OPINIÓN
Con la salud no se juega
Los Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Jalisco hasta el pasado fin de semana, estaba en el segundo lugar con más casos de dengue en el país, el primero encabezado por Veracruz. Aceptando sin conceder que el cambio climático sea el principal causante de esta crisis sanitaria de dengue, ¿cómo fue que el cambio climático se ensañó con Jalisco? ¿Por qué Jalisco, por qué no Tabasco, Chiapas o la Zona Metropolitana de la Ciudad de México donde se asientan más de 20 millones de habitantes?
La historia se repite. Hace diez años Jalisco vivió una crisis sanitaria provocada por el mal manejo del dengue que hizo la Secretaría de Salud y por lo visto, el ser humano es el que se tropieza una o más veces con la misma piedra y no aprende de las lecciones de la historia.
La soberbia de los políticos es un elemento siempre presente que nubla la inteligencia y limita la toma de decisiones que permita atender el interés comunitario. Ayer y hoy es la misma historia. Los graves errores lleva a que sea la sociedad la que pague los platos rotos de compromisos inconfesables que llegan a tejer los hombres del poder.
Allá por 2009 teníamos al frente del gobierno de Jalisco a Emilio González Márquez y de la Secretaría de Salud al doctor Alfonso Gutiérrez Carranza, quien recibió esta responsabilidad más que producto de su experiencia y biografía, por la amistad con el entonces jefe máximo de las instituciones de Jalisco, de quien se dijo, fungió de chofer durante la campaña electoral por el Estado.
Los malos políticos suelen tomar así las decisiones. No toman en cuenta la meritocracia y experiencia en la integración de un equipo de gobierno, no llegan los mejores, lo que explica la baja calidad de esos gobiernos.
LA MALA EXPERIENCIA DEL GOBIERNO EMILISTA
No es la primera ocasión que el dengue nos pega en Jalisco. Emilio improvisó en salud y así les fue a los jaliscienses. Cuando la crisis del dengue se vivía con mayor intensidad en la que la epidemia se había salido de control, se apuntaba a la falta de pericia del entonces titular de la Secretaría de Salud y al hecho de que hubieran dado de baja a los médicos con experiencia que estaban al frente de diversos programas sanitarios y de áreas que requieren conocimiento para que se pueda proteger a la gente con programas preventivos institucionales que llevan a cabo de acuerdo a las temporadas del año, cuyas condiciones climáticas son propicias para que se generen cierto tipo de enfermedades.
Con el nuevo gobierno que encabeza el ingeniero Enrique Alfaro llega al frente de la Secretaría de Salud el doctor Fernando Petersen Aranguren, quien estuvo al frente de los Servicios Médicos en Guadalajara cuando el hoy gobernador fue presidente municipal. Dicen los que saben que el apoyo de este funcionario es el primo de ambos, Miguel Alfaro Aranguren, ex presidente de la Canaco Guadalajara.
¿Qué responsabilidad tienen las actuales autoridades de la Secretaría de Salud en esta crisis que golpea a decenas de miles de familias de Jalisco? La versión que ofrece el gobernador es el cambio climático el causante de esta epidemia y la falta de cuidados de los ciudadanos, lo que carece de sustento científico, por más que insista el político en convencernos de que ellos no tienen nada que ver.
El gobernador escribió en su página de Twitter: “Lee esta nota. El cambio climático es más grave de lo que pensamos y sí, un factor determinante para que el dengue sea una epidemia en Jalisco y Latinoamérica. No es pretexto, estamos trabajando a tope y pedimos tu ayuda para salir juntos de esta”.
INVESTIGACIÓN A FONDO
Una investigación a fondo tendrá que realizarse para ver qué fue lo que realmente sucedió en la Secretaría de Salud y que desembocó en una grave crisis sanitaria que tiene a la población de Jalisco envuelta en el pánico con los hospitales públicos y privados colapsados con tantos casos de personas que padecen el dengue.
El propio secretario de Salud, Fernando Aranguren, aceptó en una mesa de análisis de Canal 44 TV, que 250 personas que hacían campañas de prevención del dengue en la Secretaría de Salud (los que fumigan) no fueron recontratados en 2019 por falta de fondos federales. ¿Qué pasó con este tema? ¿Por qué no le autorizaron a la Secretaría de Salud recursos para hacer estas acciones preventivas? ¿Y esos más de 100 millones que asegura el gobernador se han destinado para hacer las labores de prevención, el doble de lo que destinó el anterior gobierno, cómo se distribuyeron? ¿Quién dice la verdad, Petersen o Alfaro?
Hay otro aspecto que se ha denunciado: que en la Secretaría de Salud hay un ahorro de 1,350 millones de pesos. Lo denuncia el regidor de Morena de Tlaquepaque, Alberto Maldonado. ¿Es veraz esta información?
MENSAJE DESAFORTUNADO
Por otro lado, es una tristeza la forma como el gobernador de Jalisco abordó el tema. Muy desafortunada intervención. Qué impertinencia y falto de sensibilidad dirigir un mensaje en esos términos, en ese tono, como si se estuviera enfrentando a sus enemigos políticos, cuando se trata del delicado tema de salud que golpea a decenas de miles de jaliscienses -o tal vez ya cientos de miles-, regañando a la gente y justificando que la causa es el cambio climático. Nada abonó el titular del Poder Ejecutivo para ubicarse cerca de los ciudadanos que esperarían a un líder con sensibilidad, pertinente, cálido, que acepte la magnitud del problema y encabece las acciones para enfrentar la crisis en vez de culpar a otros de la tragedia que vive Jalisco.
Después de que pase esta crisis el gobernador está obligado a hacer una revisión a fondo de los problemas que trae dentro de su equipo de gobierno que lo están llevando al precipicio con esos mensajes beligerantes de descalificación que lo distinguen y que no solo lo alejan de los ciudadanos, sino que lo confrontan. Las respuestas negativas y airadas que ha recibido en sus redes de parte de los ciudadanos que antes lo arropaban y apoyaban que son miles, son el mejor termómetro de que el gobierno se encuentra muy extraviado. ¿Qué alguien le explique qué pasó con sus redes? ¿Por qué la gente se le volteó?
¿Qué va a pasar en el sector salud de Jalisco, después de que se supere la crisis sanitaria? ¿Cuál es la lección que nos queda y el aprendizaje para sociedad y gobernantes? ¿Se abrirá a una investigación? ¿Rodarán cabezas o se protegerá la indolencia e incapacidad, aferrados que es el cambio climático el que conspira contra Jalisco, culpable de que haya decenas de miles de enfermos y de las muertes que esto está ocasionado?
Por favor…con la salud no se juega.
E-mail: gabriel.ibarrabourjac@gmail.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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