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OPINIÓN

Código de conducta

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Educación, por Isabel Venegas //

Todos lo percibimos, sabemos que la polarización social nos ha llevado a límites peligrosos, discusiones que abordan cualquier posicionamiento político, la lucha por los derechos humanos, las acciones de promoción económica, e incluso las perspectivas de formación y educación de las nuevas generaciones, que no aportan propuestas y sin embargo generan conflictos ya sea entre las relaciones cercanas o en las lejanas, pero que se vuelven cercanas por las redes sociales.

La semana pasada hablábamos sobre la iniciativa para subir a rango de ley la prohibición de usar correctivos que impliquen violencia hacia los niños, aunque hay a quienes defienden una reprimenda “severa” por la necesidad de la formación en valores aduciendo que es necesario establecer límites con rigor, con energía y que de lo contrario, habremos de pagar las consecuencias porque los niños no entienden de razones.

Tanto en ese como en la mayoría de los casos solemos comparar objetos cuyas categorías no corresponden para hacer una valoración; la discusión no debería de ir en el sentido de la formación en valores, cuando de entrada la educación basada en la violencia ya nos aparta de la principal intención de la vida en sociedad que es la de armonizar, del mismo modo que la escuela debiera tener como propósito de origen el que todos sus estudiantes vivieran ese recreo espiritual que brinda al intelecto la oportunidad de desarrollar grandes ideas.

Eh ahí una de las grandes divisiones de nuestros días, son los profesores reclamando a los padres de familia la falta de educación en valores, el abandono, el descuido y desapego en todos los sentidos; pero también los padres saltan a la cancha llevando muchas quejas por un juicio generalizado para los profesores.

¿Qué hacen los maestros para educar en el respeto, la solidaridad, la empatía, etc.? ¿Se conciben ellos mismos como forjadores del modelo de conducta de los ciudadanos felices y exitosos que México reclama día con día?

Ciertamente nos volvemos a topar con el difícil punto de decidir cuál es la concepción del hombre desde un constructo filosófico, es decir, si el hombre es bueno por naturaleza y lo que le empuja a actuar de manera no deseada son las interacciones socio-culturales que le afectan, o en el caso contrario, es por definición un ser malo per se, pero la misma vida en sociedad es la que le orienta a auto-regularse en función de la comprensión de cada una de las implicaciones.

Es fácil escuchar: la educación es la base de la transformación, pero ¿cómo se orienta y cuáles son sus bases? porque si se trata del primer caso, la bondad del ser humano requiere una normatividad para asegurar las condiciones positivas que forjarán sus actitudes y todo su ser. Se necesita de un cuerpo legal que regule lo que se transmite por televisión por ejemplo, y se le otorga a la autoridad el poder decidir “qué es bueno y qué es malo”. Para algunos la censura se debió haber terminado hace mucho, pero para otros es mejor prohibir que se pronuncien palabras altisonantes, que se fomente el narco a través de la música o las series en plataformas digitales, etc. La libertad del hombre se ve reducida porque “necesita” que alguien se haga cargo de los factores que podrían producir consecuentes negativos.

La página de la Secretaría de Educación Pública del gobierno de la cuarta transformación aloja un documento titulado “Código de conducta SEP”, en su primer capítulo cita lo siguiente:

Para lograr la transformación de la función gubernamental y construir un buen gobierno, creíble y confiable para la ciudadanía, es fundamental que las instituciones cuenten con un Código de Conducta que concientice a quienes se desempeñan en el servicio público en torno al alto valor social de sus acciones.

Desde esta lectura, quienes laboran en esta dependencia no habían hecho conciencia de lo que implicaba su trabajo, pero la cuarta transformación se encargará de hacerlo. Esta administración se va centrando cada vez más en regular las conductas de los hombres con un argumento que parece ser comprado fácilmente por la ciudadanía: “no importa que tengamos qué hacer sacrificios, porque a la larga se convertirán en grandes satisfacciones”. Esa premisa se contrapone con el hecho de querer formar en virtudes, cuando el principal valor del ser humano es la LIBERTAD. Todo sería por la gran desconfianza con la que nos manejamos en la mayoría de los aspectos.

Una mirada juiciosa de todo lo que nos rodea, le ha concedido demasiada credibilidad a un sujeto bastante torpe: nuestra percepción. Recordemos el caso de la chica que dijo: “Mamá, el conductor del taxi se ve sospechoso…” obviamente que la madre, la amiga o ella misma sabría que la siguiente frase a manera de respuesta sería “no te subas al auto”; si bien es cierto que es necesario contar con un sistema de alerta, tal parece que la configuración está mal hecha, o que ya caducó y aun así no hemos actualizado esa aplicación. Esas alarmas pudieron hacer ver al “sospechoso” como un factor de riesgo cuando en realidad lo que estaba viendo era pobreza, cansancio o cánones de belleza que no corresponden con sus esquemas de bondad.

Es ese mismo prejuicio el que se lanza para los profesores dedicados a la tarea de orientar en el diseño del hombre a través de la educación, pero sin saber si su código de ética empata con el de los padres de familia, con el de la institución o con el del gobierno en turno, que dicho sea de paso, redibujan las reformas educativas cada 6 años tratando de no dejar huella del anterior sexenio, en el intento por justificar el esfuerzo de transformación y previendo que los resultados desastrosos no se los van a poder achacar dado que la educación es un proceso lento cuyos resultados tardan en verse más de dos o tres décadas.

El primer punto del código de conducta de la Secretaría de Educación dice:

Respetar, garantizar, promover y proteger los derechos humanos prestando sus servicios a todas las personas de forma respetuosa eficiente e imparcial sin discriminación, ostentación y con una clara orientación al interés público. Así mismo, evitarán agredir, hostigar, amedrentar, acosar, intimidar, extorsionar o amenazar física, verbalmente o por algún medio al alumnado, personal superior y subordinado, compañeros y compañeras de trabajo y ciudadanía en general.

Si un padre de familia aplica correctivos violentos a sus hijos de forma que sean visibles por las marcas corporales, las actitudes del niño o por alguna otra evidencia, el profesor debería entrar a su defensa porque desde el código de conducta se promueve una actuación de protección, pero más aún, porque al subirlo a términos de ley, el docente que tiene datos de la violación a los derechos del niño sin que reporte a las autoridades correspondientes y/o canalice a las instancias debidas, será cómplice y por tanto sujeto de sanción también.

Hay quienes se desempeñan en la función pública, e incluso en el sector privado en el ámbito de educación, que se han encargado de cuidar la integridad de los niños desde siempre (si su código de ética así lo dicta), pero quienes son indiferentes, no están atentos o utilizan el cargo para desahogar frustraciones, complejos y carencias emocionales, ¿cambiarán su conducta al firmar una carta? Es interesante cómo el nuevo gobierno parece que en el discurso sigue apostando a propuestas con mucho romance y poesía, pero en el ejercicio de la política pública sigue sin establecer medidas operativas eficientes y efectivas.

Me comprometo a seguir las normas que regulan mis actos como persona servidora pública y promover su cumplimiento entre mis superiores, subordinados, homólogos o cualquier persona, con quien tenga trato, con motivo de mi trabajo. Realizar mis funciones con actitud de servicio y bajo los principios establecidos, así como a denunciar cualquier irregularidad, acto u omisión contrarios a este Código, en tanto me encuentre prestando mis servicios en la Secretaría de Educación Pública.

Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar

E-mail: isa venegas@hotmail.com

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JALISCO

Elección del Poder Judicial: Democracia o fachada

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

Tras meses de polarización, el 1 de junio de 2025 México elegirá, por primera vez, 881 cargos judiciales, incluyendo nueve ministros de la Suprema Corte, mediante seis boletas y sin campañas mediáticas intensas. La participación ciudadana, limitada por la complejidad del proceso y el desconocimiento general, difícilmente superará el 20 % del padrón electoral.

Morena domina el proceso, respaldando a candidatos afines, especialmente para ministros, así como para el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral, prioridades de la presidenta Claudia Sheinbaum. Mientras tanto, jueces y magistrados buscan alianzas con sindicatos y organizaciones civiles, en un proceso que despierta dudas sobre su verdadera independencia.

La elección del 1 de junio promete democratizar el Poder Judicial, pero se tambalea en un laberinto de confusión. Elegir entre 2,682 y 881 cargos mediante seis boletas por votante es una hazaña titánica. Sin financiamiento público ni respaldo partidista, las campañas son prácticamente invisibles: los y las aspirantes son poco conocidos.

El desconocimiento del rol del Poder Judicial, sumado a una educación cívica prácticamente inexistente, augura apatía. ¿Democracia o fachada? Morena apuesta por controlar la justicia, mientras los ciudadanos, desorientados, podrían quedarse al margen.

La falta de financiamiento público para campañas y la prohibición de que los partidos promuevan candidatos limitan la difusión de plataformas, lo que podría generar aún más confusión o desinterés entre los votantes.

La legitimidad del nuevo Poder Judicial Federal dependerá de la participación ciudadana en la elección del 1 de junio de 2025.

Estimaciones generales de participación

A diferencia de elecciones previas, en esta ocasión no existen encuestas específicas de opinión pública que detallen con precisión el porcentaje de participación esperado. Sin embargo, diversas fuentes ofrecen estimaciones.

Se espera una participación de entre el 8 % y el 24 % del padrón electoral (95-98 millones de votantes), según proyecciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y de analistas independientes.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, estimó una participación de entre 8 % y 15 %, considerando la reducción en el número de casillas (85,000 frente a 170,000 en 2024) y la ausencia de conteo de votos en las mismas, lo que podría desincentivar a los votantes.

Pronósticos optimistas

Morena y sus aliados proyectan hasta 20 millones de votos, equivalente al 20-21 % del padrón. Operadores políticos del partido promueven en todo el país lo que han llamado una “elección ejemplar”, aprovechando su supermayoría en la Cámara de Diputados y la popularidad de Claudia Sheinbaum (80 % de aprobación, Pew Research, febrero-marzo de 2025).

La movilización de bases, sindicatos y organizaciones afines podría acercar la participación al 20-25 %, aunque sin alcanzar los niveles de la elección presidencial de 2024 (61.05 %, es decir, 60 millones de votantes).

La consultora Poder y Estrategia, citada en redes, estima una participación del 20 %, reflejo de un escenario en el que el entusiasmo por la “democratización” judicial y el respaldo a Morena impulsen a sus votantes leales, pese a la complejidad del proceso.

Pronósticos pesimistas

Analistas independientes sugieren que la participación podría caer al 10-15 % si únicamente votan los ciudadanos más informados o movilizados, dadas el desconocimiento sobre el Poder Judicial y la falta de campañas visibles.

Algunos escenarios extremos mencionan estimaciones aún más bajas por estado (Mass Behavior Research) o incluso un 9 %, si se cumple el pronóstico de abstención del 91 % elaborado por Appting Corp. Estos reflejan un escepticismo profundo, alimentado por la desconfianza en el voto tras eventos políticos recientes y la complejidad logística del proceso.

INE y WOLA: La estimación más baja del INE (8 %) coincide con las advertencias de la Washington Office on Latin America (WOLA), que alerta sobre la confusión entre funciones judiciales y persecutorias, lo cual refuerza un escenario pesimista donde la apatía y la falta de educación cívica podrían limitar la participación a un mínimo histórico.

Según WOLA, la participación en esta elección podría situarse entre el 8 % y el 15 %, de acuerdo con su análisis del 12 de mayo de 2025. La organización destaca la complejidad de las boletas, la falta de campañas financiadas, la exclusión de personas en prisión preventiva y la ausencia de conteo en casillas como factores clave que reducirán la afluencia.

Ambos pronósticos coinciden en señalar una participación limitada, influida por la falta de educación cívica, la logística reducida y la percepción de politización del proceso. No obstante, Morena espera alcanzar un 20-25 % con su estrategia de movilización.


Reflexión final

Este 1 de junio, México enfrenta un dilema: ¿puede una elección judicial, envuelta en confusión y dominada por Morena, ser el faro de la democracia que promete? Con proyecciones de apenas 8-24 % de participación, según el INE y WOLA, el riesgo es claro: un Poder Judicial legitimado por pocos podría convertirse en un apéndice del poder político. La apatía ciudadana, alimentada por boletas laberínticas y campañas invisibles, amenaza con ceder la justicia a los designios del partido en el poder.

La historia nos juzgará por lo que hagamos —o dejemos de hacer— este domingo. Si los ciudadanos, desorientados, optan por el silencio, Morena tendrá vía libre para moldear la Suprema Corte y los tribunales a su imagen. Pero si despertamos, si exigimos claridad y participación, aún podemos rescatar la independencia judicial. El voto, aunque titánico, es nuestra última trinchera.

¿Democratización o sumisión? La respuesta está en nuestras manos.

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Beisbol

Brilla Alejandro Osuna en su debut con Rangers y semana de oro para Muñoz y Paredes

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Deporte Rey, por Gabriel Ibarra Bourjac //

En el diamante de las Grandes Ligas, donde los sueños se forjan a golpe de recta y batazo, dos mexicanos han izado la bandera tricolor con una semana para la historia. Del 19 al 25 de mayo de 2025, Andrés Muñoz e Isaac Paredes no solo brillaron; incendiaron el escenario con actuaciones que resuenan desde Seattle hasta Los Mochis y Hermosillo.

Pero, ¿es este fulgor un destello aislado o el amanecer de una nueva era para el béisbol azteca?

Andrés Muñoz, el sinaloense de 26 años, se ha convertido en el guardián implacable de los Marineros de Seattle. Esta semana, sumó su 17º salvamento de la temporada, consolidándose como líder de la MLB en rescates. Con una efectividad de 0.00 en 22.2 entradas y 28 ponches, su recta de 100 millas y slider quirúrgico son un martirio para los bateadores. Contra los Angels el 22 de mayo, cerró la novena con tres outs fulminantes, asegurando una victoria 3-2.

Por su parte, Isaac Paredes, el orgullo del barrio de La Mosca en Hermosillo, de 26 años, desató una tempestad ofensiva con los Astros de Houston. En una semana de ensueño, conectó cuatro jonrones, elevando su total a 11 en la temporada. Con un promedio de .285, 7 dobles, 1 triple y 31 impulsadas, Paredes es el corazón de la alineación texana. Su versatilidad en la tercera base y su ojo clínico para el pitcheo lo confirman como un All-Star en potencia.

El clímax llegó el 24 de mayo, cuando Muñoz y Paredes se enfrentaron en un duelo épico en el T-Mobile Park. Con los Marineros liderando 4-3 en la novena, Paredes enfrentó a Muñoz. Tras una recta de 98 millas, Isaac conectó una línea que Randy Arozarena atrapó, sellando el salvamento de Muñoz. Este choque, con 25,000 gargantas conteniendo el aliento, fue más que un turno al bat; fue un himno al talento mexicano, con Arozarena como testigo de un tridente azteca en el escenario mayor.

Pero no todo es euforia. Mientras Muñoz y Paredes brillan, el béisbol mexicano enfrenta sombras. La Liga Mexicana carece de reflectores, y talentos como Alejandro Kirk, con un jonrón esta semana para los Blue Jays, apenas se mencionan. ¿Por qué celebramos a unos y olvidamos a otros? La falta de apoyo estructural y la dependencia de la MLB para visibilizar a nuestros peloteros son grietas que no podemos ignorar. Muñoz y Paredes, que jugaron juntos en un mundial infantil en 2009, son excepciones forjadas en el sacrificio, no productos de un sistema.

Esta semana, México vibró con sus hazañas. Muñoz, el cerrojo indomable; Paredes, el cañonero incansable. Son más que atletas: son espejos de un país que sueña grande. Pero su brillo nos interpela: ¿cuándo construiremos un béisbol propio que no dependa de las luces de la MLB? Por ahora, celebremos. El diamante es suyo, y el orgullo, nuestro.

EL DEBUT DE ALEJANDRO OSUNA

El pasado domingo 25 de mayo de 2025, Alejandro Osuna, jardinero mexicano de 22 años, debutó en la MLB con los Texas Rangers, venciendo 5-4 a los Chicago White Sox en el Guaranteed Rate Field.

Osuna, prospecto número 7 de los Rangers, fue convocado desde Triple-A Round Rock tras la fractura de Joc Pederson el 24 de mayo. Nacido en Ahome, Sinaloa, y hermano de Roberto Osuna, firmó en 2020 por $125,000. En 2024, fue Jugador del Año de Ligas Menores de los Rangers, bateando .292 con 18 jonrones. En 2025, bateó .283 en Double-A Frisco y .259 en Triple-A, con 9 bases por bolas en 8 juegos.

En su primer turno al bat, Osuna negoció una base por bolas tras un conteo completo de 8 o 9 lanzamientos, demostrando gran disciplina en el plato, luego fue sorprendido intentando robar segunda base. En turnos posteriores, no conectó hit, pero su enfoque en el plato fue destacado como prometedor.

A la defensiva: Osuna brilló con una atrapada espectacular en el jardín izquierdo, calificada como “joya defensiva” por @Liga_Arco y “tremenda” por @MLB_Mexico. Videos compartidos en X mostraron su habilidad para cubrir terreno y hacer jugadas clave, consolidándolo como un defensor versátil.

El debut entusiasmó a México, con Excélsior celebrándolo. Comparado con Alex Verdugo por su contacto y velocidad (34 robos en 2024), Osuna es un “table-setter” para los Rangers (25-28 en la División Oeste). Su rol es incierto, posiblemente alternando en los jardines, pero podría descansar contra zurdos (.594 OPS en 2024). Scouts lo ven como futuro jardinero central si mejora su consistencia.

Junto a Andrés Muñoz (17 salvamentos) e Isaac Paredes (11 jonrones), Osuna resalta el auge mexicano en la MLB.

 

 

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JALISCO

Ecos de un viejo conflicto: Entre banquetas y autonomía, el presupuesto como arma política

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Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

En Jalisco, el conflicto por el presupuesto universitario no es nuevo. Lo que sí ha cambiado es la escena, los personajes y, acaso, el tono. La guerra fría entre Casa Jalisco y la Universidad de Guadalajara vuelve a calentar motores, esta vez bajo la batuta del gobernador Pablo Lemus Navarro y la recién llegada rectora general Karla Planter Pérez, la primera mujer que asume el timón de la máxima casa de estudios jalisciense.

La historia, aunque adornada de discursos de buena voluntad, tiene más fondo que forma. Durante la ceremonia de toma de protesta de Planter, Lemus se desvivió en promesas de respeto, trabajo conjunto y coordinación institucional. Pero como bien sabemos quiénes hemos narrado los entretelones del poder: las palabras del político valen lo que el siguiente boletín.

Apenas semanas después de aquel acto solemne, Lemus propone —como quien sugiere pintar la fachada ajena— que parte del presupuesto de la Universidad se destine a iluminar banquetas, podar árboles, poner señalética y mejorar calles. ¿La razón? Blindar los “Senderos Seguros” para los estudiantes. Una propuesta tan cándida como impertinente. Porque más allá del ropaje técnico, lo que se plantea en el fondo es simple: que la Universidad financie tareas que le corresponden al Estado. Y eso, señoras y señores, tiene nombre y apellido: intervención indebida.

Pero la Universidad no se quedó callada, ni lo hará. No la de Guadalajara, con su vieja escuela forjada entre golpes presupuestales y roces ideológicos. La rectora Planter —con voz firme y pausada, pero con la precisión de quien ha leído la Ley Universitaria más de una vez— puso las cosas en su lugar: “La única instancia que decide y define el destino de los recursos de la Universidad de Guadalajara es el Consejo General Universitario, nadie más”. Punto.

A esa declaración se sumó un comunicado institucional -no sería la UdeG si sus liderazgos no desperdiciaran el presupuesto universitario en desplegados que nadie lee, pero que permiten a los abajo firmantes ver su nombre en el listado y sentirse destacados-, en el que se recuerda que la seguridad pública no es función de una casa de estudios.

Que no tiene facultades policiacas ni de mejoramiento urbano. Que su labor es publicar desplegados, educar, investigar y formar personas íntegras. Y que, aun así, ha invertido más de mil 089 millones de pesos en seguridad interna desde 2013, aunque no explican si eso incluye el pago de seguridad privada en instalaciones y eventos que, beneficia a un exfuncionario público.

En los hechos, lo que pretende Karla Planter es marcar límites, trazar una línea en la arena que dice: hasta aquí llega el Ejecutivo, y de aquí para adentro manda la autonomía universitaria. Y esa postura, tan necesaria para el grupo Universidad como incómoda para la rectora, parece haber irritado al gobernador, quien salió en medios a declarar que le “extraña” la molestia.

El desencuentro no es menor. Lo que se disputa no son solo luminarias o banquetas, sino el principio mismo de la autonomía universitaria frente al poder político. La historia nos ha mostrado —en Jalisco y fuera de él— que los gobernantes suelen querer rectores obedientes, no críticos; instituciones agradecidas, no independientes.

Pero los agravios se acumulan. En poco más de un mes de gestión, Planter ya ha enfrentado señalamientos sobre deudas con el SIAPA de las anteriores administraciones, tensiones por los nombramientos en los Hospitales Civiles por presentar candidatos inadecuados para los puestos y choques sobre la crisis de desapariciones, tema donde la Universidad ha sido más incisiva que el propio Ejecutivo, aunque la última manifestación frente al Palacio de Gobierno por parte de Zoé y la FEU hubiera sido una vacilada.

Hay que recordar que, con Enrique Alfaro, el pleito por el reetiquetado de recursos del Museo de Ciencias Ambientales fue el epítome de un sexenio de confrontación. Y aunque Lemus prometió no repetir esa historia, sus acciones recientes hacen pensar en lo contrario. Porque cuando un gobernador intenta dictar en qué debe gastar una universidad autónoma, está minando las bases de una convivencia democrática.

Ahora, no se trata de negar que las banquetas, luminarias o señalética sean necesarias. Pero pretender financiarlas con dinero destinado a publicar desplegados y la educación superior es torcer la ley.

El gobernador, por su parte, insiste en que no hay confrontación y que su propuesta fue malinterpretada. Invita al diálogo, mientras sus acciones indican otra cosa. Porque firmar convenios sin hablar, como ocurrió esta semana en Casa Jalisco, es el equivalente político a sonreír mientras se clava la daga.

¿Y qué sigue? A juzgar por los antecedentes, la tensión irá en aumento. Porque lo que está en juego no es sólo un presupuesto, sino un modelo de relación entre poderes. Y eso, en cualquier arena política, no puede resolverse con declaraciones suaves ni acuerdos firmados de prisa.

A los universitarios no les queda más que mantenerse firmes. Porque si algo ha demostrado la UdeG es que no se doblega fácil. Y al gobernador y sus asesores, les vendría bien recordar que la autonomía universitaria no es un favor, es un derecho. Uno que se ha ganado con décadas de lucha, no con oficios ni discursos.

Como decía el viejo refrán jurídico: “Lo que no está dentro de la ley, está fuera del presupuesto”. Y si el presupuesto universitario está en la ley, entonces su uso no debe estar en manos del capricho político.

En X @DEPACHECOS

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Tendencias

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