OPINIÓN
AMLO mantiene aprobación alta: Las encuestas de moda, hay para todo asunto, al gusto y para cada cliente
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Desde hace décadas, los sondeos de opinión se hicieron populares en el mundo; en nuestro país, apenas se iniciaron a fines del siglo pasado y a la fecha, son tan comunes, que a diario se da razón por los medios de comunicación de todo tipo de encuestas.
Esa técnica de investigación, se realiza mediante la formulación y suministro de una especie de interrogatorio a una porción de la sociedad. Estos estudios, mejor conocidos como encuestas, proveen información sobre las sentires, actitudes y puntos de vista de los pueblos, o específicamente de sus ciudadanos, sobre todo cuando su opinión versa sobre política. Desde luego que el procedimiento debe ceñirse a principios que aseguren sus resultados, con un mas o menos de confianza, es decir, un margen de error, por lo general no mayor al 3%.
Pero encuestas, hay de todos los colores y sabores. De corte local, regional, nacional o internacional. La metodología para recopilación de los datos es variada: a través del teléfono, por correo, aplicándolas en papel, o las modernas que se realizan online, y desde luego las tradicionales por medio de entrevistas personales.
Con motivo del cuarto informe de gobierno del actual primer mandatario de la nación, se publicaron varios muestreos, siendo muy creíbles los que auspician organismos no alineados con la administración federal. De igual manera se han venido difundiendo los sondeos sobre la credibilidad de los partidos políticos, así como de la situación que guardan los aspirantes a cargos populares.
Por lo que ve al Presidente del país, la encuesta publicada por la empresa Poligrama, detalla que el primer magistrado tiene una calificación que ronda el 7.1 sobre diez. Además, que tiene una aprobación de 67.12%; su metodología consiste en que que realizaron 1500 encuestas telefónicas a nivel nacional (México), a hombres y mujeres mayores de edad, los días 29 y 30 de agosto de 2022 en diferentes horarios. El tipo de muestreo fue mediante selección aleatoria de hogares. Con un nivel de confianza de 95% se estima obtener un margen de error de ± 2.5 puntos porcentuales. (Portal Político MX, 1-sept.022).
Un medio típicamente contestatario del gobierno, trae el nivel más bajo: El Financiero, señala que Amlo reportó una ligera caída de dos puntos en agosto, con respecto a julio, para ubicarse en 54 por ciento de aceptación y un 43 por ciento de desaprobación. A su vez, el diario Reforma del último día de agosto, informa que López Obrador mantiene un nivel de aprobación entre la ciudadanía, de 61 por ciento que aprueba su gestión, y con un 33 por ciento que la desaprueba. El primer impreso señala a la inseguridad como el principal problema de la Cuatro T, en tanto que el segundo periódico indica que es la inflación.
El ponderador de encuestas, Oraculus, publica que López Obrador es el que mejor nivel de aceptación tiene, en 44 meses de ejercicio, contrastado con los últimos cinco presidentes mexicanos: “El actual Presidente tiene en esta poll of polls, un 61 por ciento, dos puntos por encima de los que registró en ese mismo tiempo Ernesto Zedillo (59 por ciento) y tres por arriba de Felipe Calderón (58 por ciento). Los mismos números muestran que en ese mes de Gobierno, Vicente Fox tenía un 54 por ciento y Enrique Peña Nieto un 25 por ciento”. (Sin Embargo, 1-sept.2022.)
Una encuesta internacional, es la que lleva a cabo sobre líderes globales, el ente Morning Consult Political Intelligence (MCPI) con sede en Estados Unidos; se trata de presidentes y primeros ministros de 22 países: López Obrador se mantiene como el segundo mandatario mejor evaluado con un 70 por ciento de aceptación, apenas un punto por debajo del máximo histórico que consiguió en abril pasado cuando alcanzó el 71 por ciento. Su porcentaje de rechazo, es de 25 por ciento. Los índices de aprobación más recientes se basan en datos recopilados del 24 al 30 de agosto de 2022, de un promedio de siete días, entre residentes adultos de Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, República Checa, Francia, Alemania, India, Irlanda, Italia, Japón, México, Holanda, Noruega, Polonia, Corea del Sur, España, Suiza, Suecia, Gran Bretaña y Estados Unidos. (Redacción de Sin Embargo, 1-09-022).
La sucesión presidencial de hecho está desatada. Los morenistas y los panistas han dado a conocer nombres de sus posibles abanderados. Al respecto, el rotativo Reforma divulgó el uno de septiembre en su primera plana: “Si hoy hubiera elecciones para Presidente de la República, ¿por cual partido votaría?” La respuesta es patente: “Mantiene Morena ventaja”, en base a que ese instituto político obtuvo un 46 por ciento de apoyos, mientras que el PAN solo recibió el 19%, los priistas el 17% y los desvalidos perredistas, un escuálido 3 por ciento. Si se suman las alianzas, “Va Por México” lograría el 39 por ciento, frente a un 51% de Morena y sus aliados (PVEM y PT).
En cuanto a los factibles candidatos, los más afianzados en este momento son los de Morena, siendo los mejor respaldados la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el canciller Marcelo Ebrard Casaubon, que prácticamente están empatados; atrás van el líder del Senado, Ricardo Monreal y enseguida el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Por lo que ve a los blanquiazules, principalmente se mencionan, por orden de apoyos, a Margarita Zavala, Santiago Creel, Mauricio Kuri y el escondido Ricardo Anaya. En el partido tricolor, la más fuerte es Beatriz Paredes Rangel; completan una terna, Alfredo del Mazo (gobernador del Edomex) y Enrique de la Madrid, vástago del expresidente Miguel de la Madrid. Finalmente, en Movimiento Ciudadano figuran Luis Donaldo Colosio Riojas (alcalde de Monterrey), Enrique Alfaro Ramírez (ejecutivo de Jalisco) y Samuel García, mandatario de Nuevo León. Sin excepción, en todas las fórmulas de enfrentamiento, los potenciales aspirantes de Morena, vencerían a los demás adversarios.
Otro organismo, La Encuesta, de Gabriela Treviño, dio a conocer como está la aceptación de los gobernadores de las Entidades federativas de México. En el muestreo de agosto reciente, el mejor evaluado es el panista Mauricio Vila Dosal (Yucatán) con 62.9%, casi a la par de Mauricio Kuri (Querétaro); en tercer lugar está el morenista Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, con respaldo de 58.7%; con un 50.3% viene Claudia Sheinbaum, ocupando el 13/o puesto; muy alejado, en el 30/o puesto, está Enrique Alfaro, el jalisciense de Movimiento Ciudadano, con un 41.1 por ciento; el peor valorado, es el zacatecano David Monreal, de Morena, con un 31.8%.
El año venidero se elegirán los gobernadores de Coahuila y el Estado de México, lo que los convierte en codiciado objetivo de los encuestadores. En este momento se fragua quiénes serán los contendientes, y en el Estado norteño lleva la ventaja Luis Fernando Salazar Fernández, frente al protegido de la presidencia, Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de seguridad pública. Entre los panistas, el más aventajado es Guillermo Anaya, y por los priistas, Manolo Jiménez Salinas. El morenista, según este muestreo, ganaría a cualesquiera de sus contrincantes; pero como alianza, el panista podría triunfar siempre que no fuese su competidor el aludido Salazar Fernández.
Por lo que ve al Estado de México, llamado por su enorme padrón electoral como “la joya de la corona”, la lucha está entre la morenista Delfina Gómez Álvarez -exsecretaria de Educación federal- y quien se elija por PAN, PRI o la Alianza “Va por México”. Por los azules está destapado (lo hizo su dirigente Marko Cortés), el diputado Enrique Vargas, quien además ya buscó el visto bueno del expresidente Peña Nieto, allá en España; en cuanto a los priistas, los mejor posicionados son mujeres: Alejandra del Moral y Ana Lilia Herrera, con empate técnico según encuesta reciente: 32.3% y 31.4%, respectivamente. En todo tipo de combinaciones, la morenista saldría triunfante, si bien en el caso de ir contra un abanderado de “Va por México”, su éxito sería menos amplio.
Muchas otras encuestas se hacen a diario y son difundidas con cierta intensidad. Mas cada que veamos una, debemos informarnos como se hizo, por orden o cuenta de quien se realizó, y cual es su meta o fin. Y es que como dijimos, reconociendo que están de moda, también es verdadero que muchas están “cuchareadas”, es decir, torcidas, arregladas para alcanzar tal o cual fin, de quienes las pagan. Esto nos hace reflexionar en la afirmación del periodista, abogado, político y escritor colombiano Álvaro Gómez Hurtado (1919-1995): “Las encuestas son como las morcillas -la rellena o moronga-: muy sabrosas hasta que uno sabe cómo las hacen”.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
– Crónica de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
La Universidad de Guadalajara, esa institución que presume de ser la “casa de la cultura” y el “espacio del pensamiento crítico”, se ha convertido principalmente los últimos días en escenario de lo que mejor ilustra su contradicción: los golpes sustituyendo a la palabra, la represión disfrazada de orden académico y la violencia encubierta tras comunicados oficiales firmados por nadie que se haga responsable… llenos de buenas intenciones sin nada de autocrítica.
Lo ocurrido en el CUCSH y en el CUCEI en estos días no es un accidente ni un exabrupto aislado: es la expresión de una estructura política enquistada que se resiste a morir.
Los funcionarios que deberían administrar aulas y presupuestos han terminado con las manos metidas en la gresca. No es metáfora: ahí están los videos donde José Antonio González Orozco, alias “Pepino”, antiguo operador de la FEU que ahora cobra como jefe del complejo deportivo, aparece repartiendo manotazos contra los estudiantes que exigían elecciones limpias. No fue diálogo, fue puño.
Y mientras tanto, la Rectoría General guarda silencio. Una omisión que grita más fuerte que cualquier consigna. Porque si los estudiantes pintan un muro, la indignación institucional es inmediata; pero si un funcionario golpea a los alumnos, la sanción se pierde en el laberinto del archivo muerto, asegurando las protecciones para quienes, en nombre de la “institución”, repartan golpes a los alumnos inconformes.
Encapuchados que lanzan mobiliario, vacían extintores y rodean a estudiantes en paro. Los testimonios y las imágenes difundidas no dejan lugar a dudas: la violencia tiene rostro, y varios de esos rostros se identifican con la vieja militancia de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), ese brazo corporativo que durante décadas ha operado como correa de control a favor del grupo universitario en el poder.
Pero también aparecen los rostros de grupos políticos externos que han participado en movimientos políticos universitarios sin llegar a ser de los “ungidos”, pero que, ahora apoyados por un personaje de la estructura universitaria, vuelven a buscar un lugar en el feudo.
Se habla de “diálogo” en los comunicados, pero en los pasillos los que dialogan son los puños. La contradicción es evidente: las autoridades centrales rechazan la violencia en boletines, pero sus hombres de confianza y familiares aparecen entre los agresores.
Lo que demandan los estudiantes no es menor: baños dignos, comedor subsidiado, protocolos contra acoso, contratación estable de docentes, transporte seguro, participación real en las decisiones universitarias. No son exigencias revolucionarias, son derechos elementales que cualquier institución pública debería garantizar sin necesidad de paros ni barricadas.
¡Ojo! La petición de tener un área para fumar mariguana es simplemente una charlotada que en ninguna circunstancia puede proceder; sean serios si quieren ser tomados en serio como disidencia.
Pero el punto neurálgico, el que prende las alarmas en los pasillos del poder, es la exigencia de cancelar las elecciones del Consejo General Universitario y limitar la intervención de la FEU. En otras palabras: quitarles el monopolio de la representación. Y eso, para los jefes y jefas universitarios, es inadmisible.
Mientras las pedradas y los empujones manchan el nombre de la UdeG, la rectora general Karla Planter ha optado por la estrategia del silencio. No se presenta a dialogar, no encabeza el proceso, no frena la violencia. Desde su llegada, “La Planter” solo ha servido como la imagen que asiste a reuniones y eventos sociales, pero, en todo este tiempo, usted no va a encontrar UNA situación en la que la primera mujer rectora de la UdeG hubiera destacado por su capacidad de decisión y liderazgo; lo peor, NINGUNO de su equipo ha ocupado el lugar de liderazgo y decisión que la UdeG requiere.
En esta ocasión, parece que la rectora espera que el tiempo, las fiestas patrias o el desgaste natural diluyan la protesta, si es por recomendación estratégica, queda claro que, ¡Su asesor le odia!
Lo extraño es que los choques más fuertes ocurrieron justo en los días en que Planter se ausentó, ¿casualidad o decisión de quien sabia no estaría disponible la rectora? Coincidencia que huele a cálculo: dejar que otros enciendan el fuego para luego presentarse como bombera institucional o la aparición de un “líder” que rescate la situación.
Mientras, el equipo de comunicación externo que apoya a los disidentes a manejado bien las notas en los principales medios de comunicación alertando a la ciudadanía de lo que pasa al interior de la Universidad a la que asisten sus hijos, generando buenas piezas de comunicación visual en redes con mensajes claros y específicos que pueden digerir e indignar los consumidores de TikTok, X, Facebook e Instagram. Logrando en días lo que el viejo sistema de comunicación universitario no ha podido lograr, UN mensaje que permee a nivel social, porque desde sus oficinas, los dirigentes universitarios repantigados creen que la gente común está esperando leer el más reciente comunicado pagado por los “abajo firmantes”, que servirá de indicación de lo que se debe creer y entender.
El saldo es claro: estudiantes golpeados, aulas cerradas, comunidades académicas divididas, puertas de ingreso soldadas y una autoridad que administra comunicados -Muy malitos, por cierto- mientras sus operadores administran golpes y porras —siempre los mismos rostros en escena desde hace años, por cierto—.
La Universidad de Guadalajara enfrenta un espejo incómodo: aquel en el que se refleja como un aparato político que prefiere la represión a la reforma, la simulación a la democracia y la obediencia ciega a la crítica estudiantil… Oiga, ¿ya se dio cuenta de que en toda esta rebatinga la FEU tampoco ha aparecido? Y no me refiero a otro comunicado anodino firmado por la “primera mujer presidenta de la FEU”, yo hablo de esa estructura política de estudiantes que defiendan sus procesos por democráticos y transparentes, y den la cara por sus líderes que saben que los representan.
¡Bueno! Hasta los centros universitarios tienen que ser defendidos por grupos externos porque los flamantes “rectores” carecen de equipo que les respalde. Lo bueno es que la disidencia avisa con tiempo sus manifestaciones; si atacaran al mismo tiempo, se quedarían con varios centros universitarios, pues los rectores no alcanzan a defender ni su oficina. ¿O será que las manifestaciones están muy bien ordenadas en tiempo y lugar desde dentro de la misma UdeG para propiciar la aparición de un “líder” solucionador?
Las siguientes semanas serán importantes en esta historia, porque lo que está en juego no es solo un proceso electoral universitario, sino la credibilidad de una institución que presume autonomía, pero se comporta como un feudo… Donde cada vez es más recurrente escuchar: ¡Qué falta nos hace Raúl!
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