JALISCO
Arañas inmovilizadoras, extorsión y abuso privado
Agenda Política, por Alberto Tejeda //
En días pasados la mayoría de MC en el Ayuntamiento de Guadalajara junto con el PRI y el PAN votaron a favor de la propuesta para que en el municipio de Guadalajara se apliquen “arañas inmovilizadoras” a los vehículos mal estacionados o en zonas prohibidas, si bien es cierto que en Guadalajara aun existen automovilistas que incurren en la mala práctica de estacionarse en zonas prohibidas marcadas con línea amarilla o hasta en doble fila o obstruyendo cocheras, ante la falta de cultura vial de unos pocos lleva a que una gran mayoría quede expuesta ante los posibles abusos y excesos de la autoridad que le cede esta potestad a empresas particulares mediante concesiones.
Es cierto que el problema de la movilidad en Guadalajara es una constante y que los malos automovilistas contribuyen a eso que en medida se debe a la poca cultura vial y respeto que muestran en el día a día en el que la falta de empatía y respeto a terceros lleva a propiciar el caos por la falta de orden. Pero aun mas preocupante es que quien esta encargada de establecer parámetros claros en reglamentación no lo hace, porque en las ultimas administraciones hemos visto que todo problema vial se quiere solucionar con la construcción de ciclovías o instalando bolardos, claro obra pública y empresas privilegiadas con la concesión para instalar bolardos por toda la ciudad, por solo mencionar dos aspectos que involucran la movilidad.
Otro detalle preocupante entorno a las arañas inmovilizadoras es que se entendería que esta medida por demás abusiva sería implementada por el propio ayuntamiento de Guadalajara a través de su dirección de movilidad, pero no será así, ya que la instalación de estos dispositivos será llevada acabo por una empresa a la que se le asignará dicha tarea, de tal forma que la dirección de movilidad del municipio cede su responsabilidad y obligación a una empresa privada. Lo que vuelve a la dirección de movilidad del municipio cada vez más inútil, pero sobre todo cara con costo directo al municipio. Lo que también lleva a cuestionar si vale la pena que dicha dirección siga existiendo ante la necedad de querer privatizar los servicios públicos municipales, pero sobre todo en ceder responsabilidades y obligaciones.
Pareciera que siempre se privilegia los intereses económicos de empresas privadas que buscan hacer negocio con dinero público, por encima de los intereses y calidad de vida de los ciudadanos, encontrando en determinados gobiernos la forma de llevar a cabo sus negocios a costa de los ciudadanos. Antes de buscar como perjudicar a los ciudadanos con ocurrencias, preocupante la insistencia del municipio en querer privatizar y ceder servicios a empresas privadas pero además pagando sumas millonarias con concesiones de explotación de determinados servicios por décadas, como sucede con el tema de la recolección de la basura, que debería de ser un servicio que preste el municipio y sin embargo lo presta una empresa privada a la que además se le paga una suma millonaria con una concesión por décadas.
Es importante que antes de buscar castigar y cobrar al ciudadano se debería de garantizar la seguridad de quienes utilizamos las calles, porque los asaltos son una constante en la mayoría de los casos de forma violenta, siendo el Centro Histórico y la Colonia Americana (la colonia más cool según presumen algunos), las colonias que concentran los mayores índices de inseguridad y violencia, donde no solo se da asalto a transeúntes, donde además de intentar caminar en sus oscuras calles resulta peligroso al ser expuestos a un asalto, pero además a estacionar en las calles que parece que son propiedad de los “viene viene” que cobran lo que quieren por poder hacer uso de un espacio público, sin que la autoridad quiera hacer algo para terminar con este problema, permitiendo que estas personas se apropien de un espacio publico y cobren por su uso, a quien se resista a pagar lo exigido como represalia se le daña su vehículo o peor son amenazados o agredidos físicamente.
Todo esto también implica el inminente riesgo del robo de auto partes que es otro gran problema en la ciudad y que la autoridad ha sido incapaz de frenar, eso sí, se cobra por parquímetros y ahora se sanciona con arañas inmovilizadoras, pero no se garantiza la seguridad de nuestro patrimonio ni nuestra seguridad.
Los inmovilizadores no solo resultan una ocurrencia, sino además un negocio para una empresa privada, preocupante la insensibilidad del gobierno para con los ciudadanos, pero además la insistencia de desmantelar las direcciones municipales para privilegiar empresas privadas.
– Por Mario Ávila
En gira de trabajo por la Ciudad de México, el mandatario jalisciense, Jesús Pablo Lemus Navarro, visitó al titular de la Secretaria de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch.
Sobre el encuentro, el gobernador de Jalisco publicó una fotografía en sus redes sociales y mencionó: «Agradezco al Secretario Omar García Harfuch, la reunión de trabajo por la seguridad de nuestro querido Jalisco; hemos logrado en equipo muy buenos resultados y vamos a trabajar aún más para seguir mejorando la seguridad de nuestras familias».
Y agregó: «Sin duda, el secretario Omar tiene un enorme cariño y compromiso con Jalisco. La seguridad no tiene colores, ni partido, tenemos una alta responsabilidad que cumplimos con amor a México».
Los encuentros entre estos dos funcionarios del nivel estatal y federal, serán cada vez más frecuentes, en virtud de que ya ha iniciado una revisión permanente en materia de seguridad pública, particularmente porque Jalisco, junto con Nuevo León y la CDMX, es una de las tres sedes que albergarán los partidos del Mundial de Fútbol 2026.
- – Por Francisco Junco
El auditor superior del Estado de Jalisco, Jorge Ortiz Ramírez, enfrenta serias críticas por negarse a entregar información requerida por la Unidad de Vigilancia del Congreso local, particularmente sobre nombramientos y trabajadores de la Auditoría Superior del Estado.
Desde hace meses, Jorge Ortiz ha rechazado los oficios y solicitudes formales, lo que ha encendido las alertas en el Poder Legislativo.
La situación cobra relevancia porque la Auditoría Superior también está sujeta a un Órgano Interno de Control, que en este caso corresponde a la Unidad de Vigilancia del Congreso, cuyas facultades están establecidas en la Constitución de Jalisco.
Sin embargo, Ortiz Ramírez ha desconocido en los hechos dicha autoridad, manteniendo a la Auditoría en un esquema que los diputados locales califican de “opaco” y contrario a la lógica de transparencia que promovió el Sistema Estatal Anticorrupción.
El diputado morenista Alberto Alfaro aseguró que la Unidad de Vigilancia, encabezada por David Ocampo, ya emitió un ultimátum contra el auditor. “Ha hecho caso omiso a todo, al día de hoy, el titular de la unidad ya le mandó un ultimátum. Y si no, ya se le va a abrir un proceso. Es el auditor que no quiere ser auditado”, señaló.
El legislador apuntó que Ortiz Ramírez ha evadido su obligación de rendir cuentas, al responder que la Unidad no tiene facultades para supervisarlo, cuando la ley establece lo contrario.
Alberto Alfaro cuestionó los resultados de la gestión de Jorge Ortiz, asegurando que la mayoría de las cuentas públicas han pasado “rechinando de limpio” sin sanciones a responsables.
“Yo pregunto, ¿se ha visto que el auditor haya sancionado a alguien?, la respuesta es que no”, concluyó.
– Por Francisco Junco
La Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) en Jalisco y el Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco (IJAJ) firmaron un convenio de colaboración con el propósito de acercar los servicios de mediación a la población, principalmente en materia laboral, pero también en ámbitos civil y familiar.
El secretario general de la CROM en el estado, Alejandro García Hernández, explicó que el acuerdo permitirá capacitar a 55 integrantes de la organización sindical en técnicas de mediación.
Con ello, se busca que las instalaciones de la CROM se certifiquen como un centro de mediación, convirtiéndose en el segundo espacio de este tipo en el país, luego del que ya funciona en el Estado de México.
“Esta firma es sumamente importante para todos los afiliados, es darle una solución a problemas mediáticos y no mediáticos, es para poder acceder para que el día de mañana aquí sea un centro de mediación y podamos llevar a cabo cualquier situación”, afirmó García Hernández, al destacar que la intención es resolver conflictos sin necesidad de acudir a los tribunales.
Por su parte, el director del IJAJ, Guillermo Zepeda Lecuona, destacó que la mediación es una herramienta clave para resolver conflictos de manera más ágil y humana.
“El método alterno de la mediación tiene la gran relevancia de que por mucho tiempo hemos dejado los conflictos en manos de los abogados, y solamente el 40% tiene que ver con las leyes; el otro 60% está relacionado con las necesidades y emociones de las personas”, señaló.
Zepeda Lecuona subrayó que la importancia de este convenio radica en que son los mismos involucrados quienes alcanzan los acuerdos, lo que contribuye a generar soluciones duraderas y a mejorar la convivencia laboral y social. Con esta alianza, Jalisco da un paso hacia la consolidación de mecanismos de justicia más cercanos, prácticos y centrados en las personas.
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