OPINIÓN
¿Cuándo y cómo volveremos a las aulas?
Educación, por Isabel Venegas //
La pandemia por el coronavirus no asoma su fin, especialmente para nuestro país no hay siquiera una esperanza de que el desenlace sea pronto; mientras en algunos lugares del mundo ya han controlado el nivel de contagios y están tomando aire para prepararse a una muy posible segunda ola, nosotros parece que no saldremos de la zona de revolcadero cuando ya nos estará pegando de nuevo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó el sábado un incremento récord de casos de coronavirus en el mundo con un incremento de 212.326 infecciones en apenas 24 horas. La tasa más acelerada se registró en Estados Unidos, Brasil e India, según el informe diario que registra el récord de la propagación de una enfermedad que ha causado la muerte a más de medio millón de personas en poco más de medio año.
De acuerdo al último reporte de la Secretaria de Salud en México, estas son las principales cifras al sábado 4 de julio: 252 mil 165 casos confirmados acumulados, 26 mil 75 casos confirmados activos, 74 mil 387 casos sospechosos acumulados y 30 mil 366 defunciones, colocando a nuestro país en el Top 10 de los del nivel más alto de dispersión y letalidad del virus COVID19. Con toda la evidencia que se cuenta no podemos dudar de lo delicada de la situación.
Ante este panorama se instaló la mesa de trabajo para evaluar las posibilidades de cómo llevar la agenda de educación en nuestro estado, se busca dar respuesta a los padres de familia, los docentes, los directivos y administrativos quienes se mantienen alertas sobre qué es lo que vendrá, por cierto, la semana pasada escuchaba a un profesor de Harvard narrar sobre las políticas educativas que esa institución está planteando.
A propósito de la libertad de elegir, esa casa universitaria ha convocado a sus estudiantes y profesores a que expresen cuál es la modalidad con la que quieren retomar sus estudios para el siguiente ciclo escolar. Es probable que haya quienes escojan seguir trabajando desde sus casas en un modo más cómodo y seguro, pero habrá quienes piensen que para la millonada que están pagando, la experiencia cognitiva no puede privarse de las relaciones interpersonales, comerciales y profesionales que los jóvenes estudiantes también logran en sus años de formación.
Hoy un verdadero privilegio debería ser el de poder tomar a través de una elección madura y responsable la posibilidad de salir, de exponerse, pero también hay un tema de la co-responsabilidad que las estructuras tienen, porque aunque los padres de los hardvarianos tengan la capacidad económica para contratar pólizas de seguro médico ampliado, seguramente exigirán a la escuela que la libertad sea vinculada a su capacidad de que los salones estén altamente higienizados, que los comedores y las áreas compartidas sean sumamente vigiladas, pero principalmente que la sana distancia se preserve al interior de los salones, de sus auditorios y salas con lo que significa que la organización tiene una capacidad y un límite.
¿Cómo podría México proponer un modelo que rete su capacidad y lo asuma dentro de sus limitantes? Cuando arrancamos la contingencia muchos profesores íbamos emocionados al empuje que la crisis nos hacía más allá de saber cómo hacer una videoconferencia, de manejar las plataformas o de conformar portafolios digitales. Claro que hubo ansiedades, quejas y desgaste, pero la mayoría de los profesores asumieron el reto y con ello motivaron a sus estudiantes a superar las carencias: falta de equipo, de red, de apoyo, de tiempo, etc.
Pero una delgada línea entre la resiliencia y un modo de afianzar la injusticia, complica lo que pudiera ser un reclamo más que justo, necesario, o paralelamente algo absurdo e inútil. La crítica ante el sistema de educación que continuaba con el modelo a distancia a pesar de que los alumnos y profesores se estuvieran enfrentando a diferentes problemáticas, hacía ver a la institución como insensible y ajena a la realidad que se vivía. Hoy por el contrario se empezó a difundir la nota de que el 17 de agosto se regresaría a clases de forma presencial, aunque otros medios bastante serios decían que hasta el mes de enero del siguiente año se regresaría a las aulas; con ello las voces que ruegan porque no sea un retorno físico se confunden sin saber qué es mejor o peor.
Jalisco tiene un turismo académico que hace envidiable el dinamismo que provoca, aunque hoy esa ventaja lo vuelve particularmente un reto de enormes dimensiones: por un lado un gigantesco aparato de educación básica, pero también una impresionante oferta educativa que integra a más de 140 instituciones de nivel superior, entre las que destacan los cerca de 50 campus de las principales 30 Universidades; la segunda Universidad más antigua y más grande de la nación; seis Universidades privadas de dimensión nacional y de proyección internacional; dos Centros de Investigación Avanzada, así como una de las redes más grandes e integradas de instituciones de educación tecnológica de México. El turismo educativo para nuestro estado es un motor en la economía que se debe considerar.
Más allá de la crisis lineal considerando un solo campo de intervención, hay una interrelación entre los sistemas económico, político, educativo y de salud, que en este momento son frente de batalla y requieren acciones conjuntas para que no solo se logren medidas paliativas, sino que se encuentren soluciones a largo plazo: Resolver la urgencia, sin dejar de ver el horizonte.
Los niños pequeños constituyen una complicación al momento de implementar medidas de aislamiento en espacios compartidos, para ellos es muy difícil dejar de tocar, abrazar, saludar, etc., si asisten físicamente a los planteles educativos, pero si se quedan en casa en la mayoría de los casos representan una dificultad para que sus padres puedan salir a trabajar en jornadas formales; por su parte los adolescentes pueden comprender mejor las medidas, aunque los diálogos con ellos suelen ser abordados de manera muy superficial por lo cual sus razonamientos carecen de sustento haciendo muy complicado que atiendan las medidas de prevención. Por último, los universitarios y/o profesores, que ya son mayores de edad, porcentualmente se han vuelto población de riesgo porque en nuestro país, desde edades muy jóvenes se tienen esquemas de salud muy precarios: fumadores, hipertensión, sobrepeso, diabetes, etc.
Ante este panorama hoy debemos hacer la reflexión de cómo estamos manejando nuestra libertad, el bien preciado por el que tanto hemos luchado y que en un momento tan complicado como este, pudiera entenderse mal. La posibilidad de elegir entre quedarse en casa y salir a la calle, debe asumir como estrictamente necesario el hecho de redoblar todas las medidas de precaución a fin de que la pandemia fuera mitigada en tanto los demás temas que se vinculan van saliendo un poco adelante.
Esperamos que el domingo el gobernador del estado salga a dar el informe con los resultados de las mesas de trabajo y con ello poder orientar mejor las acciones de cada institución de cara al ciclo escolar 2020-2021, pero si ya dimos un paso con el ánimo de ir dejando de ser una sociedad estatizada y limitada, tenemos que asumir que la libertad exige un gran sentido de responsabilidad, que preferentemente debiera también ser solidaria y generosa porque si hoy seguimos sin usar cubrebocas en zonas públicas, sin limpiar bien nuestros negocios, o sin mantener la sana distancia, entonces solo estamos provocando –egoístamente- que no salgamos de la zona de revolcadero, ni hoy ni en muchos, muchos días más.
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa venegas@hotmail.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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