– De Frente al Poder, por Óscar Ábrego

Parece que el viento sopla a favor de la diputada federal, Merilyn Gómez Pozos, para que se convierta en la abanderada de Morena a la presidencia municipal de Guadalajara.

A la distancia –porque nunca he tenido la oportunidad de conocer a la legisladora-, en efecto, las señales dicen que es la favorita de la nomenclatura del partido.

Sin embargo, me parece oportuno compartir algunas reflexiones que podrían resultar valiosas a la luz de la coyuntura.

Es cierto, la marca partidista en la capital supera –al menos por seis puntos porcentuales- a Movimiento Ciudadano.

Lo anterior ha elevado el optimismo en las filas guindas, al grado que hay quien asegura que Guadalajara será en el 2027 la nueva gran conquista del Movimiento de Regeneración Nacional.

Al respecto, recomiendo mucha cautela, ya que en los estudios de opinión que he tenido a la vista, elaborados recientemente a petición de grupos empresariales y un par de ayuntamientos, la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara Baja, aún no figura, lo que sugiere que si bien es verdad que cuenta con la simpatía de un buen número de correligionarios, deberá apretar el paso para colocarse en el ánimo de la población.

Recordemos que en Morena las encuestas serán determinantes para saber quién estará en condiciones competitivas –sea militante o simpatizante- para definir postulaciones en nuestro próximo encuentro con las urnas.

Cosa distinta ocurre con Alberto Uribe, ex alcalde de Tlajomulco.

El actual coordinador del Corredor Pacífico del Bienestar de la Secretaría de Economía, aparece bien posicionado en las mediciones realizadas en las últimas fechas, aunque carece del respaldo de funcionarios, especialmente federales, como el que -por ahora- tiene Gómez Pozos.

Pero el asunto se pone más interesante cuando colocamos en la mesa del análisis, el hecho de que ambos se profesan respeto político y profesional, algo poco visto en estas tierras.

Hasta donde se sabe, si Morena opta por Mery, Alberto se sumaría a su causa con todo y la estructura que está construyendo; mientras que de darse lo contrario, Gómez Pozos apoyaría a Uribe.

A mí me agrada esta dupla.

Se trata de dos perfiles con un mínimo de negativos de frente al electorado.

Insisto, miro desde la lejanía, a Merilyn Gómez Pozos como alguien que viene a refrescar el ambiente político de la ciudad.

En tanto, Alberto Uribe ofrece las mejores cartas credenciales en cuanto a experiencia en la administración pública se refiere, y por si fuera poco, cuenta con el apoyo de Marcelo Ebrard, hoy por hoy, uno de los más serios aspirantes a suceder a Claudia Sheinbaum en el aún lejano 2030.

Así pues, tenemos a los primeros finalistas de la Cuatro T rumbo a la alcaldía tapatía.

@DeFrentealPoder

*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, activista, escritor y analista político.

– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco

En Jalisco, el Poder Judicial se prepara para una cirugía mayor. Lo que hasta hace poco parecía un rumor lejano —la elección popular de jueces y magistrados— se ha convertido en un dictamen con estructura, calendario y reglas claras. El Congreso local, en su Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales, ha puesto sobre la mesa una reforma que, si se aprueba, transformará la justicia jalisciense en un terreno inexplorado: los tribunales convertidos en campo electoral.

La propuesta no surge del vacío. Deriva de la reciente reforma al artículo 116 de la Constitución Federal, que obliga a los estados a adecuar sus constituciones para permitir la elección directa de las personas juzgadoras. En cumplimiento de ese mandato, el dictamen jalisciense reforma y deroga múltiples artículos de la Constitución local, bajo el argumento de que el modelo de designaciones internas y cuotas políticas ha agotado su legitimidad.

El documento, resultado del análisis de reformas similares en 16 entidades federativas, sostiene que Jalisco no puede quedarse al margen del nuevo paradigma: jueces y magistrados elegidos por voto ciudadano, campañas de sesenta días, y una estructura administrativa renovada.

Pero el cambio no es menor: la justicia, que por décadas se mantuvo en el terreno técnico y reservado de las élites jurídicas, pasará a la arena política. A partir de 2027, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y los jueces de primera instancia deberán conquistar las urnas como cualquier candidato a un cargo público. No habrá elección en 2025, lo cual deja dos años para preparar la maquinaria electoral judicial.

El dictamen prevé que los 34 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y los jueces locales sean elegidos por voto popular. Cada uno tendrá un mandato de nueve años con posibilidad de reelección. Los segundos lugares en las votaciones fungirán como suplentes, replicando el modelo federal.

Las campañas serán de 60 días, con la prohibición de recibir financiamiento público o privado. El Congreso, el Ejecutivo y el Supremo Tribunal conformarán comités de evaluación para filtrar aspirantes, quienes deberán acreditar un título en Derecho con promedio mínimo de ocho —nueve en materias especializadas— y cinco años de práctica profesional.

Desaparece el viejo método de insaculación, ese eufemismo que disfrazaba la tómbola institucional con la que se sorteaban nombres a conveniencia de los grupos de Poder Judicial. En su lugar, la ley establecerá mecanismos técnicos y objetivos de evaluación, prometiendo meritocracia donde antes hubo discrecionalidad.

El actual Consejo de la Judicatura desaparecerá para dar paso a un Órgano de Administración Judicial de cinco miembros: uno designado por el Gobernador, tres electos por el Congreso y uno por el Supremo Tribunal de Justicia, todos por un periodo de seis años.

A su lado operará un Tribunal de Disciplina Judicial, integrado por tres magistrados electos popularmente, encargados de sancionar conductas indebidas y garantizar la rendición de cuentas. Este tribunal, dicen los redactores del dictamen, eliminará la discrecionalidad que durante décadas convirtió la disciplina judicial en un juego de favores.

El rediseño presupuestal también es revelador: el 70% del presupuesto que antes manejaba el Consejo de la Judicatura se dividirá ahora entre el Órgano Administrativo (50%) y el Tribunal de Disciplina (20%). La reforma pretende blindar la autonomía financiera con la figura del “Presupuesto Constitucional”, para impedir que futuros gobernadores reduzcan arbitrariamente los recursos judiciales.

El dictamen proclama un propósito noble: fortalecer la transparencia judicial y acercar la justicia a la ciudadanía. Sostiene que, al permitir la elección directa de jueces y magistrados, se refuerzan los lazos entre sociedad e instituciones. La justicia, dicen, dejará de impartirse desde la torre de marfil y bajará a la plaza pública.

El problema es que la plaza pública no siempre garantiza independencia. En los países donde se han ensayado modelos similares —como ciertos estados de Estados Unidos— los jueces terminaron dependiendo de la popularidad y no de la legalidad, moldeando sus sentencias al humor social o al poder económico que domina las campañas.

En México, donde la frontera entre justicia y política ya es porosa, la pregunta es inevitable: ¿quién financiará las campañas de los jueces si no hay dinero público ni privado permitido? ¿Y quién podrá competir en igualdad si la exposición mediática y los recursos informales se convierten en la nueva moneda judicial?

El documento introduce además una reforma simbólica, pero cargada de ideología: ningún servidor público podrá ganar más que el Presidente de la República. Una cláusula que lleva la huella discursiva del presidente López Obrador, aunque el gobierno jalisciense pertenezca a Movimiento Ciudadano. El gesto parece buscar legitimidad popular en una reforma que, paradójicamente, podría someter a los jueces al mismo escrutinio mediático que a los políticos.

También se incluye lenguaje neutral de género, eliminando el uso exclusivo de “magistrado” o “magistrada” y sustituyéndolo por “personas juzgadoras”, en concordancia con la perspectiva inclusiva del nuevo constitucionalismo mexicano.

El dictamen no se engaña: reconoce que el texto constitucional no basta. Propone la expedición de dos leyes clave:

La Ley Especial Electoral del Poder Judicial, que regulará el proceso de registro, campañas y elección de jueces y magistrados.

La Ley de Carrera Judicial, orientada a la profesionalización y formación continua, con la creación de una Escuela Judicial Estatal articulada con el Sistema Estatal de Servidores Públicos del Poder Judicial.

Ambas leyes serán el terreno real donde se juegue la independencia judicial. Porque una cosa es proclamar la democratización de la justicia y otra muy distinta operarla sin que se convierta en una parodia electoral.

El dictamen se presenta como una pieza del proyecto nacional de transformación del Poder Judicial. Su narrativa se alinea con el discurso federal: un Poder Judicial que debe “servir al pueblo” y no a sí mismo. Pero también revela la tensión entre los órdenes de gobierno: el federalismo judicial mexicano está siendo redibujado, y Jalisco —que históricamente ha reclamado su autonomía— parece ceder terreno al nuevo paradigma centralizador disfrazado de democracia participativa.

El corazón de la reforma late entre dos promesas: democratizar y modernizar. Pero como toda cirugía política, puede dejar cicatrices. Si las campañas judiciales se convierten en concursos de popularidad, la justicia podría volverse un botín más de la política electoral.

Jalisco, laboratorio de modernidades y excesos, experimentará ahora con la justicia en campaña. En el papel, los ciudadanos elegirán a quienes los juzgarán. En la práctica, veremos si los partidos y los intereses económicos renuncian al apetito de intervenir en el nuevo escenario judicial.

El desafío no es menor: lograr que la justicia sea cercana al pueblo sin volverse rehén del pueblo. Que la independencia no se vote cada tres años, sino que se construya todos los días.

Porque si algo enseñó la historia política mexicana es que cuando la toga se mezcla con la propaganda, lo que se pierde no es el voto… es la justicia.

En X @DEPACHECOS

– Opinión, por Miguel Anaya

Hace aproximadamente doce años, tuve la oportunidad de conocer a Toni Puig, especialista en gestión cultural, comunicación y mercadotecnia gubernamental. Un personaje brillante, recordado por haber sido uno de los responsables de crear la marca ciudad de Barcelona.

En una cena, mientras se hablaba sobre urbanismo y ciudadanía, Toni expresó su preocupación por el crecimiento desordenado de los condominios en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Decía que, sin una regulación adecuada y un plan de desarrollo integral, el fenómeno podía derivar —a mediano plazo— en serios problemas de movilidad, cohesión social y seguridad. Hoy, el paso del tiempo le ha dado la razón.

Guadalajara, como muchas ciudades latinoamericanas, se acostumbró a vivir detrás de muros. Lo que comenzó como una alternativa habitacional se convirtió en una manera de entender la vida urbana: el condominio como refugio ante un Estado que no garantiza seguridad, ante servicios públicos cada vez más deficientes y ante la creciente desconfianza hacia el otro. “Afuera está el peligro, adentro la tranquilidad”, parece ser la consigna invisible que sostiene este modelo de vida cerrada.

Sin embargo, esa promesa de tranquilidad tiene consecuencias poco tratadas. Cada coto o fraccionamiento cerrado es, también, una renuncia a lo colectivo. Al amurallar grandes extensiones de tierra, se fractura la ciudad: se privatizan calles, se interrumpen vialidades, se encarecen los traslados y se bloquea la posibilidad de un tejido urbano continuo. El resultado es una Guadalajara fragmentada, donde el miedo dicta la forma de los barrios y la movilidad se ahoga entre plumas y garitas.

Además, los condominios no solo transformaron la arquitectura: modificaron la relación entre los ciudadanos y el Estado. Dentro de estos espacios, los vecinos adquirieron funciones propias del gobierno: contratan vigilancia, pagan por la recolección de basura, mantienen sus áreas verdes e, incluso, crean sus propias reglas de convivencia.

De alguna forma, el Estado es ajeno a lo que sucede en los condominios y lo aceptó, porque esto, le quitó responsabilidad. Así, lo que debería ser un modelo de corresponsabilidad se ha convertido en un experimento de autogobierno aislado, donde la seguridad y el orden dependen del saldo de mantenimiento, no de una política pública.

Ejemplos de cómo las murallas han ahogado la movilidad de la ciudad hay varios: López Mateos, sin posibilidad de construir salidas viales que permitan alimentar otras alternativas viales; lo mismo sucede en la zona norte de Zapopan con Santa Margarita y Juan Gil Preciado. Qué decir de la entrada a la ciudad por la carretera a Vallarta que se convierte en un martirio diario.

Y pese a todo, el condominio no es un error que deba desaparecer. Es un síntoma. Refleja una época de incertidumbre y desconfianza sobre las autoridades gubernamentales, pero también de búsqueda de comunidad, de orden y de control sobre el entorno. Lo que no se encuentra en lo público, se busca en lo privado. Por eso, más que condenarlo, es urgente repensarlo.

El reto está en diseñar políticas urbanas que integren estos espacios a la lógica de ciudad, que sean desarrollos que no ahoguen vialidades, que garanticen conectividad y aseguren que la vida privada pueda convivir con la vida pública. Que logre que los condominios se conviertan en parte del municipio y no en entes aislados del mismo.

Porque al final, el verdadero peligro no está afuera del condominio: está en la idea sectaria y maniquea de que solo adentro vale la pena vivir; de que adentro es un mundo que se rige con sus propias reglas, olvidando las leyes y los códigos civiles. Replanteemos los condominios. Pensemos en términos de ciudad y de nación. De sociedad incluyente que atiende los derechos y obligaciones del país que conforma.

– Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez

La historia, madre de la vida, nos recuerda por qué y cómo han sucumbido regímenes otrora invencibles, que parecían sempiternos, pero que hoy solo son un recuerdo. Algunos ni eso. Si “la perdición de los hombres son las benditas mujeres”, para los países, la perdición que los colapsó son los que se creyeron más que benditos, incluso… “dioses”.

Algunos factores que, indudablemente, llevan a una nación a la ruina: la ingobernabilidad: La falta de estabilidad política, por conflictos internos, por la ausencia de un Estado de derecho justo y fuerte, generan incertidumbre entre los ciudadanos y los empresarios, nacionales e internacionales. Esto deriva en anarquía, caos jurídico; suspensión de inversiones locales e internacionales. La economía puede deteriorarse y paralizar al país.

La exclusión de varios y variados grupos de participación política y económica genera desigualdades y conflictos sociales, así como impunidad, lo que facilita la corrupción y un Estado Fallido. La democracia es en estos países un mito.

La corrupción: la descomposición de una nación inicia con prácticas de corrupción de toda índole y en todos los sectores. La corrupción socava los cimientos de un país. La corrupción se ha tornado en un eslogan de todos los políticos. Sea para condenarla, para atribuirla a los malos, que siempre son los otros, nunca los que la condenan.

Desviar fondos y recursos públicos que deberían emplearse en obras sociales, ayudas por desastres, educación popular, servicios públicos de calidad, son muestras de la degradación de las instituciones, tanto las públicas como las privadas. La opacidad de los gobernantes o de dependencias enteras, motiva a “pensar mal” cada vez que se adquiere, por parte de los gobiernos, insumos, vehículos, materiales, etc.

Los fraudes al erario son también motivo de desestabilización. Sean de los empleados comunes y corrientes, así como de funcionarios de alto rango, indican que los políticos han propiciado el saqueo y los asaltos porque un gobierno involucrado en este fraude, que lo solapa o lo cubre, pierde credibilidad y don de mando.

Las políticas económicas gubernamentales deficientes o erradas pueden provocar crisis y desestabilizar; por ejemplo, tener inflación incontrolable y desequilibrio en la producción, distribución y comercialización, que afectan al consumo y la devaluación de la moneda, reduciendo el poder adquisitivo de la sociedad.

Los malos acuerdos comerciales con otros países desestabilizan la balanza; la distribución de la riqueza debe fomentarse de acuerdo con parámetros de productividad, trabajo y recaudación impositiva que, a su vez, cubra las necesidades de servicios, estímulos, y aún protección a las empresas nacionales, para no crear conflictos o descontento social.

El endeudamiento oficial debe ser mesurado; la exageración de recurrir a este recurso económico puede llevar a la ruina a cualquier Estado. La austeridad debe ser política constante, so pena de caer en dilapidación, despilfarro y el pago de intereses muy elevados.

Otro factor importante es la debilidad institucional. Cuando no hay Estado de derecho, cuando la impunidad campea en todos los ámbitos y la violencia es incontrolable, el Estado merma en su gestión rectora y en su prestigio interno y externo.

La inseguridad pública propiciada por la corrupción de los cuerpos policiacos, el ejército o las fuerzas del orden en general, y el poderío del crimen organizado derivan en un estado anárquico, sin ley, con grandes afectaciones a la sociedad civil, a la que se relega a un segundo término, cuando debe de ser el motivo principal del gobierno.

Los valores en decadencia son también un factor de deterioro. La ética ausente genera arbitrariedades, discriminación, iniquidad, desigualdad, corrupción y termina con la integración de la sociedad. La falta de accesos a la salud o servicios públicos deficientes o inexistentes impacta directamente en la pérdida de capital humano y la productividad. También en un descontento social grave.

El “dejar hacer, dejar pasar”, muy de emperadores romanos o déspotas históricos, puede ser una moda en lo referente a las decenas de miles de desaparecidos, sin que haya respuestas a las personas que, desesperadas, buscan y encuentran restos de personas sacrificadas al más estilo bárbaro.

La inestabilidad global por crisis económica, por los conflictos bélicos o por malas prácticas diplomáticas contribuye también a crisis sociales, económicas y políticas que pueden tener consecuencias de inestabilidad del gobierno.

Los cambios geopolíticos, que incluyen decisiones de gobiernos extranjeros, afectan al entorno de la gobernanza y los negocios, tales como la imposición de nuevos aranceles a los productos nacionales.

Los requisitos para que las divisas entren al país, los cobros por enviarlas o cobrarlas, tienen también repercusión en países como México, cuyo monto de ingreso es uno de los más importantes para la estabilidad económica nacional. Las exportaciones de bienes que dan al país un ingreso muy significativo deben ser estimuladas, motivadas y no tener tantas regulaciones oficiales porque desalientan esta actividad que nutre de recursos a las empresas asentadas en territorios nacionales.

Los gobernantes de todos los países conocen todos los factores mencionados. En algunos casos, “juegan” con el destino de personas que creen o que les tienen confianza, por haber llegado al poder por los métodos convencionales democráticos.