JALISCO
Crónica de un feminicidio
Opinión, por Iván Arrazola //
El día 31 de enero de 2023 Alondra Franco, una joven originaria de Poncitlán, Jalisco acudió acompañada de su mamá, Liliana Tinoco, a levantar una denuncia en contra de su pareja, Cristofer Gerardo, por violencia intrafamiliar, la joven jamás imaginó que ella y a su mamá les costaría la vida el ir a la levantar la denuncia aquel día. Era la segunda vez que Liliana acudía al Ministerio Público, que le pedía pruebas para darle seguimiento al caso de su hija.
El padre de la joven declaró que Cristofer Gerardo la tenía amenazada, le había dicho que mataría a su padre y a su hermano si lo dejaba. La joven se armó de valor y lo último que le dijo a su padre es que quería salir de ahí. Desafortunadamente para Alondra, ese día no tuvo suerte, no había personal vigilando el lugar, los agentes se encontraban haciendo trabajo de investigación según declaró el fiscal, y nadie dentro de la agencia del Ministerio Público fue capaz de impedir la agresión.
Sandra es una mujer de 37 años, que vive en el municipio de Zapopan, es madre de dos hijos, que el sábado 4 de febrero fue atacada por su ex esposo, la golpeó y la apuñaló enfrente de sus hijos, de cuatro y ocho años respectivamente. Perpetrado el acto, el agresor tomó el auto de Sandra y huyó del lugar.
Sandra en algún momento formó parte del programa pulso de vida, un mecanismo de protección que le otorgan las autoridades municipales a mujeres que son víctimas de violencia, como una medida para prevenir agresiones en su contra. Sandra tuvo el pulso de vida durante el 2021 pero durante el 2022 ya no, posiblemente si lo hubiera tenido, hoy no se encontraría en situación crítica, las autoridades hasta el momento no han explicado por qué lo dejó de utilizar.
El problema de la violencia contra las mujeres es severo, Cladem informó que, de enero a septiembre de 2022 por violencia familiar el 911 en Jalisco recibió 27 mil 064 llamadas de auxilio y un total de 25 mil 586 llamadas por ataques perpetrados por la pareja sentimental.
Desafortunadamente las autoridades gubernamentales no lo ven así, el movimiento feminista ha sido uno de los más activos durante el sexenio, denunciando la violencia contra las mujeres. Para el presidente López Obrador el movimiento feminista con sus marchas e inconformidades busca afectar a su gobierno, “Hay que ver qué es lo que está detrás, porque hace unos dos años, cuando empezó el movimiento feminista muchas mujeres participaron, pero se empezaron a dar cuenta de que se habían convertido en feministas conservadoras solo para afectarnos a nosotros, solo con ese propósito” (El País 29/10/21).
Para el presidente López Obrador es inadmisible la crítica hacía su gobierno, todo el que no está de acuerdo con él o cualquier protesta, es considerado como conservador, según sus “otros datos” los feminicidios han disminuido en un 20% en el 2022 de acuerdo con los datos de las fiscalías estatales, dato poco confiable tomando en cuenta que las fiscalías reclasifican los feminicidios.
Es una mala costumbre por parte de las autoridades acudir a las cifras, hablar de porcentajes, de tasas a la baja, de que feminicidios y denuncias van a la baja, cuando la realidad es otra, dramas como el que vivió Alondra y su madre de lo que hablan es de un sistema lento, burocrático, que no le brinda ningún tipo de protección ni de incentivo a quien decide armarse de valor y denunciar.
Como ejemplo de esto, el pulso de vida, que es el dispositivo con el que contó Sandra en 2021, es uno de los mecanismos que se utiliza para proteger a las mujeres, sin embargo, los municipios que son los que brindan este servicio, cuentan con pocos dispositivos, Guadalajara cuenta con 700 y Zapopan con 400, si se toman en cuenta la cantidad de denuncias por violencia intrafamiliar que se presentaron en el estado y llegaron casi a las 3000 en 2022, la realidad es que el problema rebasa por mucho a las autoridades.
Pero hay un elemento más y que son duda es el más cuestionable, cuando se buscan razones para explicar los feminicidios y la violencia contra la mujer, una explicación que las autoridades han deslizado sin sustento y sin evidencia es la descomposición social. El gobierno evade su responsabilidad y señala directamente a las personas, a la sociedad, la cual es la responsable de que las personas se dañen.
Esta es la forma en que las autoridades responden a un problema público que indudablemente los ha rebasado, el pensar que con solo detener y encarcelar a las personas que cometen estos delitos se detendrá el fenómeno de la violencia y el feminicidio es un razonamiento equivocado, la respuesta está en el seguimiento y la protección que se le debe brindar desde el Estado a una mujer desde el momento en que pide ayuda o decide denunciar, resignarse simplemente a detener y encarcelar es renunciar a su deber y simplemente sentarse a observar como aumenta el número de casos como el de Alondra, Liliana y Sandra, lo que de ninguna manera se puede tolerar.
