OPINIÓN
Carlos Lomelí catapulta a Morena en Jalisco
Agenda Política, por Alberto Tejeda //
Cada vez son mas constantes las diversas encuestas aplicadas en Jalisco por distintas empresas y todas coinciden en tres principales aspectos. El primero que Movimiento Ciudadano ha ido cayendo en la preferencia de la ciudadanía, la segunda que MORENA ha crecido en preferencia y la tercera que existe un factor que ha sido importante para que esto suceda, la oposición que ha sido Carlos Lomelí, el único personaje de MORENA en Jalisco que ha alzado la voz para denunciar actos de corrupción, abuso de autoridad y excesos.
Además, Carlos Lomelí es el único personaje que a la par de su labor como coordinador del grupo edilicio de MORENA en el Ayuntamiento de Guadalajara, es quien ha recorrido todos los municipios del estado. Pero también ha buscado en esta lógica la unidad de todas y todos los morenistas en los distintos municipios, los resultados son evidentes y se reflejan en las encuestas.
Pero vamos por partes, los factores que han provocado que movimiento ciudadano caiga en las preferencias de la gente se debe a distintas razones, queda claro que el gobernar desgasta de forma natural, pero también es cierto que movimiento ciudadano, los funcionarios gobernantes y autoridades emanadas de dicho partido han acelerado de forma increíble este desgaste, provocado principalmente por su trato con la gente, los excesos, malas decisiones de gobierno que impactan en mala calidad de vida de las familias, pero en algunos casos denuncias por abuso de poder, abuso y acoso sexual.
Lo peor viene cuando se denuncian y evidencian estos casos pues la respuesta siempre es la soberbia de sentirse protegidos por el poder que les otorga protección e impunidad. Sumemos a todo esto la pésima calidad en los servicios públicos, el incremento de la inseguridad, pero además la evidente complicidad de las autoridades con empresas a las que concesionan servicios públicos por los que se termina pagando un sobre precio, pero además dichas empresas no cumplen con prestar dichos servicios. Pero también cediendo espacios públicos a empresas privadas para ser privatizados. Todo esto impacta no solo en la calidad de vida de las familias, sino en las encuestas.
Por otro lado, el crecimiento natural que ha tenido MORENA es impresionante, no sólo a nivel federal, sino que también ha logrado ganar 22 estados de la republica y se proyecta que el próximo año se incluya el Estado de México. Al final el crecimiento de MORENA en Jalisco es consecuencia de la aceptación que se tiene sobre el gobierno federal, pero también del trabajo sostenido de actores que son la verdadera y única oposición en el estado, pero además que trabajan por la unidad y el crecimiento del partido visitando cada poblado y municipio del estado en busca de crecer como partido. El único que realiza dicha labor es Carlos Lomelí y los resultados están a la vista.
Las encuestas publicadas la semana pasada muestran a MORENA con 38% de aceptación, en comparación con MC con 26% pero además posicionan a Carlos Lomelí como el mejor posicionado dentro del partido para ser candidato a gobernador, todo esto es resultado del trabajo territorial pero además de ser el único personaje que trabaja de forma constante, en buscar la unidad del partido en el estado, pero también de ser el único opositor que denuncia y evidencia abusos y excesos del gobierno en turno. Ha sido el único que además de cumplir con su función como regidor en Guadalajara también realiza trabajo partidista buscando siempre la unidad y el trabajo conjunto. Buscando consolidar la 4T en el estado.
Las encuestas resultaron reveladoras, muestran que Carlos Lomelí es el principal personaje de MORENA en el estado, pero además resulta ser el único a quien otros morenistas apoyarían para ser candidato a gobernador, una muestra de esto es que en meses pasados logró posicionarse como presidente del consejo de MORENA en Jalisco. La congruencia ha sido la constante, al denunciar siempre los malos manejos del gobierno en turno, que en esta ocasión vemos que caen en el exceso repercutiendo en un daño a la ciudad difícil de reparar.
Actualmente en Jalisco el máximo referente de MORENA se llama Carlos Lomelí, esto es el resultado del trabajo constante, de buscar siempre la unidad de la militancia, pero además de proponer, esto apenas va empezando rumbo al 2024, mientras seguiremos viendo a Carlos Lomelí todos los lunes denunciando abusos y excesos del gobierno de Guadalajara, en su oficina de la coordinación edilicia, pero también realizando giras por todo el estado para buscar la unidad y consolidar la 4T. Mientras tanto veremos como Carlos Lomelí sigue haciendo crecer a MORENA como marca partido en Jalisco.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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