OPINIÓN
Cambio prometido o gobierno comprometido
Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //
Jalisco cierra el año 2019 sin avances prometidos ni obligados, las circunstancias de ejercicio gubernamental no han sido de óptima eficacia, el Estado no ha podido en el transcurso de un año generar condiciones sociales y políticas públicas que respondan a su labor gubernamental, situaciones de violencia, inseguridad, crisis sanitarias, aunadas a una nula efectividad de las políticas públicas en materia de seguridad, más una guerra pasiva agresiva con el gobierno federal misma que ha permitido una oportuna justificación de las fallas bajo el argumento de tener un escaso y rebajado presupuesto federal, han marcado un año poco favorable para los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y los municipios, la realidad es que no consiguieron darnos estabilidad, certeza, seguridad.
El Poder Ejecutivo bajo el liderazgo de Enrique Alfaro Ramírez, encargado de ejercer y administrar las políticas públicas, la administración pública y la gobernabilidad del Estado de Jalisco durante los últimos 365 días, ha sido duramente criticado por su actuar indiferente hacia la crisis de dengue y las responsabilidades de los servidores públicos involucrados.
De la misma manera en el contexto de la seguridad del Estado se ha señalado de manera continua a la Fiscalía del Estado de Jalisco donde tampoco han rodado cabezas de quienes tienen a su cargo la seguridad del Estado, considerada otra de nuestras crisis por la cantidad de fosas clandestinas con restos humanos encontradas, siendo uno de los temas más delicados de la gobernanza de la entidad y de la que no hemos tenido tregua, al igual que en materia de feminicidios, violencia e inseguridad extrema en Jalisco.
El Poder Legislativo encargado de legislar, fiscalizar y normar en favor de la sociedad, tampoco ha sido un Congreso de participación proactiva, su mayoría naranja se convirtió en una cómoda extensión de brazo articulado con evidentes consecuencia favorables al poder ejecutivo, cuando la esencia de los legisladores es la de ser el contrapeso y la fiscalización del Ejecutivo, por lo que en este año 2019 solo hemos podido observar en materia legislativa situaciones inapreciables o propias de aumentos para efectos recaudación y un intensa campaña en materia de refundación para la socialización de una nueva constitución en el Estado de Jalisco que corresponde a la consolidación de un trofeo político innecesario y poco viable.
El Poder Judicial encargado de procurar la justicia, durante el año ha sido criticado duramente por el poder ejecutivo, en busca de acabar con la corrupción de jueces y magistrados que evidentemente hacen daño a la sociedad, causando falta de certeza judicial a través de la corrupción y la parcialidad de los miembros del poder judicial, el ataque fue mediante una reforma judicial de altas expectativas para el desarme político, siendo lo máximo que este año ha enfrentado el poder judicial del Estado de Jalisco, existió una guerra mediática de poderes expuesta en los medios, cuya finalidad es de alcances políticos y acomodo de grupos de poder al interior de la judicatura debido a que está consolidada por las oposiciones del partido en el poder, por lo en realidad solo se expuso a la judicatura con un discurso de forma en contra de la corrupción, pero de fondo es sólo un asunto político de posicionamiento.
En este contexto, los municipios encargados de las políticas públicas del primer círculo donde habitamos, previenen las situaciones de riesgo en nuestras colonias y los servicios públicos de nuestro municipio, sin embargo en materia de seguridad y como abono a la ineficaz participación en materia de seguridad de las instituciones encargadas a nivel estatal, han proporcionado deficiente trabajo en prevención y seguridad pública; la seguridad de los ciudadanos es un rubro de gobernabilidad obligatorio para las autoridades de todos los niveles a garantizar, pero Jalisco y sus municipios están claramente reprobados, no existe la transversalidad de colaboración y capacidad para enfrentar el grave problema de inseguridad y violencia que vivimos y es la percepción general que tienen la mayoría de los ciudadanos en todos los municipios por lo tanto en el Estado.
En conclusión el 2019 ha sido un año sumamente político y nulo en materia social, ha prevalecido la confrontación política entre poderes y gobiernos, para posicionarse en las entidades bajo argumentos sociales y disimulos gubernamentales, nuestra realidad es política de percepción y no trabajo gubernamental, acusación y pretexto presupuestal es lo que existe, en el fondo la intención de los poderes y de los municipios no es la lucha real contra la corrupción, la impunidad, la violencia, la inseguridad, el combate sigue siendo entre adversarios políticos y posicionamiento; el primer año de un cambio originado en el hartazgo y el sometimiento social del que nuestros políticos, gobierno y autoridades pareciera no han interpretado correctamente, esperemos que el próximo año consideren acciones reales sin tanto grito falso, ojalá logren hacer un balance de este año lo suficientemente autocrítico para comprender las necesidades de la sociedad y los requerimientos inmediatos que son producto del hartazgo y el enojo social, somos observadores en plena evaluación.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
