OPINIÓN
Cobros municipales excesivos
Opinión, por Héctor Romero Fierro //
En los próximos días los ayuntamientos de la zona metropolitana de Guadalajara, presentarán a sus regidores los proyectos de Ley de Ingresos para el ejercicio de 2020, así mismo el ejecutivo federal enviará al Congreso de la Unión el paquete económico para ese mismo año. Los ayuntamientos al carecer -no obstante su supuesta autonomía-, de facultades legislativas enviarán sus proyectos al Congreso del Estado para que su iniciativa sea sometida al proceso legislativo y se convierta en ley.
¿Que esperamos de esas leyes de Ingresos? Pues los ciudadanos esperamos que sean congruentes con el nulo crecimiento que en materia económica refleja nuestro país, así como la gran probabilidad, de entrar en una etapa de recesión económica derivada de la volatilidad de las finanzas internacionales agravadas por los enormes errores tanto en materia económica como de percepción, provocados por Manuel Andrés López Obrador, MALO, que indudablemente ha generado estancamiento económico y una grave pérdida de confianza de los inversionistas, muchos solo conservan sus inversiones en México por la alta tasa de interés que paga nuestro país, lo cual les permite tener una tasa positiva a sus ahorros, no obstante la inflación y el “riesgo país” tan alto.
Sin embargo el exceso de gasto público federal en gasto corriente y en conceptos totalmente electoreros disfrazados de programas sociales, aunado a la notable disminución en los ingresos del gobierno federal, están provocando una presión fiscal enorme que solo se resolverá con una sola opción viable, a juicio de los cercanos al señor López, disminuir las transferencias de participaciones federales a los estados y municipios y obligar a los estados a implementar en las 32 entidades federativas el Impuesto de Tenencia, así mismo, obligar a los ayuntamientos a incrementar en forma indiscriminada el Impuesto Predial, y a nivel federal incrementar, con la promesa de instaurar clínicas de rehabilitación, los impuestos a los cigarros, bebidas alcohólicas entre otros, e insisto, lo más grave, eliminar una serie de incentivos y exenciones fiscales, y además ha surgido, ante la falta de recursos para cumplir las promesas de la “CuatroTé” incluyendo el berrinche presidencial de Santa Lucía, Dos Bocas, Tren Maya y otras, el disponer en forma criminal de las reservas internacionales.
En el manejo económico ya no es posible el seguir culpando de sus yerros a las administraciones pasadas y MALO un día promete no hacerlo y al día siguiente arremete contra el expresidente Calderón, llegando incluso al grado de burla, cosa que en nada abona a la unidad de los mexicanos. Las graves contradicciones diarias en materia económica, no dan, en forma alguna, seguridad a la inversión, generando un entorno total de incertidumbre que tiene ya paralizada a las empresas pequeñas y medianas cuya crisis se ha incrementado por el criminal subejercicio en muchos rubros del gasto público, con la errónea excusa del combate a la corrupción.
Por ello, y ante ese entorno económico nacional nada halagüeño, esperábamos que los ayuntamientos fueran solidarios con sus gobernados, sin embargo, en el caso de Guadalajara la exposición de motivos enviada al Congreso, parte de bases económicas erróneas al momento de elaborar sus proyecciones, impactando en forma global más del 5% en todos sus ingresos.
Los diputados, tendrán que ajustar a la baja la propuesta de Ingresos señalada, en especial las tablas base del Impuesto Predial o la abierta inconstitucionalidad en el caso de recuperación de costos en el cobro a los pacientes de los servicios médicos municipales, ya que constitucionalmente no puede estar un cobro sujeto a su fijación por parte de un funcionario, veamos este cobro: “Artículo 63.…Fracción XXXI. Fármacos y material de curación, por cada uno:…Todos los demás fármacos y material de curación no especificados en esta fracción se pagarán según el precio de costo que se fije mediante acuerdo de la Tesorería Municipal.” Violando con esto el principio constitucional de Reserva de Ley, incorporado en lema “No Taxation without representation” originado en las trece colonias americanas hacia las autoridades británicas, o del aforismo latino “nullum tributum sine lege”. Debemos advertir a los gobernados que un ayuntamiento no puede realizar cobros que no estén expresamente incluidos en la Ley de Ingresos respectiva.
En el caso del cobro de estacionamientos es mortal el incremento, solo como ejemplo, la primer hora en el “estacionamiento Expiatorio” actualmente cuesta $8.00 y de aprobarse costaría $14.00
En el caso de las infracciones en diferentes materias, Guadalajara se despacha con la cuchara grande ya que estas sufren un incremento de más del 20% y en varios casos de más del 200%, solo como ejemplo el estacionarse en zona prohibida actualmente se sanciona con un importe de $1,741.00 a $3,482.00 y para el próximo año subirán a un mínimo de $3,983.00 y máximo de $5,000.00
En alumbrado público es incluso incongruente el incremento ya que en la exposición de motivos habla de un incremento del 20% y en la ley se plasma en casi un 21%
Debemos los ciudadanos y nuestros diputados estar muy atentos y en su caso combatir el notable incremento que se plantea para las tablas de valores inmobiliarios, base del impuesto predial, ya que la autoridad municipal juega con la opinión pública señalando que no hay incremento en ese impuesto, pero por otro lado sube el valor fiscal de los inmuebles, lo que al final provocará incrementos de más del 7% o más, en la mayoría de casos.
Además recuerde amable lector que los ayuntamientos, ni el fisco federal le pueden cobrar adeudos de más de cinco años.
Veamos las demás iniciativas de Leyes de Ingresos, cuentan que la próxima semana aprobará el Cabildo la de Zapopan ya la analizaremos.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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