OPINIÓN
Comuna México: Envilecer al Senado de la mentira
Por Benjamín Mora //
Las personas mentimos por distintas razones, sea a gran o pequeña escala, siempre como un escape de la realidad: defensa, vergüenza, interés, maldad, desesperación, aceptación social, piedad o simplemente por gusto, como lo demuestra un estudio de la Universidad Duke, en Carolina del Norte, Estados Unidos.
En política sobreabundan los manipuladores emocionales que embaucan desde la distorsión de la verdad y la explotación emocional de su gente más cercana y del pueblo, creyendo que sus mentiras prevalecerán, al menos, hasta obtener privilegios a expensas de sus víctimas. Generalmente se creen tan inteligentes que no imaginan que algo o todo de sus mentiras y manipuleos de la verdad pudiera revertírseles.
El manipulador desde el poder político es capaz de dañar, intencionalmente, el nombre de cualquiera otro, su autoestima y auto respeto si con ello logra sus propósitos más oscuros o sirven a intereses viles y perversos, aliados a él. Derek Wood del Gel Mental Help sostiene que las mentiras pueden volverse patológicas en individuos con Trastorno de Personalidad Antisocial vinculados al poder y el dinero.
El mentiroso obsesivo pierde sensibilidad en la medida en que repite sus actos de deshonestidad, como lo han demostrado expertos de la Universidad College de Londres, no importando que tan expertos parezcan ser en encubrir sus engaños.
En días pasados, el senador por Aguascalientes –panista- Juan Antonio Martín del Campo Martín de Campo, en comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, hizo diversos señalamientos por demás atrevidos con la intención de ponerlo en mal ante el Senado de la República y la opinión publicada, queriendo quedar como un crítico indomable del actual Gobierno federal. Entre sus señalamientos acusó al director de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo (API) de estar señalado e investigado en Estados Unidos por actividades relacionadas con el narcotráfico. Presentó, a decir suyo, prueba documental de su acusación. Al mismo tiempo, el director de la API Manzanillo se encontraba en Miami, Florida, en un evento sobre cruceros turísticos con más funcionarios federales, estatales y municipales mexicanos. Aquí debo señalar que nadie, con una investigación como la referida por Juan Antonio Martín del Campo, podría haber entrado a Estados Unidos de Norteamérica sin ser detenido o repatriado.
Mahatma Gandhi recomendaba no pretender triunfar desde la mentira. José Antonio Martín del Campo debería hacer caso a los grandes políticos honestos que trascendieron a su tiempo.
No es menos importante recordar que, de acuerdo con el Código Penal Federal, en su artículo 247, se impondrán de cuatro a ocho años de prisión a quien “faltare a la verdad en perjuicio de otro (…) afirmando un hecho falso”; asimismo, en el artículo 248 Bis se señala que se impondrá prisión hasta por cinco años a quien “con el propósito de inculpan a alguien como responsable de un delito ante la autoridad, simule en su contra la existencia de pruebas que hagan presumir su responsabilidad”. Aquí, alguien podría ir a la cárcel.
Me pregunto: Qué habría motivado al senador panista Juan Antonio Martín del Campo a acto tan vil frente a sus compañeros senadores en la más alta tribuna de nuestra Soberanía Republicana, en comparecencia del secretario de la SCT. Desde la Psicología podríamos hablar del factor oscuro de la personalidad o factor D (dark en inglés) en el que se conjuntan el egoísmo, maquiavelismo, narcisismo, psicopatía, etc. Quienes sufren de este factor no solo buscan su propio beneficio sobre el bien de los demás, sino que también se dan razones, también mentirosas, para actuar de esta manera; se sabe que, quien a ello llega, fácilmente puede participar en otras actividades ilegales como asociarse y organizarse con delincuentes.
En este sentido, el asunto parece tener explicaciones más que preocupantes: El puerto de Manzanillo es el más importante de México y hay muchos intereses en él. En varias ocasiones han sido detenidos cargamentos de precursores de drogas sintéticas. Según la SCT, se tienen identificados a los posibles orquestadores de este ardid político y tiene color albiazul… ¿Podría el senador Martín del Campo ser una de esas cabezas? ¿Hasta dónde se vale llegar con la representación que ostenta un senador de la República?
En menos de 24 horas quedó demostrado que el documento que presentó Juan Antonio Martín del Campo no solo es falso, sino que fue intencionalmente falsificado para dañar la imagen del director de la API Manzanillo, obligar a su salida y buscar imponer a otro a modo de ciertos grupos ya identificados y cercanos a Acción Nacional o su gente. El documento original NO se refiere al director de la API Manzanillo sino a un homónimo, pero fue alterado hasta llegar a falsificar firmas y sellos. Esto podría ser un delito del interés de la autoridad norteamericana, que ya está en conocimiento. Lo hecho por el senador de Aguascalientes merecería una investigación en México y EEUU, con sanciones penales en ambos territorios; por su parte, el Senado de la República está obligado a investigar lo que podría ser un acto que lo mancha y desacredita. Creo que, Martín del Campo cerró una puerta en sus aspiraciones políticas en Aguascalientes… no merecen como gobernador a alguien padeciendo del factor oscuro de personalidad. Me preocuparía más si Martín del Campo fuera un mentiroso sincero –los hay- pues jamás habría arrepentimiento ya que NO puede diferenciar entre la verdad y la mentira. Podría ser un sociópata o un psicópata.
Mi abuela Rafaela, en alguna ocasión me dijo: Cuídate de no ser como aquellos a quienes criticas… quizá, solo quizá, Martín del Campo pronto pudiera ser investigado por estar involucrado en la falsificación de documentos, con firmas y sellos, del Gobierno norteamericano.
Jess C. Scott decía que los hipócritas se ofenden con la verdad. Quizá a esta hora hay alguien que se siente no solo ofendido sino amenazado con la verdad que derrumba su mentira ante el Poder Legislativo; pero él, y sus posibles socios, no pueden negar que, al mentir ante los senadores, Juan Antonio Martín del Campo perdió respeto a sí mismo y la confianza de miles pues violó un derecho elemental a conocer la verdad.
Hoy se sabe que tampoco hay investigación ni acusación alguna en contra del director de la API Manzanillo en ningún país del mundo. Hoy se sabe más de lo inimaginado hace unas pocas horas cuando Jiménez Espriú atendió a un llamado del Senado de la República.
Dicen que lo que no nos mata nos fortalece. ¿Pronto veremos quiénes se fortalecieron y quién perdió? Cuánto tiempo tomará limpiar un nombre dañando: El del director de la API Manzanillo ya ha quedado limpio, el del senador empieza a enlodarse.
No doy el nombre del director de la API Manzanillo pues lo que se buscó fue adueñarse del puerto más importante de México para obtener poder y dinero desde oscuros intereses. Hay una víctima que, por ser honesta y proba, demostró, en pocas horas, que todo fue un vil engaño de un senador con el uso de documentos falsificados.
La verdad tiene la virtud de unir y engrandecer. La verdad hoy engrandece a quien ayer fue víctima.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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