OPINIÓN
Cobros municipales excesivos
Opinión, por Héctor Romero Fierro //
En los próximos días los ayuntamientos de la zona metropolitana de Guadalajara, presentarán a sus regidores los proyectos de Ley de Ingresos para el ejercicio de 2020, así mismo el ejecutivo federal enviará al Congreso de la Unión el paquete económico para ese mismo año. Los ayuntamientos al carecer -no obstante su supuesta autonomía-, de facultades legislativas enviarán sus proyectos al Congreso del Estado para que su iniciativa sea sometida al proceso legislativo y se convierta en ley.
¿Que esperamos de esas leyes de Ingresos? Pues los ciudadanos esperamos que sean congruentes con el nulo crecimiento que en materia económica refleja nuestro país, así como la gran probabilidad, de entrar en una etapa de recesión económica derivada de la volatilidad de las finanzas internacionales agravadas por los enormes errores tanto en materia económica como de percepción, provocados por Manuel Andrés López Obrador, MALO, que indudablemente ha generado estancamiento económico y una grave pérdida de confianza de los inversionistas, muchos solo conservan sus inversiones en México por la alta tasa de interés que paga nuestro país, lo cual les permite tener una tasa positiva a sus ahorros, no obstante la inflación y el “riesgo país” tan alto.
Sin embargo el exceso de gasto público federal en gasto corriente y en conceptos totalmente electoreros disfrazados de programas sociales, aunado a la notable disminución en los ingresos del gobierno federal, están provocando una presión fiscal enorme que solo se resolverá con una sola opción viable, a juicio de los cercanos al señor López, disminuir las transferencias de participaciones federales a los estados y municipios y obligar a los estados a implementar en las 32 entidades federativas el Impuesto de Tenencia, así mismo, obligar a los ayuntamientos a incrementar en forma indiscriminada el Impuesto Predial, y a nivel federal incrementar, con la promesa de instaurar clínicas de rehabilitación, los impuestos a los cigarros, bebidas alcohólicas entre otros, e insisto, lo más grave, eliminar una serie de incentivos y exenciones fiscales, y además ha surgido, ante la falta de recursos para cumplir las promesas de la “CuatroTé” incluyendo el berrinche presidencial de Santa Lucía, Dos Bocas, Tren Maya y otras, el disponer en forma criminal de las reservas internacionales.
En el manejo económico ya no es posible el seguir culpando de sus yerros a las administraciones pasadas y MALO un día promete no hacerlo y al día siguiente arremete contra el expresidente Calderón, llegando incluso al grado de burla, cosa que en nada abona a la unidad de los mexicanos. Las graves contradicciones diarias en materia económica, no dan, en forma alguna, seguridad a la inversión, generando un entorno total de incertidumbre que tiene ya paralizada a las empresas pequeñas y medianas cuya crisis se ha incrementado por el criminal subejercicio en muchos rubros del gasto público, con la errónea excusa del combate a la corrupción.
Por ello, y ante ese entorno económico nacional nada halagüeño, esperábamos que los ayuntamientos fueran solidarios con sus gobernados, sin embargo, en el caso de Guadalajara la exposición de motivos enviada al Congreso, parte de bases económicas erróneas al momento de elaborar sus proyecciones, impactando en forma global más del 5% en todos sus ingresos.
Los diputados, tendrán que ajustar a la baja la propuesta de Ingresos señalada, en especial las tablas base del Impuesto Predial o la abierta inconstitucionalidad en el caso de recuperación de costos en el cobro a los pacientes de los servicios médicos municipales, ya que constitucionalmente no puede estar un cobro sujeto a su fijación por parte de un funcionario, veamos este cobro: “Artículo 63.…Fracción XXXI. Fármacos y material de curación, por cada uno:…Todos los demás fármacos y material de curación no especificados en esta fracción se pagarán según el precio de costo que se fije mediante acuerdo de la Tesorería Municipal.” Violando con esto el principio constitucional de Reserva de Ley, incorporado en lema “No Taxation without representation” originado en las trece colonias americanas hacia las autoridades británicas, o del aforismo latino “nullum tributum sine lege”. Debemos advertir a los gobernados que un ayuntamiento no puede realizar cobros que no estén expresamente incluidos en la Ley de Ingresos respectiva.
En el caso del cobro de estacionamientos es mortal el incremento, solo como ejemplo, la primer hora en el “estacionamiento Expiatorio” actualmente cuesta $8.00 y de aprobarse costaría $14.00
En el caso de las infracciones en diferentes materias, Guadalajara se despacha con la cuchara grande ya que estas sufren un incremento de más del 20% y en varios casos de más del 200%, solo como ejemplo el estacionarse en zona prohibida actualmente se sanciona con un importe de $1,741.00 a $3,482.00 y para el próximo año subirán a un mínimo de $3,983.00 y máximo de $5,000.00
En alumbrado público es incluso incongruente el incremento ya que en la exposición de motivos habla de un incremento del 20% y en la ley se plasma en casi un 21%
Debemos los ciudadanos y nuestros diputados estar muy atentos y en su caso combatir el notable incremento que se plantea para las tablas de valores inmobiliarios, base del impuesto predial, ya que la autoridad municipal juega con la opinión pública señalando que no hay incremento en ese impuesto, pero por otro lado sube el valor fiscal de los inmuebles, lo que al final provocará incrementos de más del 7% o más, en la mayoría de casos.
Además recuerde amable lector que los ayuntamientos, ni el fisco federal le pueden cobrar adeudos de más de cinco años.
Veamos las demás iniciativas de Leyes de Ingresos, cuentan que la próxima semana aprobará el Cabildo la de Zapopan ya la analizaremos.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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