OPINIÓN
COVID-19: Un poder disciplinario para una sociedad estatizada
Educación, por Isabel Venegas //
¿Cómo es que ya estamos a unos días de entrar al pico más alto de contagio sin haber equipado bien a los hospitales y seguimos discutiendo con quienes quieren seguir paseando como cualquier día domingo?
Dice la frase: ¡Mientras haya salud, lo demás no importa! Otros ampliaron el refrán: ¡Mientras haya trabajo y salud, lo demás no importa!… mientras haya trabajo, salud y amor, etc.
Esta pandemia refleja el tipo de sociedad que habíamos tratado de organizar con un examen cuya calificación a veces nos honra y otras avergüenza. Muchos miedos nos acechan: si yo gasto mis recursos en llevar alivio a otros, no sé si el día de mañana vaya a tener para dar de comer a los míos; igual que un sector de la población apoya al gobierno federal en su postura de no adquirir créditos ni endeudamiento para rescatar a las micro y medianas empresas porque hay preocupación en que ese dinero termine siendo el FOBAPROA de 1990, por ejemplo.
Pero se viaja entre el miedo y la valentía, esa que lleva a pensar que no va a pasar nada, o por lo menos no tan grave si se va “tantito” a la playa, si nada más van una que otra vez al súper en familia, si piensan ir a comprar al tianguis o si de pronto se dan cuenta que han coincidido con otro centenar de personas en el Mercado del Mar; ya estando ahí pensarán para sus adentros: ‘¡No, no creo que me vaya a pegar algo, además ya me puse el gel antibacterial!’ Y tal vez enriquecido con un ‘¡En el nombre sea de Dios! O el ¡De algo nos tenemos que morir!’, se quedan, se forman, permanecen, no importan todas las advertencias, los mensajes, la policía y los cuerpos de protección civil apostados en la banqueta tratando de hacer un exhorto ante el peligro.
Lo mismo pasó en la carretera, el congestionamiento vial a las salidas de la ciudad fue enorme porque un proceso de información, revisión y motivación por parte de los cuerpos de seguridad, hizo que se generaran largas filas en los caminos a Vallarta, Chapala y Colima. Sin embargo, eso solo fue un pequeño obstáculo y finalmente siguieron su camino, muchos pensaron que en sus condominios de playa podrían continuar su aislamiento “nice”, y aunque el Gobernador del Estado lo había dicho con todas sus letras “¡No son vacaciones, quédate en tu casa! Las playas estarán cerradas”,… ellos dijeron ¡Vámonos! Turistas extranjeros y locales molestos porque se les estaba privando de su asoleada en la playa, mexicanos que exigían su paso a los lugares tradicionales, jaliscienses que no pudieron dejar de comer camarones y aguachile en viernes santo, y los walmart con controles a la entrada pero llenos a su interior de familias con niños, comprando botanas y juguetes.
La plataforma de Google a través de su registro de ubicación, presentó un informe sobre los nuevos comportamientos a partir de la solitud de aislamiento social en el que mostró a países como Italia, cuya población ha reducido su desplazamiento por tiendas, farmacias, parques, lugares de recreación como cines, restaurantes, etc. en casi un 84%, pero por el contrario México se ubicaba en las últimas posiciones empatado con Estados Unidos con un 35.4%.
Este no es un fenómeno que hable solo de ignorancia y egoísmo al ver que la gente se sigue saliendo sin ninguna protección y orden a la calle; en tanto evidencia el poder de legitimación de argumentos como el que leyó en un post, donde dice que ese virus fue creado en un laboratorio y que lo único que tratan de hacer los grandes corporativos es tener el control mundial de las empresas, asumen que solo es una artimaña y ellos no están dispuestos a perder las vacaciones de semana santa por algo que finalmente se parece mucho a una gripe. Ahí no estaba el sector que no podía dejar de trabajar porque vive al día, ni tampoco era la población más carente de formación o de recursos para amortiguar la crisis.
Sabíamos que si la gente se iba a la playa los que la iban a llevar más fea eran los cuerpos de seguridad, entrenados para que de manera respetuosa, “obliguen” a los ciudadanos a cumplir con su propio mandato de preservar la vida. Pongamos un caso que nos sirva de paralelismo ¿Recuerdas cuando en Tlahuelilpan, Hidalgo se hizo una extracción de gasolina a uno de los ductos de Pemex? No todos eran huachicoleros, había incluso quienes estaban en la toma clandestina nada más por aprovechar la ocasión o por curiosidad.
Aquel día el ejército llegó al llamado de alerta, el sistema había reportado que se estaba fugando el combustible y que debían detenerlo, pero cuando estuvieron ahí vieron que era mucho mayor el peligro que el costo del material. Comenzaron a exhortar a la población para que se retirara, la gente se burlaba o simplemente los ignoraba en tanto llenaban los galones y los subían a camionetas impregnando sus propios cuerpos de un material altamente flamable. En Facebook y whatsapp corría la notica entre los pobladores de la zona y muchos llegaron porque había un mensaje “la gente se está desmayando por el olor a gasolina”; eso hizo que más personas fueran porque sonaba interesante.
Finalmente a dos horas de estar los militares ahí, la tragedia sucedió; el número de muertos jamás contado en un fenómeno de este tipo en nuestro país y no sé si en el mundo: 137 fallecidos y casi 200 huérfanos fue el saldo de una tragedia que escalofrió por unas escenas desgarradoras y aterrorizantes. Ahí había estado la autoridad y lo había tratado de contener. En el video grabado por los mismos pobladores se escucha a los miembros del cuerpo de policías decir: “¡No vaya a explotar esa madre!”, mientras es ignorado, “¡Ey señores aléjense, les va a ser daño tanto respirar eso!”, refiere otro elemento militar.
Pero cuando la toma explotó y hubo que contar a las víctimas e identificar a los cuerpos, comenzaron los reclamos: “el ejército debió contener a la muchedumbre, era su trabajo” denunciaba familiar de un fallecido. «Únicamente había tres carros del Ejército y no hacían nada, dejaban que la gente entrara, no hubo un plan de contingencia que no los dejara pasar«, expuso otro ciudadano. Ese día reportaron que el chorro de gasolina se elevaba entre 5 y 6 metros de altura, la cantidad de personas superaba a los 800 y mil en los primeros 40 minutos. ¿Necesitaba alguien explicar que las medidas de precaución eran de vida o muerte?
¿Cuál sería la logística y estrategia que el ejército o cualquier cuerpo policiaco debiera implementar desde la perspectiva del control de seguridad cuando con 25, 50 o 100 elementos pretende someter a 1000 ciudadanos?, quienes por cierto, desde el momento en que salieron de sus casas ya iban con la mentalidad del todo por el todo. ¿Estamos los ciudadanos conscientes de lo que significa asumir ese tipo de intervención?
Muy seguramente los vacacionistas que se lanzaron al puerto de Vallarta empacaban sus maletas mientras pensaban, “pues a ver si no nos damos un tiro con la policía”, o los del complejo turístico de Los Veneros cuando pidieron un helicóptero para escapar de la cuarentena en la que los habían encerrado “ustedes no nos pueden retener aquí, es nuestro derecho estar en casa”…
Pareciera que un chorro de gasolina se eleva y está a punto de prender en nuestros hospitales mexicanos, y ya sea por necesidad, curiosidad, por retar a la vida o por rebeldía, no estamos colaborando con el servicio médico a través del aislamiento social; cada vez más se escuchan las voces exigiendo la acción de autoridad para que someta por la fuerza a quien no preserva su propia vida, la de los seres queridos o la misma organización social que hemos logrado; pero de ser así habría una doble contingencia porque ¿cómo nos vamos a reponer después de esta pandemia, si ni siquiera para la cuarentena hemos podido contestar con orden y contención?
Hoy la libertad corre el mismo peligro que la salud, y el dinero…, entonces espero que sí nos quede el amor.
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa venegas@hotmail.com
CARTÓN POLÍTICO
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
– Crónica de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
La Universidad de Guadalajara, esa institución que presume de ser la “casa de la cultura” y el “espacio del pensamiento crítico”, se ha convertido principalmente los últimos días en escenario de lo que mejor ilustra su contradicción: los golpes sustituyendo a la palabra, la represión disfrazada de orden académico y la violencia encubierta tras comunicados oficiales firmados por nadie que se haga responsable… llenos de buenas intenciones sin nada de autocrítica.
Lo ocurrido en el CUCSH y en el CUCEI en estos días no es un accidente ni un exabrupto aislado: es la expresión de una estructura política enquistada que se resiste a morir.
Los funcionarios que deberían administrar aulas y presupuestos han terminado con las manos metidas en la gresca. No es metáfora: ahí están los videos donde José Antonio González Orozco, alias “Pepino”, antiguo operador de la FEU que ahora cobra como jefe del complejo deportivo, aparece repartiendo manotazos contra los estudiantes que exigían elecciones limpias. No fue diálogo, fue puño.
Y mientras tanto, la Rectoría General guarda silencio. Una omisión que grita más fuerte que cualquier consigna. Porque si los estudiantes pintan un muro, la indignación institucional es inmediata; pero si un funcionario golpea a los alumnos, la sanción se pierde en el laberinto del archivo muerto, asegurando las protecciones para quienes, en nombre de la “institución”, repartan golpes a los alumnos inconformes.
Encapuchados que lanzan mobiliario, vacían extintores y rodean a estudiantes en paro. Los testimonios y las imágenes difundidas no dejan lugar a dudas: la violencia tiene rostro, y varios de esos rostros se identifican con la vieja militancia de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), ese brazo corporativo que durante décadas ha operado como correa de control a favor del grupo universitario en el poder.
Pero también aparecen los rostros de grupos políticos externos que han participado en movimientos políticos universitarios sin llegar a ser de los “ungidos”, pero que, ahora apoyados por un personaje de la estructura universitaria, vuelven a buscar un lugar en el feudo.
Se habla de “diálogo” en los comunicados, pero en los pasillos los que dialogan son los puños. La contradicción es evidente: las autoridades centrales rechazan la violencia en boletines, pero sus hombres de confianza y familiares aparecen entre los agresores.
Lo que demandan los estudiantes no es menor: baños dignos, comedor subsidiado, protocolos contra acoso, contratación estable de docentes, transporte seguro, participación real en las decisiones universitarias. No son exigencias revolucionarias, son derechos elementales que cualquier institución pública debería garantizar sin necesidad de paros ni barricadas.
¡Ojo! La petición de tener un área para fumar mariguana es simplemente una charlotada que en ninguna circunstancia puede proceder; sean serios si quieren ser tomados en serio como disidencia.
Pero el punto neurálgico, el que prende las alarmas en los pasillos del poder, es la exigencia de cancelar las elecciones del Consejo General Universitario y limitar la intervención de la FEU. En otras palabras: quitarles el monopolio de la representación. Y eso, para los jefes y jefas universitarios, es inadmisible.
Mientras las pedradas y los empujones manchan el nombre de la UdeG, la rectora general Karla Planter ha optado por la estrategia del silencio. No se presenta a dialogar, no encabeza el proceso, no frena la violencia. Desde su llegada, “La Planter” solo ha servido como la imagen que asiste a reuniones y eventos sociales, pero, en todo este tiempo, usted no va a encontrar UNA situación en la que la primera mujer rectora de la UdeG hubiera destacado por su capacidad de decisión y liderazgo; lo peor, NINGUNO de su equipo ha ocupado el lugar de liderazgo y decisión que la UdeG requiere.
En esta ocasión, parece que la rectora espera que el tiempo, las fiestas patrias o el desgaste natural diluyan la protesta, si es por recomendación estratégica, queda claro que, ¡Su asesor le odia!
Lo extraño es que los choques más fuertes ocurrieron justo en los días en que Planter se ausentó, ¿casualidad o decisión de quien sabia no estaría disponible la rectora? Coincidencia que huele a cálculo: dejar que otros enciendan el fuego para luego presentarse como bombera institucional o la aparición de un “líder” que rescate la situación.
Mientras, el equipo de comunicación externo que apoya a los disidentes a manejado bien las notas en los principales medios de comunicación alertando a la ciudadanía de lo que pasa al interior de la Universidad a la que asisten sus hijos, generando buenas piezas de comunicación visual en redes con mensajes claros y específicos que pueden digerir e indignar los consumidores de TikTok, X, Facebook e Instagram. Logrando en días lo que el viejo sistema de comunicación universitario no ha podido lograr, UN mensaje que permee a nivel social, porque desde sus oficinas, los dirigentes universitarios repantigados creen que la gente común está esperando leer el más reciente comunicado pagado por los “abajo firmantes”, que servirá de indicación de lo que se debe creer y entender.
El saldo es claro: estudiantes golpeados, aulas cerradas, comunidades académicas divididas, puertas de ingreso soldadas y una autoridad que administra comunicados -Muy malitos, por cierto- mientras sus operadores administran golpes y porras —siempre los mismos rostros en escena desde hace años, por cierto—.
La Universidad de Guadalajara enfrenta un espejo incómodo: aquel en el que se refleja como un aparato político que prefiere la represión a la reforma, la simulación a la democracia y la obediencia ciega a la crítica estudiantil… Oiga, ¿ya se dio cuenta de que en toda esta rebatinga la FEU tampoco ha aparecido? Y no me refiero a otro comunicado anodino firmado por la “primera mujer presidenta de la FEU”, yo hablo de esa estructura política de estudiantes que defiendan sus procesos por democráticos y transparentes, y den la cara por sus líderes que saben que los representan.
¡Bueno! Hasta los centros universitarios tienen que ser defendidos por grupos externos porque los flamantes “rectores” carecen de equipo que les respalde. Lo bueno es que la disidencia avisa con tiempo sus manifestaciones; si atacaran al mismo tiempo, se quedarían con varios centros universitarios, pues los rectores no alcanzan a defender ni su oficina. ¿O será que las manifestaciones están muy bien ordenadas en tiempo y lugar desde dentro de la misma UdeG para propiciar la aparición de un “líder” solucionador?
Las siguientes semanas serán importantes en esta historia, porque lo que está en juego no es solo un proceso electoral universitario, sino la credibilidad de una institución que presume autonomía, pero se comporta como un feudo… Donde cada vez es más recurrente escuchar: ¡Qué falta nos hace Raúl!
En X @DEPACHECOS
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