OPINIÓN
¿Cuántas hogueras hacen un incendio?
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
Sin que exista un esquema teórico, un plan estructurado con metas medibles, programas específicos y acciones complementarias sobre la denominada cuarta transformación, ésta queda sujeta a la apreciación que cada persona tenga o bien, a lo que se defina cada día en el discurso presidencial.
Hasta hoy, debido a esta última circunstancia, la 4T es un asunto retórico, propagandístico, herramienta para manejar las percepciones ciudadanas y proyectar la imagen de un gobierno hiperactivo que todos los días cambia algo que, presuntamente, estaba mal.
No hay explicación fundada ni discusión pública sobre lo que se está transformando o destruyendo, los intentos de la crítica periodística por provocar ese dialogo entre sociedad y gobierno han sido entendidos, no como oposición democrática, sino como hostiles adversarios al proyecto transformador. En este anárquico proceso de cambio estructural que se advierte, no se observa lo que se quiere construir para suplir lo que se destruye, solo es notoria la intención de concentración de la toma de decisiones y la inclinación hacia un estado interventor y omnipresente, que en todo influye pero no resuelve.
A sus ojos, las instituciones electorales fueron hechas para legitimar fraudes electorales, el sistema de transparencia es oneroso y fútil, el sistema anticorrupción solo sirve para encubrirla, el servicio civil de carrera en la administración pública fue el instrumento para sembrar conservadores, las organizaciones civiles y ciudadanas son aliadas de los adversarios de la transformación, los institutos de investigación y científicos son usufructuarios de la corrupción y cómplices en la instauración del régimen neoliberal, y hasta los fideicomisos, los seguros agropecuarios todo es fuente de corrupción y para finalizar, los críticos y editorialistas son mercenarios al servicio de las fuerzas obscuras que quieren conservar sus privilegios.
Con esa visión, obtusa y parcial, mal informada y superficial, se han destruido las guarderías para mujeres trabajadoras, se han coptado a los organismos autónomos reguladores de energía, de competencia económica, se eliminó el Seguro popular, se destrozó el sistema de abasto de medicamentos y se eliminaron los fideicomisos que alentaban la investigación, la creación cinematográfica, el deporte de alto rendimiento.
La austeridad en la administración pública, llevada a ultranza, ha disminuido la capacidad operativa del gobierno, y con esa estructura administrativa disminuida, limitada en insumos para el desempeño de sus funciones, se pretende que el estado absorba las funciones que realizaban estos organismos y fideicomisos.
Loable que se quiera hacer más con menos, sin embargo, cada acción u omisión derivada de la austeridad, ha levantado fuegos en sectores sensibles de la población. Son pequeñas hogueras que han sido menospreciadas en lo individual, como las expresiones de las feministas y víctimas de la violencia que han visto disminuidas las instituciones que debieran atenderlas, y en el otro extremo, un sector empresarial que aún no ve reglas claras en su relación con el gobierno, o que viéndolas, esperan que cambien.
El saldo a dos años no muestra números negros en ningún sector, ni social ni económico, ya que el gran esfuerzo que supone para las finanzas nacionales mantener los programas sociales y becas, solo ha sido un paliativo menor para los más vulnerables, mientras la economía, sea por la pandemia o por razones de política económica, no muestra signos de una recuperación rápida o indicadores verificables de la eficacia de los programas sociales como instrumento para reducir los índices de pobreza y desigualdad.
Las acciones que ha tomado el ejecutivo federal, han prendido lo que parecen pequeños fuegos en ya múltiples sectores sociales, sumemos a ellos la tirante relación con los gobernadores de cuando menos 14 estados de la república, la distante y voluble relación con empresarios e inversionistas, los problemas en las finanzas de Estados y municipios, el incierto futuro de la relación con Estados Unidos, la inseguridad traducida en homicidios dolosos, la creciente e imparable cifra de muertos por COVID y la ausencia de acciones gubernamentales para hacer algo más que esperar a los enfermos en los hospitales.
También se puede agredar la soterrada reacción del ejército al ver que su comandante supremo no duda en sacrificar a uno de sus distinguidos mandos y la creciente percepción de que la corrupción existe y se solapa entre los integrantes del nuevo régimen, nos presenta un país iluminado por ya muchas hogueras. Por ello la pregunta ¿Cuántas hogueras hacen falta para declarar un incendio?
La presión se está acumulando y de no cambiar la actitud gubernamental, alentada aún por el espejismo del triunfo electoral del 2018, tenemos que poner la esperanza en la elección intermedia del 2021 que puede ser un revulsivo que mueva a rectificaciones.
En un país plural y diverso como es México ya no es posible imponer desde el poder una doctrina. Si no se comprende que el poder es para ayudar a todos y no solo a algunos, por muy marginados u olvidados que hayan sido, las nuevas generaciones tendrán la tarea de levantar al país de sus cenizas.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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