OPINIÓN
Ante la terca realidad: La comunicación como política pública en Jalisco
Con todo respeto, por Jorge Zul de la Cueva //
“Por el Mar de las Antillas anda un barco de papel: anda y anda el barco barco, sin timonel. De La Habana a Portobelo, de Jamaica a Trinidad, anda y anda el barco barco, sin capitán”, Nicolás Guillén.
Nuestro barco, llamado Jalisco, se parece al del poema. Va de aquí para allá, en ideas de publicistas que confunden la propaganda política con la creación de políticas públicas. No hay ruta más allá de sacarse de la manga planes que suenan fantásticos, pero no llegan a puerto alguno. Esto nos ha llevado de disparate en disparate, de ocurrencia en ocurrencia y de zozobra en zozobra.
Hagamos un pequeño recuento de algunos de estos planes gigantescos:
¿Recuerdan la promesa de una nueva constitución estatal? Pura comunicación disfrazada de política pública.
A fines de 2020 se hicieron los Foros Temáticos Ciudadanos y Sectoriales “Hacia Una Nueva Constitución Política del Estado de Jalisco”.
Ahí, Alfaro indicó que los foros serían el primer paso a una campaña de concientización para la ciudadanía y que llevarían a la integración de un nuevo constituyente.
Claro que aprovechó para subrayar que el esfuerzo era tanto indispensable como propio de Hércules o digno de él.
“Si a nuestras constituciones local y federal les hemos cambiado todo durante muchos años, pero en ejercicios unilaterales de los legisladores o de quienes tienen el poder”.
“Si se tratara solamente de modificar la Constitución, de cambiarla completita en todos sus artículos, solo quiero invitarlos a que reflexionen lo siguiente, un ejercicio de esa naturaleza, si sólo se tratara de eso, lo podríamos hacer en este momento de manera directa; un servidor, como Gobernador podría presentar una iniciativa hoy que modificara todos los artículos de la Constitución y podemos construir, ya lo hemos demostrado, la mayoría que se necesitaría para aprobarla y tendríamos una nueva Constitución”.
“La pregunta que nos hicimos hace dos años fue: ¿cómo le hacemos? Para que se construya un acuerdo social que surja desde abajo, desde el pueblo de Jalisco y empezamos una ruta legislativa muy compleja, primero, para que esa figura del constituyente existiera, todo mundo hablaba del Constituyente, nada más que no estaba establecido en ningún lugar de nuestra constitución qué era un constituyente, cómo se integraba, quién lo convocaba”, dijo Alfaro en los foros de nombre rimbombante que no eran otra cosa que cajas de resonancia de aplausos de las fuerzas cada vez menos vivas del sector y del partido.
Al respecto, en esos foros, el magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, (¿Lo recuerdan? Hoy está acusado de acoso sexual y suspendido), explicó que “este ejercicio se abrirá en todas las regiones del Estado además de a un ciberdiálogo de manera permanente y plural para que todos participen”. Nada de eso sucedió.
El nuevo constituyente no es más que el difunto abuelo de la consulta en torno al Pacto Fiscal y es el mismo modus operandi.
Se habló de un proyecto titánico, de enorme envergadura, nunca antes visto, heroico, supremo, magnífico, equiparable a la épica de Gilgamesh y quién sabe cuántas patrañas más que el tiempo convirtió en polvo, risa y nada.
Hasta un libro se hizo, bajo la autoría de la doctora Roxana Paola Miranda Torres, disponible en Kindle, con 828 páginas, en cuyo resumen se señala que “De manera exhaustiva se recapitula el pasado para dar una mejor respuesta a la realidad actual ante la propuesta del Gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, sobre la refundación y la nueva Constitución para el Estado de Jalisco”.
El libro fue presentado el 24 de febrero de este año por Héctor Pizano. Y de acuerdo con Google Academics, ha sido citado UNA vez en lo que va del año.
Podríamos decir que vino la pandemia y cambió las prioridades, pero hay evidencia de que viven de hacer estas cosas y confunden la prestidigitación del anunciante con el acto de gobernar.
Si analizáramos A Toda Máquina antes de la demoledora investigación de Sonia Serrano que hundió el proyecto estrella, la ruta era la misma y los resultados son similares.
Si nos acordamos del Festival Sucede que Enrique Alfaro, cuando era munícipe de Guadalajara, dijo que había superado al Cervantino, es igual.
La batalla contra el coronavirus es otro ejemplo.
Son maquinarias de propaganda disfrazadas de proyecto político y claro, todos los gobiernos las tienen en mayor o menor grado; lo malo es que aquí no se ve por ningún lado que haya proyecto político y la propaganda ya no pega ni con cola por lo alejada que está de la realidad.
Les recuerdo un fragmento del famoso post de Facebook del 23 de abril de 2020:
“…Después de una jornada muy pesada de trabajo me senté solo antes de comer. Traía mi cabeza dando vueltas, me sentía muy cansado y no tenía hambre.
Vibró mi teléfono con un mensaje que me llegaba. (…) Era el secretario de Salud que me informaba que hoy tuvimos 4 muertos en Jalisco y 19 personas contagiadas por el virus.
Ha sido el peor día desde que inició esta crisis. Hoy empezábamos a ver el reflejo en muertes y contagios de lo que como sociedad dejamos de hacer hace algunos días.
(…)
Cerré más fuerte los ojos. Apareció frente a mí la duda: ¿Tendrá sentido el enorme sacrificio que estamos haciendo ? ¿Por qué asumir yo la responsabilidad de obligar a la gente a no salir de su casa, a sufrir por la situación económica, a hacer lo correcto, para salvar vidas que a lo mejor no podremos salvar ? ¿No estaremos ante una realidad inevitable en la que nada podamos hacer ante la fuerza del virus?
Pero después de unos segundos abrí los ojos y encontré una respuesta a mis dudas. Estaba frente a mí Natalia, una de mis 4 razones para nunca rendirme. Sonreía y abrazaba a un elefante de peluche. Levantó los brazos para que la abrazara. Luego llegó mi güera y luego mi Joss.
También vi a mi alrededor. Estaba en Casa Jalisco, en donde la gente me puso para ser gobernador, estaba en el lugar en que siempre soñé estar. Dios había decidido que me tocara estar al frente de esta crisis en mi estado por alguna razón y entendí que no nos iba a dejar solos. No necesité más. Ni madres que nos vamos a rendir”.
Pasamos de pelearnos hasta con el Semáforo Federal e inventarnos la Fase Cero (otro ejemplo de los ridículos comunicacionales disfrazados de política pública que son paja pura) a cambiar de tema, de ser el gran luchador contra el virus a ser uno de los rezagados en porcentaje de vacunación.
¿Por qué?
Porque tal vez no nos hemos rendido, pero hemos perdido el rumbo y la necedad de decir que vamos a defender a Jalisco del mal trato del pacto fiscal o cualquier otro dislate propagandístico no nos va a sacar de este nudo cada vez más ciego ni va a vacunar a nadie.
Se necesita más proyecto, más ruta para Jalisco y menos épicas que no acaban por cuajar.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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