Opinión, por Víctor Hugo Celaya

México está perdiendo su ganadería. No es una frase alarmista; es un diagnóstico que duele porque toca una de las actividades más antiguas y arraigadas de nuestra identidad rural.

En estados como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Jalisco, Veracruz, Tabasco y Zacatecas, donde el ganado ha sido sinónimo de trabajo, cultura y orgullo, hoy se vive una crisis existencial que amenaza la seguridad alimentaria nacional.

El 70 % de las unidades de producción son pequeñas o familiares, con hatos que rara vez superan las 30 cabezas. Carecen de economías de escala, infraestructura, asistencia técnica y acceso real al crédito.

Mejorar genética, subir índices de parición o simplemente sobrevivir se volvió imposible. En las zonas áridas del norte, las sequías más severas de los últimos treinta años han vaciado presas, acabado el pasto y obligado a miles de rancheros a vender o sacrificar vientres de cría.

Cada animal que se va es una pérdida genética que tardará décadas en recuperarse. A eso se suma el golpe de los insumos. México importa más del 60 % del maíz amarillo y casi toda la soya que consume la industria pecuaria.

Desde 2021, el precio de estos granos subió entre 40 % y 50 %, según datos de la Unión Nacional de Productores de Leche y Carne. El margen de ganancia desapareció; muchos productores hoy trabajan para pagar alimento y diesel.

El resurgimiento del gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax) fue el golpe de gracia sanitario. México lo había erradicado hace más de 60 años con un programa binacional ejemplar.

Su regreso, asociado a ganado centroamericano mal inspeccionado, degradó el estatus sanitario de regiones enteras. Estados Unidos cerró la frontera a ganado vivo del sur y sureste, dejando sin mercado a miles de pequeños exportadores.

Recuperar ese estatus cuesta cientos de millones de pesos que hoy simplemente no existen: los recortes federales desmantelaron campañas de sanidad y dejaron a los Comités Estatales de Fomento y Protección Pecuaria sin presupuesto.

En el mercado interno la competencia es brutal y desleal. Carne brasileña y argentina, muchas veces subsidiada o producida con estándares ambientales y laborales más laxos, entra a precios de dumping.

El engordador mexicano paga alimento en dólares, salarios en pesos y compite contra producto que llega 20-30 % más barato. El “superpeso” que tanto celebra el gobierno federal es, paradójicamente, otro torniquete: encarece los granos importados y abarata la carne extranjera.

La industria de engorda concentrada en el norte tiene plantas TIF de primer mundo y reconocimiento internacional, pero opera al límite.

Sonora, que en 1969 dio al país el primer programa estatal de engorda y clasificación de carnes (impulsado por Alfonso Reyna Celaya), hoy ve cerrar corrales que hace medio siglo exportaban con orgullo a Estados Unidos y Japón.

El contraste entre aquella visión pionera y la actual lucha por la supervivencia es desgarrador.

La crisis climática agrava todo. Las cuencas hidrográficas están en rojo; los bancos de forraje comunitarios desaparecieron. Sin agua ni pasto, el inventario nacional puede tardar lustros en recuperarse.

Y mientras tanto, el gobierno eliminó o redujo drásticamente los programas de repoblamiento, capacitación y seguro ganadero.

El modelo actual subsidia indirectamente al productor extranjero y condena al mexicano. Cada kilo de carne que importamos es un empleo rural que se pierde, una familia que migra y un pedazo de soberanía alimentaria que se evapora.

El camino de regreso (y no hay tiempo que perder)

1. Blindaje sanitario inmediato. Trazabilidad digital obligatoria desde el rancho hasta la TIF (arete SINIIGA vinculante y auditado). Cierre real de fronteras al ganado centroamericano sin doble inspección. Inversión masiva en laboratorios y campañas de erradicación.

2. Competencia leal. Crear un Observatorio de Competitividad Ganadera que detecte subsidios ocultos y active salvaguardas automáticas cuando la importación cause daño grave. La Secretaría de Economía debe tener dientes, no solo discursos.

3. Financiamiento real y urgente. Reactivar un Fondo Nacional de Fomento Ganadero con crédito blando de avío y refaccionario, tasas del 4-6 %, plazos de 10-15 años y garantías líquidas. Seguro climático obligatorio y bancos comunitarios de forraje y agua.

4. Valor agregado y diferenciación. Incentivos fiscales para nuevas plantas TIF regionales y creación de marcas colectivas de origen (“Carne Sonora”, “Carne de la Comarca Lagunera”, “Carne de los Altos de Jalisco”) que cobren premium en Japón, Corea, China y Europa.

5. Ganadería verde y regenerativa. Subsidiar la transición a silvopastoreo y pastoreo rotacional intensivo que capture carbono, regenere suelos y posicione a México como proveedor de carne carbono-neutral.

6. Planeación de Estado. Reinstalar el Consejo Nacional Ganadero como órgano autónomo y vinculante. Lanzar un Plan Nacional de Desarrollo Ganadero 2025-2040 con metas claras, presupuesto etiquetado y diplomacia agroalimentaria agresiva.

Sin estas medidas, el futuro es claro y sombrío: más importaciones, menos ranchos, mayor dependencia y pérdida irreversible de capacidad productiva.

La ganadería mexicana no pide caridad ni subsidios eternos. Pide reglas claras, inversión estratégica y competencia justa. Porque si seguimos así, muy pronto los únicos que recordarán que México fue alguna vez autosuficiente en carne serán los libros de historia… y los miles de ranchos convertidos en desiertos silenciosos.

De primera mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín

El acoso sufrido por la presidenta Sheinbaum por parte de un individuo en el Centro Histórico de la Ciudad de México se suma a la actitud de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes derrumbaron las vallas que protegían a la mandataria en un acto público.

A ello se agregan los antecedentes de figuras de Morena como Adán Augusto López y Ricardo Monreal, quienes en su momento, y en contraste con Palacio Nacional, obedecieron órdenes de López Obrador. Ahora, para rematar, el propio expresidente iniciará un recorrido por los estados del país, lo que —en una primera interpretación— representa una falta de respeto a la mandataria por la competencia política que generará.

No solo eso. Los actos públicos de las giras de la presidenta se han distinguido por la presencia de grupos de inconformes que se “cuelan” para gritarle toda clase de improperios. Esto último ha obligado a líderes morenistas —como Luisa María Alcalde y Sergio Gutiérrez Luna— a salir a redes sociales y acusar directamente a la oposición de organizar estos ataques contra la presidenta Sheinbaum.

Sin duda, el momento es mucho más complicado. El asesinato de Carlos Manzo en Uruapan, aunado al homicidio de siete alcaldes más en Michoacán y de líderes empresariales, ha provocado un hartazgo ya inocultable a lo largo y ancho del país.

Y el crimen no se detiene. Este domingo fue asesinado el expresidente municipal de Zongolica, Veracruz, y líder campesino Juan Carlos Mezhua Campos. Sus paisanos condenan fuertemente a la gobernadora Rocío Nahle, a quien señalan por una administración inútil y con pésimos resultados.

Es una pena admitirlo, pero la Presidencia de la República había sido una institución respetada por el pueblo de México. Podías no estar de acuerdo con el presidente en turno, pero su presencia en cualquier acto público y en cualquier parte del país solía ser vista con respeto.

Hoy, esa cultura ha cambiado radicalmente. La presidenta Sheinbaum cada día es más señalada e incluso atacada en eventos públicos, y eso es muy grave. Se trata de la jefa de Estado, quien merece ser tratada con todo el respeto que exige su investidura.

Pues a partir de este día veremos de qué están hechos los productores agrícolas de México y la Unión Nacional de Transportistas, quienes llevarán a cabo un paro nacional ante la frialdad e indiferencia manifestada por el gobierno federal: desde la presidenta de la República hasta funcionarios del gabinete, comenzando por Julio Berdegué, titular de la SADER. Desde hace días han anunciado que “estrangularán” las carreteras, impidiendo el movimiento de cualquier unidad dedicada al traslado de alimentos; mientras tanto, los transportistas se han unido y prometen tomar las aduanas como medida de presión para ser escuchados.

Baltazar Valdez, vocero de la Unión de Campesinos de Sinaloa, afirmó que están dispuestos a todo porque están cansados. Exigen desde hace meses un mejor precio de garantía para el maíz y otros productos. Por su parte, los propietarios y operadores del transporte están hartos de arriesgar su vida en las carreteras del país, consideradas entre las más inseguras del mundo.

Ayer, en una reunión con los líderes de este movimiento, Leonel Godoy, subsecretario de Agricultura, fue expulsado ante su insistencia en desestimar las exigencias de los hombres del campo. Si efectivamente llevan a cabo esta acción, tan solo en el occidente de México —incluidos Michoacán, Jalisco y Guanajuato—, el caos será de enormes proporciones.

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco

Un sonido mínimo, casi ridículo, rompió la solemnidad del Congreso: clinc. Una moneda de 50 centavos rodó sobre el escritorio del secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor. No era limosna ni accidente: era mensaje. La diputada Itzul Barrera la arrojó como quien deja evidencia en la escena del crimen. Y, créame usted, la escena era perfecta: público cautivo, cámaras, discursos de papel… y un funcionario intentando sonreír mientras el cobre se detenía frente a él, convertido en acusación.

El funcionario llegó al recinto vestido con los modales de siempre: voz pausada, discursos barnizados de tecnicismos, gráficos luminosos sobre inversiones, líneas de tren y promesas de modernidad. Pero la realidad —esa que no cabe en un PowerPoint— lo alcanzó antes de que pudiera acomodarse detrás del estrado.

La primera ráfaga vino con un objeto tan pequeño como revelador: una moneda de 50 centavos. Ese vuelto que las alcancías de los camiones no regresan y que terminó convertido en metáfora —y evidencia— de un desfalco hormiga, diario, institucionalizado. Itzul Barrera no solo lo señaló; se lo lanzó al funcionario en pleno. Y el sonido metálico de la moneda golpeando la madera del escritorio dijo más que cualquier discurso.

Monraz se justificó con frases aprendidas: “el tamaño de las alcancías”, “es un recurso de los transportistas”, “no lo administra la Setran”. Pero las bancadas saben —como sabe cualquiera que haya pagado un camión en esta ciudad— que ese dinero perdido no desaparece por arte de magia. La ruta del centavo conduce a una recaudación paralela que nadie supervisa y que, por años, el gobierno ha permitido como si se tratara de una costumbre inocua.

Bastaron unos minutos para que los diputados comenzaran a desfilar como una pequeña brigada inquisitorial, cada uno cargando su carpeta: fallas en el transporte público, subsidios opacos, rutas fantasmas en Tlajomulco, unidades viejas en Puerto Vallarta, alcancías que no regresan cambio “por diseño”, conectividad inexistente en colonias enteras, el invencible cártel de las grúas pirata y, para cerrar el menú, la privatización silenciosa de depósitos vehiculares.

El secretario, fiel a su manual de retórica defensiva, ofreció lo habitual: “auditorías en curso”, “procesos de mejora”, “compra de unidades”, “próxima apertura de la Línea 4”. Mientras hablaba de modernidad, los diputados relataban escenas que no necesitan guionistas: madres esperando una hora bajo el sol para un camión que jamás llega; usuarios pagando $10 para un servicio que cuesta $9.50 y que nadie piensa devolverles; circular por Macrobús como quien aborda un vagón en hora pico del DF en los setenta; rutas periféricas que existen solo en los folletos.

El comal y la olla: discursos impecables de funcionarios públicos desde la camioneta blindada; ciudadanos colgándose del último barandal disponible.

Pero la radiografía completa no se queda en lo visible. En el subsuelo político se agita un viejo engranaje: el negocio de los depósitos vehiculares. Rafael Orendain Parra, secretario de Administración, llegó al pleno listo para defender la privatización como si se tratara de una misión patriótica. Habló de “transparencia”, “vigilancia”, “licitaciones”, “ahorros”. Las palabras correctas, la música correcta.

La oposición, mientras tanto, desenrolló otra partitura: predios gigantes sin supervisión, manejos discrecionales, tarifas infladas, un modelo que —según dijeron— ya exhibe las huellas de prácticas que en otras épocas hubieran servido para financiar campañas o premios de lealtad política.

Orendain respondió con la cantaleta institucional: “Todo está dentro de la ley”. Y así, entre dos funcionarios, quedó retratada la esencia de la administración: uno incapaz de frenar los abusos; otro blindando el negocio.

No sería la primera vez que un depósito vehicular funcione como caja negra de época electoral. En México, los negocios “administrativos” suelen ser más patrióticos que cualquier desfile. Mientras tanto, el ejército paralelo de las grúas pirata sigue operando con una eficacia que ya quisiera la Fiscalía de Jalisco: levantan, cobran, trasladan, negocian, desaparecen. Monraz prometió una auditoría que “nos va a servir mucho”. Dijo “nos”, no “les”. Y ahí, querido lector, se marca la línea entre la preocupación pública y la comodidad privada, es decir: el negocio primero.

En este teatro de sombras, la ciudadanía aparece apenas como público resignado: quienes tienen que atravesar media metrópoli en rutas que tardan más que un juicio laboral; quienes suben a unidades que dejaron de ser nuevas en el sexenio de Emilio González; quienes nunca han recibido un solo peso de cambio… pero han puesto millones en esa alcancía kafkiana.

Lo revelador no es el medio peso. Es lo que el medio peso demuestra: un sistema que normalizó el abuso, lo repitió, lo pulió y lo convirtió en política fiscal no escrita. Como me confió un viejo líder transportista, allá por los años noventa: “En Jalisco el camión nunca pierde. El usuario siempre”.

Diego Monraz salió del recinto con paso firme, como quien sobrevive una emboscada ligera. Dijo que todo avanza, que todo mejora, que todo está en orden. Las frases que suelen pronunciarse antes de cada colapso. Y mientras el funcionario se alejaba, la moneda seguía allí, muda y brillante, recordándonos lo obvio: el desorden siempre empieza por lo pequeño.

En esta glosa quedó clarísimo: el transporte público en Jalisco no está roto. Está administrado para funcionar mal. Y mientras eso no cambie, los 50 centavos seguirán desapareciendo, los camiones seguirán llegando tarde y los funcionarios seguirán defendiendo un sistema que ellos mismos jamás usan.

Esa, lector, es la verdadera ruta crítica. Y no hay transbordo posible.

En X: @DEPACHECOS