Costos de la política

Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

Para esta administración la imagen presidencial es prioridad. En ella se sustentan las promesas y compromisos que les permitieron llegar al poder. Poco importa si las acciones de gobierno tienen un fin estratégico para el desarrollo nacional, basta que mantenga la percepción de que el presidente y su gobierno son, austeros, sencillos, justos, honestos y preocupados por los pobres, los resultados son lo de menos.

Recientemente se dijo, que el combate a la corrupción y la austeridad republicana habían logrado ahorros por un billón y medio de pesos, sustentados por casi 800 mil millones de pesos cobrados a grandes contribuyentes, eso es bueno. Sin embargo, otras acciones significativas, por el énfasis puesto en anunciarlas y exhibirlas, no tienen los mismos resultados positivos y en cambio, sí exhiben graves daños a las finanzas nacionales.

El Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, se exhibió como un monumento al dispendio y la corrupción al prohijar que se hicieran grandes negocios en su entorno. Su cancelación llevó al gobierno a pactar pagos anuales de 200 millones de dólares anualmente durante 19 años, o sea 3,800 millones de dólares para el pago de los bonos expedidos para financiar su construcción; al pago de 34 mil millones de pesos para liquidar la Fibra E que daba solvencia al proyecto; al pago de 75 mil 223 millones de pesos a los contratistas por obra realizada y por incumplimiento del contrato; mucho dinero perdido, igual que la confianza de inversionistas.

Se amenazó con cancelar los contratos para la conducción del gas natural en los gasoductos contratados por la Comisión Federal de Electricidad, considerados también como producto de la corrupción entre autoridades anteriores y empresarios. Los resultados, además del retraso en el arribo del necesario gas para el desarrollo del país fueron crudamente exhibidos por la propia Auditoría Superior de la Federación, la cual determinó que, al término de los contratos renegociados la CFE pagará 836 millones de dólares extras a los estipulados en los contratos originales. La CFE pagará, al final del contrato, 11 mil 178 millones de dólares, cifra superior en 157.4% al ahorro que se obtuvo por la “exitosa negociación”. Mucho dinero a pagar por acabar con contratos “leoninos y corruptos”.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, casi emblema de esta administración, en el ejercicio fiscal 2019, ejerció 23,915 millones de pesos. En 2020, el programa dispuso de un presupuesto aprobado de 24,956 millones de pesos; el documento denominado “Evaluación de Diseño con trabajo de campo del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2019-2020”, elaborado por CONEVAL asienta en algunos capítulos: “…Entre los principales hallazgos derivados del análisis destaca que, al término de 2019 el PJCF no tenía una estructura de personal oficial, además no contaba con manuales de procedimientos concluidos, ni con un plan de cobertura para el mediano y largo plazos, y no estaban especificadas las contribuciones que el PJFC haría a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, entre otros aspectos.” En cuanto a capacitación de jóvenes dice: “…no se dispone de mecanismos operativos ni de un equipo de trabajo encargado de revisar y retroalimentar los planes de capacitación,” “…Por extensión, tampoco se dispone de mecanismos operativos, instrumentos metodológicos y personal para revisar en qué medida se están desarrollando los planes de capacitación y logrando los objetivos definidos en éstos.” Es decir 48 mil 871 millones de pesos dilapidados, en un programa ineficiente pero rentable políticamente.

Los apagones de los últimos días hicieron evidente la insuficiencia de almacenamiento de gas y la imprevisión de la CFE, que teniendo conciencia de la vulnerabilidad del sistema, (fue advertida desde 2019) no realizó acciones para evitar la contingencia y en cambio, desde febrero de 2019 se anunció la cancelación de la cuarta subasta para la adquisición de energía de largo plazo de la CFE, así como dos licitaciones para líneas de transmisión de corriente directa. Se cancelaron proyectos de largo plazo, y este gobierno desactivó el Plan Quinquenal 2015-2019 que preveía la licitación de 128 bloques de exploración y extracción de hidrocarburos ricos en gas natural en los estados de Coahuila Nuevo León y Tamaulipas. Así mismo suspendió la ejecución de un contrato para la explotación del Campo Olmos, en Hidalgo Coahuila, lo que impidió que en este momento se estuvieran produciendo 117 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, como lo denunció el Cluster de Energía Coahuila. Mucho dinero y oportunidades perdidas por fijaciones ideológicas de funcionarios seniles.

Para este gobierno, los términos de globalización y eficiencia administrativa parecen estar vedados, al primero no lo entienden, confunden complementariedad con dependencia y la segunda la desconocen.

No hay racionalidad en las decisiones y mucho menos en las alternativas para sustituir lo que eliminan; las empresas productivas del estado las convierten en símbolo de nacionalismo y no de éxito empresarial, la lógica presupuestal es de rentabilidad política no para financiar el desarrollo o la infraestructura productiva, o apoyar a micros y pequeños empresarios o reducir la informalidad. En fin, inmediatismo e improvisación sin mayor horizonte que la próxima elección.