OPINIÓN
Con aires de dictador: «Go to bananas» señor presidente López
Comuna México, por Benjamín Mora //
Era 1971 cuando vi Bananas, película de Woody Allen, que satiriza a la Revolución Cubana con la ironía que solo podría hacerlo el inquilino enamorado de Manhattan. De ella tomo la frase «go to bananas» que se traduciría como volverse loco, que dedico a nuestro remilgo de presidente y soñador de dictador: López.
López ha perdido piso y razón. Del ser el posible peligro electoral, en solo dos años, ha caído en la locura que nubla a todo dictador como sucediera al general Vargas de la película de Allen, al creer que su palabra debe ser ley del nuevo orden o, mejor dicho, de ese desorden administrativo de su desgobierno.
López hoy sabe que su iniciativa de ley eléctrica es inconstitucional al quedar suspendida de manera definitiva y eso le enoja, le frustra, le enerva. Seguramente, como nos advirtiera, envíe “una iniciativa de reforma a la Constitución porque no puedo ser yo cómplice del robo, del atraco, no puedo aceptar que particulares dañen la hacienda pública y afecten la economía popular”, y quede como aprendiz de dictador.
López acusó a las empresas eléctricas de robo y atraco de la hacienda pública y afectar a la economía popular; lo que en realidad sucede es que, a la hacienda pública le cuestan millones de pesos las ineficiencias de los titulares de Pemex y CFE, y que, adicionalmente, la economía popular paga millones de pesos más por una energía eléctrica generada con combustóleo y carbón, altamente contaminantes. No olvidemos que Pemex reportó, en 2020, pérdidas por 480,966 millones de pesos y la CFE por 78,920 millones de pesos.
López es un Adán sin Paraíso que también quiere ser como Dios, pero termina reducido a ser un dios de caricatura… es congruente a sí mismo, siempre mentiroso y un muppet frente a los grandes héroes de México. Su 4T, paso a paso, se vuelve anticonstitucional y López jamás les igualará porque no entiende del porqué de su grandeza.
López no querrá comprender que su supuesta iniciativa de reforma constitucional sería, de origen, inconstitucional y que, de ser aprobada por la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión, sin cambiarle una sola coma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le volvería a enmendar la plana y el mundo entero se burlaría de su pequeñez humana, como ya lo hizo el juez que dictó la suspensión definitiva a su mala iniciativa de ley, publicada apenas el 9 de marzo pasado.
El señor es tan pequeño como el Hitler de Tiempos Modernos de Chaplin. Es en verdad pequeño, y cada día se empequeñece más tras cada mañanera. Es tan insignificante que jamás crecerá ni en inteligencia, ni en dignidad, ni en valía.
Hoy podemos inferir que, si de él dependiera, para excarcelar a su amigo Guzmán –el otro pequeño, el otro chapo-, con gusto declararía -de madrugada- al narcotráfico y al asesinato como obras redentoras, y si algún juez de lo penal se le opusiera, amenazaría con cambiar al Código Penal federal para que esos crímenes se santificaran. Por fortuna, el Chapo se encuentra en EEUU y allá nuestro chapo presidente no tiene poder ni injerencia política ni legal… ¡sorry Chapo’s mama!
Ya no es sólo cuestión de preeminencia de los partidos de oposición en la elección federal de este año y la derrota de Morena y sus partidos satélites; estamos ante un momento de decisión puntual sobre dejarnos gobernar por un hombre con aspiraciones dictatoriales o detenerlo, sacarlo y retomar el rumbo de nuestra incipiente democracia.
A dos años de López en la presidencia de la República, los hechos recientes, me hacen recordar a Jorge Ibargüengoitia en su obra Maten al León que narra la historia del mariscal Manuel Belaunzarán que cambia la constitución de la República Constitucional de Arepa –me hace pensar en Venezuela- para seguir en el poder.
Hoy, López se atreve a amenazarnos con cambiar nuestra Constitución Política para que su plan transformador de cuarta siga adelante, y pregunto si se atrevería López a pretender cambiar nuestra Ley Suprema para que él logre los cambios por él deseados, ampliando su término de gobierno, reeligiéndose. Hoy, parece muy posible en su imaginación y de sus chairos, y peligroso en nuestra realidad, y si no, por qué Reyna Celeste Ascencio Ortega, diputada de Morena, presentó una iniciativa que pretende que no procedan los juicios de amparo en contra de los proyectos de AMLO, y quizá a su inspiradora reelección.
La elección no es por partidos sino por proyectos de nación; el de López apunta, en uno de tantos temas, hacia el combustóleo y el carbón; y el de la oposición en México, hacia las energías limpias, más eficaces y más baratas. Con López, la era de los dinosaurios alimentará a nuestros autos e industrial; yo prefiero al sol y el viento como fuentes de energía.
No sé si López insistirá en exigir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación reprender al juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, pero seguro no le hará caso pues el juez enmendó la extralimitación jurídica de López sobre el derecho fundamental a la libre concurrencia y competencia, en detrimento de los usuarios finales, es decir, del pueblo, al suministro básico de energía.
Vicente Fox, siempre ocurrente, dijo a Fidel Castro: “Cenas y te vas” para no incomodar a su amigo George Bush. Fidel Castro, como viejo lobo de mar en la política, lo grabó y quemó mundialmente. Fox se enojó por la descortesía de Fidel. Hoy, López debería irse sin hacernos más daño antes de que en verdad acabe con México. Ya abusó de su buena suerte y de nuestra desgracia de tenerlo. No se vale; esto está como su rancho, de la chingada.
E-mail: benja_mora@yahoo.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
Encapuchados, violencia y la Unión de la Juventud Revolucionaria de México
Muere el reconocido actor estadounidense Robert Redford
Rechaza ser deportado Hernán Bermúdez Requena de Paraguay
Mirza Flores expresa apoyo a Canelo Álvarez
