios de diálogo semestrales o anuales con medios, academia y sociedad civil para evaluar avances. Queremos una ciudadanía activa que vigile la acción pública, convirtiéndose en contrapeso del gobierno.

P: Algunos planes anteriores carecían de metas en temas sensibles como desapariciones. ¿Qué cambia ahora?
CC: Establecimos metas claras, como reducir tasas de desapariciones y homicidios dolosos para 2030, basadas en diagnósticos reales. Esto permite medir el éxito de las estrategias y reconstruir el tejido social de manera integral.

P: ¿Qué mensaje final tiene para los jaliscienses?
CC: Este plan refleja las voces de 675,000 personas y marca una ruta clara para Jalisco. Invitamos a la sociedad a participar en su evaluación, asegurando un gobierno abierto, transparente y comprometido con resultados reales.

Por Gabriel Ibarra Bourjac //

En un México donde el sector de grúas enfrenta desafíos históricos como la informalidad, la competencia desleal y la falta de regulación uniforme, la cuarta edición de Expo Grúas 2025, que se celebrará del 18 al 20 de junio en Expo Guadalajara, emerge como un espacio crucial para profesionalizar esta industria.

Este evento reúne a fabricantes, aseguradoras, empresarios y autoridades de América Latina, impulsando negocios y visibilizando la lucha de un gremio que busca ser reconocido por su ética y eficiencia.

Enrique Dueñas, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas (AGRUAS), lidera un movimiento que ha transformado el sector en seis años, creciendo de 12 a 87 socios comprometidos con diferenciar a los operadores formales de las grúas piratas. Su gestión ha posicionado a AGRUAS como un interlocutor clave ante gobiernos y aseguradoras, enfrentando problemas estructurales como el contubernio con autoridades, corralones saturados y cobros excesivos que afectan a los ciudadanos.

Expo Grúas 2025 no solo exhibirá equipos modernos y capacitará operadores, sino que consolidará la visión de AGRUAS: un gremio unido, profesional y respetado, inspirado en modelos de Estados Unidos y Canadá, donde las grúas son servicios esenciales. En entrevista con Conciencia Pública, Dueñas Rodríguez comparte los avances, retos y su apuesta por un legado de transformación para las futuras generaciones de grueros.

Esta conversación refleja el compromiso de un líder que, tras años de trabajo arduo, busca homologar regulaciones nacionales, garantizar contratos públicos transparentes y dignificar un sector históricamente subestimado. Con Expo Grúas como plataforma, Dueñas vislumbra un futuro donde la informalidad sea reemplazada por profesionalismo, seguridad y confianza ciudadana.

SE CONSOLIDA EXPO GRÚAS

¿Cómo llegas a Expo Grúas 2025 en su cuarta edición?

Llego muy entusiasmado. Este evento se ha consolidado como un referente, con la participación de fabricantes de camiones, equipos, aseguradoras y proveedores de América Latina. Autoridades relevantes asistirán a la inauguración, lo que refuerza su impacto.

Expo Grúas ha puesto los reflectores en nuestro gremio, históricamente subestimado, dignificando nuestro servicio al mostrar su relevancia normativa y operativa. Nos posiciona como una alternativa profesional frente al mercado irregular, fomentando alianzas estratégicas que fortalecen el sector.

¿Qué ha significado liderar la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas (AGRUAS) y ser su presidente?

Ha sido profundamente satisfactorio. Mis compañeros me eligieron para encabezar esta agrupación, que incluye a figuras destacadas del sector. Todas las decisiones son colegiadas, con el respaldo total de los socios. Como dice el refrán, “unidos somos más fuertes”. Agradezco su confianza y espero que continuemos en este camino ascendente, apoyando a las próximas generaciones para que el sector siga siendo fructífero y ético.

¿Cómo ha crecido la membresía de ANEMIG en estos años?

En seis años, pasamos de 12 socios fundadores a 87 en todo el país. Somos selectivos: un comité revisa el comportamiento de los solicitantes, verificando permisos y asegurando que no tengan quejas con autoridades. Solo admitimos a quienes comparten nuestra visión de negocio basada en la ética, la honestidad y la dignificación del sector, lo que fortalece nuestra representatividad.

¿Cuáles son los principales desafíos que han enfrentado como organización?

El mayor reto es la prestación irregular de servicios de grúa. En infracciones o accidentes, debe haber una autoridad presente, pero en los últimos años han fallado. Con la transición de la Policía Federal de Caminos a la Guardia Nacional, el problema se agudizó. Algunas autoridades municipales, estatales y de la Guardia Nacional venden servicios a grúas irregulares, cobrando por asignarlos. Dialogamos con la Guardia Nacional y gobiernos estatales para frenar esta práctica. Además, ciertas aseguradoras contratan empresas informales para reducir costos, afectando la calidad. Trabajamos con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros para priorizar a empresas formales.

Los corralones y las grúas piratas son un problema grave. ¿Qué avances hay con la nueva reglamentación?

Los depósitos vehiculares federales están saturados con miles de autos abandonados, ya que las autoridades tardan en liberarlos, generando deudas impagables para los propietarios. Esto ocupa espacio y eleva costos de vigilancia. Una reforma permitió a empresas recoger chatarra, pero compañías como Sánchez y Sánchez pagaron precios irrisorios, como un peso por vehículo, mientras obtenían grandes ganancias. Negociamos con senadores y la Cámara de Diputados para revertir esta ley, asegurando que los concesionarios, quienes ya invirtieron, se beneficien del aprovechamiento de la chatarra.

¿Cómo ha sido la comunicación con gobiernos estatales y federal para abordar estos problemas?

Hemos visitado estados como Oaxaca, Chiapas, Nuevo León y Chihuahua, encontrando apertura de los gobiernos para colaborar en la resolución de problemas en caminos municipales, estatales y federales. Con la federación, la anterior directora de Autotransporte Federal apoyó acuerdos clave, como el reglamento de grúas, aunque persisten detalles por resolver con la actual administración. También avanzamos en la emisión de placas, un paso hacia la formalización.

Desde 2022, has denunciado las grúas piratas. ¿Qué avances han logrado?

Contamos con una base normativa, con reglamentos y leyes que clasifican y autorizan el servicio. En Jalisco, desde 2023, hay un reglamento y una norma técnica, un avance significativo. Sin embargo, la regularización es simulada en muchos casos: se autorizan grúas que no cumplen, y malos elementos de las autoridades se benefician, cobrando tarifas exorbitantes, de 1,000 a 8,000 pesos. Trabajamos con representantes locales en otros estados para replicar los avances de Jalisco, pero la implementación sigue siendo un desafío.

¿Qué riesgos enfrentan los ciudadanos al usar grúas piratas?

Los riesgos son múltiples: cobros desproporcionados sin tarifas reguladas, robo de piezas, llantas o gasolina, y daños a vehículos por traslados inadecuados, afectando suspensión, caja o diferencial, con costos de miles de pesos. Las grúas piratas no ofrecen pólizas de seguro ni garantías, dejando a los usuarios desprotegidos.

¿Qué recomiendas a quienes necesitan un servicio de grúa?

Buscar grúas de la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas (AGRUAS), identificadas con nuestras calcamonías. Contamos con más de 3,500 grúas en el país que garantizan precios justos, sin daños ni robos, y con pólizas de seguro abiertas, una ventaja que las grúas irregulares no tienen. Nuestra red ofrece confianza y profesionalismo.

¿Cómo puede México aprender de países como EE.UU. o Canadá para fortalecer el sector?

En Norteamérica, las grúas son un servicio esencial, operando 24/7 con normativas estrictas. Hemos adaptado sus estándares, y el contacto con fabricantes y asociaciones norteamericanas, facilitado por Expo Grúas, nos ha permitido profesionalizar el servicio, tanto en capacitación como en equipos modernos.

¿Qué cambios esperas en el sector en los próximos cinco años?

Un sector pujante, con equipos modernos, personal capacitado y certificaciones de habilidades, como en EE.UU. Con el trabajo colectivo de los socios, mejoraremos la eficiencia y la percepción pública, consolidando a las grúas como un servicio confiable y respetado en México.