OPINIÓN
¿Cuál es la naturaleza del hombre?
Por Isabel Venegas //
Una de las ciencias más necesarias, pero a la vez más expuestas al juicio social es la de la psicología porque dentro de ella se entrelazan o derivan ramas, estudios o corrientes que no son del todo respaldadas por criterios plausibles, es decir, para que una metodología tenga validez científica debería tener el consenso de la mayoría de los doctos en la materia, pero hoy en día el gremio es tan amplio que cada una de las propuestas va teniendo su propio terreno y con ello un público que lo avala, lo respalda y se lo apropia como toda una verdad.
El debate ante ciertas técnicas se sigue dando porque la ética con la que se maneja no necesariamente está asegurada por los terapeutas que, en el peor de los casos, propician una manipulación que facilita el éxito en la consulta. Obviamente que esto es el juicio severo que solo debe mantener un foco de alerta encendido y no significa que sea así en todos los casos.
Pongamos por ejemplo el caso de una “terapia de sanación – liberación emocional” en la que la persona hace una regresión a sus memorias más ancestrales para encontrar el momento que le generó un conflicto el cual le impide salir adelante con una situación actual. En ese sentido, hay una comunidad que critica fuertemente el hecho de que al hacer ese tipo de intervenciones, suele haber un sujeto como terapeuta, que puede incidir en las memorias y sembrar imágenes que probablemente nunca existieron pero que terminan siendo referentes para justificar una acción presente y a partir de ahí, asumir una consecución de acciones para empezar a mejorar.
Vaya, más concreto, imagina que alguien va a terapia, a una sesión de regresión, en ese ejercicio misteriosamente logra recordar que a su mamá la violentaba alguien en el prenatal, con lo cual entiende que esa es la razón por la que actualmente sigue buscando una fuga a un recuerdo que no había identificado. Ahora gracias a haberlo encontrado, puede –efectivamente- comenzar un proceso de sanación y liberación espiritual, perdonando a sus antepasados quienes inconscientemente le dañaron de forma tal que, hasta ahora seguía cargando con esa frustración y dolor.
¿Qué tan seguros estamos de que no hay una inducción a eso? ¿Cuál es el límite para utilizar un recurso de esta naturaleza? No lo tenemos muy claro, lo que es cierto es que antes de “elegir” alguna de las propuestas terapéuticas, deberíamos partir necesariamente por tomar conciencia sobre la postura en la que nos concebimos ¿Crees que el ser humano es bueno, de luz, puro, pero que es la sociedad la que corrompe y daña su naturaleza?
Esa afirmación se atribuye principalmente a Rousseau, pero se puede establecer una relación con la propuesta que maneja por ejemplo, Freud. Es decir, cuando alguien habla del subconsciente como si fuera un ente ajeno a la persona, que está actuando en un segundo plano, parecido a la caricatura de un angelito y un diablito sobre el hombro derecho e izquierdo, los daños que hicieron otras personas o las afectaciones que la historia nos genera (como la teoría de las constelaciones familiares, por ejemplo), quiere decir que no tienes el control total de tus acciones o emociones, del rumbo con el que asumes tu vida y el libre albedrío con el que puedes hacer o dejar de hacer cada cosa; dicho de otra manera, requieres identificar un elemento ajeno a ti para tomar el control de ti.
En contraste, concebir al ser humano como un ser de carne, que tiende a cometer errores, pero que se regula a partir de estar inmerso en una sociedad, puede de entrada parecer demasiado cruel y negativo, pero es una postura que asume a un ser en su plena libertad. De ahí que sea necesario considerarlo para poder también hacer un ejercicio de educación reflexiva, en la que se piensa al otro con la misma libertad de actuar y en la que no hay un elemento ajeno al que yo pueda responsabilizar de mis acciones.
Desde esta concepción podemos entender que lo rotos, equivocados, asertivos, o no, es una construcción propia que entiende una afectación por entes ajenos, pero que no es determinante sino en la medida en la que yo me apropio de mi conciencia y de mis decisiones. Pareciera entonces una incongruencia el hecho de querer tomar “las riendas” de la vida, empoderarte de ti mismo y asumir el libre albedrío, cuando al mismo tiempo se requiere de una justificación de intervenciones ajenas a mi consciencia, incluso si hablamos de un ente que vive dentro de cada quien, así lo llamemos inconsciente, espíritu o divinidad.
El problema de no asumir con razón plena la definición de esas bases no está en el posicionamiento de una o de otra, sino en cruzar los cables y tomar una postura ecléctica que me lleva a justificar una u otra cosa a la medida, pero sin la intencionalidad consciente de las implicaciones que estas conllevan, como decía un querido amigo, hacer un batido que mezcla los contenidos ya sea sin sentido, o por el contrario, de un modo acomodaticio para ir justificando a merced.
Cada una de las sentencias que se emiten, deberá entonces ir alineada a lo que de origen vamos considerando como parte de una estructura en la concepción del hombre, para que a desde ahí se pueda establecer con claridad su manejo de emociones, de acciones y de formación, con ello va también la definición de lo que se considera felicidad y de los objetivos de vida que se van planteando por individuo y por colectividad.
José Antonio Segrelles, de la Universidad de Alicante decía a diferencia de Rousseau, el hombre nace malo y la sociedad lo hace peor. Probablemente nuestras generaciones se han vuelto muy susceptibles a las perspectivas y notas fatalistas, sin embargo, pensar en que hay factores que son altamente influyentes más no determinantes en nuestra conformación como seres humanos, nos puede volver mucho más libres y felices.
Hoy en día los retos y conflictos a los que nos enfrentamos, son de una complejidad cuyo valor agregado considera las variables “tiempo” e “información”. La velocidad con la que los datos viajan nos requiere de una toma de decisiones que muchas veces no considera un análisis profundo y una reflexión real. De ello están implicadas cada una de nuestras acciones, así como el estilo de políticas públicas que vamos reclamando, es decir, esa cultura social, esa construcción multifactorial que implica una serie de conceptos, deberá de estar alineada a una definición más o menos plausible de cómo concebimos al ser humano.
De ahí que podamos objetivar a través de un consenso la intención de seguir queriendo regular todo, mantener políticas que se orienten al fortalecimiento de leyes que conciben al ser humano desde la necesidad de ser controlado por cárceles, policías o cualquiera de las autoridades que le someten, sabiendo que el espíritu no tiende hacia el bien común o la armonía en sociedad; caso contrario, hablaríamos de una línea de apertura a la libertad, con la confianza de que la persona tiende a la bondad y que en la medida en la que esa formación se fortalece, se puede revertir el daño que hoy estamos enfrentando.
Todo lo anterior va por dos cosas: uno, porque los niveles de violencia no pueden ser atendidos desde el paradigma que, sexenio tras sexenio, año con año, vemos que solo se multiplica y agrava, de modo tal que un estado de ingobernabilidad, obligatoriamente reclama comenzar por gobernarnos cada uno a nosotros mismos. Dos, porque si vamos a proponer un nuevo enfoque, debemos llevarlo a la formación escolar donde se impacta a la niñez en la definición de su forma de ser, de pensar y de actuar.
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa venegas@hotmail.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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Juan Pablo
20 de octubre de 2019 at 23:56
Muchas gracias por la informacion?