OPINIÓN
Atentó contra la dignidad de Jiménez Espriú: La gran mentira de AMLO hirió la dignidad portuaria
Comuna México, por Benjamín Mora //
La maduración psicológica y el desarrollo espiritual hacen que la persona tome consciencia de sus palabras y acciones, aceptando la realidad de uno mismo ante los demás, de manera que podemos descubrir y asumir el verdadero sentido de nuestra existencia.
Durante los días de campaña electoral por la Presidencia de la República, alguien cercano a Andrés Manuel López Obrador, lo video grabó aceptando al engaño que conmueve al pueblo como parte de su estrategia política para acceder al cargo que deseaba. Este video se subió a internet y ahí muchos lo conocimos. Hoy, la misma estrategia de mentira y engaño es la que López Obrador utiliza para ampliar las dádivas a las fuerzas castrenses y ganar sus lealtades.
La determinación del Presidente Andrés Manuel López Obrador de entregar la administración portuaria a la Secretaría de Marina la pudo hacer sin necesidad de mentir ni atentar en contra de la dignidad del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, del director general de Puertos y Marina Mercante, Héctor López Gutiérrez, y de los cientos de trabajadores portuarios de todo México, pero no, lo hizo con saña, desde la mentira y la difamación, con la voluntad consciente de engañar al pueblo, de desprestigiar a su propia gente y desde lo más profundo de su inclinación demagógica.
López Obrador sabe, pues fue ampliamente informado por el propio ingeniero Jiménez Espriú, que las Administraciones Portuarias Integrales (APIs) no son responsables ni intervienen en la importación de absolutamente nada por los puertos que administran, y menos, son responsables del contrabando y la introducción ilegal droga al país, en especial desde China, y aun así lo señaló y usó de escudo a su falta de probidad y honor desde Manzanillo al anunciar que los puertos y las aduanas marítimas pasaban a la administración de la Secretaría de Marina. López Obrador engaña en ésta y en la mayoría de sus decisiones presidenciales de gran alcance como lo hizo en el caso del aeropuerto en Texcoco y la cervecera en Baja California. Es incapaz de asumir la responsabilidad total de sus actos; siempre encuentra a quién culpar y, entre ellos, su preferido es el pueblo bueno y sabio.
López Obrador vive en una realidad paralela; vive en su propia realidad: única e irrepetible, irracional e irreconocible, y siempre irreconciliable. Ordenó la liberación de Ovidio Guzmán en Culiacán sabiendo que él es responsable de gran parte del trasiego de droga de México hacia Estados Unidos, en contra de quien hay una solicitud de extradición por el gobierno norteamericano, violentando los términos del tratado de la materia entre los dos gobiernos y ahora, con esta decisión anti portuaria, se da baños de pureza y dignidad, y se asume como paladín en el combate al contrabando de enervantes. No quiero pecar de indiscreto, pero a qué cartel de la droga le corresponde el contrabando desde Oriente y qué interés podrían tener los Guzmán. López Obrador lamentó la condena judicial de Joaquín “El Chapo” Guzmán para terminar su vida en un encierro total por sus crímenes demostrados y acreditados en contra del pueblo norteamericano. López Obrador, quien pide abrazos y no balazos en contra de los criminales, no tuvo misericordia hacia Javier Jiménez Espriú, Héctor López Gutiérrez y cientos de buenos trabajadores y trabajadoras que allanan caminos al buen comercio de México con el mundo; solo la tiene hacia los Guzmán.
No sé si López Obrador tenga una idea clara de los daños psicológicos que acarrean sus mentiras, pero es evidente que tampoco comprende la trascendencia de la verdad. Finge ser un hombre bueno, impoluto y probo cada mañana en medio de una gran hipocresía, separándose de quienes lo evidencian, llamándolos de mil maneras denigrantes, con la misma la irreflexión con que acusó de ser cómplice permisivo del narcotráfico a Jiménez Espriú y López Gutiérrez desde Manzanillo, Colima, ante los medios y excluyendo de su cónclave a los acusados.
Su ego es gigante. Primero está él y luego está él mismo, y nadie está a su lado en igualdad de dignidad. Teme al rechazo y por ello tardó en aceptar la renuncia de don Javier Jiménez Espriú. ¡Vaya calaña de señor! Este jueves pasado, al aceptar la renuncia de don Javier, López Obrador, se quiso justificar y grabó un video lastimoso. Pretendió racionalizar las causas de la renuncia digna y de gran hombría del ingeniero Javier Jiménez Espriú, a través de un mecanismo de defensa que claramente esconde los trastornos del pensamiento lópezobradorista como son la confabulación, la mitomanía y la pseudología fantástica, íntimamente relacionados con el funcionamiento de un deseo de construir la memoria colectica autobiográfica que le haga trascender en la historia, mintiendo para encubrir rasgos de sí mismo y de su vida que no quiere aceptar.
Insistió, en el video, que en los puertos hay corrupción y que a través de ellos entra contrabando y droga por lo que no basta con una buena administración de ellos, sino que se requiere de seguridad y protección, y por ello entra la Secretaría de Marina, es decir, volvió a echar la culpa a Jiménez Espriú de todo, castigando su buen nombre e imagen. Lo que faltó decir es que, la propia Marina Armada de México es quien ya vigila la seguridad de los puertos y que bastaba con fortalecer tal responsabilidad para lograr lo deseado sin violar el espíritu de la Carta Magna respecto de las fuerzas armadas.
Hoy, en el video, López Obrador demonizó una vez más a su secretario de Comunicaciones y Transportes desde la falsedad al declararlo permisivo en el contrabando y el trasiego de la droga por los puertos de México. López Obrador rompió así con los límites de lealtad hacia los suyos cuando los suyos han sido probos y honestos. López Obrador no fue así de grosero con Manuel Bartlett Díaz cuando se le acusó de falsear su declaración patrimonial.
Este es a quién Nathaniel Parish Flannery califica de demagogo incompetente en su artículo “President López Obrador is Failing México” y en el que lee “Constantly antagonizing and demonizing his political rivals and his critics in the media” (Constantemente antagonizando y demonizando a sus rivales políticos y sus críticos en los medios), publicado en Forbes el 1 de julio de 2020. Grave acusación: ¡DEMONIZANDO!
Nos enfrentamos ante un mentiroso consciente en una realidad que no puede ni quiere asumir y que busca anular la inteligencia social e inducir a la fantasía colectiva. Tenemos por delante, muchos días de engaños y desengaños. De peligros crecientes.
E-mail: benja_mora@yahoo.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
Jalisco amplía protocolo de choques lamineros para agilizar tránsito y reducir riesgos
Lanzan «Presente Profe», plataforma para que docentes se apoyen entre sí
Jóvenes de Zapopan usarán TikTok para dar la batalla contra la corrupción
Evalúan a Gerardo Quirino como el mejor alcalde de Jalisco: «El compromiso es con la gente»
