OPINIÓN
Comuna México: La engañifa del Neo Asistencialismo
Por Benjamín Mora ///
Eludir la realidad es siempre un acto premeditado de autoengaño a menos que sea parte de una estrategia de gobierno y –absurdamente- de real politik. En política y gobierno, en economía y empresa, como dijera Denis Diderot: Se engulle de un sorbo la mentira que adula y se bebe gota a gota la verdad que amarga.
Cuando desde el poder se miente se niega el derecho ciudadano a la verdad sobre todo lo que dice y hace, sobre lo que planea y ejecuta, y sobre lo que diferencia a unos y otros entre los que detentan y pelean el poder. No podemos obviar que, aun entre quienes pelean el poder, hay acuerdos que a ellos y solo a ellos convienen y mantienen.
Desde el gobierno no caben las mentiras pequeñas que solo desgastan y se descubren con facilidad; las grandes mentiras hacen que las grandes masas sucumban a las veleidades del engaño. En las grandes mentiras se resguardan los dictadores y los cínicos, que son siempre hermanos cuasi idénticos.
Estamos en Cuaresma y, dijera mi madre, hoy menos que ayer se vale mentir, caer en supersticiones o dejarse llevar por ilusiones falsas o por la tentación de la calumnia.
Hoy se calumnia a la sociedad civil organizada desde hechos no corroborados con un propósito que se anticipa y viste de votos para la ratificación del mandato. Se sigue la estrategia de Joseph Goebbels –ideólogo de Adolph Hitler- “Mentir, mentir, mentir… algo siempre queda”.
Desde años atrás supimos que la sociedad civil organizada estaba condenada a desaparecer con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Que se cumpla o no con tal propósito presidencial y de gobierno es algo que no podemos resolver en este momento pues dependerá de la capacidad de la propia sociedad civil organizada de reconstruirse, así como de responder de inmediato con firmeza en foros y calles, y con evidencias, claras y contundentes, a toda acusación que el presidente les endilgue. Sólo la información ciudadana no sesgada será efectiva y se verá como remedio cuasi mágico que vencerá al más atrevido de los gansos.
Vivimos tiempos de curanderos y adivinos gubernamentales morenistas que se asumen como videntes del México que nos aguarda tras el triunfo de la Cuarta Transformación sin comprender que, entre el pasado, el presente y el futuro, hay una continuidad temporal y conductual de esencias humanas que no cambian por brincar de un partido repudiado a otro elevado al “Nirvana nahua morenista”. Quienes ayer cazaban como lobos, hoy aúllan discursos mentirosos aunque se cubran con pieles de ovejas.
¿Cómo frenar esta “ilusión cuarta transformadora” y el avance del pensamiento único que se nos impone desde el discurso del caos y la corrupción del pasado que hoy, supuestamente, dejaron de ser? ¿Qué podría pasar si se despierta a la realidad de la engañifa del Neo Asistencialismo que parte y reparte, compra y empeña lealtades pero comprometen futuros personales y familiares, sociales y nacionales? Básicamente, pasaríamos de la ensoñación a la rabia acompañada de un sentimiento de culpabilidad por el voto regalado sin meditar sus consecuencias. Se reconoce que nada hay más doloroso que cometer errores por culpa de alguien en quien confiamos y luego nos traicionó; no perdonamos el engaño como tampoco nos perdonamos nuestra ingenuidad.
En los gobiernos del pasado hubo engaños; en el gobierno de hoy también hay engaños encubiertos de verdad para así cumplirse la máxima en política y en física: “Nada se crea ni destruye, sólo se transforma”. Entendamos, en la transformación solo se cambia de forma no de fondo.
No podría haber nada más injusto que el empobrecer nuestro destino, personal y como nación y patria, el año pasado, desde los engaños electorales y hoy, desde el gobierno y la falsa esperanza… “También la verdad se inventa”, dijera Antonio Machado, y con tal invento se empeña nuestro futuro.
Hoy, desde la calumnia a la sociedad civil se engaña al ciudadano y, desde la dádiva, se paga el reconocer como verdad a lo que es calumnia. Se cierran refugios para la mujer violentada y estancias infantiles para los hijos de la mujer trabajadora desde el supuesto, no probado ni castigado, de corrupción; se cancelan subsidios públicos a organizaciones de la sociedad civil desde el Indesol. Los repartos del dinero para el desarrollo de México pronto podrían sobrepasar lo recaudado por medio de impuestos.
Hoy nace un nuevo asistencialismo dejando atrás al privado y al público. Hoy nace el asistencialismo presidencial, directo y sin intermediarios, y peligroso por populista. Hoy recuerdo a Evita Perón.
El padre Pedro Opeka, varias veces propuesto al Premio Nobel de la Paz, ha señalado “no debemos asistir porque, cuando lo hacemos, disminuyendo a la gente, la convertirmos en dependiente, casi esclava de nosotros, y Dios no vino al mundo para hacernos esclavos sino para liberarnos, ponernos de pie. Tenemos que trabajar. Hay que combatir el asistencialismo. El problema en muchos países (…) es que los dirigentes políticos se encargan de hacerles creer que el Estado les va a resolver todos sus problemas”. El padre Opeka ha evidenciado que en su comunidad en Madagascar, “ya nadie más me pide dinero sino trabajo. Aquí nuestra gente ha comprendido que sólo con el trabajo, y la escolarización de los niños y los jóvenes, saldremos de la pobreza (…) El asistencialismo nunca ayudó a poner de pie a un pueblo; más bien lo puso de rodillas y los subyugó a la clase política que se aprovechó de ellos”.
E-mail: comunamexico@yahoo.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
Buscan cubrir a AMLO en actos de corrupción
Charros se quedó sin gas: Diablos, digno campeón
