OPINIÓN
¿Cuándo y cómo volveremos a las aulas?
Educación, por Isabel Venegas //
La pandemia por el coronavirus no asoma su fin, especialmente para nuestro país no hay siquiera una esperanza de que el desenlace sea pronto; mientras en algunos lugares del mundo ya han controlado el nivel de contagios y están tomando aire para prepararse a una muy posible segunda ola, nosotros parece que no saldremos de la zona de revolcadero cuando ya nos estará pegando de nuevo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó el sábado un incremento récord de casos de coronavirus en el mundo con un incremento de 212.326 infecciones en apenas 24 horas. La tasa más acelerada se registró en Estados Unidos, Brasil e India, según el informe diario que registra el récord de la propagación de una enfermedad que ha causado la muerte a más de medio millón de personas en poco más de medio año.
De acuerdo al último reporte de la Secretaria de Salud en México, estas son las principales cifras al sábado 4 de julio: 252 mil 165 casos confirmados acumulados, 26 mil 75 casos confirmados activos, 74 mil 387 casos sospechosos acumulados y 30 mil 366 defunciones, colocando a nuestro país en el Top 10 de los del nivel más alto de dispersión y letalidad del virus COVID19. Con toda la evidencia que se cuenta no podemos dudar de lo delicada de la situación.
Ante este panorama se instaló la mesa de trabajo para evaluar las posibilidades de cómo llevar la agenda de educación en nuestro estado, se busca dar respuesta a los padres de familia, los docentes, los directivos y administrativos quienes se mantienen alertas sobre qué es lo que vendrá, por cierto, la semana pasada escuchaba a un profesor de Harvard narrar sobre las políticas educativas que esa institución está planteando.
A propósito de la libertad de elegir, esa casa universitaria ha convocado a sus estudiantes y profesores a que expresen cuál es la modalidad con la que quieren retomar sus estudios para el siguiente ciclo escolar. Es probable que haya quienes escojan seguir trabajando desde sus casas en un modo más cómodo y seguro, pero habrá quienes piensen que para la millonada que están pagando, la experiencia cognitiva no puede privarse de las relaciones interpersonales, comerciales y profesionales que los jóvenes estudiantes también logran en sus años de formación.
Hoy un verdadero privilegio debería ser el de poder tomar a través de una elección madura y responsable la posibilidad de salir, de exponerse, pero también hay un tema de la co-responsabilidad que las estructuras tienen, porque aunque los padres de los hardvarianos tengan la capacidad económica para contratar pólizas de seguro médico ampliado, seguramente exigirán a la escuela que la libertad sea vinculada a su capacidad de que los salones estén altamente higienizados, que los comedores y las áreas compartidas sean sumamente vigiladas, pero principalmente que la sana distancia se preserve al interior de los salones, de sus auditorios y salas con lo que significa que la organización tiene una capacidad y un límite.
¿Cómo podría México proponer un modelo que rete su capacidad y lo asuma dentro de sus limitantes? Cuando arrancamos la contingencia muchos profesores íbamos emocionados al empuje que la crisis nos hacía más allá de saber cómo hacer una videoconferencia, de manejar las plataformas o de conformar portafolios digitales. Claro que hubo ansiedades, quejas y desgaste, pero la mayoría de los profesores asumieron el reto y con ello motivaron a sus estudiantes a superar las carencias: falta de equipo, de red, de apoyo, de tiempo, etc.
Pero una delgada línea entre la resiliencia y un modo de afianzar la injusticia, complica lo que pudiera ser un reclamo más que justo, necesario, o paralelamente algo absurdo e inútil. La crítica ante el sistema de educación que continuaba con el modelo a distancia a pesar de que los alumnos y profesores se estuvieran enfrentando a diferentes problemáticas, hacía ver a la institución como insensible y ajena a la realidad que se vivía. Hoy por el contrario se empezó a difundir la nota de que el 17 de agosto se regresaría a clases de forma presencial, aunque otros medios bastante serios decían que hasta el mes de enero del siguiente año se regresaría a las aulas; con ello las voces que ruegan porque no sea un retorno físico se confunden sin saber qué es mejor o peor.
Jalisco tiene un turismo académico que hace envidiable el dinamismo que provoca, aunque hoy esa ventaja lo vuelve particularmente un reto de enormes dimensiones: por un lado un gigantesco aparato de educación básica, pero también una impresionante oferta educativa que integra a más de 140 instituciones de nivel superior, entre las que destacan los cerca de 50 campus de las principales 30 Universidades; la segunda Universidad más antigua y más grande de la nación; seis Universidades privadas de dimensión nacional y de proyección internacional; dos Centros de Investigación Avanzada, así como una de las redes más grandes e integradas de instituciones de educación tecnológica de México. El turismo educativo para nuestro estado es un motor en la economía que se debe considerar.
Más allá de la crisis lineal considerando un solo campo de intervención, hay una interrelación entre los sistemas económico, político, educativo y de salud, que en este momento son frente de batalla y requieren acciones conjuntas para que no solo se logren medidas paliativas, sino que se encuentren soluciones a largo plazo: Resolver la urgencia, sin dejar de ver el horizonte.
Los niños pequeños constituyen una complicación al momento de implementar medidas de aislamiento en espacios compartidos, para ellos es muy difícil dejar de tocar, abrazar, saludar, etc., si asisten físicamente a los planteles educativos, pero si se quedan en casa en la mayoría de los casos representan una dificultad para que sus padres puedan salir a trabajar en jornadas formales; por su parte los adolescentes pueden comprender mejor las medidas, aunque los diálogos con ellos suelen ser abordados de manera muy superficial por lo cual sus razonamientos carecen de sustento haciendo muy complicado que atiendan las medidas de prevención. Por último, los universitarios y/o profesores, que ya son mayores de edad, porcentualmente se han vuelto población de riesgo porque en nuestro país, desde edades muy jóvenes se tienen esquemas de salud muy precarios: fumadores, hipertensión, sobrepeso, diabetes, etc.
Ante este panorama hoy debemos hacer la reflexión de cómo estamos manejando nuestra libertad, el bien preciado por el que tanto hemos luchado y que en un momento tan complicado como este, pudiera entenderse mal. La posibilidad de elegir entre quedarse en casa y salir a la calle, debe asumir como estrictamente necesario el hecho de redoblar todas las medidas de precaución a fin de que la pandemia fuera mitigada en tanto los demás temas que se vinculan van saliendo un poco adelante.
Esperamos que el domingo el gobernador del estado salga a dar el informe con los resultados de las mesas de trabajo y con ello poder orientar mejor las acciones de cada institución de cara al ciclo escolar 2020-2021, pero si ya dimos un paso con el ánimo de ir dejando de ser una sociedad estatizada y limitada, tenemos que asumir que la libertad exige un gran sentido de responsabilidad, que preferentemente debiera también ser solidaria y generosa porque si hoy seguimos sin usar cubrebocas en zonas públicas, sin limpiar bien nuestros negocios, o sin mantener la sana distancia, entonces solo estamos provocando –egoístamente- que no salgamos de la zona de revolcadero, ni hoy ni en muchos, muchos días más.
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa venegas@hotmail.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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