Cambio prometido o gobierno comprometido

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

Jalisco cierra el año 2019 sin avances prometidos ni obligados, las circunstancias de ejercicio gubernamental no han sido de óptima eficacia, el Estado no ha podido en el transcurso de un año generar condiciones sociales y políticas públicas que respondan a su labor gubernamental, situaciones de violencia, inseguridad, crisis sanitarias, aunadas a una nula efectividad de las políticas públicas en materia de seguridad, más una guerra pasiva agresiva con el gobierno federal misma que ha permitido una oportuna justificación de las fallas bajo el argumento de tener un escaso y rebajado presupuesto federal, han marcado un año poco favorable para los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y los municipios, la realidad es que no consiguieron darnos estabilidad, certeza, seguridad.

El Poder Ejecutivo bajo el liderazgo de Enrique Alfaro Ramírez, encargado de ejercer y administrar las políticas públicas, la administración pública y la gobernabilidad del Estado de Jalisco durante los últimos 365 días, ha sido duramente criticado por su actuar indiferente hacia la crisis de dengue y las responsabilidades de los servidores públicos involucrados.

De la misma manera en el contexto de la seguridad del Estado se ha señalado de manera continua a la Fiscalía del Estado de Jalisco donde tampoco han rodado cabezas de quienes tienen a su cargo la seguridad del Estado, considerada otra de nuestras crisis por la cantidad de fosas clandestinas con restos humanos encontradas, siendo uno de los temas más delicados de la gobernanza de la entidad y de la que no hemos tenido tregua, al igual que en materia de feminicidios, violencia e inseguridad extrema en Jalisco.

El Poder Legislativo encargado de legislar, fiscalizar y normar en favor de la sociedad, tampoco ha sido un Congreso de participación proactiva, su mayoría naranja se convirtió en una cómoda extensión de brazo articulado con evidentes consecuencia favorables al poder ejecutivo, cuando la esencia de los legisladores es la de ser el contrapeso y la fiscalización del Ejecutivo, por lo que en este año 2019 solo hemos podido observar en materia legislativa situaciones inapreciables o propias de aumentos para efectos recaudación y un intensa campaña en materia de refundación para la socialización de una nueva constitución en el Estado de Jalisco que corresponde a la consolidación de un trofeo político innecesario y poco viable.

El Poder Judicial encargado de procurar la justicia, durante el año ha sido criticado duramente por el poder ejecutivo, en busca de acabar con la corrupción de jueces y magistrados que evidentemente hacen daño a la sociedad, causando falta de certeza judicial a través de la corrupción y la parcialidad de los miembros del poder judicial, el ataque fue mediante una reforma judicial de altas expectativas para el desarme político, siendo lo máximo que este año ha enfrentado el poder judicial del Estado de Jalisco, existió una guerra mediática de poderes expuesta en los medios, cuya finalidad es de alcances políticos y acomodo de grupos de poder al interior de la judicatura debido a que está consolidada por las oposiciones del partido en el poder, por lo en realidad solo se expuso a la judicatura con un discurso de forma en contra de la corrupción, pero de fondo es sólo un asunto político de posicionamiento.

En este contexto, los municipios encargados de las políticas públicas del primer círculo donde habitamos, previenen las situaciones de riesgo en nuestras colonias y los servicios públicos de nuestro municipio, sin embargo en materia de seguridad y como abono a la ineficaz participación en materia de seguridad de las instituciones encargadas a nivel estatal, han proporcionado deficiente trabajo en prevención y seguridad pública; la seguridad de los ciudadanos es un rubro de gobernabilidad obligatorio para las autoridades de todos los niveles a garantizar, pero Jalisco y sus municipios están claramente reprobados, no existe la transversalidad de colaboración y capacidad para enfrentar el grave problema de inseguridad y violencia que vivimos y es la percepción general que tienen la mayoría de los ciudadanos en todos los municipios por lo tanto en el Estado.

En conclusión el 2019 ha sido un año sumamente político y nulo en materia social, ha prevalecido la confrontación política entre poderes y gobiernos, para posicionarse en las entidades bajo argumentos sociales y disimulos gubernamentales, nuestra realidad es política de percepción y no trabajo gubernamental, acusación y pretexto presupuestal es lo que existe, en el fondo la intención de los poderes y de los municipios no es la lucha real contra la corrupción, la impunidad, la violencia, la inseguridad, el combate sigue siendo entre adversarios políticos y posicionamiento; el primer año de un cambio originado en el hartazgo y el sometimiento social del que nuestros políticos, gobierno y autoridades pareciera no han interpretado correctamente, esperemos que el próximo año consideren acciones reales sin tanto grito falso, ojalá logren hacer un balance de este año lo suficientemente autocrítico para comprender las necesidades de la sociedad y los requerimientos inmediatos que son producto del hartazgo y el enojo social, somos observadores en plena evaluación.